Cuando se habla de quema de libros en el siglo XX, la imagen que suele venir a la retina es la Beberplatz de Berlín el 10 de mayo de 1933, escenario de una gran hoguera en la que ardieron miles de ejemplares de obras consideradas “antialemanas”. Ni que decir tiene que, a lo largo de la historia, ha habido muchos otros episodios de fuego purificador, desde el incendio de la biblioteca de Alejandría pasando por la quema de libros de Confucio en China durante la dinastía Qin, o el auto de fe de octubre de 1861 en Barcelona en el que fueron pasto de las llamas 300 volúmenes espiritistas, por citar solo tres de ellos. Menos conocido es el hecho de que, desde el golpe de julio de 1936 hasta el final de la guerra, numerosas piras se encendieron en las ciudades y pueblos de la España nacional en las que ardieron gran número de publicaciones tildadas de “antiespañolas” y “envenenadoras del alma popular”.En los primeras días del conflicto no se habían dictado todavía órdenes por parte de los nuevos gobernadores civiles sobre la prohibición de la literatura disolvente, pero el modus operandi de los sublevados incluía siempre la destrucción del “material peligroso” que constituían determinadas obras. Así, a la entrada de las fuerzas requetés en varias localidades de La Rioja, lo primero que hicieron fue depurar las bibliotecas y quemar los archivos de las distintas sedes sindicales, donde se suponía que existía “literatura perniciosa”.
En Córdoba, ya el 19 de julio una de las prioridades de los sublevados era también la limpieza de librerías y kioscos como lo señalaba el Jefe de Orden Público y teniente general de la Guardia Civil Bruno Ibáñez Gálvez en una nota publicada por el ABC de Sevilla el 26 de septiembre:
“En nuestra querida capital, al día siguiente de iniciarse el movimiento del Ejército salvador de España, por bravos muchachos de Falange Española fueron recogidos de kioscos y librerías centenares de ejemplares de esa escoria de la literatura que fueron quemados como merecían. Asimismo, muy recientemente, los valientes y abnegados Requetés realizaron análoga labor, recogiendo también otro gran número de ejemplares de esas malditas lecturas que deben desaparecer para siempre del pueblo español”.
En Palma, el primer día del golpe, el 19 de julio de 1936, según testimonio del cenetista Manuel Pérez (Osuna, Sevilla, 1887–Río de Janeiro, 1964), atrapado en la isla con motivo del congreso constituyente de la regional de la CNT en Baleares, los sublevados actuaron de forma similar:
“Ocupados los centros oficiales donde los rebeldes no hallaron la menor resistencia, se inició el asalto a las organizaciones obreras y a los locales donde tenían su residencia las agrupaciones de izquierdas. Nada escapó a la furia vandálica de las hordas fascistas. Después de destrozarlo todo: muebles, cuadros, instrumentos de trabajo, etc., recordando los autos de fe de la Santa Inquisición, hicieron hogueras con los libros que encontraron en las bibliotecas”.
La aversión a los libros llegó hasta extremos delirantes como recoge Josep Massot i Muntaner en Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la postguerra (1930–1950), (Abadia de Montserrat, 1978):
“L’odi contra els llibres m’ha estat confirmat per un testimoni de primer ordre: a Inca, per exemple, foren cremades totes les obres en català d’una biblioteca pública –entre les quals el primer volum del Diccionari Català–Valencià–Balear– i la biblioteca pública circulant de Sencelles –prou considerable– fou assaltada i, després de fer un caramull amb els llibres hom hi defecà al damunt”.
Por esas mismas fechas, en la localidad abulense de Barco, los libros de la Agrupación Socialista, los de la Sociedad de Oficios Varios y los de la Agrupación de Trabajadores de la Tierra “fueron destruidos por las Milicias a su llegada a esta localidad en los preliminares del Glorioso Movimiento Nacional”.
En Soria, el jefe de la Biblioteca Pública de la ciudad castellana, refiere, según José Andrés de Blas y Fernando Larraz en la primera entrega de “La Guerra Civil española y el mundo del libro. Censura y represión cultural (1936–1937)” que “en los primeros días del Movimiento Nacional, se dispuso la recogida inmediata de los pocos ejemplares que, sin destruir, quedaban en esta plaza, ya que, al pasar por Soria, la columna de requetés del general Mola, prendió fuego a los libros que había en un kiosco dedicado a dicho comercio y los que fueron recogidos después sufrieron la misma suerte en una dependencia de este Gobierno Civil”.
En la localidad cacereña de Herrera de Alcántara tuvo lugar una “expurga” de obras en la Biblioteca Municipal “verificada en los primeros días del Movimiento Glorioso” en la que se quemaron los libros considerados como literatura disolvente, según informó el consistorio del pueblo al Ministerio de Educación Nacional cuando este asumió las competencias en materia de bibliotecas.
En Córdoba se quemaron los libros de segunda mano de los puestos de la plaza de la Corredera como cuenta el escritor y abogado Carmelo Casaño Salido en su libro Nuestra ciudad (apuntes del recuerdo y las cosas) (Delegación de Cultura, Ayuntamiento de Córdoba, 1984):
“Un día desaparecieron los libros. Los compraron al peso y se los llevaron a Las Tendillas, para quemarlos, porque estaban celebrando las Misiones. La tarde de aquel domingo, después del sermón de un jesuita con bonete, ardieron, crepitando, los viejos libros que dormían en la Corredera. Definitivamente murieron todos: el Ars Amandi y La vida de San Esperanto. Él echó en la pira dos novelas de Hugo Wast, y todavía le duele la mano cuando lo recuerda”.
La censura de libros quedó bajo control militar en las primeras semanas de la guerra. De hecho muchos títulos incautados, que no fueron quemados, también fueron custodiados por las autoridades militares. El bando del 28 de julio de 1936, que declaraba el estado de guerra, imponía la censura previa de todo impreso o documento destinado a la publicidad o difusión. Posteriormente, la censura se estableció por orden del 29 de mayo de 1937 aunque se tendría que esperar hasta el 23 de abril de 1938 para su regulación con la Ley de Prensa, impulsada por Ramón Serrano Suñer y que tenía como objetivo que los españoles leyesen “noticias basadas exclusivamente en la verdad y en la responsabilidad”. Esta era la “noble idea” de la que debía impregnarse toda la prensa.
El periódico Arriba España de Pamplona en su primer número del 1 de agosto incitaba a la destrucción de libros en estos términos: “¡Camarada! Tienes obligación de perseguir al judaísmo, a la masonería, al marxismo y al separatismo. Destruye y quema sus periódicos, sus libros, sus revistas, sus propagandas, ¡Camaradas! ¡ Por Dios y por la patria!” Su director era el clérigo falangista Fermín Yzurdiaga, que acabaría siendo Jefe Nacional de prensa y Propaganda.
La diatriba del órgano oficial de Falange Española en Navarra fue seguida al pie de la letra por los soldados requetés que ocuparon Tolosa, el 11 de agosto. Los franquistas apilaron en la plaza Zaharra de la localidad guipuzcoana los libros de la imprenta de Ixaka López Mendizábal, los volúmenes en euskera de la biblioteca municipal, los de las escuelas y los quemaron.
El 14 de agosto los soldados del coronel Yagüe entran en Badajoz y, según informaba el Jefe de la Biblioteca Provincial de la capital pacense, a requerimiento de Javier Lasso de la Vega al hacerse cargo de la Jefatura de Archivos y Bibliotecas, organismo creado a fines de marzo de 1938:
“Pocos días después de conquistada esta capital por las tropas nacionales, se realizó, por elementos heterogéneos afectos al movimiento, una visita de inspección y requisa por todas las librerías y kioscos en los que se recogieron cuantos libros de carácter extremista y pornográfico fueron hallados y se reunieron en la Oficina de Censura Militar donde una vez comprobada la tendencia perniciosa fueron condenados al fuego”.
La primera gran quema pública se produjo, sin embargo, en La Coruña el 19 de agosto de 1936. Más de 1.000 libros ardieron en varias hogueras en la dársena del puerto de la ciudad gallega, frente al Club Náutico. Se trataba de obras de autores como Blasco Ibáñez, Ortega y Gasset, Pío Baroja o Miguel de Unamuno junto a la biblioteca personal del diputado de Izquierda Republicana y presidente del Consejo entre mayo y junio de aquel año, Santiago Casares Quiroga (La Coruña, 1884–París, 1950) y la del centro de estudios sociales “Germinal” de la urbe coruñesa.
El acto presidido por un sacerdote apellidado Maseda (que hizo la selección de volúmenes a incendiar) fue recogido en el periódico El Ideal Gallego el 19 de agosto:
“A orillas del mar, para que el mar se lleve los restos de tanta podredumbre y de tanta miseria, la Falange está quemando montones de libros y folletos de criminal propaganda comunista y antiespañola y de repugnante literatura pornográfica”.
En Galicia también se incautaron los bienes de la sociedad “Alianza Republicana” de Carballo, en La Coruña, cuya documentación se conserva. Se decomisaron en los locales el Reglamento de la Sociedad y el Libro de Actas. El gobernador civil dispuso la destrucción del material confiscado con estas palabras: “Debo manifestarle que procede sean quemados los libros y demás documentos incautados y los fondos que existan deberán remitirlos a esta Delegación”.
La inquina en contra de las lenguas no castellanas provocó el asalto y la quema de los libros de la editorial gallega Nós y su director, Anxel Gasol, fue fusilado.
En Oviedo, tras la entrada el dia 8 de agosto de una Columna Gallega, de inmediato se clausura la B.P.C. (Biblioteca Popular Circulante) y parte de la directiva sufre la represión política o el exilio. La biblioteca es expurgada y las obras de Felipe Trigo, Blasco Ibáñez o José María Carretero arden en la Pedrera, seleccionadas por el poeta Casimiro Cienfuegos, entre otros.
En estos primeros meses de la guerra no solamente las bibliotecas y librerías fueron blanco de la ira de los sublevados sino que también la padecieron los propietarios en sus personas.
La primera disposición de la Junta de Defensa Nacional, organismo de gobierno de la España sublevada hasta el 30 de septiembre, sobre depuración de bibliotecas y el control de las lecturas fue la Orden del 4 de septiembre en la que acusaba al Ministerio de Instrucción republicano de haber difundido obras marxistas entre la infancia. Por ello era necesario hacer desaparecer esas publicaciones de escuelas y bibliotecas y obligaba a la destrucción de las mismas, autorizando solo aquellas “aquellas cuyo contenido responda a los sanos principios de la Religión y de la Moral, y que exalten con su ejemplo el patriotismo de la niñez”.
Ese mismo día Queipo de Llano hacía público su bando número 25 en cuyo segundo punto se obligaba a todos los establecimientos editoriales, a las librerías y a los kioscos radicados en la Segunda División Orgánica a entregar todas las publicaciones prohibidas a las autoridades militares en un plazo improrrogable de 48 horas. Y en el tercer punto se hacía extensiva esta obligación a todos los particulares, a entidades públicas y a corporaciones privadas.
Atendiendo a esta bando, los falangistas de Sevilla, según el testimonio del delegado de Propaganda, Antonio Bahamonde, recorrieron las editoriales y librerías. Las obras de autores que, según su criterio, eran de tendencia marxista, eran requisadas y destruidas allí mismo.
El carácter indiscriminado de la purga lo puso de manifiesto incluso un historiador poco sospechoso de afinidad con el bando republicano como Rafael Abella en La vida cotidiana durante la guerra civil. La España nacional (Planeta, 1973):
“En cuanto a la censura de libros, su implantación tuvo características inicialmente draconianas en expurgo de bibliotecas públicas y privadas y retirada de la venta de toda la literatura conceptuada de pornográfica, de marxista, de ácrata o de disolvente, término en el que incluía lo que era de matiz contrario a la línea del Movimiento. Desde Nakens a a Martín de Lucenay, desde Belda a Kropotkin se quemaron en grandes piras que, a modo de autos de fe, convirtieron en humo un montón de letra impresa considerada nefasta– y, en ciertos casos con razón–, para los españoles. Y digo en ciertos casos porque al socaire de esta depuración se destruyeron muchos libros de editoriales tachadas de peligrosas –Cenit, Oriente, Ulises, España– y otros tantos editados por Biblioteca Nueva, por Pueyo y por Espasa–Calpe. Entidades significadas en lo literario más que en lo social”.
El 23 de diciembre de 1936, la Junta Técnica del Estado –creada por Franco en octubre del mismo año y sucesora de la Junta de Defensa Nacional de España– promulgó un Decreto que declaraba ilícitas todo tipo de publicaciones socialistas, comunistas, libertarias, pornográficas y disolventes.
Esta disposición legal contemplaba sanciones contra aquellos que incumplieran su aplicación. Las infracciones implicaban una multa de 5.000 pesetas y si se reincidía aquella aumentaba un quíntuplo y además llevaba aparejada la pérdida de empleo público, o bien la inhabilitación del sancionado para el ejercicio de la industria editorial o de librería, así como el cierre del respectivo establecimiento.
En estos primeros meses de la guerra algunos libreros y bibliotecarios pagaron con la vida su compromiso con la cultura. Es el caso del librero Miguel d’Iom de Ceuta, asesinado en una de las sacas por los sublevados junto a otros militantes anarquistas de la ciudad. No fue un caso aislado.
En agosto la prensa cordobesa informaba de la detención del librero, editor e impresor Rogelio Luque (Priego, Córdoba, 1897– Córdoba, 1936), librepensador, naturista y esperantista. Editó y colaboró en numerosas revistas culturales como Popular, La Pluma, Biblis y Quijote y fundó, con su hermano la librería Luque que, con diferentes emplazamientos, pervivió hasta los años noventa. Los rebeldes lo fusilaron el 16 de agosto.
Pilar Salvo, maestra de Zaragoza, responsable de una biblioteca infantil fue asesinada en aquel mismo mes.
Juana María Capdeviele Sanmartín (Madrid, 1905–Rábade, Lugo, 1936), pedagoga y bibliotecaria, fue la primera mujer jefa de una biblioteca de facultad (la de Filosofía y Letras) de la Universidad Central de Madrid, puesto al que accedió en 1933. Además desarrolló una importante labor como jefa técnica de la biblioteca del Ateneo de la capital española. En 1936 se casó con Francisco Pérez Carballo, el cual sería designado, tras la victoria del Frente Popular, gobernador civil de La Coruña.En el ejercicio de su cargo fue apresado y asesinado el 25 de julio. Al llamar al Gobierno Civil para tener noticias de su esposo, se le comunicó que sería recogida –estaba embarazada–, y conducida junto a él. Sin embargo, fue detenida y encarcelada y se la puso al tanto de la trágica suerte de su cónyuge. En la noche del 18 de agosto fue asesinada y se encontró su cuerpo con dos tiros en las proximidades de Rábade, en Lugo.
Los profesionales que habían permanecido en la zona gubernamental fueron sancionados a posteriori a medida que los franquistas iban ocupando los territorios. Así, María Moliner (Paniza, Zaragoza, 1900–Madrid, 1981), una de las máximas responsables del servicio de bibliotecas durante la guerra en Valencia y autora del Plan de Bibliotecas Públicas de 1938, fue expedientada por colaborar con la política republicana. Carmen Caamaño fue separada definitivamente del Cuerpo de Archivos y Bibliotecas por orden del 29 de julio de 1939 a causa de su militancia política, por citar solamente dos casos.
La primera biblioteca universitaria purgada fue la de Valladolid en 1937 de la que se quemaron miles de libros en varias hogueras y algo parecido sucedió en la de Santiago de Compostela donde los libros de Castelao sufrieron un destino incierto. Tales acciones contaron con el apoyo de rectores como el de la Universidad de Zaragoza, Gonzalo Calamita Álvarez.
El 16 de septiembre de 1937 se promulgó otra normativa sobre la formación de comisiones depuradoras de las bibliotecas públicas y centros de lectura en cada distrito universitario. En todos los distritos universitarios debían formarse comisiones depuradoras presididas por el rector o un delegado suyo y formada por un catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, un representante de la autoridad eclesiástica, un funcionario del Cuerpo de Facultativos de Archiveros y Bibliotecarios, un representante de la autoridad militar, otro de la Delegación de Cultura de FET de las JONS y otro de la Asociación Católica de Padres de Familia. Las comisiones debían retirar aquellos “libros, revistas, publicaciones, grabados e impresos que contengan en su texto láminas o estampados con exposición de ideas disolventes, conceptos inmorales, propaganda de de doctrinas marxistas y todo cuanto signifique falta de respeto a la dignidad de nuestro glorioso Ejército, atentados a la unidad de la Patria, menosprecio de la Religión Católica y de cuanto se oponga al significado y fines de nuestra Cruzada Nacional”.
Estas comisiones, una vez analizados los fondos, debían enviar a la Comisión de Cultura y Enseñanza las listas con los títulos de las publicaciones que considerasen un peligro para los lectores. En la Comisión de El Ferrol participó el escritor Gonzalo Torrente Ballester. Después la Comisión de Cultura examinarían los listados haciendo la siguiente clasificación: por un lado las obras pornográficas de carácter vulgar sin ningún mérito literario. Por otro las publicaciones destinadas a propaganda revolucionaria o a la difusión de ideas subversivas sin contenido ideológico de valor esencial. Y finalmente, aquellos libros y folletos con mérito literario o científico, que por su contenido ideológico pudieran ser nocivos para los lectores “ingenuos o no suficientemente preparados para la lectura”. Los dos primeros grupos serían destruidos, mientras que el último permanecería guardado en los respectivos establecimientos en espacios restringidos. Estas obras sólo podrían ser consultadas con un permiso especial. La sala con libros prohibidos empezaron a proliferar a partir de entonces, los llamados infiernos. El infierno de la Biblioteca Pública de Oviedo no fue abierto al público hasta 1975.
Como se ha comentado anteriormente, uno de los motivos de la purga de libros era la destrucción de las publicaciones que “menospreciaban” la religión católica. En tal empeño, los rebeldes contaron con la colaboración, salvo en contadas excepciones, de las autoridades eclesiásticas. Un ejemplo de ello es la pastoral del obispo de Palencia, Manuel González y García (Sevilla,1877–Madrid,1940) “Lecciones de la tragedia presente. Preparando soluciones para la posguerra”, de noviembre de 1937 donde abogaba por la desinfección cultural y por la reconstrucción del pensamiento sobre las ruinas del liberalismo secularizador. El prelado acusaba al gobierno republicano de haber promovido la difusión de una literatura extranjerizante, anticatólica y pornográfica:
“Libros sobre cuestiones sexuales se vendían donde quiera rápidamente, y era una gran cantidad de prosa tóxica y pornográfica se ofrecía abiertamente en los quioscos. Ganapanes, aprendices, muchachas de servir, mozuelas de taller, elementos generalmente jóvenes y poco preparados, rodeaban los tenderetes de aquella baja mercancía, que el gobierno republicano ofrecía al pueblo para que… se ilustrase. La campaña pornográfica iba junto con la propaganda comunista. Había interés en debilitar el sentimiento y la dignidad de la institución familiar y de todas aquellas fuerzas morales que fuesen obstáculo a la demagogia moscovita”.
Manuel González García fue canonizado por el Papa Francisco en marzo del 2016 en Roma. A la ceremonia asistió una delegación española presidida por el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco Rebolleda y la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén Pedrejón. Las campanas de la ciudad castellana repicaron ese día para celebrarlo.
El jesuita Constancio Eguía Ruiz (Santander, 1871–?) se distinguió, igualmente, por su ataque al libro porque consideraba que las publicaciones difundidas durante la República eran una de las mayores responsables de la tragedia de la guerra civil. Arremetió contra los sellos más innovadores que se hicieron eco de la literatura antibelicista y social de entreguerras y de la teoría política y social como Zeus, Cenit, CIAP, Hoy, Caro Raggio e incluso contra firmas convencionales como Espasa–Calpe, Revista de Occidente y Dossat que se habían dejado arrastrar al incluir colecciones y títulos “malignos” para hacer negocio y estar en boga.
En mayo de 1938, el obispo de Salamanca Enrique Pla y Daniel (Barcelona, 1876– Toledo, 1968) publicó otra pastoral titulada Los delitos del Pensamiento y los falsos ídolos intelectuales, menos conocida que la de Las dos ciudades, un duro alegato contra el liberalismo, origen de todos los males y contra la libertades de prensa, creación y lectura.
La Iglesia “adora la Verdad, pero no es fetichista del libro, porque sabe que hay libros buenos y libros malos, libros benéficos y libros venenosos y corruptores. ¡El fetichismo del libro, de los intelectuales! ¿Podrán medirse los estragos que ha causado, sobre todo desde fines del siglo décimo octavo, el no querer distinguir entre libros buenos y malos y dar beligerancia a cuanto se presente en tipos de imprenta en tipos de imprenta? Esta ha sido la tesis del liberalismo”.
El papel de FET de las JONS fue también decisivo. Así, en 1938 el falangista Fernando García Montoto, furibundo partidario de la quema de libros, folletos, periódicos y de la eliminación física de sus autores en En el amanecer de España (Tetuán, Imprenta Hispana, 1938) denunciaba en estos términos las preversidades de ciertas obras:
“Significa que el libro y la prensa mal inspirados –verdaderamente estupefacientes del alma– habían intoxicado ya la conciencia colectiva, aletargándola. Significa, en fin, que el Enemigo estaba a punto de conseguir su objeto, de corromper la médula de un gran pueblo. Guerra, por tanto, al libro malo. Imitemos el ejemplo que nos brinda Cervantes en el capítulo sexto de su Obra inmortal”.
E incitaba a encender hogueras en todos los pueblos para destruir los libros envenenadores del alma popular:
“Y que un día próximo se alcen en las plazas públicas de todos los pueblos de la nueva España las llamas justicieras de fogatas, que al destruir definitivamente los tóxicos del espíritu almacenados en librerías y bibliotecas, purifiquen el ambiente, librándolo de sus mismas contaminadores. ¡Arriba España! ¡Viva Franco! ¡Viva España!”
La exhortación de García Montoto a hacer piras con los libros malignos fue seguida al pie de la letra por los falangistas que habían ocupado Madrid el 28 de marzo de 1939. Un mes después, el 30 de abril, tuvo lugar lo que el periódico Ya calificaba en su edición del 2 de mayo como “Auto de Fe en la Universidad Central”. Era la manera que tenía el Sindicato Español Universitario (SEU) de celebrar la Fiesta del Libro. El periódico nacionalcatólico reproducía el discurso que pronunció para la ocasión Antonio de Luna, catedrático de Derecho, que había permanecido en la ciudad durante la guerra formando parte de la Quinta columna. En 1940 fue apartado de su cátedra.
Don Antonio Luna comenzó su discurso con la lectura de un pasaje del Quijote y, finalmente, se leyó el acta del auto de fe, redactada en rudos y rotundos términos: “Para edificar a España Una, Grande y Libre, condenamos al fuego los libros separatistas, los liberales, los marxistas, los de la leyenda negra, los anticatólicos, los del romanticismo enfermizo, los pesimistas, los pornográficos, los de un modernismo extravagante, los cursis, los cobardes, los seudocientíficos, los textos malos y los periódicos chabacanos. E incluimos en nuestro índice a Sabino Arana, Juan Jacobo Rousseau, Carlos Marx, Voltaire, Lamartine, Máximo Gorki, Remarque, Freud y al Heraldo de Madrid”. Prendido fuego al sucio montón de papeles, con alegre y purificador chiporroteo, la juventud universitaria, brazo en alto, cantó con ardimiento y valentía el Cara al Sol.
Francesc Tur https://serhistorico.net/2018/04/04/el–bibliocausto–en–la–espana–de–franco–1936–1939/
Un fascista posa satisfecho tras quemar libros en Tolosa, Gipuzkoa
