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La orden de ‘gatillo fácil’ puede resultar contraproducente para Bolsonaro y su banda de matones

Si Bolsonaro y sus mentores creían que lo tenían fácil, ya empiezan a comprobar que no va a ser así, ni mucho menos. 500 mercenarios de la Guardia Nacional se han desplegado en Fortaleza, en el estado de Ceará, al noreste del país, donde el gobierno se confiesa abrumado tras una semana en la que se han producido más de 160 ataques.

Han aparecido incendiados autobuses, furgonetas de correos y vehículos. Las comisarías de policía, los edificios gubernamentales y los bancos han atacados con cócteles Molotov y explosivos. Ayer volaron una central telefónica, dejando 12 ciudades sin servicio de telefonía móvil. Otros explosivos dañaron un viaducto de la autopista y un puente.

Brasil puede quedar atrapado por una espiral de represión y reacción, con grupos armdos que ya han dejado claras sus intenciones. Quizá sea eso lo que andaban buscan los fascistas. Necesitan una provocación para que el ejército imponga el estado de excepción y los francotiradores empiecen a disparen a matar.

En Río de Janeiro han entrenado a 120 francotiradores, que acompañan a la policía de la ciudad a las favelas cercanas para disparar contra todo el que se mueve. En 2017 policía brasileña ya mató a 5.000 personas, un promedio de 14 diarios.

Los francotiradores operan por parejas, un pistolero y un vigilante, que filman las ejecuciones en vídeo. Los dos policías alternan sus papeles.

Para justificar los crímenes, las fuentes oficiales dicen que bandas de narcotraficantes rivales han unido sus fuerzas para llevar a cabo más de 160 ataques en represalia por la decisión de poner fin a la práctica de separar a las diferentes facciones del narcotráfico en las cárceles brasileñas.

Ya hay 148 detenidos acusados con los ataques, mientras que al menos 20 prisioneros sospechosos de ordenarlos han sido trasladados de prisiones estatales a prisiones federales, donde el gobierno brasileño promete que no cederá en su determinación de luchar contra la actividad de los grupos armdos.

“Podríamos ver este tipo de salvajismo en Río de Janeiro, en la televisión. Las cosas estaban bastante tranquilas aquí”, en Fortaleza, dice Carlos Robério, copropietario de un minibús después de ver a un grupo de jóvenes en circuito cerrado de televisión rociando gasolina en uno de sus kioskos antes de prenderle fuego.

Roberio dice que ante este colapso de la civilización se ha armado. “Es un caos total aquí, y me siento como alguien que está en medio del océano sin una pequeña balsa salvavidas”.

Bolsonaro ha prometido flexibilizar las leyes sobre la tenencia de armas, para facilitar que los adultos mayores de 25 años puedan ser autorizados sin antecedentes penales. Permitir que las personas “valientes” posean armas, disuadirá a los delincuentes, al mismo tiempo que reducirá la tasa de homicidios de Brasil, que se sitúa en casi 64.000 asesinatos el año pasado.

Drones, los nuevos ejércitos del crimen organizado

José Reyez

Eficaces para el trasiego de drogas, los atentados terroristas y la recopilación de información y vigilancia para la trata de personas, los drones hoy son la punta de lanza de los principales grupos mexicanos del crimen organizado

De ser el arma top secret del Ejército estadunidense a inspirar incluso los coches voladores autónomos que en breve surcarán las ciudades, los drones hoy son utilizados para el tráfico de drogas a través de la frontera entre Estados Unidos y México, realizar atentados y recabar información de inteligencia valiosa para el crimen organizado.

Entre 2012 y 2017 los drones operados por los cárteles mexicanos efectuaron 850 incursiones a Estados Unidos, según informa la oficina de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República (PGR).

Hoy los operativos de las fuerzas mexicanas y estadunidenses no tienen efectividad. Con sus flotillas de drones, las organizaciones criminales –principalmente el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación– han rebasado a las autoridades.

También conocidos como VANT (por la sigla de “vehículos aéreos no tripulados”), los drones constituyen auténticos ejércitos de organizaciones criminales para el trasiego de enervantes y atentados.

Los drones son eficaces para recolectar información de inteligencia de áreas estratégicas del gobierno y no tardan en incursionar como herramientas del crimen organizado para realizar actos de extorsión.

El uso oficial de los drones para el combate a la delincuencia organizada no está dando resultados, merced a que no es un tema de tecnología, sino de complicidades.

La misma agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) está vinculada con los cárteles de México. Hace 3 años por dejar pasar contenedores con revisión o sin ella la tarifa era de 500 y 1.000 dólares, respectivamente. Ahora las ganancias se han incrementado en 1.000 por ciento con el uso de drones.

El uso de drones por parte de los grupos del crimen organizado ha desarrollado exponencialmente sus capacidades. Hoy están cruzando más droga a Estados Unidos debido a que el modelo de inteligencia de los agentes antidrogas de ese país se ha vuelto anacrónico.

La estrategia de la DEA de “dame una ruta a cambio de quitarte años de cárcel”, cada vez les funciona menos, porque en México ya no hay una estructura piramidal de los cárteles; sus integrantes sólo se van enlazando en términos de operación para el paso de drogas.


En México las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) crearon sus centros de ciberseguridad, uno de cuyos elementos es la administración de drones, en Chihuahua y Sonora, desde donde se monitorea flujo de datos, análisis para ciberataques y, sobre todo, vigilancia con el uso de drones en sitios donde no puede acceder el ser humano.

Los resultados de la vigilancia con el uso de drones están muy vinculados a Estados Unidos, donde iniciaron con este tipo de modalidad, a través del comando sur en Baja California que abarca toda la península y hay más control, pero en el resto de la frontera con México aún es vulnerable.

La estrategia de ciberseguridad del gobierno de López Obrador será operada a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), debido a que actualmente no hay un órgano rector, y la Dirección de Aeronáutica Civil en materia de drones sólo interviene en los que se mueven en cierta altura.

El tema central de los drones es el control, la venta, su utilización y las ganancias de los cárteles de la droga. No está fácil la respuesta oficial a este fenómeno delictivo, ya que los drones se pueden constituir en una ruta para futuras extorsiones mediante amenazas de artefactos en casas de gente políticamente expuesta, como ocurrió recientemente en Baja California.

Se refiere al incidente del 10 de julio pasado, en Tecate, Baja California, donde un par de drones adaptados con granadas de fragmentación sobrevolaron el municipio, hasta llegar al domicilio particular del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Sosa Olachea. Uno de los drones –equipado con cámara de vídeo y audio– cayó durante la noche en el patio sin que detonaran los artefactos.

Hasta ahora la delincuencia organizada no ha utilizado drones para limpiar territorios, pero cuando lo hagan va a ser complicado combatirlos porque sólo algunas zonas y áreas estratégicas del país están protegidas para evitar incursiones de aeronaves no tripuladas, como Los Pinos e instalaciones de la Sedena y la Marina, entre otras.

Zánganos al alcance del crimen

Los drones cada vez incrementan su popularidad y empleo en actividades de la sociedad, su desarrollo y producción en masa satisface a un variopinto de clientes, desde el uso militar, policial, industrial, académico, recreativo, hasta organizaciones criminales que incursionan en esta tecnología para el tráfico de drogas.

Los drones –adaptación al español del sustantivo inglés “drone” (literalmente zángano, macho de las abejas), para referirse a una aeronave no tripulada–, tienen funciones muy avanzadas y capacidades de vuelo automático, menos habilidades para operarlos, condición que los pone al alcance de las organizaciones criminales.

El empleo de los drones por las organizaciones criminales se ha registrado en la frontera de México con Estados Unidos donde grupos delictivos los utilizan para operaciones de tráfico de drogas, obtener vídeo en tiempo real sobre la posición de la patrulla fronteriza y autoridades de seguridad.

Al tener vídeo en tiempo real, los narcotraficantes siguen el movimiento de agentes fronterizos o autoridades, para establecer cruces ilegales en la frontera. Ante esta situación se pierde la efectividad de las patrullas y la capacidad de respuesta por parte de las autoridades.

Los drones se usan en el contrabando ya que pueden transportar de 1 a 3 kilogramos en la frontera o introducir artículos prohibidos a las prisiones, en operaciones en las que los criminales ni siquiera se preocupan por recuperarlo, pues la droga transportada cuesta más que el dron y eso los hace desechables, y con un bajo riesgo para los infractores de ser detenidos.

Las organizaciones criminales utilizan tecnología de vanguardia para satisfacer sus necesidades, desde equipos de comunicación para sus embarcaciones, balizamiento de carga a la deriva para su recuperación, hasta drones con sistemas de control de vuelo, pilotos automáticos y cámaras digitales, fácil de operar por cualquier persona con sólo seguir instrucciones sencillas.

Un ejemplo se produjo cuando la Policía Federal detuvo en junio de 2016 a cuatro hombres a bordo de un vehículo robado en Guanajuato, detectó un arma larga AK-47, cuatro celulares, así como un dron-bomba con detonador remoto, hallazgo que cambió la actitud de las autoridades mexicanas hacia las mafias criminales.

La región donde se hizo la detención –la carretera de Salamanca a Morelia– se ha convertido en laboratorio de cárteles que experimentan con nuevas tecnologías y armas: el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se trata de una copia de los métodos violentos del Califato Islámico, que ha recurrido a drones suicidas. Los cárteles ya utilizaban las papas-bombas, pero el hecho de que las crucen con tecnología de drones, que se compran en internet por 229 dólares, cambia la consideración de sus acciones.

Entre 2012 y 2017 las Fuerzas Armadas y la fiscalía han documentado al menos 850 intrusiones de drones en la frontera México-Estados Unidos, por parte de los cárteles para traficar drogas, y donde grupos criminales también los utilizan para recolectar información y operaciones de vigilancia para la trata de personas.

La fiscalía señala que entre los operativos realizados durante 2017 destaca la detención de un hombre junto con su dron, un DJI Matrice 600 quien intentaba cruzar 6 kilos de metanfetaminas a Estados Unidos. En el momento de su detención se encontraba a 1.83 kilómetros del muro fronterizo de Tijuana.

Los drones constituyen un complemento importante en el uso de tecnología por parte de la delincuencia organizada, para reforzar la vigilancia en tierra que realizan personas (halcones) al servicio de los cárteles de la droga en México.

Pueden ser usados para realizar pedidos a narcomenudistas, al estilo de Amazon, para servicio a domicilio sin ser detectados por las autoridades, lo que resulta de vital importancia para los grupos criminales en la obtención de ganancias y evitar detenciones.

Los drones comerciales de utilidad para las organizaciones criminales trasnacionales tienen que ver con vigilancia y reconocimiento, pues un dron puede identificar objetivos potenciales o vigilar acciones o movimientos de un grupo de individuos, ya sea de una instalación privada, pública o militar.

Por su capacidad de recolectar imágenes, un dron en tan sólo 23 minutos puede tomar cientos de fotografías a baja altura en una muy alta resolución que permite apreciar detalles topográficos a menos de 1 metro cuadrado. Esto le permitiría a un oponente la realización de mapas sobre áreas que se encuentren fuera de sus límites de territorio.

Tienen capacidad de soportar cámaras térmicas o multiespectrales que generan mapas de fuentes de calor en el terreno. La observación por medio de transmisión de vídeo en tiempo real, le permite a un grupo de personas delinquir al planear la incursión a un área restringida mientras se oculta de las fuerzas de seguridad.

A diferencia de México, la estrategia de la Guardia Costera de Estados Unidos ha optimizado sus recursos de vigilancia mediante el empleo de sistemas aéreos no tripulados (Sants). De noviembre de 2017 a enero de 2018, había participado en 23 operaciones de interdicción de embarcaciones con droga y había asegurado 47.000 libras de clorhidrato de cocaína en aguas internacionales.

Jorge Edwin Rivera era el dueño de un DJI Matrice 600 de 5.000 dólares, un dron de enormes dimensiones con capacidad de carga de con 15 kilogramos, alcanzar una altitud de 2.500 metros y diseñado para ver fotografía aérea y aplicaciones industriales.

La policía fronteriza lo detuvo a 1.83 kilómetros del muro cuando pilotaba su dron con 6 kilogramos de metanfetamina. El cristal, cuya venta le habría reportado a Rivera unos 46.000 dólares en Estados Unidos, fue decomisado junto al dron.

El marco legal sobre el uso de drones es de risa

Para preservar la seguridad de ciudadanos y operadores de drones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó en abril de 2015 la renovación de criterios para regular el vuelo civil de aeronaves no tripuladas.

La circular establece que los VANT, sólo pueden ser operados durante el día, en áreas no clasificadas como prohibidas, restringidas o peligrosas, y a una distancia de 9.2 kilómetros de aeropuertos controlados, de 3.7 kilómetros con aeródromos no controlados, y de 900 metros con helipuertos. Prohíbe también el lanzamiento de objetos desde el aire que puedan causar daños a personas o bienes.

La norma establece distinciones en función del peso de los sistemas de tres tipos de drones: de 2 kilogramos de peso o menos; de 2 a 25 kilogramos, y de más de 25 kilogramos.

Señala que los drones de un máximo de 2 kilos pueden ser operados sin que el piloto necesite una autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dependiente de la SCT. Pero si se usan para actividades comerciales, es obligatorio que el operador cuente con un seguro de daños a terceros.

Para aeronaves de más de 2 kilos de peso y para uso recreativo, no es necesaria la autorización de la DGAC, aunque solo pueden volar en clubes de aeromodelismo. Si el fin es comercial, es obligatoria para el operador la autorización de la DGAC.

Y para drones de más de 25 kilos, el operador debe contar con una licencia de piloto, y el vuelo se limitará a las condiciones establecidas por la DGAC.

Esta regulación es de risa. La legislación no sólo está desfasada sino que ha sido rebasada por las bandas criminales. Por ello es urgente que el Congreso de la Unión legisle sobre el uso de drones en el espacio aéreo nacional.

México está en la lona en materia de leyes de aeronáutica civil y del uso de drones por parte de civiles y militares, hueco que aprovechan los grupos delincuenciales para usarlos como parte de las herramientas para el trasiego de drogas y recopilación de información, por lo que se requiere que el Congreso legisle desde luego para controlar el espacio aéreo nacional.

Si bien se requiere regular el uso de naves no tripuladas, resulta difícil aplicar la legislación y sobre todo controlar la amalgama de rutas y zonas donde operan los cárteles de la droga, además de que el Estado carece de infraestructura y equipo humano para contrarrestar esta actividad.

Drones y Fuerzas Armadas

La Sedena está empeñada desde hace 10 años en combatir diversos grupos delincuenciales por todo el país. De ahí que su enfoque principal en este tema se haya centrado en conseguir herramientas que faciliten la obtención de inteligencia en apoyo a sus tropas mediante el uso de drones. No obstante, la dependencia nunca ha hecho público el número exacto de drones que opera del fabricante local Hydra Technologies.

Se ha producido un significativo aumento del uso de vehículos aéreos no tripulados tanto militares como civiles en Latinoamérica, aunque no todos los Estados de la región han logrado establecer con éxito programas de investigación y desarrollo de esta tecnología.

La implantación de sistemas en las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad está más avanzada que en el entorno civil.

La Armada de México, a través de su Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico, apostó por la creación de VANT propios, para satisfacer sus necesidades operativas, sin depender de proveedores externos. Hasta 2018 ha concluido dos programas de desarrollo: el llamado VANT y el Sistema de Patrullaje Autónomo y Reconocimiento Táctico de la Armada o Spartaam.

Algunos programas de vinculación académica de la Sedena y la Fuerza Aérea Mexicana han dejado ver que existe algún tipo de proyecto de desarrollo de drones con una universidad especializada en aeronáutica, sin que existan avances significativos hasta el día de hoy, por lo que considera que resulta factible esperar que ambas instituciones generen en el futuro algún tipo de VANT a través de distintos canales de desarrollo interno.

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/08/03/drones-los-nuevos-ejercitos-del-crimen-organizado/

Cuanto más dinero gasta Estados Unidos en la ‘lucha contra las drogas’, más drogas se fabrican

Los esfuerzos de Estados Unidos en la “lucha contra las drogas” son otra paradoja: al tiempo que son extremadamente costosos, van acompañados de un aumento masivo de la producción de drogas.

El informe del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán, “Counternarcotics: Lessons from the U.S. Experience in Afghanistan” (1) asegura lo siguiente:

“Desde el año fiscal 2002 hasta el año fiscal 2017, el gobierno de Estados Unidos gastó aproximadamente 8.620 millones de dólares para combatir el narcotráfico en Afganistán […]

“Entre 2002 y 2017 el cultivo de adormidera en el Afganistán se disparó. En 2002 las estimaciones de las cosechas oscilaban entre 31.000 y 74.000 hectáreas, frente a 328.000 hectáreas en 2017. La producción de opio también ha alcanzado niveles históricos, pasando de unas 3.400 toneladas métricas en 2002 a unas 9.000 toneladas métricas en 2017. Ningún programa de fiscalización de drogas emprendido por Estados Unidos, sus asociados en la coalición o el gobierno del Afganistán ha dado lugar a una reducción sostenible del cultivo de adormidera o de la producción de opio”.

Por su parte, el Washington Post informa (2) sobre la reciente instalación de un pelele estadounidense en la Presidencia de Colombia:

“El conservador Iván Duque tomó posesión de la presidencia colombiana el domingo, llevando al poder a un hombre de 41 años educado en Estados Unidos, cuya victoria promete una nueva era agresiva en la guerra contra las drogas y podría poner fin a un histórico acuerdo de paz que puso fin a la insurgencia más larga de América Latina.

“La victoria de Duque podría anunciar un regreso a las tácticas más enérgicas. Estados Unidos ha gastado 10.000 millones de dólares en dos décadas para combatir el crecimiento de la coca aquí, sólo para encontrarla más alta hoy que cuando se lanzó la campaña”.

Desde su creación, la CIA ha estado involucrada en la producción y el tráfico de drogas. Fue un efecto secundario de otras operaciones, como el apoyo a los contras contra el gobierno sandinista en Nicaragua. La contra necesitaba el dinero procedente del contrabando de drogas. La CIA ayudó a lograr el objetivo principal: el derrocamiento del gobierno nicaragüense.

Con la “lucha contras las drogas” ocurre lo mismo que con la “lucha contra el terrorismo”: donde Estado Unidos “lucha” contra el terrorismo es donde más acciones terroristas ocurren. Por lo tanto, no es ninguna casualidad.

(1) https://www.sigar.mil/interactive-reports/counternarcotics/index.html
(2) https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destination=%2fworld%2fthe_americas%2fdc-colombian-squares-off-against-former-guerrilla-as-colombians-vote%2f2018%2f06%2f17%2fab8c213e-6d89-11e8-b4d8-eaf78d4c544c_story.html

Narcotráfico: ante sus mentiras repetidas, nuestra verdad reiterada

Astrid Solórzano

Lo único bueno que tienen los enemigos de la justicia social y de la democracia es que se les ve venir de lejos. La alianza entre la ultraderecha más rabiosa de Colombia, la Fiscalía general de la nación –cada día menos soberana y menos fiscalía-, el Ministerio de Defensa y el Gobierno de los Estados Unidos construye narrativas que luego puedan justificar la criminalización o, en el peor de los casos, el exterminio.

Sobre el Ejército de Liberación Nacional se han fabricado muchos mitos que justificaran, ante los intereses del establecimiento, la imposibilidad de hablar en serio con nuestra organización de los cambios profundos que requiere Colombia. Si hasta hace unos meses el cuento venía por la falta de unidad de mando o por el carácter “marginal” de nuestra organización, ahora todo se centra ante la opinión pública, en ligar al negocio del narcotráfico al ELN, una organización político-militar consagrada desde hace 54 años a impulsar transformaciones revolucionarias en Colombia.

En una carta que envió el primero de mayo Nicolás Rodríguez Bautista en nombre del COCE al presidente del gobierno colombiano, Juan Manuel Santos, el líder del ELN advertía: “Esta campaña mediática, de acusaciones infundadas y montajes contra el ELN, están causando un grave daño al proceso de paz y amenazan la seguridad de nuestra Delegación de Diálogos”. Y reclamaba el comandante Nicolás: “Se requiere que el Presidente de la República como representante de todas las autoridades y Jefe de Estado brinde de manera clara las garantías, que la Delegación requiere para adelantar sus actividades, respetando su integridad en todas las fases de su trabajo y desplazamientos, como está acordado ante Garantes internacionales”.

Santos respondió un día después, pero no aludió directamente a esta campaña de desprestigio que se puede traducir en falsos positivos jurídicos -como al que se enfrenta Jesús Santrich-, sino que simplemente ratificó su “absoluto compromiso para realizar todos los esfuerzos posibles en el corto tiempo que queda de mi mandato como Presidente para llegar a un acuerdo que ponga fin al enfrentamiento armado con el ELN”. Eso sí, advertía que tanto su “carta de respaldo [al proceso de diálogos] como la carta adjunta de la Fiscalía General de la Nación, proveen garantías completas relacionadas con la protección y la seguridad personal de la Delegación del ELN [en la Mesa de Diálogos]”.

Más cartas… con respuestas a medias. Santos se refería a la segunda misiva que la Vicefiscal General de la Nación dirigía el 30 de abril al comandante Pablo Beltrán, respondiendo a las exigencias de la Delegación de Diálogos del ELN, de aclaraciones sobre si se seguía algún proceso contra miembros del ELN en asuntos de narcotráfico. María Paulina Riveros Dueñas se refiere sólo a la posible vinculación con el caso que se le sigue a Jesús Santrich, de las FARC, y afirma: “No existe investigación penal alguna, en la actualidad, que vincule al ELN con la investigación aludida”. Y ante la posibilidad de que exista algún requerimiento de un país extranjero al respecto, Riveros Dueñas, tras decir que esos asuntos tienen “reserva legal”, asegura: “Estoy en condiciones de afirmarle que no existe NINGUNA [en mayúsculas, en el original] solicitud de autoridades extranjeras que vincule a miembros del ELN en el caso en cuestión”.

Las respuestas, así, son parciales y sólo se refieren al caso de Santrich, sobre el que un supuesto miembro del CTI habría vinculado al ELN en la falsa operación de exportación de droga. Y Santos no se atreve a entrar al tema de fondo, que tan claramente señala el comandante Nicolás Rodríguez Bautista: y es que la organización “nada tiene que ver con el negocio del narcotráfico y que está prohibido para todos los integrantes y estructuras del ELN tener cultivos de uso ilícito, laboratorios, rutas y transportes o cuidar infraestructura comprometida con dichas actividades”. “Todas estas prácticas”, le explicaba el miembro del COCE a Santos, “están penalizadas en la normatividad del ELN, todos sus integrantes las deben respetar y se aplican sanciones a quienes las violenten. Lo único que está autorizado es el cobro de un impuesto, como a toda actividad económica”.

La insistencia del establecimiento y de su maquinaria mediática en propagar la mentira parece, más bien, parte de una estrategia para invertir la prueba de cargo. Es decir, ahora el nuevo enemigo público número uno es el ELN y acusarle de ser el culpable del narcotráfico en el país, equivale a desviar la atención de la estructura corrupta del Estado, de poderes locales y de miembros de las Fuerzas Militares que permite que las organizaciones narcotraficantes estén haciendo control efectivo de ciudades y territorios, de pasos fronterizos y negocios de diversa índole. Las mentiras también permiten que la opinión pública colombiana, aturdida por el bombardeo de postverdad, no se pregunte para qué han servido las décadas y los miles de millones de dólares que EEUU ha invertido en territorio colombiano para una fracasada “guerra contra las drogas”, que no ha servido sino para reproducir Cárteles de la cocaína, alimentar el mercado del narcotráfico y para enriquecer a contratistas, mediadores y corruptelas varias.

Hagamos unas cuentas sencillas. Entre 1995 y el año 2009, esa supuesta guerra contra el narcotráfico costó, según datos incompletos del Gobierno, 8.140 millones de dólares, carca de 600 millones de dólares al año. Ese dinero se echó a los bolsillos de militares, contratistas y corruptos varios porque si en el año 1995 no se llegaba a 65 mil hectáreas sembradas de coca para cultivo ilícito, en 2017, según las agencias gringas, hay 188 mil hectáreas cultivadas. Más que en ningún año en las últimas décadas.

Quien falla es el Estado y sus alianzas con los Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del planeta, pero es más fácil mentir que fiscalizar; es más efectivo culpabilizar a organizaciones que cuestionan al establecimiento, que revisar quién está interesado en que el negocio de las drogas ilegales siga creciendo; es más rentable en las urnas enlodar al ELN que asumir que Colombia es el mayor productor mundial de cocaína.

Desde el ELN, sin embargo, seguimos aferrados a la verdad: nuestras directrices y nuestra normatividad son contundentes contra todos aquellos que tengan relación con la cadena del narcotráfico. La verdad del ELN se puede comprobar en los territorios, donde nuestros frentes trabajan mano a mano con las comunidades en la sustitución de los cultivos de coca para uso ilícito, antes y mejor que el Estado.


http://www.eln-voces.com/index.php/voces-del-eln/militancia/1567-narcotrafico-ante-sus-mentiras-repetidas-nuestra-verdad-reiterada

La Cañada Real: urbanismo del siglo XXI en una capital europea (Madrid)

La Cañada Real es una calle de algo más de 14 kilómetros de largo, pero en ella no hay un banco donde sentarse, una plaza donde reunirse a hablar con los vecinos o una farmacia. Tampoco se ven tiendas, semáforos ni pasos de peatones. Ni siquiera llegan las cartas a la mayoría de las casas.

Pero cerca de 7.300 personas, según el censo oficial, viven en este asentamiento ilegal situado a media hora en auto (14 kilómetros) del centro de Madrid. Si la distancia fuera mental, en lugar de física, sería mucho mayor. “Yo digo que vivo en Rivas”, cuenta Lidia Resani, presidenta de la asociación de vecinos del sector 4, quien afirma que “es un estigma vivir en la Cañada”.

Para saber dónde vive alguien en esta calle, más grande que muchos pueblos de España, hay que preguntar primero por el sector y luego por el número de parcela. Los sectores 1 y 2 se parecen a otras zonas de Madrid, con sus viviendas de ladrillo de una o dos plantas, naves industriales e incluso algunas mansiones.

Pero a medida que te adentras en el camino, superando los baches de un terreno irregular sin asfaltar, van apareciendo a ambos lados construcciones más débiles e improvisadas, incluso chabolas destartaladas.

En el paisaje se entremezcla una cierta normalidad de pueblo rural y coloridos atardeceres con situaciones de pobreza extrema e insalubridad.

“¿A la Cañada? ¿A qué has ido allí?”. La reacción de sorpresa responde a una realidad, que mucha gente solo tiene una imagen del lugar: la de la marginalidad y la agresividad de la zona de venta de drogas, situada en el sector 6, a la que los medios locales suelen referirse como “el mayor supermercado de la droga de Madrid”.

Allí, clanes familiares manejan su negocio en una zona en que la Cañada se llena de más baches y charcos que obligan a nuestro vehículo a circular muy despacio, a pesar de que hace semanas que no llueve. El tráfico de coches, incluso a plena luz, es incesante. Por la noche, bidones ardiendo señalan los puntos de venta. Y todos los días, unos 170 drogodependientes trabajan para los clanes en situaciones cercanas a la esclavitud, en labores de vigilancia, control y limpieza a cambio de una dosis de supervivencia. Nadie se pasea por aquí si no participa en el negocio o forma parte de alguna de las entidades sociales.

La zona está vigilada por la policía, que desde 2012 ha detenido a más de 300 personas por tráfico de drogas en La Cañada y cercanías, según datos publicados en julio. Este kilómetro y medio es la causa de que, como explica Resani, “si dices que vives en Cañada, la gente te mira raro”. Su alargada sombra planea sobre todos los vecinos, incluso los que como ella nunca pondrían pie en ella.

Pero si se busca un punto en común de todos los habitantes de la Cañada, este podría ser la incertidumbre que pende sobre su futuro. Todas las viviendas —las chabolas hechas con planchas de metal pero también las de varios pisos de ladrillo y jardín— “son ilegales”, asegura José Antonio Martínez Páramo, comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid (el gobierno regional) “porque están en suelo rústico”.

La Cañada Real Galiana nació como una vía de paso para el ganado. En los años 50, cuando España estaba sumida en una situación de pobreza y subdesarrollo, llegaron a las afueras de Madrid migrantes del campo que empezaron a cultivar esas tierras que eran de dominio público. Empezaban labrando el terreno, luego construían una caseta para los aperos y poco a poco iban haciendo una casa. Con los años se fueron construyendo distintas infraestructuras energéticas y de transporte en la zona, pero los vecinos no se fueron, sino que llegaron más. Y ahora por aquí pasa un gasoducto, varias carreteras, las vías soterradas del tren de alta velocidad y varias líneas de alta tensión. En las cercanías también hay un vertedero.

Por todo esto, la Cañada es también “un camino de altos muros y puertas cerradas”, dice Daniel Ahlquist, responsable de proyectos de atención en zonas desfavorecidas de Cruz Roja, entidad que realiza un amplio trabajo en el asentamiento favoreciendo la escolarización infantil, entre otras labores.

Muchas casas están ocultas por grandes portales metálicos que, cuando se abren, dejan entrever en algunos casos un cúmulo de construcciones en las que pueden estar viviendo hasta 60 familias.

Fulgencio, de 77 años, y su esposa María “aterrizaron” en la Cañada Real poco después de la muerte de Franco (el gobernante de facto falleció en 1975) y viven en el sector 3. “Nos dijeron: si quieres, puedes poner aquí unas estacas”, dice Fulgencio, quien ahora está retirado y no quiere ser fotografiado. Con los años, el matrimonio ha construido una bonita casa de ladrillo, con un jardín donde se pueden ver árboles, entre ellos un membrillo, y un huerto. Pero como sucede con muchos vecinos de Cañada, María y Fulgencio no pagan el agua ni la luz que consumen, aunque querrían hacerlo.

En más de seis décadas no se hicieron en la Cañada las conexiones legales de suministros o alcantarillado. Fueron los propios vecinos los que compraron transformadores eléctricos y pagaron a otros para que hicieran los “enganches” al agua y la luz. Los fallos son frecuentes y, cuando algo se estropea, no se puede llamar a las compañías para que vayan a arreglarlo. En verano, cuando las temperaturas alcanzan fácilmente los 40 grados, falla el agua. Y en invierno, cuando más se necesitan las estufas, no llega con potencia la energía eléctrica.

Una máquina excavadora acaba de dar sus coletazos y convierte en escombros lo que eran tres construcciones, aunque precarias, mientras una decena de vecinos observa pacíficamente.

De vez en cuando se escucha el rugido soterrado del tren de alta velocidad que pasa por debajo de este campamento de gitanos en el sector 4.

Todos aquí conocen los derribos de casas: o los han vivido ellos mismos o algún vecino. Lourdes, por ejemplo, ha logrado de momento librarse de tres, pero recuerda el miedo con que sus pequeños vivieron esa amenaza. “Tenemos cuatro hijos y lo pasan fatal”, explica, “esto no es vida entre ratas, escombros y humedades”.

El ayuntamiento de Madrid declara que los tres derribos que presenciamos se hicieron por “incumplimiento de las disciplinas urbanísticas y normativas de seguridad” y atendiendo a la petición de los vecinos de aumentar el control y la vigilancia en la zona.

Los primeros derribos se empezaron a ejecutar en la Cañada en 2007, cuando además de los migrantes españoles del campo, hasta allí habían llegado también gitanos españoles, portugueses y rumanos, marroquíes e incluso latinoamericanos. Algunos casos se volvieron muy mediáticos y actores externos como Amnistía Internacional empezaron a actuar contra los desalojos forzosos.

Entre 2007 y 2012 hubo unos 300 derribos, según las cifras de Susana Camacho, coordinadora del equipo de intervención en la Cañada de la Fundación Secretariado Gitano. El 52 por ciento de los vecinos son de esta etnia. Muchos trabajan en hostelería, en el sector de la construcción o haciendo reformas, por lo que es frecuente ver furgonetas en la Cañada.

Pero la irregularidad del lugar, que discurre por terreno de tres municipios (Madrid, Rivas y Coslada) no evitó que, durante años y paradójicamente, los vecinos fueran empadronados e incluso pagaran el Impuesto de Bienes Inmuebles.

Además, con los años han aparecido especuladores que construyeron o compraron casas y ahora las alquilan a terceros, en muchos casos inmigrantes con pocos recursos.

Es el caso de los hondureños Raúl y Elizabeth, que viven aquí con su hija. Llevan varios años en España y han pasado por todo tipo de dificultades, incluso durmieron durante una temporada en el balcón de un apartamento, tapados con unos cartones. No tienen los papeles en regla y en este momento no trabajan. Ellos están agradecidos a la persona que les alquila el piso por un precio que sería impensable en cualquier otro sitio de Madrid: 200 euros por un apartamento de dos habitaciones. “Los vecinos nos dicen que por qué pagamos, pero nosotros agradecemos”, dice Elizabeth.

La niña va al colegio y tiene acceso gratuito a la atención sanitaria, algo que ellos también valoran. Aunque les gustaría que cerca de casa hubiera algún parque donde pudiera salir a jugar.

Durante un recorrido para conocer el trabajo de Cruz Roja llegamos al sector 4, donde el equipo se detiene a hablar con Hanan, una marroquí de 27 años y tres hijos que nos atiende con el más pequeño, un bebé, en los brazos. Esta zona con sus casas de tejado plano, antenas parabólicas, velos y chilabas recuerda a algún pueblo de Marruecos.

A sus solo 9 meses, el bebé de Hanan ya ha pasado una bronquiolitis y la tosferina. Es uno de los 2.000 menores que viven en la Cañada. Según Ahlquist, la falta de escolarización se ha reducido de forma importante, pero todavía hay absentismo, entre otras razones porque para algunos niños no resulta nada fácil llegar a la escuela.

Por esta y otras causas a Camacho la Cañada le recuerda a veces a las comunidades de Guatemala, país donde pasó un año. “La falta de acceso a recursos y la lejanía con los núcleos urbanos, que haya niños que tengan que andar una hora para llegar a la ruta escolar, eso yo lo he visto en comunidades campesinas e indígenas de Guatemala”, explica. “Yo admiro mucho a las comunidades de Guatemala, cómo luchan para salir adelante, igual que admiro a las familias de Cañada. Para mí es una población en resistencia absoluta”, dice.

Tras años de idas y venidas y con una situación cada vez más enredada, en mayo de este año por fin todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para intentar solucionar la situación. Nació así un pacto “con el pilar básico de garantizar el derecho a la vivienda”, dice Páramo, el comisionado de la Comunidad de Madrid. El acuerdo contempla la regularización del sector 1, que ya tiene acceso rodado y conexiones a la luz y el agua. Por el contrario, el sector 6 (donde viven casi 3.000 personas) será desmantelado en su totalidad, y los vecinos que cumplan ciertas condiciones serán realojados.

En el resto de los sectores, la situación será estudiada. Y mientras, se llevará a cabo una mejora de la red de agua y el asfaltado de toda la calle (una demanda histórica de los vecinos), entre otras medidas. “Ha habido una toma de conciencia progresiva de que la indecencia que ha supuesto durante un montón de décadas la Cañada desde una perspectiva social, hay que acabar con ella”, dice Agustín Rodríguez, cura de la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada.

Su iglesia está enclavada en pleno núcleo de la droga y él la mantiene abierta al trabajo de las entidades que, entre otras cosas, ofrecen duchas a los toxicómanos que malviven alrededor, durmiendo en tiendas de campaña o directamente en el suelo. Rodríguez cree que el actual marco político es favorable a un arreglo de la situación.

Los vecinos como Fulgencio, María y Resani quieren quedarse en la Cañada y esperan que sus descendientes no tengan que vivir como ellos, con el fantasma del derribo sobrevolando constantemente sus cabezas. “Nuestro objetivo es legalizar el mayor número de casas posible”, dice Resani. “No queremos que nuestros hijos vivan con la misma incertidumbre que nosotros”. Sabe de lo que habla, puesto que es la tercera generación de su familia en la Cañada.

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41668519

La crisis económica conduce a la legalización de las drogas

No es tan fiero el demonio cuando descubre su rostro. Después de años de sobredosis y paranoia, las drogas ilegales van cambiando poco a poco su estatuto. A impulsos de la crisis económica, el imperialismo abre la veda. Muchos bancos, e incluso países enteros, saldrán de los númerosos rojos en cuanto conviertan el dinero negro en blanco.

Por fin se reconoce que la marihuana tiene efectos medicinales y que las seudociencias que la FDA de Estados Unidos orquestó en torno al tríptico “alimento – fármaco – droga” no fue más que pura escolástica.

Perú legaliza el uso medicinal de la marihuana y Colombia despenalizará las plantaciones de coca de hasta 3,8 hectáreas. Es como despenalizarlas todas porque el promedio de una plantación no es mayor a una hectárea, según la ONU.

En cuanto los estupefactos lectores se acostumbren un poco, legalizarán el resto, los monopolios agroindistriales cultivarán coca en masa y no hará falta ir a los lavabos para esnifar una raya.

El jueves el diario El Tiempo de Colombia anunciaba que el gobierno legalizará el cultivo de coca en un proyecto de ley enviado al Congreso. El proyecto de ley es una consecuencia de los acuerdos firmados con las FARC en 2012.

Se estima que más de 100.000 familias viven de la coca en Colombia. El proyecto de ley afecta a pequeños agricultores ahora atrapados por  las tres patas de la misma mesa: la policía, la DEA y las bandas de narcotraficantes.

El cultivo de coca a escala industrial operado por grupos de narcotráfico seguiría siendo ilegal.

El proyecto de ley es el último cambio en la política sobre drogas del presidente Juan Manuel Santos, quien instó a asumir el fracaso desde que asumió el cargo en 2010.

Santos ha despenalizado la posesión de pequeñas cantidades de drogas y ha declarado que el abuso de drogas es una cuestión de salud pública, más que un problema de orden público.

Un coronel de la Guardia Civil en Motril cobraba comisiones por dejar pasar droga desde Marruecos

Resultado de imagen de guardia civil narcotraficoLa Fiscalía de Granada ha pedido una pena de nueve años y tres meses de prisión por supuestos delitos de cohecho cometido por funcionario público y contra la salud pública para el coronel de la Guardia Civil F.G.S., como parte de una presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.

El investigado era comandante de la Guardia Civil y jefe de la Jefatura de Policía Judicial e Información de Granada mientras sucedieron los hechos, en el año 2006, y tenía «mando en todas las operaciones antidrogas a efectuar en la provincia», según hace constar en su escrito de acusación provisional el Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el cual también pide penas de cinco años y tres meses de prisión para R.Z. y D.G.M. por supuestos delitos de cohecho cometido por particulares, y contra la salud pública, aplicándoles la atenuante de confesión.

La petición de pena fiscal, de la que informa este jueves el diario ‘Ideal’, también incorpora el pago de una multa de 6,3 millones de euros para el coronel de la Guardia Civil, mientras que, se interesan multas de 6,1 millones a cada uno de los otros dos acusados.

En enero de 2006, el principal acusado se entrevistó con parte de su equipo, según el relato de los hechos del fiscal, con dos confidentes, y acordó con uno de ellos, en un aparte, la entrada de dos alijos de hachís y otro de droga de escasa calidad en territorio nacional por las playas de Motril, procedente de Marruecos, «a cambio de una cantidad monetaria» fijada en 120.000 euros de la que se le debía hacer entrega tras cada operación de entrada.

De la droga de menos calidad «se permitiría su aprehensión por la Guarida Civil para justificar las dos operaciones impunes». A sus subordinados, el coronel les indicó que, en las dos primeras operaciones, «se permitiría el acceso de la droga» en las playas granadinas como «entregas controladas» que deberían depositarse en una «guardería» controlada de forma exclusiva por él.

La colaboración entre los acusados se extendió supuestamente hasta mayo de 2006 pese a que el alto mando se encontraba «acuciado por las sospechas de los agentes a sus órdenes», según continúa el fiscal en su escrito de acusación provisional.

Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), personada como acusación popular en este caso, trabajan en estos días en este caso antes de presentar su calificación provisional de los hechos. El portavoz nacional de la AUGC, Juan Fernández, ha asegurado que se plantean pedir penas mayores que las que solicita el fiscal, a la par que ha criticado «la carencia de personal» en unidades como la UCO que ha afectado al desarrollo de estas diligencias en las que se investigó también un supuesto delito de blanqueo de capitales.

Así, el Juzgado de Instrucción 2 de Granada dictó a finales del pasado mes de diciembre auto de procedimiento abreviado contra estas personas investigadas por integrar una presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, poniendo fin a las diligencias previas incoadas el 21 de noviembre de 2014.

Además de sobre el mencionado mando de la Guardia Civil, y R.Z. y D.G.M., las actuaciones judiciales también se habían dirigido contra J D.P. por los supuestos delitos de revelación de secretos, cohecho, contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

Además, en el auto aparecían como investigados el teniente coronel de la Guardia Civil F.O.C., por un delito de encubrimiento, y A. D.A. por un delito de blanqueo de capitales.

El imperialismo cambia su política ‘antidrogas’

Ahora mismo la ONU está reunida para replantear la política antidrogas en el mundo entero y, para calentar el ambiente, el mes pasado la revista científica “The Lancet”, una de esas a la que siempre acompaña la etiqueta de “prestigiosa”, lanzó un extenso informe para pedir que cese la represión del comercio de drogas.Pocos temas hay más apasionantes que el de las drogas, que se ha simplificado hasta el punto de hablar de “la droga”, en singular, aunque tiene aspectos políticos, económicos, culturales, médicos… todo en el mismo paquete.

A pesar de la complejidad, en pocos asuntos se ha simplificado más que en éste, hasta el punto de convertirlo en una caricatura. Ha sido la única manera de encubrir lo más esencial, a saber, que hace un siglo el imperialismo convirtió a determinadas drogas en un instrumento de dominación política.

Ciertamente el consumo de drogas ya existía; siempre existió. También el colonialismo británico había convertido al opio en un medio de sometimiento de China, pero fue Estados Unidos quien incorporó las drogas a su arsenal de una forma sistemática.

Las drogas están prohibidas en el mundo por imposición de Estados Unidos. La política “antidrogas” de Estados Unidos es la política mundial. El cine lo ha retratado mil veces porque hace 100 años entre las drogas se contaba al alcohol. Nadie como Estados Unidos para decir -e imponer- al mundo lo que es bueno para nuestra salud, lo que debemos consumir y lo que no.

Según “The Lancet” lo que hace 100 años se justificó por razones de salud, ahora ya no lo es tanto, con lo cual ya no podemos saber ni siquiera a qué llaman “salud” algunas revistas científicas. Con sus giros copernicanos los médicos nos llenan de preguntas: ¿a qué llaman “drogas”?, ¿en qué se diferencia una droga de un medicamento o de un alimento?, ¿quién hace esa diferencia y por qué?, ¿tiene eso algún carácter científico o es sólo ideológico, político y económico?, ¿están los médicos al servicio del comercio de drogas?

Este tipo de asuntos son otro filón de reflexiones. Se me ocurre una comparación con el tabaco y creo que dentro de otros 100 años es posible que nuestros nietos sean víctimas de otra campaña “científica” por parte de “The Lancet” y la ONU a favor del tabaco porque es beneficioso para la salud. Al tiempo.

Nada me parece más estupendo que la ciencia rectifique sus errores. Si las drogas no son tan malas para la salud quiere decir que los médicos nos han estado engañando durante 100 años, lo cual no es tan sorprendente como parece. No es la primera vez que ocurre.

Pero aquí hay muy poca ciencia y que “The Lancet” se introduzca en un terreno tan pantanoso es significativo. Las drogas no sólo alucinan a quienes las consumen. También los médicos de “The Lancet”, como tantos otros, científicos o no, parecen haberse metido una buena sobredosis de tontería: que algunas drogas estén prohibidas formalmente no significa que el imperialismo haya pretendido erradicar nunca el tráfico y el consumo de drogas en el mundo.

Muy al contrario, como los hechos ponen de manifiesto: en su forma actual, las drogas son una creación del imperialismo, que las ha difundido, justificado, promovido y financiado hasta alcanzar la cota actual, es decir, hasta convertirlas en la subcultura que hoy son en las grandes metrópolis imperialistas.

Dicho con otras palabras: hace 100 años el imperialismo prohibió las drogas para difundirlas por todo el mundo en la forma en la que hoy se difunden, es decir, ilegalmente, porque hasta donde llega el último alijo de drogas, llega el imperialismo.

El avispado lector apreciará que las drogas no son nada diferente del yihadismo y otros instrumentos del imperialismo, que es capaz de crear sus propios enemigos como Don Quijote creó gigantes para luchar contra ellos y alcanzar una gloria imperecedera. Alucinaba.

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