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5 de julio de 2020

Llenar las calles de policía es el primer punto del programa electoral de Los Verdes en Lyon

Bouagga, del megáfono a la vara de mando

En las últimas elecciones municipales celebradas en Francia, Los Verdes han logrado la alcaldía del primer distrito de Lyon, que será ocupada por Yasmine Bouagga.

Sólo 48 horas después de su elección ya han anunciado que cumplirán su primer punto del programa electoral: llenar las calles de policía. Corresponde a los ecologistas llenar el vacío que la reacción no ha podido conseguir: una “ciudad pacífica”.

Los comerciantes están molestos por el ruido, la inseguridad y las molestias de todo tipo que reducen sus ventas. Durante la campaña electoral presionaron por lo que consideran como una “zona sin ley que ha echado raíces”.

“Hay drogadictos que dejan sus jeringas por todas partes, ¡tenemos hijos!”, dice un residente local. “¡Llevo 20 años viviendo aquí y he tenido que rehacer mi fachada 7 veces!”, añade un comerciante.

Ante la creciente tensión, un candidato de Los Verdes, Valentin Lungenstrass, anunció la creación de un consejo nocturno con un alcalde permanente en cada distrito de la ciudad francesa. Su papel será “discutir con los actores locales para un acuerdo sobre la tranquilidad”.

Bouagga se esfuerza por tranquilizar a los comerciantes con remedio milagroso para todos los males vecinales: más presencia policial. “Pero también necesitamos hacer un trabajo de mediación para calmar las relaciones”, añade.

Ha nombrado un adjunto para encargarse de las cuestiones de seguridad, Jean-Christian Morin, cuya receta también es tópica: “Debemos conseguir que se detenga la venta de alcohol por la noche, a veces a menores, por las tiendas de conveniencia del distrito”.

Ya lo anunciaron durante la campaña electoral: van a reforzar la presencia policial, y cuando dicen que van a hablar con “todos”, también sabemos lo que significa: “todos” son los comerciantes y la policía.

15 de junio de 2020

El negro asesinado el viernes en Atlanta fue alcanzado por la policía de dos disparos en la espalda

Rayshard Brooks, el afroamericano de 27 años que fue asesinado el viernes en Atlanta por la policía, fue alcanzado de dos disparos por la espalda, según los resultados de la autopsia que se publicaron ayer.

Brooks era padre de cuatro hijos, incluyendo una niña que cumplió 8 años este viernes.

El ayuntamiento dio a conocer los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la víctima. “El Sr. Brooks tenía dos heridas de bala en la espalda, que le causaron daños en los órganos y una gran pérdida de sangre”, dijo la oficina del médico forense en una conferencia de prensa.

La ex candidata a gobernador demócrata de Georgia, Stacey Abrams, dijo que el asesinato de Brooks demostraba la necesidad de imponer severas restricciones al uso de la fuerza por parte de la policía. ”Dormirse al volante en un aparcamiento no debería terminar en muerte”, dijo a la prensa (1).

De manera inmediata, Atlanta se ha convertido en el nuevo semillero de ira del movimiento contra el racismo.

La jefa de policía de la ciudad dimitió, el oficial que disparó fue inmediatamente despedido y su colega fue asignado a tareas administrativas.

Brooks fue asesinado en el aparcamiento de un restaurante por la policía. Se había quedado dormido en su coche, aparcado cerca del restaurante de comida rápida. Los encargados llamaron a la policía porque su vehículo entorpecía el camino de los clientes del estacionamiento. Pero el intento de detenerlo se convirtió rápidamente en un drama: borracho, el joven forcejeó e intentó huir, después de agarrar la táser de uno de los policías. Para evitar que huyera, el policía abrió fuego y Brooks murió unas horas más tarde en el hospital después de ser operado de urgencia.

Los abogados de su familia, L. Chris Stewart y Justin Miller, creen saber por qué trató de huir de la policía: “Si estás durmiendo en tu coche y los policías están golpeando tu ventana, el clima actual no es el mejor para las interacciones entre los policías y un hombre negro. Así que puede asustarte tarde en la noche. Así que, sí, te levantas y hablas con ellos, te dicen que quieren que hagas algo, que no es lo que tú querrías hacer. Así que, sí, trató de huir, parece que lo hizo. Pero no lo dejaron ir, estaban decididos a detenerlo. Y lo detuvieron”, dijo en una conferencia de prensa (2).

Estados Unidos ya lleva varias semanas bajo tensión. Los activistas han estado denunciando la violencia policial y el racismo desde la muerte de George Floyd, un hombre negro que fue asfixiado por un oficial durante su detención el 25 de mayo.

(1) https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2020/06/14/rayshard-brooks-death-atlanta-police-officer-fired-chief-steps-down/3186634001/
(2) https://www.atlantamagazine.com/news-culture-articles/what-we-know-so-far-about-the-killing-of-rayshard-brooks/

31 de mayo de 2020

¿Tienen ideología las fuerzas armadas? ¿Y la Guardia Civil?

Darío Herchhoren

En la antigua Roma, los emperadores, estaban protegidos por la Guardia Pretoriana, a cuyo frente estaba un pretor, que era en realidad un funcionario que estaba a las órdenes del emperador. Pero los pretores eran en realidad los que creaban el derecho, y los cinco primeros pretores poseían por disposición del Senado Romano lo que se llamaba el «ius publice respondendi», que consistía en que lo que ellos dictaminaban tenía fuerza de ley. Los cinco primeros pretores fueron Gayo, Ulpiano, Paulo, Modestino y Papiniano, y fueron los únicos que tuvieron esas facultades. Ya consolidado el imperio no hizo falta que esos poderes continuaran en manos de los pretores.

Pero la gurdia pretoriana, no solo cuidaba al emperador, sino que también lo controlaba, y la misma adquirió tal poder que juntamente con las legiones llegaron a elegir a los emperadores, durante la última parte del imperio romano de occidente.

La descomposición del estado romano lo llevó a su caída en el año 1453, en que se acaba el imperio bizantino, que era en realidad el imperio romano de oriente.

El estado moderno es la continuación del viejo imperio romano, ya que su legislación pervive en los códigos modernos, y sus instituciones también.

Todo este circunloquio viene a cuenta de lo sucedido a raiz de la remoción «por falta de confianza» del Coronel de la Guardia Civil Diego López de los Cobos, un oficial muy discutido a raíz de su actuación en el referendum de autodeterminación efectuado en Cataluña en octubre de 2017, y en acusaciones contra el mismo de aplicación de torturas a detenidos.

Al fin la sangre no llegó al río, y todo se encauzó normalmente.

Pero para una mejor comprensión de lo ocurrido vayamos a la ley que que fija la naturaleza y funciones de la Guardia Civil. La misma dispone que la Guardia Civil es un instituto armado de carácter militar, y que depende del ejército español en cuanto a su encuadramiento, y del ministerio del interior en cuanto a su funcionalidad.

Esa destitución provocó una cascada de dimisiones que alarmó a sectores de la derecha política que utilizaron esos hechos como ariete contra el gobierno de Pedro Sánchez.

Esta situación desembocó en una cascada de dimisiones en la Guardia Civil, donde la institución resolvió rápidamente su crisis.

Pero vayamos al fondo del asunto, y para ello echamos mano de la ley que establece claramente que la Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar, y que tiene facultades de policía judicial en el medio rural y en pueblos y ciudades de menos de cien mil habitantes, aunque en la práctica opera en todo el país. La Guardia Civil depende del ejército en cuanto a su naturaleza militar, aunque depende del ministerio del interior en cuanto a su operatividad.

Ahora bien, trataremos de despejar la duda de si la Guardia Civil tiene ideología.

La Guardia Civil, como el ejército y la policía forman parte del estado y están a su servicio, y el estado es la representación de la relación de fuerzas que existe en una sociedad dividida en clases antagónicas que luchan entre si. El estado español es la representación de esas luchas, y es obvio que en España la gran burguesía es la que tiene el realidad el poder. Para entender esto hay que partir de la base de que una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder.

En efecto, a raíz de los llamados pactos de la Moncloa, el franquismo aceptó entregar el gobierno a quien resulte ganador de las elecciones, pero jamás el poder real. En España el poder real, es decir el manejo de la gran banca y de los grandes conglomerados económicos e industriales está en manos de la gran burguesía.

La gran burguesía española es hija del franquismo que la favoreció con generosos créditos, algunos a fondo perdido, y como hija del franquismo ha heredado de su criminal padre sus modos y sus ideas reaccionarias y fascistas que impregnan todo su accionar, y no está dispuesta a ceder un ápice de ese poder.

La CEOE (Confederación Española de organizaciones Empresariales) y el IBEX 35, que es el conglomerado de las 35 mayores empresas que cotizan en bolsa en España son los que poseen el poder real.

Y como reaseguro para ellos, es decir de clase para si, han ingresado a España en la OTAN, y por lo tanto el ejército español, la guardia civil y la policía forman parte de un entramado que existe para perpetuar el statu quo actual.

Y como conclusión diremos que tanto el ejército español, como la policía y la guardia civil tienen la ideología fascista de quien los manda. Son en realidad la guardia pretoriana que cuida al gobierno y además quien lo controla.

10 de septiembre de 2019

El FBI ocultó la intervención de Arabia saudí en los atentados del 11 de setiembre de 2001 contra las Torres Gemelas

Paul Sperry

Tras una larga investigación, el asesor especial Robert Mueller acusó a Rusia de “hacer esfuerzos múltiples y sistemáticos para interferir en nuestras elecciones” y dijo que esta incursión “merece la atención de todos los estadounidenses”.

Pero los investigadores del FBI afirman que su antiguo jefe no sintió la misma preocupación cuando descubrió los múltiples esfuerzos sistémicos del gobierno saudí para ayudar a los secuestradores a prepararse para los ataques del 11 de septiembre [de 2001], una operación mucho más grande, por no mencionar la mortífera influencia extranjera en Estados Unidos.

Como jefe del FBI en ese momento, dicen que Mueller no estaba tan interesado en investigar esta conspiración de espionaje, que también involucraba a agentes de inteligencia extranjeros. Lejos de ello, el expediente muestra que ocultó pruebas que apuntaban a la embajada saudita y a Riad, y que incluso puede haber engañado al Congreso sobre lo que sabía.

Las víctimas del 11 de septiembre están de acuerdo. “Él fue el maestro a la hora de cubrir el papel del reino en los ataques del 11 de septiembre”, dijo Sharon Premoli, que fue sacada de entre los escombros del World Trade Center hace 18 años.

“En octubre de 2001 Mueller puso fin a la investigación del gobierno después de sólo tres semanas, y luego participó en la campaña de Bush para bloquear, oscurecer y, en general, impedir que todo lo relacionado con Arabia saudí fuera conocido”, añadió Premoli, ahora demandante en el juicio del 11 de septiembre contra Arabia saudí.

De hecho, Mueller bloqueó el camino de los propios investigadores que trabajaban en el caso del 11 de septiembre, a la vez que facilitaba la fuga de los sospechosos saudíes, me dijeron varios funcionarios del caso. Luego ocultó las pruebas que sus agentes pudieron descubrir, según el juicio del 11 de septiembre de 2001 contra los saudíes.

A los agentes se les dijo repetidamente que siguieran la pista de la embajada del Reino en Washington, así como de su consulado en Los Ángeles, donde el ex agente del FBI Stephen Moore dirigió un grupo de trabajo el 11 de septiembre sobre los contactos locales realizados por dos de los 15 piratas aéreos saudíes, según testificó el propio Moore en una declaración jurada para el juicio del 11 de septiembre. Concluyó que “el personal diplomático y de inteligencia saudí proporcionó a sabiendas apoyo material a los dos secuestradores y facilitó la conspiración del 11 de septiembre”. Sin embargo, a él y a su equipo no se les permitió entrevistarlos, según dijo en el juicio.

En Washington, el ex agente del FBI John Guandolo, que trabajó en casos de terrorismo desde la oficina de Washington D.C., dijo que el entonces embajador saudí, el Príncipe Bandar, “debería haber sido tratado como un presunto terrorista” por dar dinero a una mujer que financió a dos de los piratas del 11 de septiembre. Pero tampoco fue interrogado nunca, dice Guandolo.

En cambio, Mueller forzó lo que Guandolo llamó una “petición escandalosa” de Bandar en los días posteriores a los ataques para ayudar a evacuar a docenas de funcionarios saudíes del país, incluyendo al menos a un pariente de Osama Bin Laden que estaba en la lista de vigilancia terrorista. Mueller aseguró su evacuación segura al avión utilizando agentes como escoltas personales, según documentos del FBI obtenidos por Judicial Watch. Los funcionarios que deberían haber interrogado a los saudíes actuaron como sus guardaespaldas.

En 2002 Mueller impidió que los agentes detuvieran al religioso saudí de Al-Qaeda que asesoraba en privado a los secuestradores, dijo Raymond Fournier, un agente de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo en San Diego en ese momento. “Fue responsable de la cancelación de la orden de detención de Anwar Al-Awlaki por falsificación de los pasaportes”, dijo Fournier. Incluso ordenó a los agentes que retenían al fanático en el aeropuerto JFK [de Nueva York] que lo pusieran bajo la custodia de un “representante saudí”, dijo Fournier. El FBI ha cerrado su investigación sobre Awlaki, a quien se le permitió salir de Estados Unidos en un avión saudí. “Poco después tuvo lugar el tiroteo en Fort Hood y las huellas dactilares de Awlaki estaban por todo el escenario”, dijo el ex agente del FBI Michael Biasello, quien ayudó a trabajar en el caso de terrorismo de Texas.

Al mismo tiempo, Mueller impidió que un agente experimentado investigara una pista de que un asesor de la familia real saudí se había reunido con algunos de los secuestradores saudíes en su casa de Sarasota, Florida, cerrando así el atestado. La casa fue abandonada de repente dos semanas antes del 11 de septiembre.

Mueller incluso intentó detener una investigación del Congreso sobre los secuestradores saudíes y sus contactos en Los Ángeles y San Diego, dijo Bob Graham, quien dirigió la investigación conjunta como presidente del Comité de Inteligencia del Senado. “Las objeciones más fuertes a la visita de sus investigadores a las oficinas del FBI vinieron del propio director del FBI”, dijo Graham en una entrevista con la revista Harper’s en 2017. Entre otras cosas, Mueller rechazó sus solicitudes de entrevistar a un confidente pagado del FBI que durmió con los secuestradores e incluso los trasladó a una casa segura donde no pudieron encontrarlo, dijo Graham. Mueller, junto con la Casa Blanca, escribió 28 páginas detallando los vínculos entre Arabia saudí y el 11 de septiembre en el informe del Congreso.

También testificó ante el Congreso, de una manera que, como mínimo, cabe calificar de engañosa. En una audiencia a puerta cerrada en octubre de 2002, Mueller declaró que sólo había sabido de la existencia de vínculos con el 11 de septiembre de 2001 como resultado del trabajo conjunto de investigación: “Algunos hechos se revelaron a mí aquí que, francamente, no se conocían anteriormente”. Pero Moore dijo que en 2001 le informó a Mueller diariamente sobre tales conexiones.

Mueller también declaró que ninguno de los secuestradores contactaron con ningún simpatizante terrorista conocido en Estados Unidos, a pesar de que los propios archivos del FBI mostraban que habían estado en contacto con al menos 14 sospechosos de terrorismo en Estados Unidos antes del 11 de septiembre, incluyendo algunos que trabajaban para el gobierno saudí.

Mientras los medios de comunicación de Beltway retrataban a Mueller como un ex marine cuya integridad es tan cuadrada como su mandíbula en forma de linterna -un policía que no puede ser corrompido-, otros saben mucho más.

“Es un villano y un arrogante”, dijo el ex agente del FBI Mark Wauck, quien agregó que su ex jefe tiene una larga historia como “servidor del Estado profundo”, o de la clase dominante permanente de Washington.

Un portavoz de Mueller se negó a hacer comentarios. Pero algunos agentes dicen que sólo seguía órdenes de la Casa Blanca.

El ex agente Mark Rossini dijo: “Los saudíes fueron liberados gracias a la Casa Blanca”. Todavía puedo ver la foto de “Bandar y Bush disfrutando de puros en el balcón de la Casa Blanca dos días después del 11 de setiembre”.

Otros notan la hipocresía de Mueller al atacar al presidente Trump por conspirar con un enemigo extranjero.

“Al final, Mueller no investigó a los implicados en los atentados del 11 de septiembre que estaban vinculados al gobierno saudí”, dijo un ex funcionario de contrainteligencia de Estados Unidos. “Tal vez si fueran rusos, estaría interesado. Pero no estaba interesado en investigar a los terroristas [saudíes] que asesinaron a los estadounidenses”.

https://nypost.com/2019/09/07/robert-mueller-helped-saudi-arabia-cover-up-its-role-in-9-11-attacks-suit/

10 de mayo de 2019

Pistolas táser para la policía: la legalización de la tortura en Argentina

El gobierno argentino capitaneado por Macri ha autorizado a la policía el uso de pistolas táser, un elemento de tortura prohibida en la mayoría de los países. Estás armas estarán en manos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires (como el resto de las fuerzas), con el único propósito de avanzar contra la protesta social y la clase trabajadora, afirmó a AIM el referente de Vendedores Libres, Omar Guaraz.

Según el Protocolo que “regula” el uso de las táser, estas armas serán usadas (entre otros ámbitos) en los delitos de Acción Pública, atentados y resistencias a la autoridad. En ese sentido, “se dará vía libre a la figura más usada por las fuerzas policiales para justificar la represión y centenares de detenciones ilegales en los últimos años en nuestro país”, remarcó Guaraz.

En ese sentido, “el colectivo más afectado por esta fuerza policial, acusados de vandalismo y reprimidos, fueron los vendedores ambulantes y manteros, quienes serán las primeras víctimas de esta medida”, agregó.

“Nadie conoce más que este colectivo en la práctica el terrorismo estatal del alcalde Rodríguez Larreta”, aseveró y añadió: “Aparte de los tonfasos [porrazos], los fusilamientos con balas de gomas, los gaseamientos sistemáticos con gas pimienta, hoy será utilizado este elemento de tortura de nuestro tiempo contra vendedores y las reivindicaciones del pueblo trabajador”.

El gobierno actual que “en tiempos electorales sin nada que ofrecer ante el fracaso económico que ha llevado a la desocupación deliberada, a los salarios a niveles de miseria y a la pobreza extrema a gran parte de nuestro pueblo, hoy instala su agenda de seguridad que no es otra cosa que una campaña permanente de estigmatización y falsedades para avanzar contra su único propósito: la clase trabajadora y un pueblo que resiste al ajuste”, manifestó Guaraz.

“Hoy el gobierno insiste en la represión poniendo en manos de las fuerzas de seguridad adoctrinadas en el odio al pueblo una herramienta [las táser], en muchos casos letales, para ser utilizada contra nuestra sociedad”, dijo el referente del sector de Vendedores Ambulantes, y repudió el avance de una gestión que “nos retrocedió a los tiempos más oscuros de nuestro país, cuyos responsables hoy han vuelto a gestionar mediante el fraude electoral y la mentira los mismos intereses que en el pasado”.

http://www.aimdigital.com.ar/la-legalizacion-de-la-tortura/

Nota: en Argentina llaman “tonfas” a las porras que portan los policías

6 de abril de 2019

En el Ministerio del Interior no hay cloacas; la cloaca es el propio Ministerio

Juan Manuel Olarieta

A raíz del espionaje policial a Podemos se ha puesto de moda afirmar que dentro del Ministerio del Interior hay cloacas, de donde se deduce que hay algunos departamentos que no son nauseabundos, como la dirección general de prisiones, por ejemplo, o que en los demás Ministerios no hay cloacas ni nada parecido a ellas.

Si yo tuviera un cargo público y quisiera presumir de demócrata haría una reférendum casi todas las semanas para preguntar a “la ciudadanía” lo siguiente: sufrido elector, si pudieras meter al Estado en un barco que naufragara, ¿qué organismo público salvarías? Luego daría un listado como el siguiente: Universidad Rey Juan Carlos, Agencia Tributaria, Tribunal Constitucional, Corona, Banco de España, Senado, autonomías, ejército, fiscalía…

Incluso metería en la lista a otro tipo de organismos, como la Unión Europea, la OTAN, el Fondo Monetario Internacional, la ONU…

La viuda del mercenario Jean Pierre Cherid acaba de publicar un libro sobre las cloacas del Ministerio del Interior, que conoce muy bien porque su marido formó parte de ellas hasta que sus jefes, o sea, los jefes del Ministerio, lo asesinaron en 1984, según confiesa ella misma, cuando el PSOE estaba en el gobierno.

Luego las cloacas no nacieron con Villarejo sino que Villarejo se incorporó a ellas casi el mismo tiempo que Cherid se dedicaba a asesinar y poner bombas, lo cual ocurrió tanto en pleno franquismo como después (porque el franquismo no ha acabado).

De ahí que Pablo Iglesias equipare la vigilancia policial sobre Podemos con los GAL de la manera torpe a la que nos tiene acostumbrados. “Lo que le ha ocurrido a Podemos es lo más grave desde los tiempos de los GAL”, dice.

Contra Podemos las cloacas policiales trataron de orquestar ese tipo de montajes, cierto, aunque no son nada novedosos, sino todo lo contrario. Hicieron lo que estaban acostumbrados a hacer. Pura rutina. La conclusión del montaje es que antes todo era ETA y ahora todo es Podemos.

Todo montaje nauseabundo acaba en dos cloacas. La primera de ellas es la prensa. Cuando un reportaje se apoya en “fuentes bien informadas”, se refiere a tipos como Villarejo, que se ha hecho millonario con la compraventa de “información” (entre otros negocios a cada cual más nauseabundo).

La segunda es la fiscalía, parte integrante de todos los circos propagandísticos. Como dijo el ministro Fernández Díaz, la fiscalía se dedica a “afinar” los informes que le presenta la policía, algo que en el caso de Podemos no hizo.

Hizo algo peor: echó tierra encima de las heces que la policía le puso sobre la mesa sabiendo que la colitis era ilegal. Es lo mismo que se repite una y otra vez desde la transición: tierra encima de los cadáveres, más fosas comunes, más silencio y, por lo tanto, más impunidad.

Hay “miedo a investigar las cloacas del Estado”, dice José Antich, director del periódico catalán El Nacional. ¿Miedo? ¿Quiere decir que no vivimos en un país libre?

A estas alturas hay muy pocos motivos para quedar sorprendidos de que ocurran este tipo de cosas. Los informes de las cloacas policiales sobre Podemos son de la misma factura que los de Askapena, las herriko tabernas y el amplísimo entorno de ETA. ¿Acaso no ven el desfile de cloacas que comparecen cada día en el juicio por el referéndum catalán?

Cuando durante 40 años un Estado se esfuerza por aparentar algo que no es, todo es una gran cloaca.

25 de marzo de 2019

Un militar condenado por los falsos fusilamientos de Abena, en 1984, dio un seminario para los empresarios de Guadalajara

El General Jaime Íñiguez, en Guadalajara

El pasado jueves 21 de marzo, el general de división del Ejército de Tierra y comandante del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, Jaime Íñiguez, dio una charla para acercar a los directivos de varias empresas de la provincia sobre cómo las tácticas militares pueden ser de gran ayuda dentro de la empresa. La charla estuvo llena de elogios hacia las Fuerzas Armadas y su «tesón» en situaciones de crisis, y el militar proponía trasladar estas tácticas al mundo empresarial, pues según él, la empresa es un escenario parecido a una guerra.

El autor de este seminario tiene motivos para pensar así. Y es que este general ascendido en 2014 por el gobierno de Mariano Rajoy a su actual puesto, fue protagonista hace algo más de tres décadas de un infame episodio revelador de quiénes son los verdaderos enemigos del Ejército español. El evento estaba organizado por la Fundación Ibercaja y la «Asociación para el Progreso de la Dirección» (APD).

Los falsos fusilamientos de Abena

El miércoles seis de junio de 1984 se intuía el inicio del verano en el
Pirineo. Con la caída del sol, y aprovechando que las temperaturas eran
ligeramente más suaves que en las jornadas precedentes, los vecinos de
Abena, un pequeño pueblo de Huesca situado a 20 kilómetros de Jaca,
coincidían en la Plaza Mayor y en las calles de localidad; era un buen
momento para cambiar un saludo y comentar las pequeñas incidencias del
día a día antes de retirarse a casa para cenar.

De repente ocurrió algo inesperado: comenzaron a oírse voces y gritos provenientes de la plaza. Los vecinos, movidos por la curiosidad, se acercaron a ver qué ocurría. Allí se encontraron con un grupo de una veintena de militares, vestidos de camuflaje y con las armas bien visibles que identificaba a quienes iban llegando. Les pedían los papeles, los interrogaban brevemente y los apartaban a un lado. Sin embargo, los vecinos de Abena no se preocuparon en demasía: la presencia de soldados en maniobras, procedentes de Jaca (donde tenía su sede la Brigada de Cazadores de Montaña) era relativamente habitual.

Lo extraño, sin embargo, era su actitud: el oficial al mando (un capitán), dio orden de reunir a todo el pueblo en la plaza. Los militares se dispersaron en pequeños grupos por las calles, llamando a las puertas y voceando. Unos minutos más tarde, las gentes de Abena –ahora sí, preocupadas y asustadas- se amontonaban delante de su ayuntamiento mientras un teniente procedía a leer en un papel un bando. Un bando de guerra.

Concentraron a los habitantes en la plaza del pueblo

En silencio escucharon como el militar anunciaba que su compañía había tomado el pueblo y descubierto una “red de apoyo a la guerrilla”. Como represalia y en consonancia con las órdenes impartidas por la superioridad, pasarían por las armas a los cabecillas. Dicho esto, los soldados empujaron a dos personas contra uno de los muros del ayuntamiento. Los vecinos los reconocieron de inmediato: eran el alcalde de la localidad, Juan Galindo, y un vecino llamado Generoso Ara. Ante la consternación general, se formó un pelotón de fusilamiento al mando del mismo teniente que había leído el bando. Cuando el oficial gritó la orden de “¡Apunten!”, se oyeron lamentos y protestas. Una mujer comenzó a llorar, pero nadie reaccionó. Hay que tener en cuenta que menos de cincuenta años antes esta misma escena se había repetido en varios lugares de la provincia: los mayores de Abena sabían, por propia y dolorosa experiencia, que en España lo de fusilar a alcaldes en plena Plaza Mayor no era algo impensable, ni mucho menos.

“¡Fuego!”, ordenó secamente el teniente y un instante después el estruendo de la descarga ahogó el coro de murmullos y protestas. Muchos vecinos cerraron los ojos, como hicieron el alcalde y Generoso, convencidos de que –por motivos que desconocían- iban a morir. Pasó lo que pareció una eternidad pero, para alivio y pasmo general, los fusilados siguieron en pie, temblando de miedo e incredulidad. Los soldados, por su parte, comenzaron a reírse: “¡que eran balas de fogueo, hombre!”. Todo había sido, explicaron, parte de las maniobras, una pequeña broma. Que no se preocupasen, que ya se iban.

Asalto de desconocidos a Radio Jaca

Los habitantes de Abena volvieron silenciosos a sus casas. Ese silencio perduró durante las jornadas siguientes. Tenían buenas razones para ser discretos: seis días después, uno de los vecinos se puso en contacto con Radio Jaca y contó lo ocurrido. La emisora lo difundió a las 22h mediante una grabación, ya que entre las 22 y las 23h los periodistas salían a cenar.

En ese lapso de tiempo, un grupo de desconocidos asaltó la emisora, destruyendo todo el equipo técnico –incluyendo las grabaciones- y sustrayendo, de paso, las 30.000 pesetas que se encontraban en la caja. Sin embargo, el esfuerzo fue inútil: la noticia dio el salto a todos los medios de comunicación del país, generándose una enorme polémica. Se supo que los soldados pertenecían a las COE (Compañías de Operaciones Especiales), que realizaban unas maniobras de adiestramiento junto con alumnos de la Academia General de Zaragoza, los futuros oficiales del ejército. Hacía apenas 3 años del fallido golpe de estado del 23-F y mucha gente se preguntó si era normal incluir en un ejercicio el fusilamiento sumario de un cargo democráticamente elegido. ¿Qué tipo de instrucción recibían quienes estaban considerados como la flor y nata de las fuerzas armadas?.

El asunto fue recogido por la prensa internacional y el ejército no tuvo más remedio que reaccionar. Anunció una investigación sobre el proceder del oficial al mando, el capitán Carlos Alemán Artiles y de su segundo, el teniente Jaime Íñiguez Andrade. Tras una pugna judicial el Supremo decidió que el asunto competía a la justicia militar, que un año después condenó a ambos a algunos meses de arresto militar con pérdida de antigüedad durante el tiempo de la sanción.

De los asaltantes de Radio Jaca, nada más se supo. Los únicos indagados fueron, paradójicamente, José Luís Rodrigo y Carlos Sánchez-Cruzar, dos de los periodistas que habían difundido la información, que fueron citados a declarar por el juez militar en el marco del sumario 256/85, que terminó discretamente archivado.

Antonio Román, entre los asistentes

El acto contó con la presencia de Antonio Román, alcalde de Guadalajara. José Luis San José, director provincial en Guadalajara de Ibercaja, fue el encargado de introducir el acto junto con Arturo Orea-Rocha, Regional Sales Director Western Europe BASF. Jorge Sicilia Espuny, Gerente Comercial de Negocio Ibercaja Banco, el ponente anteriormente mencionado, Blanca del Amo, Directora del Centro Cultural de Fundación Ibercaja en Guadalajara el General Jaime Íñiguez de Andrade, así como diversas autoridades políticas y militares, y del ámbito empresarial de la Provincia de Guadalajara e Ignacio Pausa, Director de Recursos Humanos de APD.

10 de octubre de 2018

‘Tercera Dirección’: el servicio secreto británico MI5 es igual que el crimen organizado

El abogado irlandés Pat Finucane

Un servicio de inteligencia al que se le da rienda suelta para cometer “delitos graves” en su propio país es un servicio de inteligencia enemigo de su pueblo.

La sorprendente revelación de que el servicio de inteligencia de Gran Bretaña, MI5, ha disfrutado de esta misma libertad durante décadas, se acaba de hacer pública en un tribunal especial en Londres, creado para investigar los servicios de inteligencia del país a instancias de una coalición de grupos de derechos humanos, alegando un patrón de ilegalidad e incluyendo la colusión en el asesinato.

La política encubierta del MI5 que obliga a sus agentes a cometer y solicitar crímenes graves, como y cuando lo consideran más procedente, se conoce como la “Tercera Dirección”. Este nombre en clave ha sido creado, al parecer, por alguien con una inclinación por todas las cosas de James Bond dentro de una agencia cuyo agente promedio es más probable que sea 5’6 y se quede calvo con una panza y dientes en mal estado que cualquier tipo de mandíbula 007.

El Pat Finucane Center, uno de los grupos de derechos humanos antes mencionados involucrados en llevar a cabo esta investigación del tribunal (Investigatory Powers Tribunal, para darle su nombre de domingo) sobre las infames actividades de la agencia de inteligencia de Gran Bretaña, emitió una declaración condenatoria en respuesta a la revelación de que en 2012 el antiguo primer ministro David Cameron introdujo pautas de supervisión con respecto a la política secreta de la “Tercera Dirección” del MI5.

La decisión de Cameron de hacerlo, afirma el grupo, estuvo lejos de ser tomada noblemente: “No puede ser una coincidencia que el primer ministro David Cameron emitiera nuevas directrices, aunque defectuosas, sobre la supervisión del MI5 solo dos semanas antes de la publicación del informe De Silva sobre el asesinato de Pat Finucane. El Primer Ministro reaccionó a la alarmante evidencia que estaba a punto de surgir de la participación del Servicio de Seguridad en el asesinato. Hasta la fecha, no han responsabilizado a nadie de una agencia pública. Las últimas revelaciones hacen que una investigación independiente sea aún más convincente”.

Pat Finucane, un católico de Belfast, ejerció su oficio de abogado de derechos humanos en un momento en que se negaba el derecho a ser completamente humano a la comunidad católica minoritaria de la pequeña y perdurable avanzada del colonialismo británico en el extremo noreste de Irlanda, también conocida como Irlanda del norte. Fue asesinado por paramilitares unionistas en 1989, cuando el conflicto de décadas de duración eufemísticamente conocido como “los problemas” estaba candente, afirmando que las víctimas eran inocentes, pero no las de ambos bandos.

A diferencia de la gran mayoría de los asesinados y asesinatos en el curso de este conflicto brutal, el de Finucane provocó una larga y dura lucha por la justicia de familiares, amigos y militantes que sobrevivieron. Alegan, de manera bastante convincente, que debería reconocerse que se llevó a cabo con la colusión activa del MI5.

Al retroceder y ofrecer una visión más amplia sobre este terreno, las actividades delictivas de los servicios de inteligencia de Gran Bretaña constituyen un material más que suficiente para un libro de considerable peso. ¡Qué suerte que ese libro ya haya sido escrito! En su “Dead Men Talking: Collusion, Cover Up and Murder en Dirty War de Irlanda del Norte”, el autor Nicholas Davies “proporciona información sobre varios de los asesinatos [durante la lucha contra los independentistas irlandeses], que fueron autorizados en el nivel más alto del MI5 y los gobiernos británicos”.

Pero más allá de los crímenes del MI5 en Irlanda, ¿qué más han hecho esos valientes defensores del Reino a lo largo de los años? Después de todo, ¿de qué sirve tener una licencia para participar en actividades delictivas graves, incluido el asesinato y, presumiblemente, la tortura, si no está preparado para usar (y abusar)? Se plantea la pregunta de cuántas muertes de alto perfil atribuidas al suicidio, causas naturales y accidentes a lo largo de los años han sido los frutos del MI5 en el trabajo.

¿Y qué hay de la posibilidad de participación del MI5 en, nos atrevemos a usar el término, “operaciones de bandera falsa”?

https://www.rt.com/op-ed/440633-british-intelligence-organized-crime/

7 de octubre de 2018

Ministerio de Interior: el tufo de las cloacas no se acaba nunca

Horacio Sainz Ollero

En estos días en que todos los medios de comunicación –y también todos los medios de “intoxicación”, que son muchos y muy poderosos– se dedican a difundir parte de las grabaciones que el comisario Villarejo atesora a buen recaudo desde hace años, y que todos los aparatos del Estado (especialmente el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el centro Nacional de Inteligencia) llevan años intentando encontrar y “neutralizar” sin ningún éxito, quizás deberíamos mirar atrás y buscar las claves de los tres personajes que coincidieron –junto a otros funcionarios o exfuncionarios– en la celebración donde se grabaron sus conversaciones distendidas.

Nos situamos en octubre de 2009, el día 23, según el medio digital moncloa.com. Se reúnen para celebrar una medalla al mérito policial recién concedida al comisario Villarejo. Están en la mesa del restaurante Rianxo en Madrid: altos cargos policiales, el comisario Villarejo, el juez –ahora ex juez– Baltasar Garzón, y la entonces fiscal –hoy ministra de Justicia– Dolores Delgado.

¿Quién había concedido la medalla al mérito al señor Villarejo? El entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que un año después asumiría la Vicepresidencia del Gobierno que presidía Zapatero.

Estamos hablando del aparato de Justicia y Seguridad del Estado nacido tras la muerte de Franco. La transición y los Gobiernos nacidos desde el 77 tienen muchas cosas en común. Voy a destacar tres:

1. El sistema judicial de la dictadura (jueces, fiscales, tribunales constituidos) pasó íntegramente a llamarse “democrático”. Los jueces del anterior régimen –fascista, no lo olvidemos– siguieron en el escalafón hasta sus tardías jubilaciones, de modo que un joven juez del Tribunal de Orden Público –un tribunal de excepción creado para condenar a todo opositor al régimen de Franco– 20 ó 25 años después pudo jubilarse en los más altos niveles de la Magistratura.

2. La policía del régimen de Franco se convirtió en la policía democrática por decreto. Los funcionarios de la Guardia Civil y la policía nacional continuaron en sus puestos, con el mismo derecho a ascender en el escalafón y jubilarse con honores.

En estos cuerpos se produjeron algunas salidas “voluntarias”, solicitadas por los funcionarios más “señalados” por ser torturadores y, en algunos casos, incluso asesinos en ejecuciones extrajudiciales. Esos funcionarios que abandonaron el aparato del Estado fueron condecorados, recibieron el apoyo del Estado y pasaron a trabajar en la empresa privada en puestos de Seguridad (bancos, Telefónica, empresas hidroeléctricas, Gas, Puertos y Aeropuertos…). Un ejemplo es el torturador apodado Billy el Niño, Antonio González Pacheco, condecorado y retirado como jefe de Seguridad de una gran empresa.

3. Todos los gobiernos de la democracia, con la excepción de la breve UCD, han sido gobiernos encabezados por presidentes del Partido Popular o del PSOE. Todos han coincidido en “respetar” el pacto de silencio que firmaron en las trastiendas de la Constitución del 78. Todos han utilizado –y silenciado, cuando ha sido preciso– las cloacas del Estado y a sus “servidores públicos”.

Y ahora encontramos con las grabaciones que sitúan al ex juez Garzón, a la hoy ministra Delgado –ya casi ex ministra– y al comisario Villarejo en muy buena compañía, tomando copas y disfrutando de su amistad en el año 2009.

Y claro está, parece ser que el comisario Villarejo, que ha sido un puntal durante años de los aparatos del Estado en misiones encargadas por el PSOE y el PP tanto en España como en otros países, es quien ha grabado a sus “amigos” y ahora puede chantajear al Gobierno del PSOE, como también podía hacerlo con los del PP, para intentar eludir la cárcel y salvar su patrimonio adquirido de forma dudosa.

El exjuez Garzón, que fue un pilar imprescindible en los años en que el ideal de la Justicia Universal, que llevó a España a primera línea mundial al conseguir procesar a dictadores y genocidas (Pinochet, Ríos Montt, Scilingo y otros), en procesos judiciales en los que la ministra Delgado tuvo una actuación irreprochable, fue luego apartado bruscamente y expulsado de la carrera judicial. Garzón sorprendió a muchos al declarar hace unos meses: “No creo que Villarejo sea el malo de la película. Es un actor más”. (En la entrevista con Jordi Évole en el programa Salvados), y a calificar al excomisario Villarejo como “un gran servidor del Estado”.

¿De qué Estado habla Garzón? ¿del de las renovadas cloacas? ¿del que en los 80 y 90 torturaba de forma salvaje, a veces hasta la muerte, sin que el juez se diera por enterado? ¿Del Estado que ignoraba los derechos de los detenidos, del Estado del que formaban parte condenados en sede judicial en 1998 como el ministro Barrionuevo, el secretario de Estado Vera, el director de seguridad del Estado, Julián San Cristóbal, u otros de menor entidad?

Villarejo, Baltasar Garzón y la ministra Delgado están unidos por su fidelidad a unos gobiernos “democráticos” en que el Estado tenía y tiene servidores “ocultos” como Villarejo.

En la biografía del Villarejo funcionario del Estado hay un agujero negro de muchos años. ¿A qué se dedicaba Villarejo, dónde y por qué viajaba a Sudamérica, África o Asia? ¿De dónde ha salido su fortuna, sus propiedades hoteleras, su capacidad de amedrentar a sucesivos Gobiernos?.

El Estado hay que limpiarlo, empezando por las cloacas de Interior y Justicia, depurando todas las responsabilidades y no permitiendo que un condecorado Villarejo y otros como él –que han convivido y medrado con ministros y secretarios de Estado del PSOE y el PP– sigan hoy condicionando las políticas de una sociedad que quiere poder mirar a su pasado sin tener que taparse la nariz.

Ójala ésto sea posible.

https://blogs.publico.es/verdad-justicia-reparacion/2018/10/06/tres-en-la-carretera-villarejo-garzon-y-la-ministra/

4 de agosto de 2018

Drones, los nuevos ejércitos del crimen organizado

José Reyez

Eficaces para el trasiego de drogas, los atentados terroristas y la recopilación de información y vigilancia para la trata de personas, los drones hoy son la punta de lanza de los principales grupos mexicanos del crimen organizado

De ser el arma top secret del Ejército estadunidense a inspirar incluso los coches voladores autónomos que en breve surcarán las ciudades, los drones hoy son utilizados para el tráfico de drogas a través de la frontera entre Estados Unidos y México, realizar atentados y recabar información de inteligencia valiosa para el crimen organizado.

Entre 2012 y 2017 los drones operados por los cárteles mexicanos efectuaron 850 incursiones a Estados Unidos, según informa la oficina de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República (PGR).

Hoy los operativos de las fuerzas mexicanas y estadunidenses no tienen efectividad. Con sus flotillas de drones, las organizaciones criminales –principalmente el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación– han rebasado a las autoridades.

También conocidos como VANT (por la sigla de “vehículos aéreos no tripulados”), los drones constituyen auténticos ejércitos de organizaciones criminales para el trasiego de enervantes y atentados.

Los drones son eficaces para recolectar información de inteligencia de áreas estratégicas del gobierno y no tardan en incursionar como herramientas del crimen organizado para realizar actos de extorsión.

El uso oficial de los drones para el combate a la delincuencia organizada no está dando resultados, merced a que no es un tema de tecnología, sino de complicidades.

La misma agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) está vinculada con los cárteles de México. Hace 3 años por dejar pasar contenedores con revisión o sin ella la tarifa era de 500 y 1.000 dólares, respectivamente. Ahora las ganancias se han incrementado en 1.000 por ciento con el uso de drones.

El uso de drones por parte de los grupos del crimen organizado ha desarrollado exponencialmente sus capacidades. Hoy están cruzando más droga a Estados Unidos debido a que el modelo de inteligencia de los agentes antidrogas de ese país se ha vuelto anacrónico.

La estrategia de la DEA de “dame una ruta a cambio de quitarte años de cárcel”, cada vez les funciona menos, porque en México ya no hay una estructura piramidal de los cárteles; sus integrantes sólo se van enlazando en términos de operación para el paso de drogas.

En México las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) crearon sus centros de ciberseguridad, uno de cuyos elementos es la administración de drones, en Chihuahua y Sonora, desde donde se monitorea flujo de datos, análisis para ciberataques y, sobre todo, vigilancia con el uso de drones en sitios donde no puede acceder el ser humano.

Los resultados de la vigilancia con el uso de drones están muy vinculados a Estados Unidos, donde iniciaron con este tipo de modalidad, a través del comando sur en Baja California que abarca toda la península y hay más control, pero en el resto de la frontera con México aún es vulnerable.

La estrategia de ciberseguridad del gobierno de López Obrador será operada a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), debido a que actualmente no hay un órgano rector, y la Dirección de Aeronáutica Civil en materia de drones sólo interviene en los que se mueven en cierta altura.

El tema central de los drones es el control, la venta, su utilización y las ganancias de los cárteles de la droga. No está fácil la respuesta oficial a este fenómeno delictivo, ya que los drones se pueden constituir en una ruta para futuras extorsiones mediante amenazas de artefactos en casas de gente políticamente expuesta, como ocurrió recientemente en Baja California.

Se refiere al incidente del 10 de julio pasado, en Tecate, Baja California, donde un par de drones adaptados con granadas de fragmentación sobrevolaron el municipio, hasta llegar al domicilio particular del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Sosa Olachea. Uno de los drones –equipado con cámara de vídeo y audio– cayó durante la noche en el patio sin que detonaran los artefactos.

Hasta ahora la delincuencia organizada no ha utilizado drones para limpiar territorios, pero cuando lo hagan va a ser complicado combatirlos porque sólo algunas zonas y áreas estratégicas del país están protegidas para evitar incursiones de aeronaves no tripuladas, como Los Pinos e instalaciones de la Sedena y la Marina, entre otras.

Zánganos al alcance del crimen

Los drones cada vez incrementan su popularidad y empleo en actividades de la sociedad, su desarrollo y producción en masa satisface a un variopinto de clientes, desde el uso militar, policial, industrial, académico, recreativo, hasta organizaciones criminales que incursionan en esta tecnología para el tráfico de drogas.

Los drones –adaptación al español del sustantivo inglés “drone” (literalmente zángano, macho de las abejas), para referirse a una aeronave no tripulada–, tienen funciones muy avanzadas y capacidades de vuelo automático, menos habilidades para operarlos, condición que los pone al alcance de las organizaciones criminales.

El empleo de los drones por las organizaciones criminales se ha registrado en la frontera de México con Estados Unidos donde grupos delictivos los utilizan para operaciones de tráfico de drogas, obtener vídeo en tiempo real sobre la posición de la patrulla fronteriza y autoridades de seguridad.

Al tener vídeo en tiempo real, los narcotraficantes siguen el movimiento de agentes fronterizos o autoridades, para establecer cruces ilegales en la frontera. Ante esta situación se pierde la efectividad de las patrullas y la capacidad de respuesta por parte de las autoridades.

Los drones se usan en el contrabando ya que pueden transportar de 1 a 3 kilogramos en la frontera o introducir artículos prohibidos a las prisiones, en operaciones en las que los criminales ni siquiera se preocupan por recuperarlo, pues la droga transportada cuesta más que el dron y eso los hace desechables, y con un bajo riesgo para los infractores de ser detenidos.

Las organizaciones criminales utilizan tecnología de vanguardia para satisfacer sus necesidades, desde equipos de comunicación para sus embarcaciones, balizamiento de carga a la deriva para su recuperación, hasta drones con sistemas de control de vuelo, pilotos automáticos y cámaras digitales, fácil de operar por cualquier persona con sólo seguir instrucciones sencillas.

Un ejemplo se produjo cuando la Policía Federal detuvo en junio de 2016 a cuatro hombres a bordo de un vehículo robado en Guanajuato, detectó un arma larga AK-47, cuatro celulares, así como un dron-bomba con detonador remoto, hallazgo que cambió la actitud de las autoridades mexicanas hacia las mafias criminales.

La región donde se hizo la detención –la carretera de Salamanca a Morelia– se ha convertido en laboratorio de cárteles que experimentan con nuevas tecnologías y armas: el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se trata de una copia de los métodos violentos del Califato Islámico, que ha recurrido a drones suicidas. Los cárteles ya utilizaban las papas-bombas, pero el hecho de que las crucen con tecnología de drones, que se compran en internet por 229 dólares, cambia la consideración de sus acciones.

Entre 2012 y 2017 las Fuerzas Armadas y la fiscalía han documentado al menos 850 intrusiones de drones en la frontera México-Estados Unidos, por parte de los cárteles para traficar drogas, y donde grupos criminales también los utilizan para recolectar información y operaciones de vigilancia para la trata de personas.

La fiscalía señala que entre los operativos realizados durante 2017 destaca la detención de un hombre junto con su dron, un DJI Matrice 600 quien intentaba cruzar 6 kilos de metanfetaminas a Estados Unidos. En el momento de su detención se encontraba a 1.83 kilómetros del muro fronterizo de Tijuana.

Los drones constituyen un complemento importante en el uso de tecnología por parte de la delincuencia organizada, para reforzar la vigilancia en tierra que realizan personas (halcones) al servicio de los cárteles de la droga en México.

Pueden ser usados para realizar pedidos a narcomenudistas, al estilo de Amazon, para servicio a domicilio sin ser detectados por las autoridades, lo que resulta de vital importancia para los grupos criminales en la obtención de ganancias y evitar detenciones.

Los drones comerciales de utilidad para las organizaciones criminales trasnacionales tienen que ver con vigilancia y reconocimiento, pues un dron puede identificar objetivos potenciales o vigilar acciones o movimientos de un grupo de individuos, ya sea de una instalación privada, pública o militar.

Por su capacidad de recolectar imágenes, un dron en tan sólo 23 minutos puede tomar cientos de fotografías a baja altura en una muy alta resolución que permite apreciar detalles topográficos a menos de 1 metro cuadrado. Esto le permitiría a un oponente la realización de mapas sobre áreas que se encuentren fuera de sus límites de territorio.

Tienen capacidad de soportar cámaras térmicas o multiespectrales que generan mapas de fuentes de calor en el terreno. La observación por medio de transmisión de vídeo en tiempo real, le permite a un grupo de personas delinquir al planear la incursión a un área restringida mientras se oculta de las fuerzas de seguridad.

A diferencia de México, la estrategia de la Guardia Costera de Estados Unidos ha optimizado sus recursos de vigilancia mediante el empleo de sistemas aéreos no tripulados (Sants). De noviembre de 2017 a enero de 2018, había participado en 23 operaciones de interdicción de embarcaciones con droga y había asegurado 47.000 libras de clorhidrato de cocaína en aguas internacionales.

Jorge Edwin Rivera era el dueño de un DJI Matrice 600 de 5.000 dólares, un dron de enormes dimensiones con capacidad de carga de con 15 kilogramos, alcanzar una altitud de 2.500 metros y diseñado para ver fotografía aérea y aplicaciones industriales.

La policía fronteriza lo detuvo a 1.83 kilómetros del muro cuando pilotaba su dron con 6 kilogramos de metanfetamina. El cristal, cuya venta le habría reportado a Rivera unos 46.000 dólares en Estados Unidos, fue decomisado junto al dron.

El marco legal sobre el uso de drones es de risa

Para preservar la seguridad de ciudadanos y operadores de drones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó en abril de 2015 la renovación de criterios para regular el vuelo civil de aeronaves no tripuladas.

La circular establece que los VANT, sólo pueden ser operados durante el día, en áreas no clasificadas como prohibidas, restringidas o peligrosas, y a una distancia de 9.2 kilómetros de aeropuertos controlados, de 3.7 kilómetros con aeródromos no controlados, y de 900 metros con helipuertos. Prohíbe también el lanzamiento de objetos desde el aire que puedan causar daños a personas o bienes.

La norma establece distinciones en función del peso de los sistemas de tres tipos de drones: de 2 kilogramos de peso o menos; de 2 a 25 kilogramos, y de más de 25 kilogramos.

Señala que los drones de un máximo de 2 kilos pueden ser operados sin que el piloto necesite una autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dependiente de la SCT. Pero si se usan para actividades comerciales, es obligatorio que el operador cuente con un seguro de daños a terceros.

Para aeronaves de más de 2 kilos de peso y para uso recreativo, no es necesaria la autorización de la DGAC, aunque solo pueden volar en clubes de aeromodelismo. Si el fin es comercial, es obligatoria para el operador la autorización de la DGAC.

Y para drones de más de 25 kilos, el operador debe contar con una licencia de piloto, y el vuelo se limitará a las condiciones establecidas por la DGAC.

Esta regulación es de risa. La legislación no sólo está desfasada sino que ha sido rebasada por las bandas criminales. Por ello es urgente que el Congreso de la Unión legisle sobre el uso de drones en el espacio aéreo nacional.

México está en la lona en materia de leyes de aeronáutica civil y del uso de drones por parte de civiles y militares, hueco que aprovechan los grupos delincuenciales para usarlos como parte de las herramientas para el trasiego de drogas y recopilación de información, por lo que se requiere que el Congreso legisle desde luego para controlar el espacio aéreo nacional.

Si bien se requiere regular el uso de naves no tripuladas, resulta difícil aplicar la legislación y sobre todo controlar la amalgama de rutas y zonas donde operan los cárteles de la droga, además de que el Estado carece de infraestructura y equipo humano para contrarrestar esta actividad.

Drones y Fuerzas Armadas

La Sedena está empeñada desde hace 10 años en combatir diversos grupos delincuenciales por todo el país. De ahí que su enfoque principal en este tema se haya centrado en conseguir herramientas que faciliten la obtención de inteligencia en apoyo a sus tropas mediante el uso de drones. No obstante, la dependencia nunca ha hecho público el número exacto de drones que opera del fabricante local Hydra Technologies.

Se ha producido un significativo aumento del uso de vehículos aéreos no tripulados tanto militares como civiles en Latinoamérica, aunque no todos los Estados de la región han logrado establecer con éxito programas de investigación y desarrollo de esta tecnología.

La implantación de sistemas en las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad está más avanzada que en el entorno civil.

La Armada de México, a través de su Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico, apostó por la creación de VANT propios, para satisfacer sus necesidades operativas, sin depender de proveedores externos. Hasta 2018 ha concluido dos programas de desarrollo: el llamado VANT y el Sistema de Patrullaje Autónomo y Reconocimiento Táctico de la Armada o Spartaam.

Algunos programas de vinculación académica de la Sedena y la Fuerza Aérea Mexicana han dejado ver que existe algún tipo de proyecto de desarrollo de drones con una universidad especializada en aeronáutica, sin que existan avances significativos hasta el día de hoy, por lo que considera que resulta factible esperar que ambas instituciones generen en el futuro algún tipo de VANT a través de distintos canales de desarrollo interno.

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/08/03/drones-los-nuevos-ejercitos-del-crimen-organizado/