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De terrorista a Presidente del Tribunal Constitucional: Ernst Benda

El más destacado de los miembros del grupo terrorista KgU (“Grupo de Combate contra la Inhumanidad”) que actuó contra la RDA fue Ernst Benda, no tanto por sus actividades criminales como por su proyección política posterior, ya que tuvo una meteórica carrera en la Administración pública alemana occidental, llegando no solo a Ministro del Interior, sino incluso a la más alta representación en la judicatura de la República Federal Alemana (RFA) como Presidente del Tribunal Constitucional del país.

Benda fue miembro co-fundador del KgU, en 1948, junto a otros dos fervientes anticomunistas: Rainer Hildebrandt y Günther Birkenfeld. Los tres figuran en los libros de historia y en la Wikipedia como “luchadores de la resistencia anticomunista”. A Benda, sin embargo, en la biografía personal que figura en la enciclopedia virtual, han preferido ocultar su liderazgo en el KgU, tal vez para no manchar su “brillante expediente” como alto representante de la magistratura de la RFA.

Durante su juventud, Benda perteneció a las Juventudes Hitlerianas. En 1943 fue reclutado por la Armada, donde fue empleado como operador de radio en la división Schnellbootlehr de Noruega hasta 1945, siendo ascendido al rango de Obergefreiten (Cabo) en la Wehrmacht. Benda, que se encontraba en el sector soviético tras el final de la guerra, inició su formación académica estudiando Derecho en la Universidad Humboldt de Berlín (Este), pero rápidamente entró en conflicto con las autoridades soviéticas, debido a su actitud hostil contra el comunismo.

En la primavera de 1948, Benda abandona Berlín (Este) y se traslada a la Universidad de Wisconsin Madison, en los Estados Unidos, donde será reclutado por la CIA, quien le ordenará fundar la organización terrorista KgU. Más tarde, Benda se integra en la Universidad Libre de Berlín, el buque insignia académico de todos los anticomunistas y ex nazis de Berlín Occidental. Desde aquí, Benda coordinará, junto a la CIA y la Organización Gehlen, los actos de sabotaje y terrorismo contra la RDA.

Una vez disuelta la KgU a finales de los años 50, Benda empezará su exitosa carrera política. Será nombrado en 1967 Secretario de Estado de Interior y su jefe será otro nazi, el ex oficial de la Wehrmacht, Paul Lücke, quien había sido Ministro de la Vivienda con el canciller Konrad Adenauer y durante cuyo mandato sentó las bases legales para implantar un aumento desorbitado en los precios de los alquileres de las viviendas.

Un año más tarde, en 1968, Benda se convierte en Ministro del Interior por el partido conservador CDU (el refugio político de los ex nazis junto a los liberales del FDP), bajo el gabinete del canciller Georg Kiesinger, para no variar, otro antiguo nazi que recibió el famoso bofetón histórico de la activista cazanazis Beate Klarsfeld.

De todos los altos funcionarios que constituían el departamento de Interior de la RFA, en los años 60, alrededor del 54% habían sido miembros del Partido Nazi, la Gestapo o las SS. El Ministro Federal del Interior era a su vez el jefe directo del Ejército alemán (Bundeswehr) y del BND (el espionaje del Servicio Federal de Inteligencia, también integrado por numerosos criminales de guerra nazis que habían actuado en el frente oriental).

Siendo titular de Interior, Benda ordenó medidas de vigilancia masiva sobre la población a través de la “Ley de Restricción del Secreto de Correspondencia y Telecomunicaciones”. Gracias a esta ley, los servicios de espionaje de la RFA, el BND, y EEUU, la CIA, abrieron e intervinieron millones de paquetes, cartas y llamadas telefónicas dirigidas al Este socialista de Europa, en particular hacia la RDA (la que había liado la “Stasi”).

En el libro de Josef Foschepoth, Überwachtes Deutschland, se documenta todo lo anterior, y el autor demuestra, con datos y hechos, que la vigilancia sobre los ciudadanos en la RFA fue muy superior a la de la RDA (teniendo en cuenta que este último país fue objeto, reiteradamente y durante cuarenta años, de acoso y derribo por su vecino, la RFA, y varios países occidentales, por lo que tenía motivos suficientes para desarrollar un sistema avanzado de vigilancia)

Ya en 1971, Benda, el antiguo terrorista del KgU, se desempeñó como Presidente del Tribunal Constitucional alemán federal durante doce años, hasta 1983, siendo galardonado, durante todo ese tiempo, con medallas y órdenes al “Mérito” de la RFA. Benda pasó de ser un ex nazi y terrorista a miembro destacado de la élite política y judicial de Alemania Occidental… ¿Qué podría salir mal en la RFA?

Benda fue uno de los ideólogos del KgU que actuó a las órdenes de la contrainteligencia de EEUU, pero los ejecutantes de las acciones de sabotaje y terrorismo contra la RDA fueron sus otros compañeros de “lucha”. Vamos a citar a algunos de ellos.

Gerhard Benkowitz (otro “resistente” contra el “régimen” de la RDA, según la Wikipedia alemana) fue un activo agente terrorista del KgU. La fracasada demolición de la presa de Saale en Schleitz fue preparada al detalle por él.

No solo el suministro de energía para diez distritos habría sido destruido, sino que el maremoto subsiguiente debería haber arrasado ciudades y pueblos en el valle de Saale y toda la vida existente en ellos. Benkowitz fue capturado en Weimar por el Ministerio para la Seguridad del Estado, el MfS (la “Stasi”), en 1955, condenado a muerte y ejecutado el 29 de junio de ese mismo año.

Wolfgang Kaiser, otro miembro del KgU, también fue condenado y ejecutado en 1951. Se probó que Kaiser estaba en posesión de tóxicos en alto porcentaje (cantaridina), artefactos incendiarios y explosivos. La cantaridina que iba a ser diseminada por la KgU estaba destinada a envenenar a la población. También se utilizaría como arma química contra las tropas soviéticas en caso de guerra.

El 29 de febrero de 1952, en el puente ferroviario de Berlín Spindlersfeld, agentes del Ministerio de Seguridad del Estado de la RDA descubrieron a una persona sospechosa que había invadido la noche anterior el área del puente con una caja de explosivos de 30 kilogramos ya conectada a la vía férrea. El criminal que fue capturado y poco después condenado y ejecutado, Johann Burianek, resultó ser un agente del KgU.

Burianek también confesó haber sido el planificador del sabotaje a perpetrar contra el Festival de los Estudiantes y la Juventud de 1957. Miles de jóvenes de todo el mundo visitaron la capital de la RDA, Berlín Este, para participar en el Festival y Burianek encargó a la sede de KgU de Berlín Occidental que provocara incidentes en dicho Festival, siendo él mismo el que llevaría dispositivos incendiarios para hacerlos estallar en dicho festival.

El blanqueo sobre este siniestro personaje (Burianek) no pudo alcanzar mayores cotas de desvergüenza en la revanchista Alemania unificada cuando un tribunal de distrito de Berlín, en una decisión sin precedentes, rehabilitó a Burianek en 2005 por iniciativa del llamado Grupo de trabajo 13 de agosto, una organización fascista de supuestos “represaliados” de la RDA, basándose en la “arbitrariedad” de un “grave incumplimiento de regulaciones penales elementales” de la RDA.

A raíz de la rehabilitación de Burianek, Wolfgang Schmidt, ex coronel del MfS de la RDA, le describió en su sitio de Internet como un “bandido” y como el “líder de una organización terrorista”, por lo que fue denunciado por uno de los personajes más repugnantes de Alemania: el propagador de odio fascista contra la RDA, Hubertus Knabe, ex director del Museo-farsa sobre la “Stasi”, quien interpuso una querella y la ganó, teniendo que pagar Schmidt 1.200 euros de multa.

Dos asesinatos en trenes de pasajeros, donde hubo heridos graves, se atribuyeron al terrorista Albrecht Gessler, especialista en explosivos y armas del KgU, quien utilizó minas de presión procedentes de las reservas del ejército nazi de Hitler, mientras que Heinz Woithe, otro miembro del KgU, destruyó 12 depósitos con medicinas y sacrificó cuantiosas reses de ganado en un mes mediante incendios provocados.

Otro malhechor del KgU que vivía en Leipzig, de profesión veterinario, Walter Schöbe, continuó sin escrúpulos la ominosa tradición de los experimentos de la química IG Farben y los médicos nazis de los campos de concentración. Este criminal fue condenado tan sólo a quince años de cárcel y liberado a los diez. Nunca se arrepintió de sus acciones.

El Servicio Federal de Inteligencia de Alemania Occidental (el BND) reclutó para las operaciones subversivas contra la RDA a individuos con pasado criminal nazi como Hans-Joachim Koch (el BND estaba lleno de ellos). Koch había pertenecido a las SS con el rango de Unterscharrführer (Subteniente) y había sido entrenado en Berlín Occidental como agente de radio. Koch, estuvo involucrado en crímenes de guerra en Francia, Grecia y la Unión Soviética.

No sólo el MfS se dedicó a perseguir terroristas de la RFA sino incluso de otros países del Pacto de Varsovia, como fue el caso del polaco Benedict Schuminski quien pretendía regresar a su tierra natal, a la que había traicionado como criminal en 1953, después de haber ejercido como espía estadounidense. Schuminski había completado un curso en la escuela de espionaje de la CIA, en el centro de subversión anticomunista de “Camp King” alemán de Oberursel, y sus instructores le habían equipado adecuadamente para atravesar el río Oder.

Otro de los ataques menos conocidos a la soberanía de la RDA fue el reclutamiento de trabajadores cualificados del país por parte de grupos de traficantes procedentes de la RFA que actuaban como organización criminal y utilizaban una red de sobornos. En particular, esta actividad iba dirigida hacia sectores sensibles, como la atención sanitaria, de modo que repercutiera en la población de la RDA y así provocar el descontento de los trabajadores y campesinos.

Todos los criminales anteriores operaban impunemente porque existía una frontera abierta antes de la construcción en 1961 del “Muro”. Dicha frontera con Berlín Occidental tenía 42,5 kilómetros de largo, con 81 cruces de carreteras y 13 km en el metro de S-Bahn que se utilizaron a diario por Alemania Occidental para imponer una guerra de varios frentes contra la RDA hasta 1961.

A través de todos esos puntos, el KgU, los agentes y los espías de Occidente se movieron sin problemas de un lado a otro de Berlín para realizar, al margen de los estragos cometidos contra infraestructuras de la RDA, operaciones subversivas de tráfico organizado y diversos tipos de agresión económica, como la especulación monetaria y de productos básicos a gran escala.

Estos malhechores robaron anualmente 3.500 millones de marcos de riqueza nacional de la RDA, lo que ocasionaba un daño irreparable tanto a la economía de la RDA como el hecho de que constituía un factor de desestabilización política del país.

Todas las operaciones de violencia organizada, bandidaje y terrorismo, incluidas las revueltas de junio de 1953, y el entrenamiento de grupos subversivos fueron planificadas desde el cuartel general del servicio federal de inteligencia de la RFA, el BND, en su sede de Pullach, cerca de Munich, a cuyo frente estaba el ex general nazi de confianza de Hitler, Reinhard Gehlen, criminal de guerra rehabilitado por los norteamericanos y el gobierno Adenauer. Todo ello se hizo con el conocimiento de las autoridades de Berlín Oeste y Bonn.

https://berlinconfidencial.com/

‘Violencia sexual sistemática y masiva, particularmente en contra de mujeres’, durante la dictadura de Pinochet

Beatriz Bataszew sintió terror cuando supo lo que ocurría en el sótano de Venda Sexy. Horas antes, un 12 de septiembre de 1974, había sido detenida por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, quienes la trasladaron a ese centro clandestino montado al interior de una casa de dos pisos de un sector de clase media de la comuna de Macul, en Santiago de Chile.

El origen del nombre Venda Sexy está consignado en el primer Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocido como informe Valech. Allí se establece que era parte de la jerga de los agentes de la DINA, y se relacionaba con su método de tortura preferente: los vejámenes sexuales, en su mayoría a mujeres, quienes durante su paso por la casa permanecieron desnudas y vendadas.

Para Beatriz Bataszew, estudiante de ingeniería forestal y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), su paso por los sótanos de la casa fueron cinco días desnuda, vendada, sin contacto con el exterior y sometida a diversos interrogatorios en los que fue torturada, agredida y abusada sexualmente. El lugar se conocía también como la discoteca: un tocadiscos de vinilo sonaba a todo volumen para ocultar el horror.

Lo ocurrido en Venda Sexy, sostiene Beatriz, estaba completamente fuera del imaginario represivo de ella y otros militantes de movimientos de izquierda, en medio de  los años más crudos de la dictadura. Uno de los primeros aprontes de lo que le tocaría vivir le llegó al escuchar el relato de Marta Neira, de quien se perdería todo rastro y pasaría a engrosar la lista de más de 1.210 detenidos desaparecidos por el régimen: “Ella volvió del sótano y relató desesperada, desencajada, que había sido violentada por el perro. Eso fue tremendo para las que todavía no vivíamos esa experiencia, porque cuando ella relataba yo pensaba que eso me iba a pasar a mí y efectivamente me pasó”.

Las violaciones eran efectuadas por los propios agentes de la DINA y en especial por una mujer: Ingrid Olderock, descendiente de alemanes con ideas ligadas al nazismo, quien se hizo conocida dentro de la policía secreta al utilizar a su perro Volodia, de raza pastor alemán y entrenado para cometer los abusos. “Esto no solo fue violencia sexual, fue violencia política sexual, que tenía como objetivo domesticarnos, disciplinarnos y particularmente castigarnos, porque éramos mujeres que luchábamos decididamente contra la dictadura”, sostiene Beatriz Bataszew al recordar lo vivido hace casi medio siglo.

Su caso forma parte de un inédito fallo de la justicia chilena que incorporó una perspectiva de género al condenar a los exagentes de la DINA Raúl Iturriaga Neumann, Manuel Rivas y Hugo Hernández a 15 años de presidio como autores de secuestro y aplicación de tormentos con violencia sexual en contra de Beatriz y otras cinco mujeres: Cristina Godoy, Laura Ramsay, Beatriz Bataszew, Sara de Witt, Alejandra Holzapfel y Clivia Sotomayor; además de cuatro hombres quienes fueron víctima de secuestro y torturas entre los años 1974 y 1975, al interior de la Venda Sexy.

La particularidad del fallo del juez Mario Carroza radica en que se consideraron los abusos cometidos durante los interrogatorios como “una forma específica de violencia contra la mujer”, en sintonía con estándares internacionales. “En el estudio de lo acontecido en dicho recinto de reclusión clandestino, no solo se limitaron los agentes a secuestrar a hombres y mujeres, con el propósito de encerrarlos y extraerle información, bajo tortura, la cual en el caso de las mujeres, por su naturaleza y gravedad, tuvieron un impacto para ellas que marco su vida futura”, explica Carroza.

Para el juez, lo vivido por las mujeres al interior de esta casa “fueron circunstancias deshumanizadas, degradantes y abusivas”, y que se debían entender como una figura penal diferente y que “patentizara estas circunstancias”. Junto con las penas de presidio a los exagentes, Carroza condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 80 millones de pesos chilenos (casi 88.000 euros), por concepto de daño moral, a cada una de los demandantes. El dictamen es inapelable.

Para Beatriz Bataszew el fallo “tiene un valor importante, pero tiene limitantes, entre los principales, que no se considera el elemento político de esta violencia. Eso significa que se juzga a quienes cometieron los actos, pero no a quienes orquestaron este instrumento de terrorismo de Estado. Es decir, no juzga a la autoridad política”. “Hay un avance en el sentido que se avanza en verdad, pero no consideramos que sea justicia un acto que se ejecuta casi medio siglo después. Si la justicia no es oportuna, no es justicia”, dice.

En tanto, para la abogada Camila Maturana Kesten, de Corporación Humanas, una organización feminista que entrega apoyo jurídico a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, “reviste la mayor importancia que el poder judicial chileno reconozca y releve la particularidad de la represión ejercida por los agentes del Estado en Venda Sexy, señalando que, además de infligir graves sufrimientos físicos y psíquicos de las personas secuestradas, se cometió violencia sexual de manera sistemática y masiva, particularmente en contra de mujeres”.

https://elpais.com/internacional/2020-11-17/fallo-historico-contra-venda-sexy-el-centro-de-torturas-contra-mujeres-de-la-dictadura-de-pinochet.html

España, te repites como el ajo

Mal comienzo para un análisis que presume de serio. “De todas las historias de la Historia la más triste sin duda es la de España porque siempre termina mal”. Seguro que esta cita de Gil de Biedma le da un toque de mayor seriedad. Pero es que cualquiera que eche un vistazo a los periódicos puede verlo. Es que este país se repite como el ajo. Éso si. No es objetivo de este artículo declarar esa frase tan manida: “La Historia siempre se repite.” No. Olvídese. Es más profundo. Leer más

¡Que viene Miláns del Bosch!

29/09/2020: Militares realizan ya labores de rastreo en Andalucía
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-coronavirus-andalucia-total-150-militares-realizan-labores-rastreo-andalucia-202009290720_noticia.html

19/10/2020: La Legión activa sus rastreadores en apoyo a la Junta en Almería
https://andaluciainformacion.es/almeria/926837/la-legion-activa-sus-rastreadores-en-apoyo-a-junta-en-almeria/

“El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla”
(Sabino Fernández Campo, ex jefe de la Casa Real en “El rompecabezas del 23-F” que publicó el diario ABC)

En el amago de Golpe de Estado del 23F de 1981, el capitán general de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch, ordenó la salida de tanques a las calles de Valencia y promulgó un bando en el cual, en su artículo 6 decía:

Artículo 6: Se establece el Toque de Queda desde las veintiuna a las siete horas, pudiendo circular únicamente dos personas como máximo durante el citado plazo de tiempo por la vía pública y pernoctando todos los grupos familiares en sus respectivos domicilios.

Terminando dicho bando con lo siguiente: “Por último, se espera la colaboración de todas las personas, patriotas, amantes del orden y de la paz, respecto de las instrucciones anteriormente expuestas”.

Por todo ello termino con un fuerte ¡Viva el Rey! ¡Viva por siempre España!

Valencia, a 23 de febrero de 1981. El teniente general Jaime Miláns del Bosch.

Ahora, a casi 40 años del bando de Milans del Bosch, son los demócratas “de toda la vida”, entiéndase partidos y sindicatos ya sean de derechas o de izquierdas, llámense socialistas, comunistas o radicales, que sobreviven al amparo de presupuestos y subvenciones del Estado, o que han abandonado cualquier atisbo de enfrentamiento con el poder, los que claman por un bando similar.

Al parecer, su guía espiritual es el general retirado Rafael Dávila Álvarez, que en su blog de 24 de Septiembre escribía: “Estado de Alarma. No termina ahí la cosa. La Constitución lo contempla, con paso firme y paso siguiente: Excepción y Sitio” (Rafael Dávila Álvarez, https://generaldavila.com/tag/a-mi-la-legion/)

Se denomina toque de queda a la medida que establece un gobierno en situaciones excepcionales para limitar la libre circulación por las calles y la permanencia en los espacios públicos.

Lo habitual es que el toque de queda se establezca paralelo a los golpes de estado, estados de excepción y sitio, en momentos en los que se teme que la reacción popular ante las atrocidades pueda desencadenar cualquier revuelta. Mediante el ejército, la policía y los delatores, el gobierno se encarga de que la prohibición sea respetada ya que aquellos que violan en el toque de queda son multados, detenidos o encarcelados, y en según qué circunstancias, asesinados.

El toque de queda se establece normalmente en horario nocturno, cuando la vigilancia de las calles resulta más complicada, asegurándose de que no haya gente recorriendo la calle, reuniéndose o manifestándose. Es una prohibición de la libre circulación, reunión y manifestación, es una vulneración de los denominados eufemísticamente “derechos fundamentales” y junto a ello, la violación de los domicilios por parte de las fuerzas armadas.

Hasta el día de hoy, está decretado un toque de queda diurno, con la prohibición de utilizar las plazas públicas para reunirse o simplemente sentarse en los lugares acondicionados al efecto. A partir del día de hoy también nocturno en el cual para caminar por la calle se precisa un pasaporte. ¡Estamos en guerra!

Después de la buena acogida de la llamada “Operación Balmis” en memoria del médico militar que transportó a niños huérfanos infectados de viruela a América y Filipinas en el siglo XIX, el 28 de julio del 2020, se aprobó la Medalla conmemorativa de la Operación Balmis para reconocer al personal que participó en el despliegue militar de marzo, cual héroes de la patria, aunque en realidad son mercenarios bajo contrato.

Es de imaginar que dentro de poco el gobierno, con el beneplácito del mundo rojillo van a promocionar la película dirigida por el aristócrata Juan de Orduña y Fernández-Shaw en 1942 ¡A mí la Legión!, película de exaltación militar que no vendrá mal en estos momentos de militarización de la sociedad, al mismo tiempo que se atisba en el horizonte incorporar el contenido curricular de las escuelas el Credo Legionario consistente en una lista de doce máximas -vigentes todavía en la actualidad-, redactadas por José Millán-Astray y Terreros, la primera de las cuales define el Espíritu del legionario: “Es único y sin igual, de ciega y feroz acometividad de buscar siempre acortar la distancia con el enemigo y llegar a la bayoneta”, y de este modo conjurar y atemorizar el virus, dando un ejemplo al mundo de la capacidad sanitaria-militar española.

No temamos pues a los virus, ya que con tan aguerrida tropa acabarán con él a bayonetazos.

Monfragüe 1965: el mayor accidente laboral de España (la historia de un pantano de Iberdrola)

Las imágenes de Francisco Franco inaugurando pantanos fueron muy celebradas por el régimen. Aquellos actos de propaganda servían para redimir el dolor de España “con estas grandes obras hidráulicas nacionales, embelleciendo su paisaje y creando ese oro líquido que es la base de nuestra independencia”, según dijo el dictador en la inauguración del embalse del Ebro en 1952, uno de los más emblemáticos de la época.

Quince años más tarde, en 1967, en el alma del ahora Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres) comenzaron a funcionar las presas del embalse de Torrejón el Rubio, en el lugar en el que los ríos Tajo y Tiétar prácticamente se rozan. No hubo gran inauguración a pesar de la importante obra, la única de España que cuenta con dos diques en dos ríos diferentes separados por apenas 50 metros y con un túnel que une a ambos para poder trasvasar agua. Ese día todavía resonaba la gran tragedia que había tenido lugar en aquel paraje apenas un par de años antes y de la que poco se sabe todavía hoy.

Los Saltos de Torrejón, como se conoce popularmente a este lugar, comenzaron a construirse en 1959 –el año del Plan de Estabilización franquista– en previsión de la mayor demanda energética que el país tendría en la década siguiente. En ella llegaron a trabajar hasta 4.000 personas venidas de diferentes lugares de la provincia. Río abajo, a 500 metros de la colosal obra del Tajo, se fraguó un pequeño poblado obrero que serviría de hogar para muchas de las familias que iban a vivir allí durante los ocho años que duraría la faena. En la parte alta de la presa vivían los técnicos y oficinistas. Estratificación social también en la margen del Tajo.

Según explica Manuel Cañada, exdiputado comunista extremeño, en su libro Otra Extremadura (Ed. Jarramplas, 2020), “las condiciones de trabajo serán de una extraordinaria dureza”: jornadas de 12 horas diarias y sin derecho a vacaciones a excepción del 1º de mayo, el único día de fiesta en el poblado. Sin embargo, el salario y la vivienda merecían la pena. Antonio Marcos vivió allí. En el documental elaborado por Canal Extremadura en 2013 recordaba que tenían luz y agua corriente, un auténtico lujo en los años 60 en la región, una tierra condenada por la emigración, que veía cómo sus gentes buscaban mejor vida en comunidades como Madrid, Catalunya o Euskadi.

Dos son las empresas responsables de la construcción de la colosal infraestructura. Por un lado, Hidroeléctrica Española –ahora Iberdrola tras la fusión en 1992 con Iberduero–, quien obtuvo la concesión de la explotación por 99 años. Por otro, la constructora Agromán, encargada de levantar la presa, compañía adquirida por Ferrovial en 1995.

El viernes 22 de octubre de 1965 la obra ya estaba muy avanzada y en menos de un año podría inaugurarse. Había sido un mes lluvioso y comenzaba a probarse la capacidad del embalse, la cual se llevó hasta el límite. Ese día, a primera hora de la mañana, la fuerza del agua rompió una de las compuertas del túnel que unía los dos ríos e inundó el cauce del Tajo en el que estaban trabajando decenas de obreros. Solo dentro del conducto había más de 50 trabajadores, a los que habría que sumar los que estaban en el propio lecho del río. “Fue desastroso y horroroso”, explica Rosa Escobar, coautora de Los Saltos: una historia por contar, en el citado documental de la televisión pública extremeña.

El padre de Antonio Marcos se libró de una muerte segura porque ese día estaba en el entierro de su madre. “Estábamos desayunando y escuchamos sirenas y mucho ruido. La guardia civil del poblado nos pedía que subiésemos al monte para evitar que el agua nos pudiese arrastrar”, explica Marcos en el documental. En lo alto de la sierra, cientos de ojos lloraban y miraban hacia un río de aguas marrones. El padre de Fuencisla Ávila falleció esa mañana: “Si pudiéramos, ese día lo borraríamos del calendario”.

Los cuerpos fueron apareciendo en las horas, días y meses sucesivos. “Los propios obreros fueron los encargados de sacar los cadáveres de sus compañeros”, explica Escobar. Una nueva escuela que se estaba terminando de construir sirvió de morgue improvisada. Al día siguiente de la tragedia, el diario Hoy titulaba con “Un muerto y varios heridos en un accidente en la presa de Torrejón”. Cuatro días después, el 26 de octubre, ABC databa en ocho el número de fallecidos encontrados y en 38 el de desaparecidos.

Escobar cree que muchas de las familias ni se plantearon denunciar a la compañía. “La gente quería volver a su vida normal, llorar su pena como buenamente podía y seguir viviendo. Había muchos hijos que alimentar. Con las indemnizaciones que se firmaron también se renunciaba a cualquier tipo de denuncia o reclamación posterior”, explica. Las viudas u otros familiares recibieron 20.000 pesetas y 5.000 pesetas por cada hijo. “Indemnizaciones ridículas”, según Manuel Cañada.

Ocultación y silencio

La versión oficial hablaba de 54 posibles muertos. Posteriormente se llegó a ampliar a 70, que es la cifra que recoge la placa que recuerda la tragedia y que tardó 51 años en llegar. En 2007, las hijas de Agustín Oliva Sanguino encontraron la lápida de su padre en el cementerio de Toril (Cáceres) junto a la de seis compañeros, lo que hizo presagiar que jamás se conocieron las dimensiones reales de la tragedia. En 2020, cuando se cumplen 55 años de la catástrofe, es difícil encontrar a extremeños o extremeñas que conozcan el peor accidente laboral de la historia contemporánea de España.

Según recuerda Cañada en Otra Extremadura, “los mandarines del franquismo” tenían clara la estrategia desde el primer momento: “ocultación, silencio, minimación de los hechos”. Algo que no sorprenderá a nadie si se tiene en cuenta que en ella estaba implicada una de las principales compañías del momento. Hidroeléctrica Española estaba presidida en ese momento por José María de Oriol y Urquijo. Su padre y anterior presidente de la eléctrica, José María de Oriol y Urigüen, “fue uno de los financieros principales del golpe de Estado de 1936”, explica el periodista Antonio Maestre en Franquismo S.A.. Tanto fue así que Franco le reconoció su “línea ideológica consecuente […] con los principios ideológicos del pensamiento tradicionalista y del Movimiento Nacional” devolviéndole el título nobiliario que había perdido durante la República.

“No es extraño que ninguna familia afectada se atreva a denuncia el accidente en ese momento. Todo el mundo es consciente de la ferocidad de la represión y también conoce o intuye que los máximos responsables de las dos empresas principales, Hidroeléctrica y Agromán, forman parte del número duro de poder del franquismo”, explica Cañada.

Finalmente, el 23 de febrero de 1970 fue dictado el sobreseimiento de la causa “por no aparecer justificada la perpetración del delito”. La tragedia se quedaba sin culpables. Cuatro meses y medio después, en julio de 1970, Oriol y Urquijo pisaba Extremadura para inaugurar una presa que llevaría su propio nombre, en la localidad de Alcántara, también en Cáceres. A menos de 100 kilómetros en línea recta, la historia de Torrejón quedaba enterrada.

Iberdrola reivindica su pasado empresarial en algunas ocasiones, como el pasado 10 de octubre, cuando mostró en su cuenta de Twitter una fotografía de la central hidroeléctrica de San Esteban en Ourense -cuya construcción comenzó en 1945- acompañada de otras más actuales de parques eólicos y fotovoltaicos. “How we started. How it’s going” [«Cómo empezamos. Cómo va»] , se podía leer en la red social, reivindicando la evolución histórica de su negocio.

Sin embargo, el homenaje a las víctimas del mayor accidente laboral de España tardó en llegar. Concretamente, 51 años. El actual presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pisó la presa en 2016, una década después de ocupar el cargo, para rendir homenaje a las víctimas con un monolito en su memoria. Lo hizo tras una petición de los niños -hoy adultos- que vivieron allí.

https://www.yoibextigo.lamarea.com/informe/iberdrola/ibex-35/iberdrola-mayor-accidente-laboral-espana/

El toque de queda señala el comienzo del terrorismo de Estado

Los oprimidos no miran desde el mismo ángulo que sus opresores. Los argelinos equiparan el toque de queda impuesto el sábado por Macron con otro toque de queda, el del 5 de octubre de 1961, en medio de la Guerra de Argelia.

El primero se impuso por motivos sanitarios y el otro por motivos militares. Pero no hay más diferencias y las redes sociales se han llenado de mensajes recordando uno y otro porque, además, se cumple un aniversario.

Hasta las fechas coinciden: el 17 de octubre de 1961 los argelinos convocaron una manifestación contra el toque de queda que provocó una terrible masacre en el corazón de la capital francesa.

En aquellos tiempos el prefecto de policía de París era un nazi, Maurice Papon, o como dicen en Francia, un “colaboracionista” que ya participó como jefe de policía bajo el régimen de Vichy.

No son coincidencias. En la historia las cosas no suceden por casualidad. “Se aconseja urgentemente a los trabajadores argelinos musulmanes que se abstengan de circular de noche por las calles de París y los suburbios parisinos, especialmente de las 20.30 a las 5.30 horas”, ordenó Papon y algo parecido ha ordenado ahora Macron.

¿Por qué por la noche? Porque los argelinos eran trabajadores y las reuniones políticas se hacían “después de cenar”, como explicaba recientemente un viejo dirigente del FLN argelino.

La diferencia es que antes había personas conscientes que protestaban, a diferencia de ahora, donde el toque de queda les parece poco y piden a gritos que lleguen los campos de concentración.

En 1961 los antifascistas, los antimperialistas, los revolucionarios y, naturalmente, los argelinos salieron a la calle para protestar contra el toque de queda impuesto durante doce días, primero a los trabajadores argelinos y luego a todos los magrebíes.

Hoy los más sumisos convocan procesiones con bozal, a diferencia de entonces, cuando había un lucha de verdad. En tales casos, si te imponen un toque de queda nocturno, hay que convocar una manifestación por la noche (precisamente).

Aquella lluviosa noche de 1961 miles de revolucionarios salieron a las calles de París para manifestarse y la represión de Papon resultó atroz. Docenas fueron asesinados, algunos de ellos arrojados al Sena, exactamente igual que en Santiago de Chile hace unos días. Hubo más de 12.000 detenidos y más de mil heridos quedaron tirados por las calles, desangrándose y doliéndose.

Para quienes sobrevivieron a la masacre, el toque de queda ordenado por Macron les parece una amenaza. Nadie se puede atrever a desafiar un toque de queda nocturno de ningún gobierno, ni por motivos militares ni sanitarios… salvo que quiera repetir la trágica experiencia de hace 59 años en París.

Pero ya quedan pocos que protesten. Cuando alguien alza la voz es para pedir que le pongan los grilletes en las muñecas.

Los laboristas británicos colaboraron con la CIA en el derrocamiento de Salvador Allende en Chile

En tiempos del gobierno laborista de Harold Wilson (1964-1970) el IRD, una unidad secreta del Ministerio británico de Asuntos Exteriores, lanzó una ofensiva propagandística en Chile para evitar que Allende ganara las elecciones presidenciales de 1964 y 1970.

Los documentos desclasificados por el Ministerio británico de Asuntos Exteriores muestran la complicidad de los laboristas en la desestabilización de Chile.

El IRD reunió información destinada a perjudicar a Allende y a dar legitimidad a sus oponentes políticos, y distribuyó documentos a figuras influyentes de la sociedad chilena.

Dicho organismo también compartió información con el gobierno de Estados Unidos sobre las actividades de la izquierda en el país latinoamericano. La embajada británica en Santiago ayudó a una organización mediática financiada por la CIA que formaba parte de un esfuerzo encubierto de Estados Unidos para derrocar a Allende, que culminó con el golpe de estado de 1973.

Un documento del Ministerio de Asuntos Exteriores de 1964 señala que América Latina era “una zona vital de la Guerra Fría y que la lucha contra una toma de posesión comunista aquí es un interés nacional británico, al menos tan importante como la negociación del comercio y el aumento de las exportaciones”.

El informe añadía que a Estados Unidos “le preocupaba que el Reino Unido actuara en la mayor medida posible en el ámbito de la propaganda” en América Latina.

Varios meses antes de las elecciones presidenciales de Chile de 1964, una unidad de la Oficina del Gabinete Británico denominada Grupo de Trabajo sobre América Latina del Comité Antisubversivo aconsejó al IRD que era “importante impedir que la extrema izquierda obtuviera logros significativos” en Chile, “ahora y en el futuro”.

En aquel momento, Salvador Allende se presentaba a la presidencia como dirigente del Frente de Acción Popular contra el demócrata cristiano Eduardo Frei, quien finalmente ganó con el 56 por ciento de los votos contra el 39 por ciento de Allende.

El IRD lanzó su ofensiva propagandística en Chile apoyando secretamente a Frei en los meses previos a las elecciones. Como escribió Elizabeth Allott, funcionaria del IRD durante mucho tiempo, poco después de la victoria de Frei, la unidad se centró en “distribuir nuestra producción más seria a contactos fiables y asegurar la publicación de ciertos artículos de prensa” críticos con Allende y favorables a Frei.

Allott también propuso “una acción política especial con el apoyo de Estados Unidos” para dividir el voto de la izquierda.

Para los británicos las elecciones de 1964 fueron un éxito histórico. “En Chile, ciertamente tuvimos una rara oportunidad”, escribió Allot. “Si pensamos que nuestro trabajo en América Latina es importante, entonces ciertamente hay pocos lugares que requieran tantos recursos y donde haya tanta libertad de acción para nosotros en nuestros roles negativos y constructivos”.

Leslie Glass, Subsecretario de Estado Adjunto de Asuntos Exteriores y ex Director General de los Servicios de Información Británicos, escribió unos días después de las elecciones que era “una victoria sobre los comunistas para presionar al país”, añadiendo que ahora había “un gobierno de apoyo cuya política, si se lleva a cabo de manera eficaz, ofrece lo que probablemente sea la mejor oportunidad que hemos tenido en el continente de privar a los comunistas de su razón de ser”.

Frei gobernó Chile durante los siguientes seis años hasta que el país volvió a las urnas en 1970. En ese momento, Allende encabezó una coalición llamada Unidad Popular, comprometida con la realización de ciertas reformas en Chile.

Las políticas de nacionalización de Allende planteaban una amenaza considerable para los intereses británicos y estadounidenses, en particular en la principal industria de Chile, el cobre, cuyas minas eran en gran parte propiedad de empresas estadounidenses.

Como Allende parecía cada vez más probable que ganara las eleccioines, la propaganda británica se intensificó. “Chile está en la primera línea del comunismo en Sudamérica”, señaló un planificador del IRD en 1969.

A finales de los años 60 el IRD desplegó un oficial de campo especializado en Santiago, cuyas operaciones estaban dirigidas directamente a frustrar la victoria electoral de Allende.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores envió un agregado laboral a Chile para supervisar la actividad sindical, aunque el agregado fue retirado antes de las elecciones de 1970.

El 13 de julio de 1970, unas semanas antes de las elecciones, Allott informó al embajador británico David Hildyard que “la operación del IRD… se había centrado en impedir la llegada al poder de una alianza de extrema izquierda en las elecciones presidenciales de 1970, y en ayudar a las organizaciones adecuadas que probablemente seguirían existiendo independientemente de lo que ocurriera en las elecciones”.

“El oficial de campo del IRD… tiene contactos muy estrechos con funcionarios especializados del Ministerio [chileno] de Asuntos Exteriores [censurado] y algunas organizaciones estudiantiles. Como en cualquier otra parte de América Latina, podemos cubrir áreas que están fuera del alcance de los estadonidenses”.

Allott también propuso al jefe del IRD, Kenneth Crook, que Gran Bretaña entrenara al ejército chileno en “contrasubversión”. Se refirió en particular a la formación previa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la dictadura brasileña, que incluía técnicas de tortura.

Los esfuerzos británicos para detener a Allende fracasaron y las elecciones presidenciales chilenas de septiembre de 1970 llevaron al poder al primer socialista declarado del país.

La acción encubierta británica en Chile se llevó a cabo en colaboración con Estados Unidos, cuyo papel en la desestabilización del país se hizo evidente en los decenios siguientes. Entre 1962 y 1970, la CIA “emprendió diversas actividades de propaganda”, entre ellas “emisiones” de información “en la radio y los medios de comunicación” a favor de Frei y en contra de Allende.

También organizó operaciones de sabotaje contra Allende y realizó una campaña de tres años entre 1970 y 1973 para asesinarlo, canalizando millones de dólares para fortalecer los partidos políticos de la oposición, según un informe del Senado de Estados Unidos.

Los archivos del IRD muestran que a finales de los años 60 los británicos compartieron asesoramiento estratégico e inteligencia con los estadounidenses. Aunque los planificadores del IRD advirtieron a Estados Unidos de que no adoptaran una “línea demasiado extrema” en su propaganda anticomunista, proporcionaron a los estadounidenses una lista de periodistas chilenos que podían difundir contenidos.

Reino Unido y Estados Unidos también intercambiaron información sobre las actividades de la izquierda en Chile, acuerdo que continuó al menos hasta marzo de 1973, como lo demuestran los archivos británicos desclasificados.

El 11 de septiembre de 1973, Allende fue derrocado en un golpe militar dirigido por Pinochet, lo que suscitó una amplia condena internacional. Su régimen se convirtió rápidamente en uno de los más represivos de América Latina en la historia moderna, con miles de opositores políticos encerrados en el estadio nacional de fútbol o en centros de detención secretos.

Junto con la acción encubierta de Estados Unidos, los funcionarios británicos desempeñaron su papel en la preparación del terreno para la toma de posesión de Pinochet en alianza con Estados Unidos.

En octubre de 1970 la embajada británica en Santiago de Chile ayudó en secreto a una agencia de noticias financiada por la CIA, Forum World Features (FWF), a organizar “una cobertura especial de la situación chilena”. Un mes después de la elección de Allende, el Secretario británico de Asuntos Exteriores, Alec Douglas-Home, pidió a la embajada en Santiago que “respondiera a cualquier acercamiento” del FWF después de que su jefe, Brian Crozier, pidiera ayuda con una serie de historias “entre bastidores” sobre el programa de Allende.

La agencia FWF jugó un papel importante en el ataque propagandístico contra Allende. En diciembre de 1973, tres meses después del golpe de Pinochet, el periodista de la FWF Robert Moss publicó “El Experimento Marxista de Chile”, un libro encargado por la CIA que negaba el papel de Washington en el golpe y culpaba a Allende.

El gobierno de Pinochet compró 10.000 ejemplares del libro para distribuirlos dentro de una campaña de propaganda y Crozier recordó más tarde que la obra de Moss “jugó su papel en la necesaria desestabilización del régimen de Allende”.

Hugh Carless, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, se mostró de acuerdo, escribiendo en diciembre de 1973 que el libro “nos ayudó a encontrar un equilibrio” sobre Chile.

Rory Cormac, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Nottingham, asegura que los documentos desclasificados revelan que, a medida que la capacidad material de Gran Bretaña ha ido disminuyendo, ha recurrido a la acción clandestina para ayudar a mantener su papel en el mundo.

https://consortiumnews.com/2020/09/25/secret-cables-reveal-britain-interfered-with-elections-in-chile/

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