En noviembre de 1988 dos miembros del Servicio de Información de la Guardia Civil se reunieron con el fiscal jefe de San Sebastián, Luis Navajas, para informarle de la participación de decenas miembros del propio cuerpo de la Guardia Civil, así como de la policía, en el contrabando y el narcotráfico de Gipuzkoa.
El fiscal abrió las diligencias informativas 1/89 con la documentación escrita que probaba las conexiones entre los camellos y los uniformados procedente del interior mismo de la Guardia Civil y de cinco narcos a los que tomó declaración.
El 12 de mayo de 1989 le hizo llegar al Fiscal General del Estado, su superior, Javier Moscoso del Prado, el documento con los nombres de los 31 policías y guardias civiles implicados en el narcotráfico. Entre ellos había una decena de mandos de la Guardia Civil de Gipuzkoa, entre ellos al teniente coronel Rodríguez Galindo y otros jefes militares del cuartel de Itxaurrondo.
Era el comienzo del llamado “Informe Navajas”. Cuando el Fiscal General del Estado recibió el informe, no lo registró oficialmente, sino bajo cuerda, como si fuera algo confidencial. Desde el primer momento trató de que no quedara huella alguna para hacerlo desaparecer finalmente.
Algún tiempo después, el entonces diputado de EA Joseba Azkarraga le preguntó en el Congreso al Fiscal General del Estado, que entonces era Leopoldo Torres, por aquel informe. La respuesta fue muy significativa. El fiscal eludió el asunto con la excusa del “terrorismo”. No se podían “introducir dudas sobre la honorabilidad de quienes tienen por misión luchar contra el terrorismo”. Se había creado una casta de “intocables” a los que se les permitía estar por encima de la ley.
El 19 de abril de 1991 la Guardia Civil presentó un contrainforme a Fernando Andreu, que entonces era juez de instrucción en San Sebastián, para desmentir al fiscal punto por punto.
Antes de entregárselo al juez, el contrainforme pasó por las manos de Galindo. Como tituló el 4 de mayo de 1995 el diario El País, la Guardia Civil saboteó cualquier clase de investigación al respecto. “No hay pruebas ni las habrá”, fue siempre el lema de Felipe González y el PSOE al frente del gobierno.
En mayo de 1995 otro Fiscal General del Estado, Carlos Granados, aseguró que las diligencias incoadas habían acabado en noviembre de 1993 con el sobreseimiento de las acusaciones contra todos los implicados, salvo el sargento Enrique Dorado Villalobos, condenado por cohecho. También dijo que el informe fue incorporado “casi literalmente” a las diligencias previas 491/91 del Juzgado de Instrucción 1 de San Sebastián, cuyo titular era Andreu, hoy magistrado de la Audiencia Nacional.
Era falso. Nunca nadie investigó su contenido, ni la policía, ni los jueces. Nadie alzó la voz. Los partidos políticos se callaron como perros. No hubo ni la más pequeña insinuación. Tampoco el fiscal Navajas continuó la investigación. No pudo, no quiso, no supo, o no le dejaron.
El contenido del informe se ocultó, aunque una parte fue desvelado por periódicos que, curiosamente, desaparecieron de la circulación. En 1989 aparecieron algunos extractos en Diario 16 y, posteriormente, por el diario Egin. En 1993 el primer y único ejemplar de la revista “Crisis” también publicó una parte del informe, que comenzaba explicando que la información adjunta era relativa al “foco de corrupción interna detectada en la Comandancia de Gipuzkoa”. Destaba el “exceso” en el patrimonio particular del coronel Galindo y afirmaba tener información sobre “la existencia de una asentada corrupción de miembros del Cuerpo [de la Guardia Civil] en Gipuzkoa”.
Los criminales no sólo eran “intocables” sino que el gobierno del PSOE llegó a ascender a Galindo al rango de general, otro pago más a sus numerosos “servicios”. La “condena” por el asesinato de Lasa y Zabala no llegó hasta 2000, cuando ya nadie se acordaba del narcotráfico.
En 2014 al fiscal Navajas le ascendieron al Tribunal Supremo, seguramente como consecuencia de otra recompensa por el silencio sepulcral mantenido escrupulosamente durante 20 años. Es el mismo sepulcro en el que están enterrados miles de jóvenes vascos víctimas de la heroína.
Uno de los que colaboraron con Navajas en la redacción del informe fue el capitán Juan Miguel Castañeda Becerra, alias “El Califa”. También le ascendieron a coronel y trabajó en el Servicio de Seguridad de la Casa Real y en la Unidad de Servicios Especiales de Información de la Guardia Civil.
En 2009 le detuvieron cuando estaba al mando de la comandancia de Guadalajara por formar parte de la red del gallego Marcial Dorado, el famoso amigo narco del presidente de la Xunta de Galicia Alberto Nuñez Feijóo. Le acusaron de asociación ilícita, blanqueo de capitales y cohecho.
El círculo se acabó cerrando sobre sí mismo porque el Estado había puesto al zorro al cuidado de las gallinas.
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