La web más censurada en internet

Etiqueta: Lucha obrera (página 11 de 30)

La inminente crisis económica ya tiene nombre y se llevará hasta el último céntimo de los bolsillos

Los economistas ya le han puesto nombre a la inminente crisis financiera. La llamarán “crisis de derivados”, que no son otra cosa que pura especulación bursátil con los “activos tóxicos”, o sea, papeles que no valen nada pero que en las bolsas parece que valen algo.

Como en tantas otras facetas, el lenguaje siempre es engañoso. La crisis en ciernes tampoco es financiera; no es otra cosa que una crisis capitalista de superproducción como las de “toda la vida”.

La crisis, pues, ya no se disimula; lo único que se disimula es el mensaje, la palabrería.

Todos saben que el desplome es inminente, pero han confesado que no pueden hacer nada. De ahí que la política económica siga siendo exactamente la misma.

Las continuas emisiones de papel moneda por parte de los bancos centrales ya no sorprenden a nadie. Los bajos tipos de interés tampoco, por lo que las consecuencias son obvias: el dinero es barato y la burbuja se multiplica.

El precio del oro también se multiplica porque ante la anunciada tempestad, todos buscan su paraguas: el valor refugio o, como decía Marx, la única moneda de reserva.

Sólo los más incautos guardan su dinero en la cuenta corriente, de donde -poco a poco- el banco les va robando pequeñas cantidades a cada una de sus víctimas. En la jerga financiera los llaman “tipo de interés negativos”.

Los listillos tienen mucho dinero, pero no lo tienen en un banco porque, como ya hemos informado aquí (y no nos cansaremos de insistir), los propios bancos han anunciado a sus clientes al menos tres veces por carta (esas que nadie lee nunca) que en caso de quiebra no reembolsarán los depósitos superiores a 100.000 euros.

Desde el año pasado, en caso de quiebra, el plazo para reclamar los 100.000 euros se ha reducido de tres meses a 7 días.

Con la crisis comenzará el corralito: los bancos van a saquear el dinero que los clientes tienen depositado para casos imprevistos, como enfermedad, jubilación, estudios universitarios de los hijos, bodas, compra de un nuevo coche eléctrico que no contamine, vacaciones, turismo…

Cuando lleguen las quiebras bancarias, las sumas inferiores a 100.000 euros no serán reembolsadas por el banco, sino por un fondo de garantía cuya reserva de 2.000 millones cubre matemáticamente sólo una pequeña parte de las futuras víctimas, es decir, a los 20.000 incautos que hayan reaccionado más rápido.

Los privilegiados hoy, esos que han conseguido guardar algún ahorro porque han cobrado la herencia de una tía soltera que falleció hace un par de años, serán los parias de la crisis. Se quedarán a cero y se pondrán a cortar la circulación de las calles para exigir que les devuelvan el dinero que les han robado.

Los jubilados verán reducidas sus pensiones a niveles de hambre, como ha explicado claramente Macron: “Nada sería peor para nosotros que refugiarnos y detener las reformas [de las pensiones]. Los franceses entienden perfectamente que no tienen que pagar impuestos por un sistema arcaico de mantenimiento de privilegios. Por eso la CGT puede bloquear el transporte durante un año si así lo desea, pero eso no impedirá la reforma de las pensiones”.

¿Comprenden Ustedes el significado de eso a lo que Macron llama “reforma”? Los pensionistas vascos sí lo han entendido y llevan varios días de marcha hacia Madrid. Hoy han llegado a Briviesca, en Burgos, y pronto los verán en las calles de la capital sujetando las pancartas.

Pero aquí los sindicatos no van a cortar las carreteras, como en Francia. Se callan como buenos perros que son. Los partidos “de izquierda” tampoco hablarán de ello en las próximas elecciones, no vaya a ser que los votantes vean las orejas al lobo.

Las protestas y las luchas ya no son patrimonio de los obreros en activo.


Los obreros en activo no se podrán jubilar nunca. Para poder sobrevivir tendrán que trabajar hasta que se mueran y se morirán jóvenes de puro agotamiento.


Los afortunados que cobren algún tipo de pensión tampoco se podrán dormir en los laureles: están condenados a seguir luchando hasta que se mueran para que no les quiten sus miserables pensiones.

Más información:


– El Banco Central holandés reconoce el derrumbe del sistema monetario internacional

– 1,3 billones de papel moneda para evitar el hundimiento de la bolsa de Wall Street 

Los piquetes de trabajadores de General Motors incrementan la presión sobre la multinacional

La huelga de los trabajadores de General Motors se está intensificando y encuentra su expresión en los piquetes de huelga. A pesar de las negociaciones diarias del sindicato UAW, la segunda semana se ha caracterizado por el punto muerto aunque, como informamos ayer, la multinacional ha comenzado a retroceder y ha anunciado que pagará el seguro de enfermedad a los trabajadores.

La policía ha hecho circular amenazas de detener y encarcelar a los huelguistas por impedir que los camiones entren en las instalaciones de la empresa.

Durante la primera semana, los obreros fueron detenidos y circularon rumores de que la huelga podría continuar aunque el sindicato llegara a un acuerdo con la patronal porque debería ser ratificado en una votación de la asamblea de los trabajadores.

El martes pasado, durante un piquete en Burton, Michigan, los camiones que transportaban piezas a un centro de distribución de repuestos se vieron obligados a dejar el motor al ralentí, lo que impidió el tráfico.

En la fábrica más grande de Estados Unidos, en Spring Hill, Tennessee, un miembro del sindicato, Heather Monoski, publicó un vídeo en vivo en Facebook que muestra cómo los piquetes impiden que los transportistas no sindicalizados entren en la fábrica y que salgan los camiones. Cerca de la escena se podían ver diez coches patrulla de la policía.

El viernes pasado la multinacional dijo que los piquetes habían puesto clavos en la carretera para evitar la entrada de esquiroles. El domingo un tribunal de arbitraje de Tennessee emitió una orden judicial que prohibía al sindicato impedir que alguien entrara o saliera de las instalaciones de la empresa.

“El problema que tenemos es que la empresa ha contratado el doble de personal de seguridad y legalmente no podemos bloquear el tráfico, por lo que la policía escolta a los camiones cuando se enfrentan a los piquetes”, dijo Jessie Kelly, miembro del Centro Tecnológico de General Motors en Warren, Michigan.

“Tenemos 550 trabajadores de Aramark haciendo reparaciones y trabajos no estratégicos en el centro que se pusieron de huelga el día anterior porque no han tenido un aumento [de salario] desde hace años”, añadió Kelly.

Los trabajadores de mantenimiento de Aramark ganan 15,18 dólares a la hora. Ahora General Motors ha subcontratado las obras de reparación e instalación, “así que hay 120 esquiroles en nuestra fábrica ahora mismo”, dice Kelly.

Varios sindicatos apoyan a los piquetes, incluyendo los camioneros (“teamsters”) que cargan los vehículos listos y los entregan a los concesionarios. “Nuestros estatutos nos impiden atravesar los piquetes, pero General Motors tenía tantos centros de almacenamiento adicionales que la UAW está luchando para cerrarlos, pero creo que han fracasado en la mayoría de los casos”, dijo Clay Burgoon, un camionero de 34 años de Fort Wayne, Indiana.

Cuando los vehículos se almacenan fuera de las instalaciones y no hay piquetes, los camioneros están obligados contractualmente a hacer el trabajo. Sin embargo, sólo hay un número limitado de repuestos y una vez que se agotan, el impacto de la huelga se multiplica.

En muchas fábricas, parte del trabajo especializado para desarrollar los sitios de producción lo desempeñan trabajadores de la construcción sindicalizados, particularmente para grandes proyectos.

“Cuando nos enteramos de que se avecinaba una huelga, nos preparamos, todos nos llevamos nuestras herramientas a casa y le dijimos a la gerencia que no vendríamos a trabajar si había piquetes”, dijo Justin Steenbergh, uno de los cerca de cincuenta electricistas de la IBEW (Hermandad Internacional de Electricistas) que trabajaban en el Centro Tecnológico.

“Nuestro sindicato nos ha proporcionado una suspensión temporal para que podamos regresar con nuestro contratista una vez que la huelga haya terminado”, dijo Steenbergh. “Hace tres días, nos enteramos de que General Motors estaba presionando a nuestros patronos deciéndoles que estaban violando el contrato porque no estábamos haciendo nuestro trabajo en las instalaciones de General Motors. Oí que amenazaban con demandar a nuestros patronos”.

Superior Electric Electric Great Lakes, un contratista del Centro Tecnológico, se negó a responder cuando se le preguntó si General Motors había presionado a la empresa.

El acuerdo contractual firmado con el sindicato UAW prohíbe técnicamente el cierre de fábricas, pero General Motors ha cerrado algunas y eliminado puestos de trabajo de manera arbitraria.

A finales de noviembre del año pasado General Motors anunció que cerraría tres fábricas de ensamblado y dos pequeños talleres de transmisión. Los trabajadores que trabajaban en ellas pensaron que General Motors quería mantener como rehenes a los 6.000 puestos de trabajo de estas fábricas para exigir más concesiones de los sindicatos estadounidenses y canadienses.

Las sospechas se confirmaron. En el último momento antes de que comenzara la huelga, General Motors propuso producir baterías para vehículos eléctricos en la empresa de Lordstown, el sitio de una de las fábricas no afectadas donde anteriormente trabajaban 4.500 obreros de la industria automotriz. Pero había una trampa: los trabajos serían pagados a un nivel salarial similar al de los proveedores de recambios, unos 17 dólares a la hora, comparado con el de los montadores con un nivel salarial de primer nivel, que ganan alrededor de 31 dólares.

El impacto laboral de los vehículos eléctricos

La UAW no es mucho mejor cualquier otro sindicato amarillo. En 2009 acordó elevar la escala salarial de 15 a 17 dólares en una fábrica de General Motors en Brownstown, Michigan, que estaba ensamblando baterías para la ya abandonada planta de Chevrolet Volt. Ahora tiene que salir del embrollo creado por sus concesiones y, además, debe enfrentarse a la forma en que la futura producción de vehículos eléctricos reestructurará la industria y destruirá muchos puestos de trabajo.

Un libro blanco publicado en la primavera de este año por UAW describe los desafíos de la transición de los motores de combustión interna a los motores eléctricos. Los vehículos eléctricos requieren menos piezas y menos trabajo de fabricación. Muchas piezas son suministradas por empresas no sindicadas o son importadas. Se espera que los vehículos eléctricos aumenten significativamente su participación en el mercado de la automoción en las próximas décadas, alcanzando el 10 por ciento a mediados de 2020 y más de la mitad en 2040. General Motors se ha comprometido a introducir 20 nuevos modelos de vehículos eléctricos en todo el mundo en los próximos cuatro años.

La UAW quiere asegurar que los trabajadores no paguen el precio de la “transición ecológica” en el sector del automóvil. Hasta la fecha no ha llegado al punto del sindicato de la electricidad que, como hemos informado en otra entrada, apoya el New Deal verde.

General Motors despide a otro trabajador mexicano por sumarse a la huelga en una fábrica donde llevaba trabajando 24 años

La huelga de los obreros de la multinacional General Motors ha cumplido su jornada 11 con otro despido en su fábrica de Silao, en México.

Además, los directivos de la fábrica continuan hostigando a los trabajadores que han llamado a apoyar la huelga de sus compañeros en Estados Unidos.

El miércoles por la mañana, la multinacional despidió a Javier Martínez Mosqueda, quien ha trabajado en la fábrica de Silao durante 24 años. Los gerentes no dieron ninguna clase de explicaciones.

El despido aumenta a ocho el número de trabajadores mexicanos represaliados: Israel Cervantes, quien trabajó 13 años en la fábrica; Pedro Masías, 15 años; Carlos Marquez, 8 años y medio, Fernando Moreno Moya, 23 años; Arturo Martínez Fernández, 23 años; Juan Carlos Mendoza, 25 años; Ramón Rodríguez, 23 años; y Javier Martínez Mosqueda, 24 años.

La semana pasada, una fábrica de Lear en la ciudad de Ramos Arizpe, en Coahuila, que produce asientos para General Motors, despidió temporalmente a 150 trabajadores como resultado de la huelga, mientras que un trabajador en la maquila de autopartes de Inteva en Matamoros señaló el martes que los trabajadores de la fábrica 1, que produce tableros para General Motors, fueron enviados a la fábrica 2 o suspendidos indefinidamente con el 60 por ciento del salario.

Mientras, en Estados Unidos la multinacional comienza a retroceder y ha anunciado que pagará el seguro de enfermedad (*).

En México las repercusiones de la huelga son peores para los trabajadores. El 15 de septiembre Martínez Mosqueda participó en Silao en una asamblea de un grupo de trabajadores de General Motors conocido como “Generando Movimiento”. El grupo aprobó dejar el sindicato amarillo Confederación de Trabajadores de México (CTM) y organizar resistencia a las aceleraciones en apoyo a una posible huelga en Estados Unidos, la cual inició al día siguiente.

El trabajador despedido apoyó los llamamientos a una lucha conjunta con sus hermanos en Estados Unidos. Israel Cervantes, quien también fue despedido recientemente por ayudar a organizar a los trabajadores contra el sindicato existente, dijo: “Así es, por eso le despidieron… Ahorita están [los gerentes] con la cacería de nuestros compañeros”.

El grupo independiente de trabajadores envió declaraciones grabadas a la reunión de cientos de trabajadores automotores en huelga el 19 de septiembre. Manifestaron su apoyo a la huelga en Estados Unidos y apelaron a que los huelguistas incluyeran en sus demandas la readmisión de los trabajadores despedidos y el fin del hostigamiento en las fábricas mexicanas, así como a organizar una lucha conjunta. Cinco de estos trabajadores fueron despedidos al día siguiente.

Martínez Mosqueda estaba en el punto de mira de la empresa. El 10 de septiembre puso una denuncia en la oficina de asuntos laborales de la fábrica. Decía que un supervisor, el ingeniero Víctor Lozano, le había estado hostigando por las instalaciones “con una actitud prepotente y agresiva” desde el 6 de septiembre.

Después de los llamamientos de los trabajadores estadounidenses, el acoso se intensificó y, el martes 24 de septiembre, la gerencia llamó a Martínez Mosqueda, lo mantuvo en una oficina, donde fue amenazado y luego rebajado de especialista a operador normal. Le despidieron al día siguiente.

Los trabajadores de Silao dicen que se están produciendo aceleraciones continuas de los ritmos de trabajo en las líneas de ensamblaje de camionetas, mientras que las áreas que producen las transmisiones de 10 velocidades y los motores se han visto paralizadas por falta de recambios debido a la huelga estadounidense. Un trabajador en la fábrica de motores dijo que la gerencia espera que el 7 de octubre acabe la huelga.

 (*) https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/espectaculos/story/2019-09-26/gm-da-marcha-atras-y-mantendra-seguro-de-empleados-en-huelga

Cuando el soviet de los obreros ejecutó a la familia imperial zarista

La ejecución del zar Nicolás II y de la familia imperial en el sótano de la Casa Ipatiev de Ekaterimburgo, en la noche del 16 al 17 de julio de 1918, es la materia favorita de la prensa amarilla disfrazada de “historia”. En fin, otra cortina de humo para los amantes de los cuentos de príncipes y princesas que llega hasta la actualidad con la película de animación “Anastasia” que han obligado a tragarse a tantos niños.

Los principales autores de la ejecución la relataron con todo lujo de detalles, de manera oficial, aunque sus testimonios se mantuvieron secretos hasta el final de la Unión Soviética.

Cuando el ejército blanco recuperó temporalmente Ekaterimburgo unos días después de la ejecución, confiaron la investigación de la desaparición de los Romanov a un juez de instrucción, Nikolai Sokolov. Una copia de las actas de los interrogatorios que practicó se conservó en un monasterio ortodoxo en Estados Unidos. Los historiadores han tenido acceso a esa documentación y a las declaraciones de los testigos que participaron en la ejecución, que se hicieron públicos cuando se abrieron los archivos de la URSS. La comprobación cruzada de ambas fuentes permite obtener una idea relativamente cercana de los acontecimientos y de su motivación.

En agosto de 1917 la familia imperial se había refugiado en Tobolsk, en Siberia occidental, hasta que los bolcheviques llegaron al poder y en abril de 1918 los trasladaron a Ekaterimburgo, en los Urales, una ciudad industrial y, por lo tanto, con una gran población obrera. La consideraban más segura y, sobre todo, más alejada de los ejércitos blancos que en ese momento se encontraba en un periodo de formación.

Los alojaron en la Casa Ipatieff, custodiada por trabajadores locales dirigidos por Alexander Avdeyev y luego por Yurovsky, un miembro de la Cheka o policía regional.

La decisión de ejecutar a los Romanov la tomó el Comité Ejecutivo del Soviet Regional de los Urales, que tenía su sede en Ekaterimburgo precisamente. Previamente el Comité consultó a la dirección de los soviets en Moscú y Sverdlov, Presidente del Comité Ejecutivo Central y, en consecuencia, una especie de Jefe de Estado soviético, lo aprobó.

A punto de caer la ciudad en manos contrarrevolucionarias, el soviet de Ekaterimburgo quería evitar que la familia imperial fuera liberada por las tropas checoslovacas que avanzan y, sobre todo, satisfacer las demandas de la clase obrera local que constantemente criticaba la indulgencia de la que disfrutaban los Romanov, en un contexto en el que era urgente movilizar a los trabajadores para hacer frente a los ejércitos blancos.

Con un ejército enemigo a las puertas, la ejecución no pudo ser más improvisada. El soviet discutió varios modos de ejecutar a los Romanov: granadas, apuñalar a las víctimas mientras dormían o ejecutarlas con un revólver, que finalmente fue la solución elegida.

Cada participante en la ejecución dio su propia versión de los hechos, aunque probablemente fueron fusilados por un pelotón de 11 hombres con 12 revólveres Nagant, un revólver de gran calibre y dos pistolas de calibre medio: un mauser y una browning.

Luego fueron enterrados en un pozo de la mina, luego, unas horas después, se retiraron los cuerpos y se quemaron. Finalmente, volvieron a ser enterrados a pocos kilómetros bajo un camino de tierra que conducía al pueblo de Koptiaki.

En 1991 el análisis de los restos indicó que hubo incluso un intento de dispersarlos. El Presidente del soviet de Ekaterimburgo, Pavel Bykov, dijo que los obreros trataron de no dejar reliquias en manos de los contrarrevolucionarios que les permitieran jugar con los sentimientos de las masas populares más ignorantes e incultas.

Al día siguiente de la ejecución, la prensa local se limitó a mencionar la muerte del zar, por lo que algunos creyeron que los demás Romanov se habían salvado. Fue el punto de partida de la leyenda de la supervivencia de las Grandes Duquesas.

En 1998 los restos de la familia imperial fueron enterrados religiosamente en la Basílica de Pedro y Pablo en San Petersburgo, aunque la Iglesia Ortodoxa aún no se ha pronunciado oficialmente sobre su autenticidad hasta la fecha.

Todos los demás Romanov que no abandonaron la URSS fueron ejecutados sumariamente, sobre todo en Perm y Alapaevsk, en junio y julio de 1918. La casa Ipatieff fue arrasada por Yeltsin (secretario local) en 1977, por orden de Andropov, para evitar que se convirtiera en un lugar de peregrinación. En su ubicación actual hay una iglesia.

Los trabajos esclavos de la mujer en el siglo XXI: las aparadoras del calzado

¿Trabajarías 11 horas al día por 400 ó 500 euros al mes? Pues esto está ocurriendo en estos momentos en muchos talleres de aparado, donde miles de mujeres se ven abocadas a trabajar en condiciones precarias.

Si eres mujer y necesitas dinero para sobrevivir, tienes una opción: el aparado de calzado. Sí, para fabricar a mano ese calzado de gran calidad, referencia de poblaciones como Elda, Villena o Elche, que luego verás en las tiendas a 70 euros. Sin embargo, mucho cuidado: el sector tiene uno de los índices más altos de precariedad laboral.

En Villena se especializaron hace años en el calzado infantil. Pero las modas, o la competencia de otros países, han hecho que se compliquen las ventas. ¿Quien lo paga? Las trabajadoras, claro… Los sueldos son cada vez menores, y las horas trabajadas, cada vez más. En muchos casos, hasta 14 horas al día… Y aunque también trabajan hombres, la gran mayoría son mujeres.

Es cierto que hay muchas empresas que cumplen con la normativa laboral, con las medidas de seguridad adecuadas, o que pagan sueldos más o menos razonables, pero también hay otras muchas que utilizan métodos que recuerdan la esclavitud, donde verdaderos delincuentes, inmunes a las denuncias, campan a sus anchas, aprovechándose de la necesidad de las personas para poder explotarlas a su antojo.

El que una trabajadora trate de denunciar su situación supone el despido inmediato, algo que da fuerza a estos explotadores, que, en ocasiones, parecen tener el beneplácito de las autoridades. En numerosas poblaciones de nuestro entorno todo el mundo sabe, exactamente, donde se encuentran estos talleres clandestinos, pero pocos se atreven a denunciar.

¿Y en Caudete…? Por supuesto, también existen. Y la forma de trabajar, la estándar en este tipo de talleres: jornadas de 11 ó 12 horas diarias, mientras obligan a los trabajadores a firmar jornadas de 8 horas, utilizando productos tóxicos sin ningún tipo de protección, sin medidas de seguridad, y con sueldos tercermundistas, muchas veces en metálico para poder camuflar mejor sus irregularidades. Pura y dura explotación. Y no son siempre talleres clandestinos, sino que algunos que están dados de alta incumplen prácticamente cualquier norma con el fin de conseguir sus dividentos a costa de la explotación de sus trabajadores.

Poco a poco, asociaciones y plataformas de aparadoras van surgiendo por nuestro entorno, aunque con muchas trabas. ¿Por qué no se apoyan más estas asociaciones, que no quieren otra cosa que mejorar los derechos de las mujeres trabajadoras de un sector determinado? ¿Dónde están los políticos, esos a los que luego se les llena la boca hablando de los derechos de las mujeres? Llevamos muchísimos años oyendo quejarse a estas trabajadoras, y poco se ha hecho nunca por ellas.

Nos escandalizamos hace unos años, cuando las marcas deportivas utilizaban a niños asiáticos para coser balones, pero no decimos nada cuando explotan a nuestra vecina, que terminará enfermando por causa de los productos que utiliza a diario, o sufrirá dolencias físicas como el túnel carpiano, los dolores cervicales, las hernias o los pinzamientos de tendones, que requieren de numerosas operaciones, y que todavía no han sido reconocidas para este colectivo.

Una injusticia que se justifica con el “o lo tomas o lo dejas”, con aquello de que “crean” trabajo… Entonces, ¿valen para el resto de sectores unas normas, que hay que cumplir a rajatabla, y no valen para el aparado?

Mientras no seamos todos conscientes de que sólo denunciando estas situaciones se puede acabar con esta lacra, miles de mujeres seguirán siendo explotadas sin compasión alguna.

https://caudetedigital.com/aparadoras-las-esclavas-del-siglo-xxi/

‘La criminalización de las protestas es una política de Estado’

La disertación más aplaudida durante el segundo día de la Cumbre de los Pueblos Afectados por la Minería que se celebra en Perú, fue la que abordó la criminalización de las protestas. En ella se afirmó que es una política de Estado frente a las luchas sociales.

El trasfondo es un asunto de persecución política y penal en contra de los manifestantes y dirigentes, expuso Jorge Tacuri Aragón, abogado de comunidades y pueblos originarios.

Debido a que las acciones que se realizan en una protesta pueden ser calificadas como criminales, señala que debe considerarse que quien realiza la manifestación lo está haciendo por defender un derecho o bien jurídico mayor.

Según explicó Tacuri, en las manifestaciones donde se bloquean las pistas, por ejemplo, no tendrían que tomarse como actos criminales “por lo que no existiría lugar para una denuncia penal contra los manifestantes”, dijo.

“Siempre existe un sesgo en las protestas a nivel nacional. Se cree que porque alguien se paró en medio de la pista a impedir el paso de algún vehículo ya está cometiendo un delito. Ya es un delincuente y ya debería estar en la cárcel”.

Los 24 detenidos durante los dos meses de paro indefinido en Cocachacra, fueron intervenidos bajo el cargo de disturbios en contra de la tranquilidad pública. Así lo informó Arturo Dueñas Segura, abogado defensor de la mayoría de manifestantes del Valle de Tambo,

Dijo que antes de las 48 horas fueron liberados debido a que no existen pruebas contundentes para sustentar las denuncias que pesan en su contra. “Esto sucede porque la policía interviene en el momento de las protestas. Pero cuando se les pide sus declaraciones, la mayoría de las veces se contradicen, y yo he estado presente durante esas diligencias”

Este caso fue utilizado como ejemplo de las exposiciones sobre la criminalización de las protestas. Explicó que, por las acusaciones por las que se detuvo a los manifestantes, se les podría haber enviado a la cárcel entre 8 y 15 años.

Los 46.000 trabajadores de General Motors mantienen la huelga por segundo día consecutivo en Estados Unidos en contra de la precariedad laboral

Por segundo día consecutivo, los 46.000 trabajadores de General Motors en Estados Unidos están en huelga para reclamar mejoras salariales y laborales, mientras siguen sin acuerdo las negociaciones con el sindicato United Auto Workers (UAW).

La huelga ha paralizado al menos 50 fábricas y almacenes de refacciones de General Motors.

En la localidad texana de Arlington, donde está localizada una planta de montaje de la multinacional que emplea a unos 4.500 trabajadores y donde se producen los todoterrenos SUV Chevrolet Tahoe, GMC Yukon y Cadillac Escalade, decenas de huelguistas con pancartas se situaron en las entradas de la fábrica.

Uno de los puntos más conflictivos es la mejora salarial, después de años de beneficios de General Motors en Estados Unidos, aunque la UAW también ha llevado a la mesa de negociación la propuesta de cierre de cuatro factorías en Estados Unidos -dos en Michigan, estado sede de la compañía, una en Ohio y otra en Maryland- y otra en Canadá que se anunciaron hace un año. Entonces, la empresa dijo que se debía de un ajuste a la baja de la producción por las menores ventas. Lo cual también traía aparejada una reducción de la plantilla en 14.500 trabajadores, de los que 8.000 serían fijos. La reducción sería del 15 por ciento del total y un 25 por ciento de los trabajadores llamados de “cuello blanco”, es decir, de oficina y administración.

Desde 2007 es la primera vez que los trabajadores de General Motors declaran una huelga.

Los trabajadores quieren que General Motors limite el uso de trabajadores temporales y que cancele sus planes de cerrar en 2020 las plantas de Lordstown, en Ohio; y de Hamtramck, en Michigan. UAW no ha indicado cuánto tiempo durará la huelga, pero General Motors señaló que tiene suficiente cantidad de vehículos para suministrar al mercado durante los próximos 59 días.

Tras dos meses de negociaciones las dos partes solo están de acuerdo en el 2 por ciento del contenido del contrato colectivo, lo que sugiere que sus posturas están muy alejadas y que se necesitará mucho tiempo para alcanzar un acuerdo.

La patronal ha ofrecido 7.000 millones de dólares en inversiones en Estados Unidos durante los cuatro años de duración del contrato colectivo, lo que creará más de 5.400 empleos, así como mejoras salariales y mayores pagos de prestaciones sanitarias.

Las acciones de la multinacional cerraron el lunes la bolsa con un descenso del 4,2 por ciento.

https://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/10089454/09/19/Casi-50000-trabajadores-de-General-Motors-mantienen-por-segundo-dia-la-huelga-en-Estados-Unidos.html

Piquete de trabajadores en la fábrica de General Motors en Detroit-Hamtramck, Michigan, el lunes

La siniestralidad silenciosa: la explotación de la fuerza de trabajo conduce a la muerte y la enfermedad

La enfermera que atiende en el hospital, el repartidor que trae comida a casa, la asistenta que limpia la habitación de hotel, el oficinista que acumula horas de más, el camarero que asume dos y tres trabajos para llegar a un sueldo mínimo. Nadie diría que los de ellos son oficios peligrosos y, sin embargo, hoy más que nunca son trabajos de riesgo.

En pleno 2019 no hace falta colgarse de un andamio para jugarse la vida. La precariedad, el estrés y el exceso de trabajo también enferman. Y matan. Matan mucho más que los accidentes.

De todas las muertes que se registran cada día por causas relacionadas con el trabajo –7.500 según la OIT–, menos del 14 por ciento ocurre en el acto. La gran mayoría –unas 6.500– se van fraguando lentamente a causa de una larga enfermedad física –circulatoria, respiratoria, cáncer profesional– o mental.

Trabajamos en entornos más seguros que hace treinta años, pero la salud física y emocional de los empleados sigue siendo frágil. Por un lado, persisten los riesgos de siempre –por ejemplo en la Unión Europea ha habido un repunte reciente de accidentes mortales asociados a la construcción–, por otro lado aumentan los riesgos emergentes, los asociados a la economía digital y los psicosociales. Riesgos como el estrés, la fatiga o el acoso, relacionados con la organización del trabajo, con los tiempos, las exigencias, la incertidumbre.

“Los riesgos psicosociales son la gran pandemia de este siglo y tienen que ver con las condiciones tan precarias del mercado de trabajo”, alerta Ana García de la Torre, secretaria de Salud Laboral de la unión sindical UGT.

Precisamente la última campaña de prevención de este sindicato pone el foco en algunas de estas amenazas “invisibles” como la sobrecarga o la hiperconexión. “No son nuevas, ya las veníamos sufriendo, pero sin duda hay un agravamiento”.

El mayor peligro en el trabajo ya no son las caídas o los agentes infecciosos –esos riesgos están más o menos controlados–, lo peligroso ahora es el aumento de la presión, la precariedad de los contratos, los horarios incompatibles con la vida que, gota a gota, siguen alimentando esa siniestralidad silenciosa que no sale en los periódicos.

Enfermos de estrés

En el actual mercado frenético y competitivo, el estrés se ha convertido en algo casi tan frecuente en la oficina como la máquina de café. Es el segundo problema de salud más habitual en el lugar de trabajo y está detrás de la mitad de los casos de absentismo.

Se da con más frecuencia en el sector servicios y el de los cuidados –trabajos con una alta proporción femenina–, donde la relación con personas puede ser desgastante. “La idea de que el cliente siempre lleva la razón ha sido un atentado contra el bienestar de muchos trabajadores”, comenta José Antonio Llosa, doctor en Psicología de la Universidad de Gijón. Según este experto, el otro extremo más afectado son los perfiles laborales de cualificación alta, “donde encontramos niveles de exigencia y excelencia muy graves”.

El estrés laboral se relaciona sobre todo con el exceso de trabajo y aumenta con el uso de la tecnología. Actualmente, según el último informe sobre salud y seguridad de la OIT, el 36 por ciento de los trabajadores del mundo trabaja demasiado –más de 48 horas semanales– y todas esas horas extra les ponen en peligro.

“Hay una estrecha relación entre el exceso de horas de trabajo y los accidentes laborales”, advierte el informe, “las horas excesivas guardan relación con los efectos crónicos de la fatiga y pueden provocar enfermedades cardiovasculares, trastornos gastrointestinales, niveles altos de ansiedad, depresión, trastornos del sueño”.

Ana Isabel Mariño, inspectora de Trabajo y Seguridad Social, reconoce que estos riesgos psicosociales son, junto a los ergonómicos –los relacionados con movimientos y posturas dañinas–, “los más graves ahora”. Sin embargo, la prevención que se hace de ellos en las empresas sigue siendo deficiente. “Lo normal es que no haya protocolos, como tampoco suele haber protocolos de acoso o incluso de acoso sexual”, lamenta Mariño.

Como denuncia la UGT “los riesgos psicosociales todavía no están recogidos dentro del catálogo de enfermedades profesionales”. Por eso muchas empresas no los incluyen en sus análisis de riesgos ni en las revisiones médicas, los pasan por alto.

En el último año se han producido algunos tímidos avances “como el reconocimiento del síndrome del trabajador quemado”, recuerda Llosa, “sin embargo hay que tener cuidado con las etiquetas. La culpa no es del trabajador que no sabe lidiar con el estrés”, explica el psicólogo, y por tanto no se remedia con ansiolíticos, haciendo ejercicio o meditación, sino actuando en el origen, cambiando la organización del trabajo.

Trabajadores pobres, trabajadores en peligro

La inseguridad laboral, los contratos precarios y los salarios bajos crearon la nueva categoría de los trabajadores pobres. Ahora, además de pobres, también tienen más probabilidad de convertirse en trabajadores lesionados o trabajadores enfermos.

“Esta flexibilidad y movilidad, esta obligación extrema y constante de salir de tu zona de confort sin ningún tipo de seguridad genera un fuerte desgaste emocional y físico. La incertidumbre laboral está relacionada con peores índices de salud mental, depresión, ansiedad, desánimo. Además impacta sobre la manera de organizar la vida de las personas, las trayectorias vitales se frustran”, plantea Llosa.

El psicólogo, que participa en un proyecto de investigación sobre precariedad y salud mental, advierte también que existe una relación directa entre inseguridad laboral y consumo de estupefacientes, entre la perpetua incertidumbre y la idea de suicidio. “Evidentemente, la ideación suicida no se puede asimilar a tentativa, pero es indicativo de un malestar muy profundo”.

Al mismo tiempo, la precariedad deja secuelas físicas. “El número de accidentes se ha incrementado en términos absolutos y en gravedad justo a partir de 2013 coincidiendo con las medidas de flexibilización laboral”, apunta la inspectora de Trabajo Mariño refiriéndose a las cifras españolas de siniestralidad.

Las más vulnerables son las personas contratadas de manera temporal o eventual, las subcontratadas a través de agencia y los falsos autónomos. Datos de la OIT demuestran que la tasa de accidentes de estos trabajadores es mucho mayor a la del resto.

Además a ellos se les contrata para realizar las tareas más peligrosas, tienen menos acceso a formación, son más susceptibles de sufrir acoso y, en general, tienen más dificultad a la hora de exigir sus derechos. Permanentemente les toca elegir entre salud o trabajo, entre aguantar el dolor o arriesgarse a que no les vuelvan a llamar.

El caso más significativo es el de los trabajadores de plataformas digitales y en especial repartidores y mensajeros obligados por empresas multinacionales a autoemplearse para recibir un salario. Razón por la cual pierden la mayoría de sus derechos, incluida la prevención de su salud, precisamente en un sector rodeado de peligros.

“Todos los días recibimos fotos de accidentes. Estamos conduciendo en turnos de tres, cuatro y cinco horas seguidas, la probabilidad de accidente es grande y la empresa nos mete constantemente presión para llegar a tiempo. Además no recibimos ningún curso en prevención de riesgos”, se queja Nuria Soto, portavoz del sindicato Riders x derechos que agrupa al colectivo de repartidores de Barcelona.

El pasado mayo uno de estos mensajeros, Pujan Koirala, de 23 años y nacionalidad nepalí perdió la vida mientras hacía un reparto. Pujan se encontraba en situación irregular, trabajaba con la cuenta de usuario de otro rider. Algo habitual, asegura Soto. “Hay un montón de personas migrantes sin documentación con cuentas alquiladas o cedidas. La empresa lo sabe, pero le conviene. Ellos son los últimos que van a reclamar cualquier derecho”.

Desde la muerte de Pujan, otros seis repartidores han fallecido en Europa y Latinoamérica. “Y en ningún caso las empresas se hacen cargo”, denuncian. Por eso exigen que se les reconozca como trabajadores asalariados –varias sentencias judiciales en España ya les han dado la razón– para no tener que seguir arriesgando la vida en un modelo de trabajo a destajo más propio del siglo XIX que del XXI.

Fallo en el sistema

La siniestralidad no solo afecta a los trabajadores, también a las propias empresas y a la sociedad en general. Las malas prácticas en seguridad y salud cuestan cada año alrededor de un 3,94 por ciento del Producto Interior Bruto global. “Por eso hay que poner la prevención en el kilómetro cero de la actividad empresarial”, defiende Alejandro Pérez, profesor de Riesgos Laborales en la Escuela de Negocios ICADE.

“A mis alumnos les enseño que deben evaluar los riesgos, informar a sus trabajadores, dar formación y vigilar su salud. Las dolencias hay que atajarlas desde el minuto uno, también el estrés para que quien lo padezca tenga un amparo igual que el que se tuerce un tobillo. El problema es que todavía somos más reactivos que preventivos”, añade.

La Organización Internacional del Trabajo reconoce que hacen falta más esfuerzos para anticiparse a los riesgos y reforzar las normas internacionales.

El mundo deberá afrontar en las próximas décadas grandes retos en materia de seguridad laboral: el envejecimiento de la población, los riesgos tecnológicos, el uso de nanomateriales y su potencialidad tóxica; pero también la organización del trabajo.

De nada sirve que ahora mismo se estén diseñando algoritmos para predecir accidentes cuando el propio mercado laboral se ha convertido en el principal factor de riesgo. Como insiste la inspectora de Trabajo Mariño, “para mejorar la prevención es fundamental ralentizar los procesos, regular mejor los tiempos, frenar esta locura de competencia”. Es imposible proteger al trabajador en medio de un mercado desenfrenado e inseguro por definición.

https://www.equaltimes.org/la-siniestralidad-silenciosa?lang=es

La clase obrera es el auténtico objetivo de la ‘caza contra los inmigrantes’ desatada por Trump

David L. Wilson

El 7 de agosto el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a cabo redadas coordinadas en siete fábricas agroalimentarias del Estado de Mississippi, deteniendo a 680 trabajadores inmigrantes. Los policias del ICE dijeron al Washington Post que la operación era “la medida de aplicación de la ley más importante en un solo Estado en la historia de Estados Unidos”.

La operación masiva sembró el terror entre unos inmigrantes ya traumatizados por una masacre contra personas de origen mexicano en El Paso, Texas, unos días antes. Una gran parte de la población nacida en Estados Unidos estaba indignada por las imágenes de los hijos de los trabajadores llorando.

Como ha sucedido en el pasado con las redadas en los lugares de trabajo, los medios de comunicación han señalado que los empresarios permanecen libres mientras sus trabajadores son llevados esposados a las cárceles para inmigrantes. Algunos reaccionaron pidiendo el detención de los empresarios que habían contratado a los trabajadores indocumentados; otros señalaron que el presidente Trump había utilizado a trabajadores indocumentados en sus propias empresas.

Las personas que quieren encarcelar a sus empresarios tienen buenas intenciones pero no entienden el problema. Más detenciones no ayudarán a los inmigrantes o a los trabajadores nacidos en Estados Unidos. Lo que estos trabajadores realmente necesitan es acabar con las redadas, derogar las leyes y políticas que hacen posibles las redadas policiales y rechazar las suposiciones en las que se basan estas leyes y políticas.

Las redadas en los centros de trabajo

Las redadas en los centros de trabajo tienen una larga historia en Estados Unidos, pero la práctica actual se justifica por las llamadas “sanciones contra el empresario” como se menciona en la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986. Esta ley requiere que las empresas verifiquen el estatuto migratorio de los nuevos trabajadores y si no lo hacen tienen que pagar una multa.

La razón de esta medida es que desalienta a los inmigrantes indocumentados que buscan trabajo en Estados Unidos. Según los partidarios de esta medida, los trabajadores nacidos en Estados Unidos se beneficiarían al limitar la competencia de los trabajadores extranjeros de bajos salarios.

La idea de que las sanciones impuestas a los empresarios reducirían la inmigración ilegal se puso a prueba en las dos décadas siguientes: la población indocumentada se triplicó, pasando de 4 millones a más de 12 millones. Desde entonces, la población indocumentada ha disminuido a unos 10,5 millones de personas.

Esto debería haber sido suficiente para convencer a los políticos de que las restricciones al trabajo legal en Estados Unidos no son suficientes para compensar los incentivos -como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)- que podrían llevar a los trabajadores de países vecinos a trasladarse a Estados Unidos. La AFL-CIO tardó mucho tiempo en entenderlo. La Confederación de Sindicatos apoyó en primer lugar las sanciones impuestas a los empresarios, pero en 2000 pidió su derogación.

Por otra parte, los gobiernos reaccionaron al fracaso de las sanciones reforzando el procedimiento. A finales de la década de 1990, comenzaron a participar en la hiperverificación electrónica: el programa E-Verify. Este programa tiene por objeto hacer cumplir las sanciones exigiendo a los empresarios que comprueben los documentos de los nuevos trabajadores en una base de datos en línea del gobierno. Pero E-Verify también ha sido un fracaso rotundo. Es bastante fácil de eludir. Su principal efecto parece haber sido empujar a más inmigrantes indocumentados a la economía sumergida, donde se enfrentan a salarios más bajos y a una protección laboral aún menor.

Si las sanciones impuestas a los empresarios no impiden que los inmigrantes indocumentados se establezcan en Estados Unidos, ¿qué hacen?

En 1986 los trabajadores inmigrantes fueron los únicos que denunciaron los efectos de esa medida. Por ejemplo, un mexicano le dijo al New York Times que la policía no les iba a perseguir mientras cruzaban la frontera de California. “Los empresarios que estén dispuestos a contratarnos se beneficiarán de nosotros. Van a amenazar con exponernos. Querrán pagarnos menos porque dirán que se arriesgan dándonos trabajo”.

La patronal utilizó las amenazas de despido para mantener a los trabajadores indocumentados bajo control antes de 1986, pero la nueva ley les dio aún más influencia. Los trabajadores indocumentados ganan mucho menos que los trabajadores con calificaciones similares -entre un 6 y un 20 por ciento menos- y hay pruebas de que la actual “penalización salarial” (pérdida de salario) por ser indocumentados es en gran medida una consecuencia de las sanciones contra los empresarios.

Al reducir los salarios de los trabajadores indocumentados, las sanciones también reducen los salarios de los trabajadores nacidos en Estados Unidos que buscan trabajo en los mismos sectores, lo que es exactamente lo contrario de lo que la ley debería producir. Además, las redadas en los lugares de trabajo desempeñan un papel importante en el proceso de reducción de los salarios y aumento de los beneficios.

En 2000 un policía de inmigración admitió que rara vez detienen a los trabajadores indocumentados “a menos que el empresario denuncie a un trabajador, y los empresarios generalmente lo hacen sólo para romper un sindicato o para evitar una huelga o ese tipo de cosas”. Los policías de inmigración son más cautelosos ahora, pero hay indicios de que “ese tipo de cosas” aún podrían desencadenar la represión en los lugares de trabajo.

Una de las fábricas inspeccionadas el 7 de agosto de 2019 fue una fábrica en Morton, Mississippi, propiedad del gigante avícola de Illinois Koch Foods. El año anterior Koch Foods tuvo que pagar 3,75 millones de dólares para resolver una demanda ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el trabajo por acoso racial y sexual de trabajadores latinos.

A diferencia de muchas fábricas agroalimentarias, la fábrica de Morton tiene un sindicato, la United Food and Commercial Workers (UFCW), que también representa a trabajadores de otra fábrica de Koch que ha sido víctima de las redadas del ICE.

Acabar con el clima de miedo

No es la primera vez que el ICE ha atacado fábricas donde los trabajadores se han unido a los sindicatos y han luchado por mejores condiciones laborales. En junio del año pasado, la policía irrumpió en una planta de Fresh Mark en Salem, Ohio, donde los trabajadores están representados por el Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Grandes Almacenes. La acción se inició una semana después de que la Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional impusiera una multa de 211.194 dólares a Fresh Mark por condiciones de trabajo inseguras de sus trabajadores. Las redadas actuales siguen el modelo del gobierno de George W. Bush, donde las fábricas con representación sindical o en las que se estaban desarrollando campañas de sindicalización se convirtieron en objetivos prioritarios para las redadas en los centros de trabajo.

Si bien es cierto que las empresas individuales pueden verse perturbadas por las redadas del ICE, las actividades del ICE benefician a todos los empresarios. Las redadas en el lugar de trabajo están contribuyendo a una situación que el portavoz de UFCW Abraham White describió después de las redadas en el estado de Mississippi: “Los trabajadores de todo el país tienen demasiado miedo para defender sus derechos y denunciar el dumping de salarios, condiciones de trabajo peligrosas y otros asuntos relacionados con las condiciones de trabajo”. White pidió “el fin de este peligroso clima de miedo”.

Las solicitudes de detención de empresarios por contratar inmigrantes indocumentados no harán nada para combatir este temor, especialmente en el contexto de las redadas antisindicales en el lugar de trabajo. La forma en que los trabajadores pueden superar el miedo y obtener mejores salarios y condiciones de trabajo es -como siempre ha sido el caso- organizando y resistiendo firmemente los esfuerzos de la burguesía para crear divisiones mediante llamamientos al racismo y la xenofobia.

‘Estamos dispuestos a todo’: la lucha de los trabajadores estadounideses por la subida del salario mínimo

Manifestación de trabajadores de hostelería
Esta historia empieza en los sofás de amigos; el lugar en el que dormían miles de trabajadores del sector de la comida rápida, incapaces de alquilar una habitación. Empieza usando máquinas sin guantes protectores, quemándose al filtrar la grasa de las patatas fritas, o tocando una bandeja de galletas al rojo vivo. Empieza con un consejo del gerente: colócate mayonesa en la quemadura, dado que no hay, en el restaurante, ningún botiquín de primeros auxilios. Y empieza, sobre todo, con el salario mínimo de 7,25 dólares la hora. Brutos. En Nueva York.

«Un día estaba en el metro, e iba rezándole a Dios: tengo 31 años y trabajo en McDonald’s, ¿qué estoy haciendo? Por favor, ayúdame a encontrar una dirección», recuerda Jorel Ware, empleado de la mayor cadena de hamburgueserías del mundo. Ware cavilaba una mañana de 2012. Horas después, según su testimonio, unos activistas entraron en el McDonald’s y le preguntaron: «¿Estás cansado de ganar 7,25 dólares la hora?». «¿Que si estoy qué? ¡Por supuesto!».

Jorel Ware trabajaba 30 horas semanales; después de impuestos, recibía un salario de 720 dólares al mes. En una ciudad donde un piso de una habitación cuesta, de media, casi 3.000 dólares, y un cartón de leche, si quieres que sepa como en Europa, ronda los cinco o seis. ¿Y el seguro sanitario? «Ofrecían uno. Pero te descontaban 75 dólares a la semana».

Los trabajadores se pluriempleaban, pedían todo tipo de ayudas sociales, para comer o pagar la calefacción, y concebían estrategias de ahorro. Por ejemplo, compartían el bono mensual de transporte. «Con el billete de viajes ilimitados, si lo pasas, tienes que esperar 18 minutos, y luego puedes pasarlo otra vez. Así que nos organizábamos. Vivíamos así».

Había otras quejas aparte del dinero. La maquinaria vieja y defectuosa y la falta de adiestramiento, causaban accidentes constantes. Según una encuesta, elaborada por Hart Research Associates en 2015, el 87% de los trabajadores de comida rápida habían sufrido algún accidente al año anterior. Ocho de cada diez se habían quemado.

Junto al aumento del salario mínimo, la otra gran exigencia de Fight for $15, el grupo al que se unió Jorel Ware, era el derecho a formar un sindicato. Algo que McDonald’s y otras cadenas han logrado impedir desde hace décadas. «Estos establecimientos ni siquiera nos daban comida, teníamos que comprarla, y mi cheque semanal era de 180 dólares netos», recuerda Ware.

Si era tan terrible, ¿por qué no cambiar de trabajo? «¡Esto está en todas partes! Es la mentalidad de los dueños. No solo en el sector de la comida rápida. Barnes & Nobles, Whole Foods…» y señala a su alrededor, pues estamos tomando un café en el Whole Foods de Union Square, una cadena de supermercados con sede en Texas, dedicada a los productos orgánicos y desde 2017 propiedad de Amazon. Su CEO libró una campaña denodada contra Fight for $15.

La primera protesta de este grupo, formado por activistas de New York Communities for Change y Make the Road New York, con apoyo del sindicato internacional de servicios, reunió apenas un centenar largo de personas. Trabajadores de McDonald’s, Wendy’s, Burger King, Pizza Hut y otros establecimientos dejaron sus puestos de trabajo para exigir un aumento de salario y el derecho a sindicalizarse sin ser hostigados por la empresa. Pese a su limitado alcance, se trató de la mayor huelga del sector de la comida rápida en la historia de Estados Unidos. Solo era el principio.

«Empecé a organizarme con otros trabajadores de la comida rápida, y con el sindicato del sector servicios. Estábamos disparados», recuerda Ware. «Tras la primera protesta, emprendimos acciones por toda la ciudad, frente a las franquicias, dentro de las franquicias. Conseguimos la atención de los medios de comunicación. Fueron los medios los que ayudaron a extender la voz».

Seis meses después, en abril de 2013, hubo huelgas similares en Chicago, Detroit, San Luis, Milwaukee y Seattle. Centenares de activistas, incluido Jorel Ware, se presentaban en la reunión anual de la junta de accionistas de McDonald’s, en Chicago. Había helicópteros, policía, cámaras de televisión. Cada año participaba más gente, hacían más ruido.

En septiembre de 2014 la huelga se dio en 150 ciudades de Estados Unidos. Además de su alcance, también cambió la estrategia. Aquel fue el verano de Ferguson, cuando la muerte de un joven afroamericano desarmado a manos de la policía desencadenó fuertes disturbios y Fight for $15 empezó a usar tácticas de desobediencia civil: a montar piquetes y a parar el tráfico en las principales avenidas. «A veces es necesario. Estamos dispuestos a todo».

Los políticos tomaban nota. «Una vez lograda la atención de los medios, empezamos a lograr la atención de los congresistas, del gobernador, del alcalde. La gente empezó a hacer muchas preguntas», dice Ware. En 2015 varios senadores, entre ellos el aspirante presidencial Bernie Sanders, apoyaron públicamente el aumento del salario mínimo a 15 dólares la hora. En octubre, el presidente de entonces, Barack Obama, invitó a los líderes de Fight for 15$ a la Casa Blanca.

Las empresas contraatacaron. Amazon elaboró un vídeo interno, filtrado a Gizmodo, en el que enseñaba a los gerentes de Whole Foods cómo vigilar a los trabajadores y descabezar las revueltas. «No somos antisindicatos, pero tampoco somos neutrales», decía el narrador, un dibujo animado vestido con el chaleco de la empresa. Luego recomendaba algunas tácticas, bajo el acrónimo, por sus siglas en inglés, de TIPS («consejos»): «Amenazar, interrogar, prometer, espiar».

Lo más importante, según el narrador, era estar atentos a las primeras señales de rebeldía. Por ejemplo, las reuniones de trabajadores en los descansos, la aparición de chapas o gorras con mensajes sospechosos, o el uso de términos tóxicos, como “living wage”: un salario para vivir.

McDonald’s efectuó despidos, muchas veces injustificados, como reflejan los procesos legales que siguieron a continuación. Al propio Jorel Ware le enseñaron la puerta; el gerente lo acusó de haber faltado un día. Ware denunció a la empresa, ganó y fue readmitido.

Poco a poco empezaron a llegar los resultados. El estado de California subió el salario mínimo en 2016, primero a 10 dólares la hora, con el plan de llegar a los 15 en 2022. A día de hoy, nueve estados han aprobado el aumento. Desde el 31 de diciembre del 2018, los trabajadores de la comida rápida en la Ciudad de Nueva York cobran 15 dólares brutos por hora.

Los militantes, que han ido sumando fuerzas con otros grupos de izquierda, como Black Lives Matter, o el ala socialista demócrata, celebraron la victoria. No solo en la cuestión salarial. «Ahora ya no pueden mandarnos a casa sin paga», dice Jorel Ware. «Si lo hacen reciben una multa, 40 dólares, y además nos queda el resto del día libre pagado. Nuestros turnos ahora tienen que tener, al menos, 11 horas de diferencia. Tenemos familia, hijos, citas médicas. Somos humanos».

McDonald’s anunció el pasado abril que tiraba la toalla en esta lucha. «No usaremos nuestros recursos, incluidos lobistas y personal, para oponernos a los aumentos del salario mínimo a nivel federal, estatal o local», dijeron en un comunicado, «ni participaremos en esfuerzos de abogacía diseñados expresamente para evitar aumentos de salario».

Jorel Ware mantiene su empleo en McDonald’s. Sigue siendo un trabajador raso, de los que atienden en caja y echan sal a las patatas fritas. «Tengo 38 años, y esto va a sonar ridículo, pero me gusta el punto de vista del trabajador. No quiero ser un gerente, o director general, no quiero escuchar al dueño. Además», dice, «no me ascenderían».

Este neoyorquino del Bronx, que ya no vive con su madre, todavía visita las otras franquicias de la ciudad, si es posible de incógnito. Entrevista a los trabajadores para comprobar que todo está en orden. Si le cuentan alguna irregularidad, pide hablar con la persona encargada. A veces, dice, le tratan de mala manera y tiene que «volver con poder»: una nueva protesta a la puerta de algún McDonald’s. «Que te respeten y te paguen lo que mereces, es algo maravilloso».

https://www.elconfidencial.com/economia/2019-08-24/salario-minimo-macdonalds-restaurantes-empleo_2191175/

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies