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En el transcurso de dos días, del 13 al 14 de marzo de 1978, el preso Agustín Rueda sería asesinado entre los muros de la prisión de Carabanchel. En una etapa ya casi final de Transición española. Esa misma noche, otros siete reclusos resultaron heridos junto a este joven de 25 años. El motivo, la construcción de un túnel clandestino en una habitación situada junto al comedor de la séptima galería de Carabanchel.

Tres días después de aquellos hechos, un juez abrió un procedimiento contra el director de la prisión por un presunto delito de homicidio. El subdirector, un jefe de servicios y nueve funcionarios también fueron juzgados por el asesinato de este recluso. A pesar de la gravedad de los acontecimientos, los acusados lograron salir en libertad condicional.

Las horas previas a la muerte de Agustín Rueda tuvieron un carácter especial de agitación en Carabanchel. Y es que uno de aquellos funcionarios, compañero de Emilio, había descubierto en su ronda habitual un túnel de cuarenta metros previsto para una pronta fuga de la prisión.

González recuerda que aquel día tenía permiso en Carabanchel pero que ya había alertado del intenso caldo de cultivo que estaba latente. La fecha no la olvida. 14 de marzo. 39 años después, cuenta las posibles circunstancias que llevaron al asesinato de este joven.

La carta, con fecha del 14 de marzo de 1978, recalcaba duros episodios de aquellas cárceles a las que había aún que democratizar: “Sin duda fue una etapa muy difícil. Cuando algún interno recibía palizas por no levantar el brazo, no podía evitarlo y le dije a más de uno con malas formas  pero qué estas haciendo”, recuerda. El sector democrático de los funcionarios de Carabanchel estaban aún mal vistos en aquellos años dentro de la prisión.

Dos días después de aquella carta que Emilio escribiría por no soportar la presión, sería asesinado Agustín Rueda. “Murió el 14 de marzo y nunca se me olvidará como cambió el ambiente de la prisión. La autopsia de Rueda revelaría un ‘shock traumático’. Nadie hablaba de la brutal paliza. Ni los trabajadores. Ni sus propios compañeros”, destaca Emilio.

En una segunda carta, firmada el 16 de marzo, el entonces funcionario apelaba al criterio del director para una pronta mejora de la situación, tras el asesinato de Rueda. “Tengo confianza en que usted sabrá dictar las normas oportunas para que estos hechos desgraciados no se repitan, en bien, no solamente de los internos, sino del Cuerpo de Prisiones, que debe tener una actuación acorde con los tiempos que vivimos y no con los del pasado”.

Emilio no define bien en su memoria el rostro del preso Agustín Rueda. “Eran tantos”, afirma. Sin embargo, nadie olvidó aquella trágica noche donde los acontecimientos ocurrieron demasiado rápido.

Durante el mediodía de aquel fatídico día 13 de marzo Agustín Rueda fue llamado a declarar por el asunto de la construcción del túnel. Nadie conoce a ciencia cierta las circunstancias en la que se desarrolló aquel interrogatorio. Tampoco los detalles de las brutales palizas donde la mayoría de sus compañeros salieron con múltiples contusiones, producidas en el abdomen y el tórax.

Al salir de aquel agujero, Rueda no podía soportar el dolor. Estuvo más de seis horas agonizando, junto a la presencia de otro de los presos acusados. Ya no pudo moverse de su colchoneta. Se retorcía casi desmallado e incluso se llegó a hacer sus necesidades encima por la falta de ayuda de aquellos funcionarios.

Pasaron las horas. A las once y media de la mañana del día 14, el director de la cárcel de Carabanchel informaba de la ubicación del cuerpo de Rueda en el hospital penitenciario, ya fallecido. ¿Qué había ocurrido? Se preguntaban muchos trabajadores y los propios compañeros de Rueda.

Su cuerpo tenía hematomas y heridas producidas con vergajazos u otros objetos contundentes. El juez quiso saber entonces el origen de las lesiones. La respuesta de aquellos funcionarios fue contundente y veraz para la justicia: “A nosotros nos parece que estas lesiones las sufrió ayer por la mañana, cuando le estábamos trasladando. Se cayó por las escaleras, ¿sabe?, y cuando fuimos a levantarle nos amenazó con un cuchillo, así es que tuvimos que reducirlo”.

César Lorenzo Rubio, destaca en su libro “Cárceles en llamas. El movimiento de los presos sociales en la Transición” que  de todas las muertes, no precisamente pocas, que se produjeron en las cárceles durante aquellos años, la de Agustín Rueda a manos de un grupo de funcionarios de Carabanchel, por lo salvaje e impune de las circunstancias y avanzado del momento, reviste un carácter excepcional .

Un crimen impune

Lorenzo destaca que las extrañas consecuencias de su asesinato retrasó el juicio casi una década, de forma incomprensible. Y es que Lirón de Robles, jefe de servicios de Carabanchel en la fecha, ya había fallecido por un infarto cuando se celebró el juicio. Las defensas de los funcionarios pretendieron hacer pasar la paliza deliberada a Rueda por una maniobra de autodefensa contra el reo, un argumento que carecía de verosimilitud. “Tampoco pudieron hacer creer que los golpes que produjeron la muerte de Rueda se los propinasen individuos, ajenos a los funcionarios cuyo fin era acabar con la vida de Agustín Rueda para imputarles la muerte a éstos últimos”. Lorenzo aclara que “al no haberse tipificado el delito de torturas en marzo de 1978, se incluyó en el Código Penal, en el artículo 204 bis en una reforma de 1983 y no se les pudo acusar de ello, aunque por la voluntad de causar daño para que confesase pero sin intención de matarlo, encajaba plenamente con el tipo de delito”.

El investigador afirma la escasa condena que recibieron los funcionarios y personal implicado. Fueron acusados de lesiones graves, coacciones e imprudencia temeraria con resultado de muerte, castigadas con penas que, en el mayor de los casos, fue de seis años de prisión menor que no llegaron a cumplir, y una indemnización de cinco millones de pesetas que también eludieron al declararse la mayoría insolventes.

“Puede que Rueda tuviera sólo mala suerte. Lo pillaron en el lugar equivocado en el momento equivocado”, sentencia Lorenzo. Sin embargo, concluye que “se topó con unos funcionarios acostumbrados a administrar el castigo a su antojo en su coto particular, y eso no fue mala suerte, sino una práctica mucho más habitual de lo que llegó a trascender a la opinión pública”.