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Las primeras acusaciones importantes contra García Luna datan del ya lejano 2001, cuando en el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) era el titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Su relación con el Cártel de Sinaloa era tema constante en las notas de reporteros especializados en narcotráfico. No obstante estos antecedentes, Felipe Calderón decidió nombrarlo Secretario de Seguridad Pública, que a la postre resultó ser el puesto más relevante de su gabinete, convirtiendo a García Luna en el hombre más poderoso de su sexenio detrás de él. Una especie de vicepresidente.

Es en este sentido que la detención de García Luna es más relevante que la del ‘Chapo’ Guzmán, porque el primero representa al crimen organizado y el segundo solamente al narcotráfico. ¿Qué quiero decir con esto? En México (y en otras partes del mundo, como Colombia) se ha construido una «mitología del narcotraficante», como lo ha señalado el sociólogo Luis Astorga. Las narrativas oficiales han creado la imagen de un ente maligno (el narcotraficante) que ataca con todos sus medios la pureza del Estado, corrompiendo a alguna manzana podrida, a alguna autoridad que, a pesar de su naturaleza bondadosa, cae en el pecado de la avaricia y acepta el dinero.

Esta narrativa hace parecer que el mundo del narcotraficante es uno, mientras que el mundo de la política y la economía son otros, que nada tienen que ver o que solo entran en contacto de manera anómala. La mentira de esta narrativa, repetida mil veces por los medios de comunicación, se cae ante las evidencias más básicas. México lleva mucho tiempo siendo un productor de drogas (mariguana, opio) y, en ese sentido, hace mucho que hay una relación entre autoridades locales en un principio, y luego federales y narcotraficantes. Pero quizá la primera gran relación no provenga de la droga, sino del alcohol, cuando era ilegal en Estados Unidos y había un gran tráfico desde México, que junto a las carreras de caballos hicieron del casino de Agua Caliente (1928), en Tijuana, un lugar de reunión para estrellas de cine, empresarios, mafiosos y políticos estadounidenses. El accionista principal era el gobernador de Baja California y quien se convertiría en presidente de México, Abelardo Rodríguez.

Al nombre de Rodríguez se pueden sumar otros políticos de primer nivel como Maximino Ávila Camacho, hermano del presidente Manuel Ávila Camacho (1940-1946). Pero donde siempre hubo más tela que cortar fue en las oficinas de la policía, principalmente en la Dirección Federal de Seguridad (DFS), fundada por Miguel Alemán en 1946. Por ahí pasó gente que no solo se dedicó a la represión política y de grupos guerrilleros, sino que fueron vinculados con el narcotráfico como Fernando Gutiérrez Barrios (Gobernador de Veracruz y Secretario de Gobernación) o Mario Acosta Chaparro y Fernando Quirós Hermosillo, quienes además de participar en la Guerra Sucia de los años setenta, estuvieron vinculados con el Cártel de Juárez. Miguel Nazar Haro, otro miembro de la DFS y fundador de la Brigada Blanca, que desapareció a los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fue acusado de proteger al Cártel de Guadalajara, además de traficar con autos robados.

También director de la DFS fue Javier García Paniagua, hijo de Marcelino García Barragán, encargado de la Secretaria de la Defensa Nacional durante la matanza de 1968 y gobernador de Jalisco. Es Guadalajara (Jalisco) un bastión histórico de la derecha y el panismo, donde se asentaron los narcos a principios de los 80 y se hicieron empresarios para poder lavar su dinero. Se ha señalado a Guadalajara como cuna del ‘Pacto de Impunidad’, ya que el Departamento del Tesoro de los EE.UU. ha sancionado a una gran cantidad de empresas y establecimientos comerciales por lavado de dinero.

Ninguno de los personajes arriba mencionado fue condenado por delito alguno. Es por eso tan importante la detención de García Luna y porque el crimen organizado es mucho más grande que el narcotráfico. Como vemos son claves los puestos directivos de seguridad y justicia. Incluye lavado de dinero. Las drogas no son el único campo de acción: están el robo de autos, tráfico de armas, extorsiones y secuestros, venta de otros productos prohibidos como en su momento el alcohol o especies de flora y fauna en extinción. El sexenio de Calderón, que es el de García Luna, eman  de un fraude electoral e impuso una militarización bajo el pretexto de combate al narcotráfico, pero que involucra regiones que cuentan con importantes recursos naturales que anhelan las trasnacionales como el agua, el gas, petróleo y por supuesto varios productos de la minería. Este es uno de los argumentos principales de Oswaldo Zavala en su libro ‘Los cárteles no existen’. Sin ir más lejos, por casualidad o causalidad, la matanza de la familia LeBarón se realizó en una zona fronteriza con importantes yacimientos de litio.

Cualquier negocio está formado por distintas ramas o cadenas. La de producción, la logística, la de ventas, mercadotecnia, contabilidad, finanzas, jurídicos, nuevos productos, etc. En el caso del crimen organizado y el narcotráfico es igual. De la mariguana y opio de los años 40 a la cocaína de los 70 y 80 a la producción de drogas de diseño en la actualidad hay un abismo de diferencia. No son el mismo negocio por decirlo de alguna manera. Nadie duda de la relevancia de la efedrina o del fentanilo en el mercado de las drogas actuales, lo que involucra por su volumen a la industria farmacéutica. Como fue el caso de Zhenli Ye Gon, empresario farmacéutico chino nacionalizado por el gobierno de Vicente Fox y aprehendido en 2007. El narcotraficante estilo el Chapo es apenas, en el mejor de los casos, el gerente de producción de un negocio mucho mayor que involucra muchos actores políticos y económicos.

La mayoría de los periodistas de a pie o que reporteaban para diarios locales daban cuenta de la vinculación y complicidad de los gobiernos de la derecha con el ‘Chapo’ Guzmán y el Cártel de Sinaloa. Mientras, a nivel nacional, los principales medios de comunicación bailaban al ritmo de la música de García Luna y lo complacían en todo. Por ejemplo, el periodista Carlos Loret de Mola, que tenía a su cargo el noticiario matutino más visto, se prestó a difundir un montaje que simulaba que víctimas de secuestro eran liberadas por elementos de la AFI. Otros escribían en periódicos sobre los logros en materia de seguridad de García Luna, quien desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) destinaba importantes cantidades de dinero en contratos de publicidad.

Igualmente, es lógico pensar que los servicios de inteligencia de Estados Unidos hacen perfiles de funcionarios importantes, especialmente de los relacionados con cuestiones de seguridad y narcotráfico, que son los temas que más les importan a los estadounidenses de su relación con México. Entonces, si era un secreto a voces su vínculo con el Cártel de Sinaloa ¿por qué no se actuó contra él? Desde 2012 que terminó el gobierno de Calderón, García Luna decidió residir a todo lujo en Miami, donde adquirió varias propiedades de valor millonario y donde estableció una consultoría de seguridad pública y gestión de riesgos. Para hacer todo esto contó con la venia temporal del gobierno de Estados Unidos, que le otorgó la residencia permanente y parece que pasó por alto la procedencia de los recursos con los que se estableció en Miami y donde no tenía la mínima intención de pasar desapercibido.

García Luna es el primer personaje de una larga estirpe policial en ser llevado a la justicia estadounidense. Fue además, el segundo hombre en importancia en el sexenio de Calderón y artífice de sus principales acciones de gobierno. No es un hombre que recibió un soborno, fue parte medular de las políticas públicas de México y de la relación con Estados Unidos. Es un hombre que fue aplaudido por populares periodistas y por asociaciones civiles que «luchan» contra la violencia. No es como el Chapo, un outsider. Es una figura principal del sistema cuyos vínculos se tejen en toda su extensión: con los presidentes Fox y Calderón, con otros integrantes del PAN, con los principales medios de comunicación, con empresarios, con gente del sistema de justicia como Eduardo Medina Mora o el hoy abogado preso Javier Collado. Y hasta con autoridades de los Estados Unidos y organismos como la DEA, que ignoraron todas la información que tenían por años.

Dicen que el pez grande se come al chico, pero esta vez está resultando que un pez chico entrega uno cada vez más grande. Primero aprehendieron al hermano e hijo del ‘Mayo’ Zambada. Luego al ‘Chapo’ Guzmán. Esas operaciones y la información derivada los llevaron a García Luna. ¿Qué hará éste para reducir su condena? ¿Entregará a sus superiores? ¿A sus compañeros de gabinete? ¿A los empresarios e informadores de los medios de comunicación? ¿A los jueces y policías que lo ayudaban? ¿A asociaciones civiles corruptas que lo apoyaban? ¿A autoridades de los Estados Unidos que también están involucradas? ¿A unos pocos de todos?

Con la aprehensión de García Luna se va a reescribir la historia del México contemporáneo, especialmente la de los gobiernos de la derecha panista, y en particular el sexenio de Calderón, quien debería terminar en una Corte Internacional por crímenes de lesa humanidad.

http://www.radiolaprimerisima.com/articulos/8629/golpe-al-crimen-organizado-incrustado-en-el-poder-politico-de-mexico/

Más información:
“El traidor” es un libro de Anabel Hernández que documenta cómo los narcos se han apoderado de México
https://youtu.be/QxMFgflUXbA

Sin embargo, luego de un torrente de solicitudes de los fiscales y dictámenes por parte del juez durante las primeras tres semanas, ahora parece poco probable que se produzca una extensa revelación de casos de soborno. El jurado ya ha escuchado bastante sobre los pagos a la policía y los políticos mexicanos, pero queda mucho por saber y es probable que eso jamás suceda.

Imponer límites a la evidencia en los juicios penales es una medida común con el fin de enfocarse en los cargos específicos en contra de los acusados. No obstante, las restricciones impuestas en este caso parecen oponerse al deseo profundo que existe en México por exponer públicamente los excesos de su policía y la élite política durante la larga guerra contra el narcotráfico.

“Tenía muchas expectativas”, dijo Daniel Ortiz de Montellano Vásquez, un empleado de una casa de cambio en el aeropuerto de Ciudad de México. Pero, por lo menos hasta ahora, no han cumplido con esas expectativas, comentó.

“Estamos hartos de este juego”, agregó Montellano Vásquez, y dijo que había esperado que el juicio fuera un suceso que “no dejara que la impunidad ganara”.

Quizá la restricción más importante a la evidencia ocurrió la semana pasada, cuando el juez Brian Cogan decidió que un testigo estrella de la fiscalía no podía testificar acerca de haber pagado por lo menos 6 millones de dólares en sobornos a uno de los presidentes de México. Aunque el mandatario nunca fue identificado, el juez decidió que el testimonio avergonzaría innecesariamente a ciertos “individuos y entidades”, y que además sería una distracción del objetivo central del juicio: decidir si Guzmán es inocente o culpable.

La semana pasada, el juez emitió otros dictámenes que restringen testimonios que también involucran evidencia de posible corrupción. La naturaleza exacta de esas pruebas ha sido difícil de discernir porque los dictámenes del juez Cogan se han editado mucho.

Uno de ellos se refiere al “Testigo colaborador 1”, o CW1 en inglés, que trabajó para Guzmán de 2006 a 2014. El juez decidió que, aunque le permitirían a CW1 testificar sobre haber sobornado a funcionarios mexicanos con “cantidades de cocaína”, no le permitirían hablar sobre un soborno de 10.000 dólares que habría entregado para salir de la cárcel después de que lo arrestaron. Esa evidencia se excluyó del juicio, explicó el juez, debido a la “relación del soborno con…”, y se editó esa frase del dictamen.

Una orden aparte hablaba de un testigo identificado como “CW3”, que podrá testificar sobre haberle pagado a la policía federal mexicana para “escoltar un cargamento de drogas” y sobre darle “a un político mexicano de alto nivel un préstamo de 300.000 dólares sin intereses”, dictó el juez. Sin embargo, Cogan no le permitirá testificar sobre haber sobornado a un fiscal para que retirara un cargo criminal que enfrentaba.

Algunas de estas restricciones parecen haberse impuesto, en parte, para limitar la agresiva estrategia de defensa que los abogados de Guzmán pusieron en marcha al comienzo del juicio. En su argumento inicial, los abogados sostuvieron que la verdadera mente maestra del Cártel de Sinaloa era Ismael “el Mayo” Zambada García, exsocio de Guzmán.

En una declaración sorprendente, afirmaron que Zambada urdió durante años una gran conspiración para incriminar a Guzmán con la ayuda de agentes antidrogas “corruptos” de Estados Unidos y funcionarios mexicanos involucrados, entre ellos “el presidente y el expresidente del país”.

Aún no está claro si los abogados de Guzmán intentarán presentar evidencia sobre la corrupción de agentes de la policía estadounidense, o cómo reaccionará Cogan si lo hacen. El juez ya ha frenado esfuerzos por parte de la defensa para cuestionar a los testigos sobre el operativo “Rápido y furioso”, un controvertido programa de la policía federal en el que los funcionarios estadounidenses perdieron la pista de cientos de armas mientras investigaban una red de contrabando de armas vinculada con narcotraficantes mexicanos.

Las continuas batallas sobre la evidencia reflejan la cuestión de a quién está dirigido el juicio en realidad. Estrictamente hablando, la única audiencia que importa son los dieciocho miembros del jurado que escuchan el caso.

No obstante, el juicio ha generado un enorme interés público. Al limitar la evidencia sobre la corrupción, el juez Cogan quizá está ayudando a los fiscales a mantener al jurado enfocado en Guzmán. Sin embargo, también parece estar frustrando a la audiencia afuera de la corte, sobre todo en México.

Es difícil saber cuándo los fiscales estadounidenses tendrán otra oportunidad para analizar tan de cerca el funcionamiento interno de un gran cártel mexicano de la droga.

“Entiendo que el objetivo del juicio del Chapo es juzgar al gran capo mexicano”, dijo Bianca Salces, actriz y comediante de 45 años de Ciudad de México. Pero también es “importante para entender nuestro pasado y la historia actual, además de ofrecerle justicia y paz a un país devastado”, agregó.

Para Carlos Aguirre Ley, un ingeniero veracruzano de 40 años, el juicio es una oportunidad para exponer finalmente los vínculos entre “los narcos, el dinero y el poder” en este país, o, como lo dijo, “para que salga a la luz toda la verdad”.

Aunque el proceso podría ser doloroso, dijo, también es valioso. “Vale la pena adentrarse en las entrañas de la bestia”, comentó.

https://www.nytimes.com/es/2018/11/29/chapo-guzman-juicio-mexico-sobornos-corrupcion/