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Benítez fue detenido en la puerta de su casa de la calle Aurora de Barcelona por una manada de Mossos d’Esquadra que durante 12 minutos le machacaron a palos con las porras, a patadas y puñetazos, golpeándole en la cabeza hasta matarle.

La detención provocó una situación de estrés a Benítez, dice la jueza, que junto con la brutal paliza “le condujeron a un estado de inconsciencia y a una situación de parada cardiorespiratoria”.

A pesar de la presencia de una ambulancia en el lugar de la detención, los sanitarios no fueron requeridos hasta que el detenido quedó inconsciente dentro de un vehículo policial y lo sacaron a la calle para reanimarlo.

A causa de las patadas que le propinaron en la cabeza, Benítez murió en el hospital horas después de su detención.

A los 6 matones la fiscal les pide 11 años de cárcel por homicidio y un delito de obstrucción a la justicia.

Para proteger a los mossos, el presidente del jurado, José Luis Ramírez Ortiz, ha decidido prohibir a los periodistas grabar en vídeo todas las sesiones del juicio con excepción de las cuestiones previas y los informes finales de las partes.

Para tapar el asunto, a cambio de reconocer la muerte, el abogado de los mossos negocia con la fiscalía y la acusación particular una condena por homicidio imprudente, que les libre de entrar en prisión.

Los hechos se produjeron sobre las 18.50 horas del día 30 de mayo de 2014, cuando el hombre que fue detenido estaba en una parada de autobús de Avilés. En ese momento se le acercaron dos policías locales de Avilés que, tras decirle al hombre que estaba detenido, le introdujeron en el vehículo policial, sin informarle de sus derechos.

Desde la parada del autobús, se dirigieron con el vehículo policial a una nave abandonada ubicada en la zona conocida como Divina Pastora, trayecto durante el cual conducía el primer policía acusado, quien “increpó, insultó y amenazó reiteradamente” al detenido.

Cuando ese primer policía salió del vehículo, llegó en moto el tercer policía, sacando del coche al detenido, al que amenazaron reiteradamente. A continuación lo pusieron contra una pared y el primer acusado le sacó varias fotos de frente y perfil con su teléfono móvil, mientras ambos agentes amenazaban con matarle.

Mientras esto sucedía, el segundo acusado permaneció dentro del vehículo policial. No participó en los insultos y amenazas ni en la toma de fotografías, pero tampoco hizo nada para frenar a sus colegas.

A continuación, introdujeron de nuevo a la víctima en el vehículo policial y lo llevaron a la Jefatura de la Policía Local, donde apenas permanecieron dos minutos, dirigiéndose seguidamente a la Comisaría de la Policía Nacional, donde los dos primeros acusados presentaron a la víctima como detenido. Durante el trayecto, el primer acusado amenazó de muerte e insultó al hombre.

Una vez en la comisaria de la Policía Nacional, le introdujeron en un cuarto, a la espera de su toma de declaración, durante aproximadamente un hora. En dicho cuarto se quedaron custodiándolo el primer y tercer acusado. Durante ese tiempo, entró en la habitación otro agente de la Policía Local, el cuarto y último acusado, y dirigiéndose a la víctima, le dijo que “se la chupara a él”, en referencia a una felación, amenazándole reiteradamente. En un momento dado intentó agredirle, lo que impidieron los otros policías.

Posteriormente, al más puro estilo gangsteril, el tercer policía sacó su pistola, extrajo una bala del cargador y, tras preguntar al detenido su nombre de pila, le dijo que “era para apuntar su nombre en esa bala”, llegando a empuñar el arma. Durante ese tiempo entró un quinto agente de la Policía Local, que profirió igualmente insultos y amenazas, pero no ha podido ser identificado en la investigación.

Trascurrida una hora, el detenido fue trasladado a la oficina a declarar, momento en el que se le acercó nuevamente el primer policía, que continuó amenazando: “De la que te has librado hoy, anda con cuidado, que nos tienes contentos a toda la Policía Local de Avilés”.

A consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió una crisis de ansiedad.

Sobre las 13:00 horas el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Oviedo se presentó en dicha vivienda para comunicarle al desahuciado la orden de desalojo.

En un principio, L.R.B. se negó a abrir la puerta, motivo por el cual la comisión judicial solicitó la presencia de una patrulla de la policía.

Después de negociar con el vecino, la policía consiguió que abriese la puerta, comunicándole la orden de desalojo.

En un primer momento el vecino accedió a abandonar la vivienda pero, de repente, cambió de actitud y se abalanzó sobre uno de los policías, que trató de defenderse y reclamó el auxilio del resto de los componentes de la patrulla. Uno de los policías sufrió un mordisco en su pierna.

Una vez reducido y esposado, cuando era trasladado a los calabozos acusado de un delito de atentado, la policía observó que no se encontraba bien, respirando con dificultad y en gran estado de ansiedad, por lo que se dirigieron al Hospital Universitario Central de Asturias para que le atendieran.

Una vez en el hospital, mientras era tratado por personal sanitario, transcurridos unos veinte minutos, el servicio médico informó a los policías del fallecimiento del detenido, que residía en Oviedo desde 2010.

Desde entonces, las faltas de respeto se han convertido en el segundo motivo de sanción impuesta por la aplicación de la Ley Mordaza, solo por debajo del consumo o tenencia de drogas en lugares públicos, que acumula 18.000 sanciones desde julio.

Los datos proceden de los de expedientes sancionadores tramitados por la Administración General del Estado a través del Ministerio de Interior. Estos datos no incluyen las denuncias de las fuerzas de seguridad que todavía no han sido elevadas o fueron desestimadas por el órgano sancionador. Tampoco incluyen las de las policías autonómicas independientes, como la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra. Por tanto, los datos de Cataluña y País Vasco están infrarrepresentados.

El artículo 37.4 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana establece como infracción leve “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones”, con multas de entre 100 y 600 euros. Las multas impuestas por este motivo desde la llegada de la Ley Mordaza promedian 145 euros por sanción.

“Ahora el Gobierno es juez y parte sobre una serie de infracciones que antes estaban en manos de jueces independientes”, explica Joaquin Bosch, portavoz de Jueces por la Democracia. El artículo 52 de la ley establece que la “denuncia” del agente constituirá “base probatoria suficiente” para adoptar la resolución que proceda. “En el ámbito judicial la palabra del agente no es suficiente, hay que probarlo”, critica Bosch.

Gracias a estas sanciones, el Gobierno podría recaudar más de 900.000 euros con las sanciones impuestas por “faltar el respeto” a las fuerzas de seguridad. Un cálculo que no tiene en cuenta los posibles pagos voluntarios de los ciudadanos, que solo abonarían el 50% si lo hacen antes de los 15 días de conocer la sanción, o las denuncias presentadas que todavía no han sido elevadas.

Hasta el 28 de enero se han tramitado en España más de 40.000 sanciones en virtud de la nueva normativa. La recaudación por esas sanciones podría alcanzar los 18,3 millones de euros solo en los últimos siete meses.

Respecto a otros artículos polémicos y contestados de la ley, hay 18 sanciones por utilizar fotos de policías o de objetos que puedan identificar a un miembro de las fuerzas de seguridad. Además, se han puesto 71 sanciones por obstruir a la autoridad en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales, que incluye, por ejemplo, las personas que traten de impedir un desahucio.

“España es uno de los países menos violentos de la UE”, argumenta Alba Villanueva, portavoz de la plataforma No Somos Delito, que agrupa a más de 70 organizaciones de activistas, ciudadanos y juristas. Denuncia que con la nueva ley de seguridad ciudadana muchas conductas que antes iban por la vía penal -donde hay un juez- ahora pasan o se duplican en la vía administrativa -son los funcionarios los que valoran-.

Los datos se muestran por cada 100.000 habitantes. Incluye los datos de sanciones tramitadas por las Delegaciones del Gobierno desde julio de 2015 hasta el 28 de enero de 2016.

Desde el 1 de julio de 2015 se han tramitado 3.700 sanciones por desobediencia o resistencia a la autoridad o por negarse a identificarse. Villanueva critica que este artículo, al no especificar, permite sancionar conductas de resistencia pasiva, por ejemplo, en sentadas de protesta. “Ahora las sanciones no son resueltas por un juez imparcial sino por un Gobierno que puede tener intereses políticos ante protestas sobre su gestión”, sentencia Joaquim Bosch.