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15 de diciembre de 2017

La CIA sigue torturando a los presos de Guantánamo 15 años después de su apertura

La tortura persiste en el presidio de Guantánamo, denunció el miércoles, Nils Melzer, relator especial sobre torturas de la ONU. Dijo que había encontrado pruebas de que Ammar al-Baluchi continúa siendo torturado por la CIA en Guantánamo.

La denuncia se produce casi una década después de que Estados Unidos asegurara que había prohibido las llamadas “técnicas de interrogatorio mejoradas”, un eufemismo para referirse a la tortura que fue aprobada por Bush.

Melzer afirmó que Estados Unidos está “en clara violación” del derecho internacional por “no procesar el delito de tortura bajo custodia de la CIA” y agregó que Estados Unidos envió “un mensaje peligroso de complacencia e impunidad a sus sicarios.

El Pentágono ha desmentido las afirmaciones de Melzer de que la práctica de la tortura continua en Guantánamo., pero un informe de 2014 del Comité de Inteligencia del Senado reconoció el uso de la tortura por parte de los Estados Unidos, contra los detenidos en la “guerra antiterrorista”.

Estados Unidos abrió el campo de concentración de Guantánamo en 2002 para albergar a los detenidos, junto con otro tipo de centros similares por todos el mundo, encerrados de manera secreta y sin juicio previo.

Desde su apertura, Guantánamo, también conocida como Gitmo, ha albergado a casi 800 detenidos torturados y en situación ilegal.

Obama admitió que la CIA había “torturado a personas” desde 2001. Antes de llegar a la presidencia, prometió cerrar el campo, pero al final no cumplió.

Hay 41 hombres retenidos en Guantánamo; 26 nunca han sido acusados de un delito, y cinco continúan detenidos a pesar de haber recibido autorización para ser liberados, según un informe de marzo de 2017 de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos.

13 de diciembre de 2017

Se abre investigación por la muerte de un preso torturado en la cárcel de Castellón II

Ahora, por fin, la fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un recluso murciano el pasado mes de octubre en la cárcel de Albocàsser (Castellón II). La familia asegura que el cadáver de Manuel Fernández Jiménez, de 28 años y natural de El Puntal (Murcia), presentaba cardenales y signos de haber sido maltratado.

Manuel Fernández estaba cumpliendo condena, en primer grado de tratamiento y régimen de aislamiento, en la cárcel de Castellón II. El 22 de octubre, domingo, llamaron por teléfono a su madre, diciéndole que Manuel había fallecido a la una de la madrugada de ese mismo día, que había faltado al recuento de la mañana y que habían ido a la celda que ocupaba y lo habían encontrado muerto.

Según la Coordinadora Anti Represión Región de Murcia, no le dieron ninguna otra información, más que el teléfono de una funeraria. La madre habló con algún empleado de la misma que le preguntó si quería que trasladaran el cuerpo de Manuel a Murcia y ella le dijo que sí. Cuando llegó el cuerpo, los empleados de la funeraria no les querían dejar verlo. Después de insistir, consintieron en que lo vieran únicamente los padres. Estaba tapado hasta el cuello, de manera que sólo se le veía la cara.

Pero pudieron ver que tenía heridas en ella, la nariz deformada y marcas en la frente. Exigieron que lo destaparan y pudieron ver que tenía lesiones y cardenales por todo el cuerpo: unos extraños puntos negros en la barbilla; marcas en muñecas y brazos, y también en los tobillos; los dedos magullados y varias uñas rotas; cardenales en el pecho y marcas en el cuello, según la Coordinadora Anti Represión.

Hicieron fotos de todo y llamaron a la policía nacional para que vieran aquello. Según la familia, vinieron cuatro agentes, pero se negaron a mirar siquiera el cuerpo, diciendo que no era cosa suya, al haberse producido la muerte en Castellón.

“Los empleados de la funeraria no trajeron ningún papel, ni certificado de defunción, ni informe de la autopsia, ni nada. Les tuvieron que exigir algún documento que certificara la situación, a través de un abogado, ya que se negaban a entregarlo, y les dieron un acta de enterramiento. Fueron con una abogada al juzgado de guardia de Murcia, donde lo denunciaron todo y nombraron una procuradora para pedir los documentos en el juzgado de instrucción nº 4 de Castellón, que lleva el caso. Llegó un papel que solamente decía que autorizaban a enterrar el cuerpo y que había muerto en Albocàsser de muerte súbita a estudio”, según indica la Coordinadora Anti Represión.

La familia se encuentra consternada e indignada por todo lo sucedido. “No sólo les han entregado muerto a un muchacho de 28 años recién cumplidos que unos días antes rebosaba salud; les han comunicado la muerte con verdadera brutalidad; se han resistido en todo momento a facilitarles la menor información sobre lo sucedido: llamaran a quien llamaran, todos les daban largas, sin ningún respeto por su dolor y ansiedad; cuando ven el cuerpo, lo encuentran lleno de huellas que podrían ser de malos tratos…Creen que Manuel ha podido morir violentamente”, señala la Coordinadora Anti Represión.

La familia de Manuel piensa ir hasta el fondo del asunto. Junto a la denuncia, aportaron las fotos de las lesiones que presentaba el cuerpo y solicitaron una segunda autopsia.

“Esa petición fue denegada, en espera de que se conocieran los resultados de la primera autopsia realizada. Finalmente, el cadáver ha sido enterrado sin que se practique la segunda. Se sienten en situación de indefensión, pues hasta ahora no han conseguido de ninguna autoridad acción alguna que pudiera disipar sus dudas”, añade la Coordinadora Anti Represión.

Más información:

– Muere un preso en la cárcel de Albocàsser con signos de torturas y golpes por todo el cuerpo

11 de diciembre de 2017

El Tribunal de la OTAN: un muerto más, un problema menos

Praljak toma un sorbo de cicuta

Es posible que los lectores se hayan dado cuenta de lo mal informados que están cuando los monitores de su televisor les mostraron que un general croata, Slobodan Praljak, se suicidaba delante de sus verdugos, ridículamente disfrados con una toga: “Praljak no es un criminal. Rechazo con desprecio su veredicto”, dijo antes de caer fulminado después de beber un vasito de cicuta.

¿Hay un Tribunal Internacional en La Haya?, ¿siguen los juicios por los crímenes de la Guerra de los Balcanes?, ¿por qué nadie nos informa? Hay que esperar que se produzcan acontecimientos espectaculares como éste que nos sacan de nuestro estupor, pero después del relámpago, la noche vuelve a quedar tan oscura como antes. ¿Se ha acabado el juicio con la cicuta?, ¿a quién juzgan?, ¿a quién condenan?, ¿con qué pruebas?, ¿cuáles son los veredictos?

El lector puede pasarse el resto del día haciéndose preguntas a las que no encontrará respuesta. En los Balcanes se cometieron crímenes contra la humanidad, pero a la humanidad no nos informan de nada.

Es evidente que la Guerra de los Balcanes aún no se ha acabado. Sus protagonistas siguen muriendo, aunque ahora el campo de batalla se ha trasladado a la ciudad holandesa de La Haya. Luego algún payaso dirá ante los micrófonos que en Europa no hay presos políticos, algo que es propio sólo de países difíciles de poner sobre el mapa, como Tanzania o Sri Lanka.

“Los detenidos son acusados que esperan juicio y a quienes, por lo tanto, hay que presumir inocentes, lo que no siempre se comprende bien en el exterior: poseen derechos que no tendrán una vez condenados”, dijo a la prensa Marc Dubuisson, director de los servicios de apoyo judicial del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoeslavia.

Dubuisson es el responsable de la cárcel de máxima seguridad del barrio residencial Scheveningen en la que encierran a los chivos expiatorios de la guerra. Como todo lo que hacemos en Europa, es una “cárcel modelo”, a diferencia de las de Tanzania o Sri Lanka, que dejan mucho que desear en materia de derechos humanos.

Señores africanos y demás termundistas: fíjense bien cómo somos los europeos en estos asuntos. Hemos tenido encerrados a los yugoeslavos durante 15 años en espera de juicio, pero es posible que eso no se lo hayan contado. A uno de los presos (serbio) le tuvieron un año encarcelado con un tumor cerebral antes de enviarle a un hospital de su país, donde murió nada más llegar. ¿Les han contado a Ustedes cuántos altos dirigentes serbios han muerto o se han suicidado en la “cárcel modelo”? Nada menos que seis: ahorcamientos, paros cardiacos, falta de atención médica… ¿Les han dicho sus nombres? Se trata de “presuntos inocentes” como Slavko Dokmanovic (1998), Milan Babic (2006)…

Uno de los acusados, el denostado general Mladic, tuvo varios infartos a lo largo del largo proceso judicial. En una de las sesiones se sintió indispuesto y así se lo hizo saber a esos farsantes togados que componen el Tribunal, que se negaron a interrumpir el juicio por tan pequeña nimiedad para que fuera atendido por un médico. “The show must go on” (el espectáculo debe continuar). “Todo esto no es más una red de mentiras, es un tribunal de la OTAN”, pudo decir Mladic antes de que le cortaran el acceso al micrófono.

El “modelo europeo” ha alcanzado un nivel muy sofisticado de barbarie, que hubiera sido imposible sin el apoyo de los juristas y las cadenas de intoxicación, cuyo papel queda en evidencia una y otra vez. En el banquillo sólo están los figurantes, no los criminales; no está Javier Solana, no se puede mencionar el gran tabú, la OTAN, tampoco a Alemania, ni a la Unión Europea…

En La Haya los jueces están construyendo lo que los jesuitas califican como “una verdad formal” que debe culminar la destrucción de Yugoeslavia, la guerra y los asesinatos con algo que luego los políticos de pacotilla se puedan llevar a la boca durante otros tres decenios, un relato oficial de los hechos al que puedan recurrir como “prueba” diciendo: “Como dijo el Tribunal Penal Internacional en su sentencia…”

Cuando un tribunal dicta una sentencia, ya no hay nada más que hablar.

9 de diciembre de 2017

Frank Olson: el caso del asesino asesinado por sus iguales

El 15 de diciembre Netflix estrena “Wormwood”, una serie que explora el “suicidio” en 1953 de un espía de la CIA, Frank Olson, que participó en el proyecto MK-Ultra para controlar el intelecto humano mediante el uso de drogas, torturas y técnicas psíquicas.

Olson trabajaba como químico en un departamento del ejército, la División de Operaciones Especiales de Fort Detrick, en Frederick (Maryland). Sus investigaciones siguen siendo secretas, aunque se sabe estaba involucrado en el desarrollo de armas biológicas.

En 1953, como Jefe de Operaciones Especiales de la CIA, se asoció con William Sargant, que investigaba drogas psicoactivas en el Centro de Guerra Biológico de Gran Bretaña, en Porton Down.

Sin embargo, en Alemania fue testigo de brutales interrogatorios en los que veía cómo administraban alucinógenos a los detenidos para torturarlos y asesinarlos.

Manifestó su desacuerdo a Sargant y le comentó que pensaba abandonar el espionaje. A su vez, Sargant informó al espionaje británico, a quien aseguró que Olson era un riesgo para la seguridad. Las críticas llegaron a oídos de la CIA, que envío a Olson a uno de sus psiquiatras, quien recomendó que fuera internado en un siquiátrico.

Le intoxicaron con LSD sin su conocimiento, lo que le provocó una severa paranoia y una grave crisis nerviosa. En su última noche en Manhattan, le lanzaron desde el undécimo piso de su habitación del Hotel Pennsylvania, falleciendo inmediatamente. Como es costumbre, la CIA mintió. Dijo que Olson se había suicidado.

Su familia nunca tuvo detalles de la muerte hasta que en 1975 la Comisión Rockefeller empezó a desvelar ciertas actividades de la Operación MK-Ultra. La CIA admitió que le había suministrado grandes dosis de LSD sin su consentimiento y para tapar el crimen pagaron 750.000 dólares a la familia.

En 1994 su hijo Eric exigió que el cuerpo fuera exhumado. El forense determinó que Olson había sufrido un golpe en la sien izquierda previo a ser arrojado a través de los cristales rotos de la ventana de la habitación. Las heridas y laceraciones producidas por el paso a través de los vidrios no habían sangrado, lo que implicaba una lesión “postmortem”.

La prueba indica que fue asesinado y luego arrojado al vacío. Basándose en estos hallazgos, en 1996 el fiscal de Manhattan abrió una investigación, pero los culpables no aparecieron.

En 2002 la familia hizo una declaración pública en la que acusaba al gobierno estadounidense de mentir a sus ciudadanos y haber asesinado a su padre.

Frank Olson no se suicidó. Es un caso en el que la CIA mató a uno de los suyos.

Más información:

— Ewen Cameron, la ciencia al servicio de la tortura

6 de diciembre de 2017

Las tropas británicas cometieron crímenes de guerra tras invadir Irak en 2003

La fiscal Fatou Bensouda

En su informe relativo a este año 2017, la fiscal del Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, afirma que hay indicios sólidos de que las tropas británicas cometieron crímenes de guerra tras la invasión de Irak en 2003.

La excusa para la invasión, las famosas “armas de destrucción masiva”, era mentira y las consecuencias atroces, hasta el punto de que la fiscal asume la competencia del Tribunal para juzgar a los criminales británicos.

El informe tiene 74 páginas y se publica en la 16 Sesión anual de los Estados que son parte del Estatuto de Roma, el tratado que fundó el Tribunal. La reunión se está celebrando en Nueva York en la sede la ONU.

El informe es el paso previo a la apertura de una investigación sobre asesinatos, torturas y otros crímenes cometidos contra más de mil militares y civiles irakíes detenidos entre marzo de 2003 y diciembre de 2008.

El informe alcanza cotas espeluznantes cuando relata los asesinatos de 52 irakíes mientras permanecían detenidos. La descripción se basa en los informes de abogados pertenecientes a grupos defensores de los derechos humanos, que la fiscal tiene que corroborar con los registros de las detenciones, fotografías, certificados médicos y otros medios de prueba.

La fiscal también alude a la posibilidad de que los tribunales británicos abran una investigación, lo que hasta ahora no se ha producido. El gobierno de Londres ha disuelto el órgano al que había encomendado la instrucción de un expediente sobre los crímenes de guerra de sus tropas, silenciando 675 denuncias, entre ellas 20 por asesinato que estaban destinadas a la Policía Naval, según datos del Ministerio de Defensa.

En 2006 el antiguo fiscal del Tribunal, el argentino Luis Moreno-Ocampo, ya cerró una investigación preliminar por falta de pruebas suficientes.

6 de diciembre de 2017

La bala ‘lavada’ del policía que mató a Caparrós en la transición

Manuel José García Caparrós

Manuel José García Caparrós tenía 18 años, un empleo en Cervezas Victoria y un carnet de CCOO cuando una bala de 9 milímetros acabó con su vida en Málaga, durante la manifestación gigantesca que Andalucía vivió el 4 de diciembre de 1977.

El día en que lo mataron Manuel José llevaba una cazadora marrón y 9.000 pesetas en el bolsillo, quizá su último sueldo por llenar botellas en la fábrica Cervezas Victoria. Hacía poco que se había afiliado a CCOO, faltaban tres semanas para que cumpliera 19 años. Por última vez le oyeron gritar: “¡Asesinos, me han dado!”

Fueron varios días de represión y de guerrilla urbana. La respuesta a la manifestación fue el despliegue de un sinfín de policías pegando tiros: 23 contó el juez, pero hubo muchos más. Entre los disparos que realizó la policía para contener a los manifestantes, una le atravesó la axila izquierda a Manuel José García Caparrós y se le incrustó en el costado derecho, cerca de la cadera. Al poeta Laurentino Heras, que entonces era cura, le zurraron por llevar un crespón negro en su memoria. En el cuartel, la policía le arrancó la barba a piel viva.

Cuarenta años después el asesinato, cometido en medio de disparos, botes de humo y piedras volando, es un caso abierto y una herida aún sangrante para sus tres hermanas. Aunque nuevas investigaciones están arrojando luz sobre el crimen. Las averiguaciones de una secretaria judicial empeñada en esclarecer el caso y de los artífices de un documental que este lunes estrena Canal Sur son el hilo conductor de esta historia. La historia de la muerte del chico que se convirtió en mártir y mito del autonomismo andaluz; de una bala que fue lavada con acetona y nunca permitió procesar a ningún sospechoso, y del hombre, entonces cabo primero de la Policía Armada, al que varios indicios apuntaron como culpable pero que, sobreseído el caso, siguió su vida como agente a 37 kilómetros de allí.

Aquel día, después de resultar herido, Manuel José ingresó ya muerto en la residencia hospitalaria Carlos Haya. En su cuerpo tenía alojada una bala del calibre 9 milímetros corto, fabricada en Toledo. Propia de las armas que utiliza la Policía Armada. Sin embargo, cuando el cadáver llegó a la sala de autopsias, la bala ya no le acompañaba.

El documental 23 disparos -por los 23 tiros que impactaron contra algo aquel día: fachadas, farolas… y el cuerpo de Manuel José-, en el que el policía jubilado Juan Antonio O’Donnell entrevista a varios agentes y civiles que presenciaron los hechos, se revela que “en la sala de autopsia nunca estuvo el proyectil”, según el ayudante de forense que analizó el cuerpo del joven, Antonio García de Gálvez. Alguien, probablemente un médico de urgencias, se la había extraído del cuerpo y la había adherido a la sábana de su cama con un esparadrapo. Así fue como el juez ordenó levantar el cadáver.

A partir de ahí se inicia una investigación judicial de ocho años que acaba en sobreseimiento provisional por falta de pruebas y en la que el proyectil es sometido a 12 traslados de ida y vuelta entre juzgados y hasta a cinco exámenes balísticos. En uno de ellos (el cuarto) se asegura que la bala blindada que mató a García Caparrós pudo ser disparada por el arma reglamentaria de un cabo primero de la Policía Armada de iniciales M. P. R, pero nunca se fue más allá, según ha podido concluir Rosa Burgos, la secretaria judicial que ha escudriñado el sumario que ella misma localizó entre montones de papeles en los sótanos del Palacio de Justicia de Málaga.

Otro policia de gatillo fácil

Su nombre era Miguel Pastor. Nacido en Málaga, tenía 36 años en diciembre de 1977 y poco después se trasladó a la localidad de Vélez-Málaga, en la misma provincia. Dejó su ciudad, pero no su profesión. Ya reconvertido en policía nacional, fue destinado a varios puntos de España, como Lleida y Fuengirola, apunta un conocido. “Ascendió a sargento”, añade esta fuente, “y en Vélez-Málaga se jubiló como subinspector”. Un infarto cerebral lo dejó muy tocado y murió hace unos años, superados los 70.

¿Fue él quien causó la muerte a García Caparrós? No puede decirse con certeza. En opinión de Rosa Burgos, es muy posible, pero “una serie de favores envenenados” dejaron el caso en suspenso. Su tesis es que en plena Transición… hubo un “pacto de silencio”.

Los indicios que se extraen del sumario y que apuntan al cabo Pastor son varios. La secretaria judicial los recoge con detalle en su libro Las muertes de García Caparrós, publicado esta semana y editado por la revista malagueña El Observador.

El primero resulta quizá insignificante. Cuando arranca la investigación, aquel mes de diciembre, el juzgado cita a varios policías. Entre ellos, al cabo Pastor. Pero no acude a la cita. “El cabo primero de estas Fuerzas don M. P. R. se encuentra enfermo en su domicilio y bajo tratamiento por padecer cistopielitis”, alegó un teniente médico.

El 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, acaba declarando, por primera y última vez. Explica que él estuvo allí, cerca de donde dispararon a Manuel José, pero que no utilizó su arma. Sin embargo, otro testigo le contradice: el cabo Pastor, hombre “de complexión fuerte, atlética, con nariz aguileña”, no sólo efectuó un disparo, sino varios…

El entonces diputado de UCD y actual alcalde popular de Málaga, Francisco de la Torre, recuerda aún hoy una escena que el propio cabo Pastor relata en su declaración. De la Torre se cruzó con el cabo, que “llevaba el arma en la mano”, y le conminó a que “la enfundara”, que allí había mujeres y niños.

Pasaron cuatro años hasta que el abogado de la familia de García Caparrós solicitó una prueba balística con la pistola del cabo y la de otro agente. La Policía respondió entonces al juzgado que su arma había sido dada de baja el 31 de enero de 1979, a pesar de que funcionaba correctamente.

Siete años después de la muerte de Manuel José, otro informe cuestiona que la bala tantas veces analizada sea la que mató al chico porque no tiene restos orgánicos: según consta en el sumario, había sido “limpiada” con acetona. Así que el 24 de junio de 1985 el juez acuerda el sobreseimiento del caso.

El crimen se investigó judicialmente, sí, y también hubo una comisión de investigación secreta en el Congreso de los Diputados (cuyas actas íntegras aún reclaman las hermanas de Manuel José). Pero no se concluyó nada. Caso prescrito. Así hasta hoy.

‘El más besucón’

En estos 40 años han muerto los padres del chico y son sus tres hermanas quienes lo recuerdan. Para ellas era “Manolito”, tan guapo y tan alto (1,90 de altura), “siempre un buen hijo y un buen hermano”, cuenta a Crónica Loli García Caparrós, la hermana menor. “Era el más besucón de todos: 20 veces llegaba a casa y las 20 les daba un beso en la frente a mi madre y a mi padre. Era tan cariñoso…”

La familia solicitó en su día que Manuel José fuera considerado víctima del terrorismo, cosa que no han conseguido. Sí han visto cómo colocaban una placa en su memoria (con el nombre mal puesto, “José Manuel”, y no en el lugar exacto donde le dispararon) y Raza Mora le dedicó un pasodoble:

Un cuatro de diciembre muere un malagueño
una bala traidora le quitó la vía
tan sólo porque estaba queriendo a su pueblo
y alzando la bandera de su Andalucía

Para las García Caparrós la herida sigue abierta. “¿Por qué nadie nos ha dicho el nombre de ese policía en 40 años?”, se pregunta Loli. “Quien mató a mi hermano fue un cobarde: los cobardes matan y se esconden. Se llevó a una familia entera y eso no se puede olvidar. Sólo queremos saber la verdad”. El cabo Pastor ya no les podrá responder.

http://www.elmundo.es/cronica/2017/12/04/5a219a1a268e3ed1638b4684.html

4 de diciembre de 2017

Los bombardeos de Estados Unidos contra Siria han causado siete veces más muertos civiles que yihadistas

El viernes Airwars y otras organizaciones de derechos humanos denunciaron las muertes de civiles durante los bombardeos de Estados Unidos contra Siria, estimando que en los ataques aéreos murieron siete veces más civiles que combatientes.

Airwars es un movimiento formado por periodistas para denunciar las guerras en el mundo. Aseguran que entre agosto de 2014 y octubre de 2017 5.961 civiles murieron a causa de ataques aéreos en Irak y Siria.

La estimación oficial del Departamento de Defensa se sitúa en 801, por encima de las 484 muertes confirmadas hace seis meses, y el gobierno dice que todavía está evaluando cientos de informes de posibles víctimas no intencionadas.

En total, Estados Unidos ha registrado alrededor de 1.800 muertes de civiles, aún mucho menos que las estimaciones de Airwars.

En julio Amnistía Internacional calculó que más de 5.800 muertes no militares en los dos países habían resultado de las acciones de Estados Unidos, que “no tomó precauciones efectivas para proteger a los civiles”.

En un informe el mes pasado el New York Times describió la agresión de Estados Unidos contra Siria como “la guerra menos transparente en la historia reciente de Estados Unidos”. La campaña de bombardeos estadounidenses causó muertes civiles aproximadamente 31 veces más frecuentemente de lo que el gobierno ha informado.

La aviación estadounidense ha provocado un extenso derramamiento de sangre entre la población civil de Siria. Uno de los bombardeos sobre un distrito de Mosul mató al menos a 150 civiles y 119 niños murieron en otro dirigido contra Raqqa.

25 de noviembre de 2017

Acusan de pedofilia a Clinton y a altos dirigentes políticos y financieros mundiales

Nos tememos que los lectores no son aficionados al porno duro, por lo que empezaremos por el principio de un relato que tiene los rasgos del mejor guión de Hollywood “basado en hechos reales”, debiendo aclarar dos cosas para no perder de vista la perspectiva general:

(A) la trastienda de esta película es una contraofensiva mediática de Trump frente a la campaña que viene padeciendo por parte de los medios, del Partido Demócrata y de Hillary Clinton.

(B) suponemos que los lectores saben la primera parte (la ofensiva contra Trump), pero no la segunda (la contraofensiva de Trump).

Se trata, pues, de hablar de la cara oculta que casi nadie ha visto, ni va a ver nunca en los medios, cuyo argumento se basa en que el antiguo Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton realizó 26 viajes en el avión privado del reconocido pedófilo Jeffrey Epstein.

A dicho avión, ampliamente utilizado por los famosos de Washington, Hollywood y Wall Street, la prensa lo llama “Lolita Express”. En él Epstein instaló camas y cámaras para filmar las orgías de sus invitados con niñas y niños menores de edad en las que también participaban dirigentes de otros países, como el Príncipe Andrés de la Corona Británica.

Ahora mismo mencionar a Epstein es como una maldición en Estados Unidos. En 2008 al financiero de Wall Street le condenaron por haberle pedido relaciones sexuales a una niña menor de edad. Pasó 13 meses en prisión y está fichado como delincuente sexual del nivel 3, el más elevado de las alertas policiales.

Según Fox News, la cadena que mejor conoce estas intimidades, el financiero trabajaba en colaboración con una cadena de traficantes de niños para organizar con ellos orgías en una residencia de lujo que tenía en Little St. James, en las Islas Vírgenes. La llamaban “la isla de la orgía”, donde Epstein vive de manera casi permanente.

Clinton formaba parte del entorno de Epstein, a pesar de ser plenamente consciente de que Epstein es un pedófilo. Ambos eran tal para cual.

Las especulaciones sobre la pedofilia de Clinton, que eran un secreto a voces, se hicieron públicas el año pasado en un artículo titulado “Bill Clinton Was Here: The Elite One-Percent’s’ Orgy Island’s Exposed” (1) y Gawker, un periodista ya fallecido, le añadió el eslabón que faltaba: los vínculos entre Clinton y Epstein (2).

Clinton viajaba en el “Lolita Express” acompañado de una actriz porno cuyo nombre aparece en la agenda de Epstein, en una sección titulada “masajes”, decía Gawker, lo cual es hoy de conocimiento público en Estados Unidos porque ha llegado a la portada de las cadenas más importantes de televisión.

Los diarios de abordo del avión demuestran que Clinton compartió más de una docena de vuelos con una “madam” a la que la fiscalía considera como la encargada de aportar los niños y niñas a los que Epstein violaba.

Una de esas niñas violadas, Virgina Roberts, ha manifestado ante un tribunal Federal que Epstein la había reclutado como esclava sexual cuando tenía 15 años y que fue utilizada como mercancía con personas “políticamente conectadas y financieramente poderosas”, incluido el príncipe Andrés y el abogado Alan Dershowitz.

Dos mujeres asociadas a Epstein, la laborista británica Ghislaine Maxwell, y su antigua asistente, Sarah Kellen, han sido acusadas de actuar como proxenetas reclutando niños y niñas para él, y también para ellas mismas.

Eso tampoco es nada novedoso: en 2007 la policía de Palm Beach ya inició una investigación en contra Kellen, pero la fiscalía le garantizó la impunidad, un cheque en blanco para seguir adelante con las violaciones, bien por presiones de algún potentado, bien a cambio de que denunciara a otros. Lo único seguro es que durante diez años la fiscalía le ha permitido continuar violando niños de manera impune.

La laborista británica Ghislaine Maxwell es hija del conocido magnate de la prensa Robert Maxwell. En la trama descubierta hasta ahora desempeñaba el papel de enlace con la Casa Real británica. Virgina Roberts le acusa de fotografiar a los menores durante las orgías. El disco duro de su ordenador está llenó de pornografía infantil. Al mismo tiempo, participaba en violaciones lésbicas con las mismas menores que captaba para Epstein.

Entre 2002 y 2003 Clinton compartió al menos 11 vuelos con ambas proxenetas, Maxwell y Kellen, en el avión de Epstein, siempre según los diarios de abordo de los pilotos, que ahora están a disposiciones de los tribunales estadounidenses.

Por ejemplo, en enero de 2002 Clinton, su asistente Doug Band y los guardaespaldas del servicio secreto viajaron entre Japón y Hong Kong con Epstein, Maxwell, Kellen y dos mujeres que figuran como “Janice” y “Jessica”.

Un mes más tarde los archivos indican que Clinton viajó de Miami a Westchester en compañía de Epstein, Maxwell, Kellen y alguien a la que se describe como una “adolescente”.

Aquel mismo año, Epstein le prestó el avión a Clinton para que realizara una gira “benéfica” por África durante una semana para “luchar contra la pobreza y el SIDA” en compañía de millonario Ron Burkle, del consejero de Seguridad Nacional, Gayle Smith, y de otros, como el violador confeso de Hollywood Kevin Spacey (3).

El diario de abordo denota la presencia durante cinco días de dos mujeres, la mencionada Kellen y Chauntae Davis, la azafata de vuelo del avión “Lolita Express” que aparece en varios apartados del “libro negro” de Epstein entre las “masajistas” de California. Es más conocida como modelo de lencería, actriz de series de HBO y películas como “Exposed”, cuyo director utiliza un seudónimo muy poco sutil: “Clinton J.Williams” (el nombre de Bill Clinton al revés).

(1) https://www.intellihub.com/elites-orgy-island-exposed/
(2) http://gawker.com/flight-logs-put-clinton-dershowitz-on-pedophile-billio-1681039971
(3) http://nymag.com/nymetro/news/people/n_7912/

El Presidente Bill Clinton con una de sus víctimas,
antes y después de la mayoría de edad

22 de noviembre de 2017

Estados Unidos planeó fabricar aviones soviéticos para cometer atentados de falsa bandera

McGeorge Bundy

Estados Unidos planeó fabricar aviones soviéticos para atacar sus propias bases o las de sus aliados, lo que serviría de excusa para desencadenar una guerra contra la URSS, según muestran los documentos sobre el asesinato de Kennedy desclasificados recientemente (1).

Uno de ellos es el acta de la reunión celebrada el 22 de marzo de 1962 para discutir la cuestión planteada por el Fiscal General sobre la posibilidad de fabricar o adquirir aviones soviéticos.

La reunión fue convocada por el “grupo especial” que, según la enciclopedia de la CIA, incluía al Fiscal General, Robert Kennedy, al director de la CIA, John McCone, el consejero de seguridad nacional, McGeorge Bundy, y el presidente del Estado Mayor Interarmas, Lyman Lemnitzer.

Aunque no formaban parte de dicho grupo, también asistieron a la reunión el Presidente Kennedy y el secretario de Estado, Dean Rusk. Los presentes expusieron tres argumentos para una operación de esas características:

(A) un avión así se podría utilizar en una operación para inducir a engaño en el aire
(B) también serviría para lanzar un ataque sorpresa contra instalaciones enemigas
(C) en una provocación en la que el avión soviético simularía atacar instalaciones estadounidenses o aliadas a fin de suministrar la excusa para una intervención de represalia

La táctica de utilizar falsos aviones soviéticos en un ataque simulado apareció por vez primera en la obra de Robert Dallek “An Unfinished Life: John F. Kennedy, 1917-1963”, publicada en 2001.

Según Dallek, la idea de fabricar u obtener aviones soviéticos partió del director de la CIA, McCone, aunque los documentos desclasificados se la atribuyen al Fiscal General, Robert Kennedy.

Más que aclarar el asesinato de Kennedy, los documentos que van saliendo a la luz son una colección de manejos de falsa bandera, complots y planes del espionaje, más o menos rocambolescos o sanguinarios, cuyos destinatarios son siempre la URSS y Cuba.

Otra nota común de todos ellos es que se trataba de agresiones, de mayor menor intensidad, que podían ir desde los atentados terroristas hasta la guerra nuclear.

En octubre el Miami New Times desvelaba (2) que en abril de 1962 la CIA tuvo la original idea de desatar una “campaña cubana de terror comunista” en Miami y otras localidades de Florida, e incluso en Washington. La campaña estaría dirigida contra gusanos cubanos exiliados.

“La explosión de algunas bombas de plástico en lugares cuidadosamente elegidos, le detención de un agente cubano y la publicación de documentos que prueben la implicación cubana también serían útiles para proyectar la idea de un gobierno irresponsable”, le decía el general Edward Landsdale al general Maxwell Taylor.

(1) https://www.archives.gov/files/research/jfk/releases/docid-32977055.pdf
(2) http://www.miaminewtimes.com/news/jfk-docs-cia-plotted-to-bomb-miami-kill-refugees-and-blame-castro-9782696

20 de noviembre de 2017

Militares y espías de la CIA podrán ser juzgados por los crímenes de guerra cometidos en Afganistán

El 3 de noviembre, la fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional Fatou Bensouda informó a la Sala de Cuestiones Preliminares que “hay una base razonable para creer que se han cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en relación con el conflicto armado en Afganistán”.

El 14 de noviembre del año pasado Bensouda escribió en un informe que un examen preliminar revela “una base razonable para creer” que los “crímenes de guerra de tortura y malos tratos” habían sido cometidos “por fuerzas militares estadounidenses desplegadas en Afganistán y en centros de detención secretos operados por la CIA, principalmente en el período 2003-2004, aunque supuestamente continúa en algunos casos hasta 2014”.

La fiscal señaló que los crímenes cometidos por la CIA y las fuerzas armadas estadounidenses “no fueron abusos de unos pocos individuos aislados”, sino que fueron “parte de las técnicas de interrogatorio aprobadas en un intento de extraer ‘inteligencia procesable’ a los detenidos”.

De conformidad con el Estatuto de Roma, el Tribunal Penal Internacional solo establece jurisdicción sobre las personas cuyo país de origen no quiere o no puede llevarlos ante la justicia.

Al explicar por qué esta investigación de crímenes de guerra cae bajo la jurisdicción del Tribunal, Bensouda escribió que las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre malos tratos a 101 detenidos se limitaron a si las técnicas de interrogatorio utilizadas por los torturadores de la CIA no estaban autorizadas y violaban las leyes penales.

El Fiscal General de los Estados Unidos dijo que el Departamento de Justicia no procesará a nadie que actuó de buena fe y dentro de la orientación provista por la Oficina de Asesoría Legal.

Durante la etapa de Bush al frente de la Casa Blanca, el Congreso aprobó la Ley de Protección a los Miembros del Servicio Estadounidense, que dice que si a un funcioniario le envían al Tribunal Penal Internacional de La Haya, el ejército de Estados Unidos puede rescatarlo por la fuerza. La ley también restringe la cooperación de Estados Unidos con el Tribunal y prohíbe la asistencia militar a los Estados partes en el Estatuto de Roma a menos que firmen acuerdos bilaterales de inmunidad con Estados Unidos

Sin embargo, de conformidad con el Estatuto de Roma, el Tribunal puede declararse competente para juzgado al nacional de un país que no forma parte del Estatuto de Roma, si comete un delito en el territorio de un Estado Parte.

Estados Unidos se opone a ello, pero eso no es nada nuevo. Según los principios bien establecidos del derecho internacional, los crímenes que se juzgan ante el Tribunal (genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad) son crímenes de jurisdicción universal.

La doctrina de la jurisdicción universal permite a cualquier país juzgar a ciudadanos extranjeros por los crímenes más atroces, incluso sin ninguna relación directa con el país acusador. Eso significa que otras naciones pueden llevar a los dirigentes estadounidenses ante los tribunales por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Si se lleva a cabo una investigación completa sobre los funcionarios estadounidenses, “se enviaría una señal clara al gobierno de Trump y a otros países del mundo de que la tortura está categóricamente prohibida, incluso en tiempos de guerra, y habrá consecuencias para autorizar y cometer actos de tortura”, según Jamil Dakwar, director del Programa de Derechos Humanos de la Asociación Americana de Libertades Civiles.

https://www.huffingtonpost.com/entry/us-military-and-cia-leaders-may-be-investigated-for_us_5a1044f6e4b023121e0e9313