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El sucio historial de la CIA en Guatemala

Efráin Bámaca, guerrillero
La CIA tiene un largo y sangriento historial en Guatemala, como en el resto de América Latina. Pero fue en este país centroamericano donde la agencia empezó sus trabajos sucios en el extranjero, derrocando en 1954 el gobierno más democrático que Guatemala ha tenido en su historia. Muchos guatemaltecos se refieren aún a los gobiernos de Juan José Arévalo y de Jacobo Arbenz de 1944 a 1954 como los «diez años de primavera», porque durante aquella década gozaron por primera vez de educación pública, de salud y de derechos laborales.

Desde que la CIA derrocó al gobierno de Arbenz, ha tenido en su plantilla a algunos de los criminales guatemaltecos más notorios, muchos de ellos ubicados en las estructuras de la inteligencia militar, la G2. Asesores norteamericanos ha apoyado a la G2 en los interrogatorios, procesamiento de datos y el seguimiento de personas y vehículos.

Además, la CIA siempre ha trabajado muy de cerca con la inteligencia guatemalteca, acompañando a agentes de la G2 en operaciones de secuestro, tortura y asesinato.

Desde siempre existió una amplia evidencia del trabajo sucio de la CIA en Guatemala y de sus vínculos con la inteligencia militar. Pero el 22 de marzo de 1995 se destapó la caja de los truenos en Washington y de inmediato, en Guatemala.

Aquel día el congresista estadounidense Robert Torricelli vinculó al coronel guatemalteco Julio Alpírez con el asesinato del dirigente guerrillero Efraín Bámaca, naturalmente actuando al servicio de la CIA.

Conocido en la clandestinidad como Comandante Everardo, Bámaca era un campesino analfabeto que se incorporó a la ORPA (Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas), pasando 17 años de su vida en la clandestinidad. Fue detenido el 12 de marzo de 1992 durante un enfrentamiento con el ejército.

El coronel Julio Alpírez se encargó de su interrogatorio y de sus torturas, ayudado por dos miembros de la G2. Le asesinaron y luego le sepultaron clandestinamente.

El 30 de agosto de 1996 se presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos acusando a Guatemala de la desaparición, tortura y ejecución extrajudicial de Bámaca. La denuncia se resolvió el 25 de noviembre de 2000, condenando a Guatemala a reparar los daños causados.

Kidon: terrorismo israelí con licencia para matar en todo el mundo

La televisión israelí ha admitido que la unidad de asesinato “Kidon”, una subsidiaria del servicio de inteligencia israelí (Mossad), fue autor de al menos 40 operaciones en diferentes partes del mundo, incluido Irán.

Entre las figuras asesinadas por este departamento secreto israelí se encuentran los científicos nucleares iraníes y el alto comandante del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (Hamas), Mahmoud al-Mabhouh, éste último durante una operación realizada en 2010 en Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

Ronen Bergman, un experto en las agencias de inteligencia de Israel, consideró a Kidon como un pequeño Mossad dentro del Mossad, una formación que ofrece entrenamiento militar a sus integrantes en un lugar aislado, e incluso el resto de los elementos del Mossad no saben los nombres reales de sus componentes.

Una de las principales tareas asignadas a los agentes de Kidon es llevar a cabo misiones especiales de secuestro, ejecución y asesinato, según el informe. Entre otras misiones de dicho departamento son llevar a cabo homicidios y asesinatos con éxito con el objetivo de la disuasión, la intimidación y la frustración de las supuestas actividades hostiles contra Israel.

De acuerdo con el documento, Kidon es la única unidad en el mundo que lleva a cabo oficialmente las tareas de asesinato y está compuesto por equipos integrados por una docena de personas cada uno.

Las autoridades palestinas atribuyen, además, a Kidon el asesinato del fundador del movimiento Yihad Islámica Palestina, Fathi Shiqaqi, en 1995.

Los integrantes de la unidad de terror de Mossad o Kidon, que trabajan bajo los nombres de personajes ficticios, se encargan también, del asesinato de los científicos nucleares en diferentes puntos del mundo y de los dirigentes nazis que aún están vivos.

A principios de este mes, el ministro israelí de Asuntos Militares, Moshe Yaalon, admitió en una entrevista concedida al semanario alemán Der Speigel que la inteligencia de Israel estuvo detrás del asesinato de los científicos nucleares iraníes, subrayando: “Está muy claro, de una manera u otra […] el programa nuclear iraní tiene que ser frenado”.

El ministro israelí amenazó abiertamente con más ataques a científicos iraníes o acciones de sabotaje contra los sistemas informáticos del país persa, ya que su gobierno “no va a tolerar un Irán armado con bombas atómicas”.

En los últimos años, cuatro científicos iraníes vinculados al programa nuclear pacífico del país han perdido la vida en atentados terroristas: Masud Ali Mohamadi (enero de 2010), Mayid Shahriari (noviembre de 2010), Dariush Rezaineyad (julio de 2011) y Mostafa Ahmadi Roshan (11 de enero de 2012).

Israel alega que el programa de energía nuclear iraní tiene dimensiones militares, y pese al reciente consenso nuclear alcanzado entre Teherán y el Grupo 5+1 (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China más Alemania), busca presionar a las partes occidentales para que bloqueen un acuerdo definitivo con Irán, algo que considera como un “error estratégico” y una amenaza para su supervivencia.

La negativa israelí a un pacto Irán-G5+1 tiene lugar mientras oculta en sus arsenales más de 200 ojivas nucleares y se niega a adherirse al Tratado de No Proliferación (TNP), tampoco permite inspecciones a sus instalaciones nucleares, pese a los llamamientos de la ONU.

—http://www.hispantv.com/newsdetail/Oriente-Medio/55049/israel-kidon-mossad-asesinato-hamas-Mabhouh

239 trabajadores explotados hasta la muerte en lo que va de año

En España han muerto un total de 239 trabajadores durante su jornada laboral en el primer semestre de este año, es decir, 16 personas más que en el mismo periodo del año anterior, con lo que esta cifra ha aumentado un 7,2 por ciento, según los datos que publica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Los accidentes mortales en el primer semestre de este año aumentaron el 3,3 por ciento. La precariedad laboral y el deterioro de la prevención de riesgos en las empresas disparan el número de accidentes y de trabajadores explotados hasta la muerte.

El número de accidentes con baja laboral ha aumentado un 6,7 por ciento en el primer semestre del año respecto al mismo periodo del ejercicio precedente, de los cuales un 6,6 por ciento han ocurrido durante la jornada de trabajo.

En este sentido, el aumento de los índices de incidencia indica que la siniestralidad laboral aumenta a un ritmo muy superior al empleo, ya que la prevención de riesgos laborales es una de las partidas presupuestarias más perjudicadas por la crisis económica.

Estados Unidos exporta criminales

Atilio Borón

En Clarín de domingo hay una pequeña nota de Gustavo Sierra con el título de «Las maras desangran El Salvador» (domingo 23 agosto 2015, p. 32) En ella se habla de la ola de violencia que sacude a ese país centroamericano. Según el autor en tres días «murieron 125 personas en los enfrentamientos entre los pandilleros y con la policía o el ejército».

La nota abunda en otros detalles: la fenomenal tasa de homicidios en El Salvador actual, 90 por cada 100.000 habitantes. A efectos comparativos digamos que, según las cifras producidas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el año 2012, la tasa para Estados Unidos era de 4.8; 5.5 para Argentina; Brasil 21.8 y Honduras 66.5. En ese mismo año, la tasa para El Salvador era de 41.2, siempre sobre 100.000 habitantes.

Es decir que una tasa ya de por sí muy elevada más que se duplicó en menos de tres años y, especialmente, en los últimos meses.

Obviamente que hay muchos factores que explican este desgraciado resultado y no es este el momento de examinarlos aquí. De hecho, en la nota de Sierra se mencionan algunos de ellos pero se omite el que, en la violenta irrupción de estos días, es sin duda el más importante: la decisión del gobierno de Estados Unidos de liberar a cientos, probablemente miles, de «mareros»  que estaban recluidos en diversas cárceles de ese país y enviarlos directamente a El Salvador.

Esto ya de por sí no es precisamente un gesto amistoso para con el país al cual se le remite tan nefasto contingente, pero es mucho más grave si previamente se «limpia  el prontuario de esos delincuentes de forma tal de imposibilitar que se pueda impedir legalmente su ingreso a El Salvador».

Con sus antecedentes delictivos convenientemente purgados nada puede detenerlos, y los malhechores se convierten en gentes que regresan a su país de origen sin tener ninguna cuenta pendiente con la justicia. Una canallada, ni más ni menos.

¿Cómo interpretar esta criminal decisión? Va de suyo que esto no pudo haber sido una súbita ocurrencia de las autoridades carcelarias norteamericanas que un día decidieron soltar a casi todos los «mareros». Una política de tamaña trascendencia se adopta en otro nivel: el Departamento de Estado, el Consejo Nacional de Seguridad o la propia Casa Blanca. El objetivo: generar una ola de violencia para sembrar el caos y provocar el malestar social que desestabilice al gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martín de Liberación Nacional, en línea con la prioridad estadounidense de «ordenar  lo antes posible el díscolo patio trasero latinoamericano sacándose de encima a gobiernos indeseables».

Por eso un gesto tan inmoral y delincuencial como ese, que se ha cobrado tantas vidas en El Salvador y que seguramente se cobrará muchas más en los próximos días.

Indiferente ante las consecuencias de sus actos, Washington prosigue impertérrito dando lecciones de derechos humanos y democracia al resto del mundo mientras aplica, sin pausa, las tácticas del «golpe blando» en contra de quienes tengan la osadía de pretender gobernar con patriotismo y en beneficio de las grandes mayorías populares. El autoproclamado «destino manifiesto» de Estados Unidos es exportar la democracia y los derechos humanos a los cuatro rincones del planeta.

Lo que hace, en realidad, es exportar criminales.

Fuente: http://www.atilioboron.com.ar/2015/08/estados-unidos-exporta-criminales-no.html

Nestlé es ascusada de producir con mano de obra esclava

El jueves la multinacional suiza de la alimentación Nestlé fue acusada formalmente ante los tribunales de California de apoyar deliberadamente la esclavitud y el tráfico de seres humanos entre los marineros de Tailandia que faenan en los buques mariscadores.

En nombre de los compradores de alimentos para los gatos, un abogado presentó el jueves una querella contra Nestlé. En un comunicado de prensa, un abogado que representaba al bufete Hagens Berman dijo que los alimentos para gatos de la marca “Fancy Feast” están producidos con el marisco capturado por marineros que trabajan en condiciones de esclavitud.

Según la querella, a través de un suministrador tailandés, Thai Union Frozen Products Pcl, Nestlé importa más de 12.000 toneladas de alimentos para animales elaborados a base de mariscos que vende luego a grandes marcas comerciales en Estados Unidos. Una parte de esa producción se elabora con mano de obra esclava.

Hombres y adolescentes llegados a Tailandia de los países vecinos más pobres, como Camboya o Birmania, se venden a los armadores de los barcos de pesca, que imponen unas condiciones laborales muy peligrosas para la vida de los trabajadores, así como jornadas de trabajo de 20 horas diarias, pagando salarios irrisorios o absolutamente ninguna cantidad, bajo la amenaza de ser golpeados o incluso asesinados, dice la querella.

“Escondiéndolo al público, Nestlé a conducido de hecho a millones de consumidores a sostener y estimular la esclavitud en esas prisiones flotantes”, ha expuesto Steve Berman, uno de los socios del bufete de abogados que ha presentado la querella en California, en un comunicado en el que invita a los usuarios de las marcas comerciales de Nestlé a sumarse a la denuncia judicial.

El crimen más organizado, el crimen de Estado

En nombre de la lucha contra el terrorismo, Francia acelera sus operaciones clandestinas para asesinar a personas señaladas como objetivo sin juicio previo. El Presidente de la República François Hollande tiene una lista de objetivos potenciales de personas a liquidar, cuya composición discute regularmente con altos dirigentes del ejército y de la inteligencia.

Este programa de crímenes de Estado existe en un país donde está abolida la pena de muerte, lo que destaca la degeneración profunda de la República francesa. Mientras las guerras imperialistas se generalizan en su antiguo imperio colonial y que la crisis social se generaliza en Francia, el Estado vuelve a los niveles de criminalidad de la guerra de Argelia y del régimen de Vichy.

La prensa francesa ha revelado y aplaudido el programa de asesinatos llevado a cabo por París, sobre todo en las regiones en las que Francia ha lanzado intervenciones militares pretendidamente para luchar contra el terrorismo en África y Oriente Medio.

En un artículo publicado el 8 de agosto, titulado “Guerra contra el terrorismo, permiso para matar”, la revista Le Point insiste en que el Presidente francés tiene derecho a matar a una persona, aunque no haya sido acusada y mucho menos declarada culpable de ningún delito. El semanario escribe: “El Estado tiene derecho a su parte de sombra. El Presidente de la República tiene derecho de matar, a pesar de la abolición de la pena de muerte. Monarca republicano, el jefe del ejército tiene la facultad de bajar el pulgar para decidir, sólo y con sangre fría, de acabar con la vida de un hombre”.

Según  Le Point, “este derecho es incuestionable porque no está escrito en ninguna parte. Y porque su ejercicio no se discute, ni se comparte, ni se controla”.

Según el sitio estadounidense Slate, la lista de objetivos a asesinar que tiene Hollande “reagrupa los nombres de terroristas y otros enemigos declarados a los que el Presidente de la República autoriza a eliminar sin ninguna clase de juicio. Eso significa matarlo, sin acusación, no importa cuándo, desde el momento en que los servicios secretos o los oficiales de inteligencia militar logren localizarlo”.

Esto destaca la complicidad de toda la clase política burguesa en la creación y promoción en Francia de un aparato estatal entrenado para cometer asesinatos políticos.

La revista Le Point descubre la existencia de un escuadrón de la muerte de la inteligencia francesa: “Existen los medios humanos de ejecutar tales acciones [asesinatos], con una cadena de mando identificada y entrenada que conduce, o bien a fuerzas discretas, las del Mando de Operaciones Especiales, o bien a unidades clandestinas pertenecientes al servicio de acción de la Dirección General de Seguridad Exterior. En el mismo seno de esta última entidad, existe una unidad más misteriosa y aún más escondida que las demás”.

Esta unidad, llamada “Alfa”, e creó en los años ochenta por el general Jean Henrich, director de operaciones de la Dirección General de Seguridad Exterior “para ocultar sus eventuales acciones en los tenebrosos pliegues del mundo de las sombras”, según Le Point.

En su reciente libro, “Los asesinos de la República”, el periodista Vicent Mouzeille expone el programa de asesinatos de los sucesivos gobiernos franceses. Para avanzar sus intereses en África y Oriente Medio, la Presidencia de la República dirige secretamente una campaña de asesinatos de Estado. Nouzille descubre la existencia de una célula clandestina en el interior del servicio de acción de la Dirección General de Seguridad Exterior cuyos agentes están entrenados para ejecutar asesinatos u “operaciones homo” (homicidios) en las zonas de conflicto.

En unas declaraciones que realizó en abril a Sud Ouest dijo: “A mediados de los años ochenta en el seno del servicio de acción se constituyó una minucélula, la célula Alfa que agrupa a una decena de personas. Son asesinos, los ‘pistoleros de la República’. Actúan sin que se pueda vincular su acción a los servicios franceses. A ee servicio de acción hay que añadir el potente crecimiento de las fuerzas especiales, que trabajan en los conflictos declarados, como es el caso de Mali. En el seno de esas fuerzas se han creado mini-grupos de francotiradores de élite que puede identificar y matar a una persona en algunas horas”.

Durante la guerra desencadenada por la OTAN en 2011 para derrocar al coronel Gadafi en Libia, esos comandos, junto con los islamistas vinculados a Al-Qaeda, capturaron, torturaron y ejecutaron a Gadafi. “En el caso de Libia, las fuerzas especiales actuaron vestidas como los civiles. Desempeñaron un papel clave para derrocar al régimen de Gadafi”, dijo Nouzille.

Con Hollande y el gobierno del Partido Socialista el ritmo de asesinatos se ha intensificado a un nivel nunca visto desde la guerra de Argelia de 1954-1962. Durante esta guerra los escuadrones de la muerte franceses asesinaron a centenares de combatientes argelinos del Frente de Liberación Nacional.

Con Hollande entre 2012 y 2015 se han ejecutado más de una docena de Operaciones Homo. Según Nouzille “las fuerzas especiales y el servicio de acción nunca fueros utilizadas tantas veces. Por razones de contexto ciertamente. A partir de 2012 aparece una práctica mucho más ofensiva”.

En mayo Francia asesinó en Mali a Abdelkrim al-Targui, un tuareg que dirigía Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), acusado de participar en el asesinato de dos periodistas franceses en el norte de Mali en noviembre de 2013. Un funcionario francés ha confesado a Le Point: “Nos instalamos en el corazón de las katibas tuaregs de AQMI. Necesitamos cinco meses para entender el medio, encontrar la línea buena de tiro y esperar el momento favorable”.

El programa de asesinatos de Hollande destaca su carácter socialfascista y el de aquellos que, como el Nuevo Partido Anticapitalista, la filial francesa de Podemos, llamaron a votarle en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2012. Apoyaron la agresión imperialista contra Libia y luego han mantenido un silencio cómplice sobre los asesinatos cometidos por Francia.

Hollande es hoy el Presidente francés más desacreditado desde 1945. No tardará en lanzar a la banda de asesinos que ha creado en contra del propio movimiento obrero francés.

En Londres la policía mata a las personas para desahuciarlas de sus casas

Ayer la policía británica mató a un hombre que se refugió en su casa de Brixton, en el sur de Londres, para evitar que le desahuciaran de ella.

Alrededor de las 10.00 de la mañana un funcionario judicial escoltado por la policía se presentó en un edificio ubicado cerca de los jardines Tilson, en Brixton, para ejecutar el desahucio de su morador. Se encontraron con que el hombre se había atrincherado en ella, por lo que volvieron a salir a la calle.

Entonces la policía pidió refuerzos y se pusieron a asediar la casa al más puro estilo medieval. También llamaron a un “negociador” de la policía para mantener entretenido al inquilino mientras preparaban la trampa minuciosamente.

El asedio policial duró unas siete horas simulando una “negociación”, hasta que le tuvieron a tiro y le dispararon cobardemente en la misma puerta de su casa.

Le dejaron gravemente herido y le trasladaron a un hospital cercano, donde murió. La policía británica ha tratado de justificarse diciendo que el desahuciado salió de la vivienda portando un arma. Desde luego que -si es cierto- no le dejaron la más mínima oportunidad de hacer uso de la misma.

Las agencias de noticias ni siquiera dan el nombre del vecino asesinado. ¿Tenía familia?, ¿era anciano?, ¿estaba en el paro? Los asesinatos parecen otra cosa cuando el muerto es alguien anónimo.

Cómo los monopolios manejan los hilos de la Comisión Europea

La reciente publicación de un intercambio de correos electrónicos confidenciales entre grupos de presión de la industria química demuestra hasta qué punto la burocracia de Bruselas es permeable a las influencias monopolistas, incluso aunque esté juego la salud pública de millones de personas.

Desde hace años los monopolios químicos han logrado impedir la prohibición de los denominados interruptores endocrinos. Son compuestos químicos ajenos al cuerpo humano capaces de alterar el equilibrio hormonal del organismo, pudiendo generar la interrupción algunos procesos fisiológicos.

Esos compuestos se encuentran, entre otros, en los plásticos, los dentífricos, las alfombras, los cosméticos y los pesticidas. Algunas investigaciones indican que son responsables de algunos tipos de cáncer, incluso en dosis muy bajas, así como de perturbaciones en el crecimiento y otros problemas de salud.

Un minucioso informe publicado el 20 de mayo por la organización independiente Corporate Europe Observatory desveló las manipulaciones de los monopolios. La autora del informe es la periodista Stéphane Horel, que ha estado investigando el asunto durante dos años, ha capturado los correos internos y miles de documentos comprometedores, no sólo para los monopolios sino para los funcionarios de la Unión Europea.

Los hechos se remontan al 19 de febrero de 2013, cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud publicaron un informe en el que sostuvieron que los interruptores endocrinos constituyen una amenaza para la salud.

Pero, como suele ocurrir en estos casos, los llamados “expertos” de la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, son auténticos mercenarios de los monopolios químicos. Cerca de la mitad de los 18 “expertos” tienen lazos de intereses comunes con la industria química, que les financia sus conferencias e investigaciones, o les soborna como “consultores”.

Por eso, al mismo tiempo que la ONU y la OMS, la EFSA se pronunció a favor de los monopolios y los correos que intercambian entre ellos dejan constancia de que han quedado en ridículo. “Una verdadera pesadilla”, dice uno de los mensajes. “Un trabajo de cerdos”, dice otro. Ante la situación, alguno propone rehacer el informe, “modificarlo de manera significativa”.

Pero cuando los “científicos” europeos quedan en ridículo, los capitanes de la industria saben reaccionar rápidamente porque en diciembre de 2013 estaba prevista la aprobación de la nomenclatura de los interruptores endocrinos. Un correo electrónico de Bayer se dirige directamente a la secretaría general de la Comisión Europea, entonces presidida por Durao Barroso, para amenazar con que una definición “inadecuada” de los interruptores endocrinos tendría consecuencias desastrosas sobre la producción agrícola.

De esa manera la multinacional consigue ganar tiempo y la reunión de la Dirección General de Medio Ambiente se suspende. ¿La salud de 500 millones de europeos?, ¿qué es eso?, ¿a quién le importa? Lo importante son las consecuencias sobre la producción agrícola, u otras parecidas.

A las multinacionales el aplazamiento no les parece suficiente. Diez días después un grupo de 56 “expertos” envía un mensaje a Anne Glover, la consejera científica de Barroso: el proyecto que estudia la Comisión Europea, aseguran los mercenarios, “está basado en una ignorancia completa de los principios de la farmacología y la toxicología”. Quizá sea mejor hacerle caso a ellos, a los auténticos “entendidos”.

Los auténticos “entendidos” son gentuza como Wolfgang Dekant, un toxicólogo que tiene 18 contratos firmados con la industria química, cada uno de ellos pagado con una suculenta subvención. Otro mercenario es consultor de la multinacional Basf, un tercero, Gio Batta Gori se ha embolsado varios millones de dólares procedentes de las multinacionales tabaqueras…

Las presiones de los mafiosos a sueldo de la industria logran sus efectos. El 2 de julio de 2013 la secretaria general de Durao Barroso, Catherine Day, emite una nota interna: dados los “puntos de vista divergentes” que la “comunidad científica” mantiene sobre el asunto, así como el “impacto potencial sobre la industria química y el comercio internacional”, conviene elaborar un estudio de impacto…

En fin, gracias a los “científicos”, los monopolios se salen con la suya y la Comisión Europea no toma una decisión comprometida para la salud de millones de personas. Mientras tanto, el tiempo transcurre despacio, los balances de los monopolios no cesan de engordar y la salud de los europeos sigue comprometida durante dos años más, el tiempo que tarda en elaborarse el famoso estudio de impacto.

Es posible que la Comisión Europea no tome una decisión hasta 2017, pero para entonces ya se habrá aprobado el acuerdo trasatlántico de libre intercambio, que otorgue poderes aún mayores a los monopolios químicos…

El mundo se encamina hacia una gigantesca cárcel

Como es costumbre en ellos, en 1990 los imperialistas nos engañaron. Al finalizar el apartheid en Sudáfrica creímos que, por fin, se imponía la comunicación y la convivencia entre personas de distintas razas.

Al caer el muro de Berlín también nos dijeron que se imponía la comunicación y la convivencia entre personas de distintas ideologías. Por fin, el mundo era libre y, a partir de entonces, imperaría la libertad de desplazamiento, que había sido obstaculizada por los soviéticos, que lo levantaron para que las personas no huyeran del terror comunista.

Nuestras ilusiones se desmoronaron cuando vimos los estragos causados por el imperialismo en las fronteras que, desde entonces, ya no son soviéticas sino rusas. Tras las guerras del Caúcaso y Ucrania entendimos mejor el Muro de Berlín.

Los propios capitalistas también nos ayudaron a quitarnos la venda de los ojos cuando empezaron a levantar muros por todas partes, esta vez sin la excusa soviética.

En sus posesiones coloniales de Ceuta y Melilla, España levantó vallas casi inexpugnables erizadas de pinchos para que quienes quieran saltárselas se desgarren y se desangren.

En el Mediterráneo, que siempre fue una vía de comunicación entre el este y el oeste, el norte y el sur, la Unión Europea ha puesto en marcha la Operación Tritón para que nadie entre sin el correspondiente pasaporte, más el visado, más una cuenta corriente saneada, más un certificado de vacunación, más…

Dentro de la propia Unión Europea, en el Canal de la Mancha, se ha abierto un campo de concentración que agrupa a todos los que tratan de entrar en Gran Bretaña y son rechazados en la frontera.

Marruecos fue un país pionero levantando muros. Ya ha construido ocho en el Sáhara para combatir al movimiento independentista. Recorren un total de 2.700 kilómetros salpicados de guarniciones militares, campos de minas, radares, baterías de cañones y ametralladoras…

Israel levantó un muro de 723 kilómetros para encerrar a los palestinos en una jaula, someterlos, controlarlos y, cuando les de la gana, bombardearlos y asesinarlos. El muro incluye alambres de púas, zanjas, zonas de arena o tierra fina para detectar huellas, torres de vigilancia, caminos asfaltados a cada lado para permitir patrullar a los tanques, así como zonas adicionales de defensa y áreas de acceso restringido.

En América del norte, Río Grande se ha quedado pequeño para impedir la entrada de latinoamericanos en Estados Unidos y la solución ha sido edificar un gigantesco muro a lo largo de la frontera con México de 1.123 kilómetros de largo. El muro incluye tres barreras de contención, iluminación de muy alta intensidad, detectores de movimiento, sensores electrónicos y equipos con visión nocturna conectados a la policía fronteriza estadounidense, así como vigilancia permanente con camionetas todoterreno y helicópteros artillados. Otros tramos de muro existen en los estados de Arizona, Sonora, Nuevo México, Baja California, Texas y Chihuahua.

Túnez va a construir un muro a lo largo de su frontera con Libia para impedir el paso al interior de los takfiristas libios, a los que en 2011 el imperialismo puso al frente de un país desquiciado y arrasado. Por cierto, los takfiristas libios son los que se financian llevando miles de refugiados en barco a las costas italianas.

Si no espabilamos el mundo acabará siendo un archipiélago de islotes rodeados por muros, alambradas, torres de vigilancia, grandes focos… una cárcel gigantesca en la que los de un lado ni siquiera podemos ver a los del otro (salvo por la tele).

Represión y muertes en las luchas mineras de Perú

Magali Cevallos

El Perú viene impulsando megaproyectos mineros por 20 mil millones de dólares, según palabras del Premier Pedro Cateriano. El país lidera la producción de oro en Suramérica, y ocupa el sexto lugar a nivel mundial; es el tercer productor de cobre a nivel global y ocupa el segundo lugar en la producción de plata. En el año 2010 la consultora Price Waterhouse Coopers denominaba a Perú como uno de los principales centros de inversión minera del mundo. Los gobernantes de turno hablan de cifras y de proyecciones económicas basadas en la extracción de estos recursos, y de la importancia del crecimiento económico que generan las industrias extractivas sin mencionar los costos sociales y ambientales que ello implica.

Tras dos décadas del ingreso de la minería a gran escala no ha sido posible –en su gran mayoría- la convivencia con las poblaciones de las zonas de influencia directa de estos proyectos, cada vez las relaciones se han tornado más conflictivas debido a la defensa del agua y a su modelo de producción local, como es la agricultura y la ganadería, versus un modelo que impulsa a rajatabla las industrias extractivas bajo un crecimiento desordenado y sin una política de ordenamiento territorial. Las concesiones mineras y la aprobación de los proyectos se dan sin medir el impacto social ni ambiental, y el costo de ello viene cobrando muchas vidas.

Durante el gobierno de Alan García (2006-2011) murieron 193 personas en conflictos sociales, 153 civiles. Mientras que en la gestión del presidente Ollanta Humala, las cifras van en ascenso con el conflicto del proyecto Tía María de Southern Copper. En el lapso de 17 días han fallecido tres personas (dos civiles y un policía) en torno a este conflicto, llegando a 60 muertes durante los casi cuatro años del actual gobierno. 253 personas perdieron la vida en los últimos 9 años, debido a que la criminalización y la represión han sido una alternativa para imponer este modelo de desarrollo.

¿Sin licencia social es viable la explotación de los recursos naturales? Actualmente, Conga (Cajamarca) y Tía María (Arequipa) no cuentan con legitimidad social, y proyectos como Tambogrande y Majaz en Piura y Cerro Quilish en Cajamarca no fueron viables por no tener licencia social. Todos estos proyectos impulsados desde el poder Ejecutivo sin diálogo con las poblaciones han dejado como saldo muertos, heridos, defensores ambientales denunciados, secuestro y torturas, como fue el caso de la minera Majaz, donde hubo flagrantes violaciones a los derechos humanos.

Optar por la militarización ha generado una tensa relación y rechazo hacia las fuerzas del orden, en estas disputas han fallecido 41 militares durante ambos gobiernos.

Desde el Poder Ejecutivo se ha ido tejiendo un manto de protección legal a las fuerzas del orden, quienes intervienen mediante represiones violentas en los conflictos. Durante los dos últimos gobiernos –García y Humala- se han aprobado diversas normas legales, como los decretos legislativos: 982, 983, 988, 989, 991 y 1095. Este último fundamenta que las conductas ilícitas atribuibles al personal militar son de jurisdicción y competencia del Fuero Militar Policial. Además se aprobaron leyes como N° 29986 (26 de diciembre de 2012) y N° 30151 del año 2014, que permiten hechos como el levantamiento de cadáveres por efectivos militares y/o policiales sin presencia del fiscal en zonas declaradas en estado de emergencia; exoneración de responsabilidad a policías y militares que maten o hieran en ejercicio de sus funciones.

En el caso concreto de la región Cajamarca, el año 2006, el campesino Isidro Llanos perdió la vida por defender el agua en Combayo. En 2012, el conflicto Conga se cobró la vida de 5 personas, entre ellos un niño. Todas estas muertes se dieron en disputas entre las fuerzas armadas y las poblaciones, ninguno de estos crímenes han sido juzgados, siguen impunes.

En esta región existe un alto índice de criminalización de la protesta y disputas entre los “pro mineros” y los “antimineros”. Entre los años 2004 y 2013 se han registrado 11 muertos, 282 heridos y 303 líderes ambientales procesados, según la sistematización realizada por Gran Angular de los Informes Defensoriales del año 2005 a 2014; y reportes de las ONG como Grufides y la Coordinadora Nacional de DD.HH, y archivos periodísticos.

Los más altos índices de los conflictos también se registran en esta región. En la última década (2005-2014) se han reportado cerca a mil conflictos (977), 80% se debieron a conflictos socioambientales (777); de este último indicador, 480 se debieron al agua (61.7%), mientras los conflictos por tierras fueron 104 (13.3%), de acuerdo a los reportes de conflictos de la Defensoría del Pueblo. La sistematización arroja además que alrededor de la minera Yanacocha se han dado los mayores eventos conflictivos: 241, siendo los más frecuentes alrededor del proyecto minero Conga. La minera Coimolache registra 76 conflictos en la última década, seguida de La Zanja (74), Gold Fields (74).

La expansión minera sin límites es otro de los detonantes de los conflictos. El 40% del territorio de Cajamarca está concesionado a la minería, lo que representa casi 1.5 millones de hectáreas […]

Fuente: http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article2016

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