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Es posible que a más de uno le haya sorprendido que Guatemala secundara fielmente la decisión de Trump de trasladar la capital de Israel a la Jerusalén ocupada y se pregunte por los motivos de ello. También es posible que suponga que ha sido por servilismo hacia Estados Unidos, lo cual es cierto; pero falta otro aspecto importante: el servilismo hacia Israel, un país cuya presencia en Centroamérica es un secreto a voces.

Desde los años ochenta, en plena vorágine criminal de los golpistas centroamericanos, Israel ha intervenido activamente en todos y cada uno de las matanzas y crímenes que se han cometido, especialmente en Guatemala.

El sanguinario general Ríos Montt confesó a un periodista de ABC News que en 1982 su golpe de Estado no llamó la atención -a diferencia de otros- porque sus soldados estaban adiestrados por 300 consejeros militares del Mosad.

Como buen Estado mafioso, Israel se apoya en la “omertá” de las grandes cadenas, donde tiene grandes cómplices que le permiten matar en silencio.

Uno de aquellos 300 asesinos del Mosad, el coronel Amatzia Shuali, confesó que no le gustaba lo que hacían los “paganos” con las armas, pero le daba lo mismo: “Los que nos aprovechamos somos los judíos”, relató a Andrew y Leslie Cockburn en “Dangerous Liaison”.

Aunque la presencia israelí en Centroamérica se remonta a los sesenta, se intensifica tras las restricciones impuestas a la “ayuda exterior” en época de Carter como consecuencia de las denuncias internacionales que llovieron desde el Golpe de Estado en Chile en 1973.

En Centroamérica Israel encontró un mercado y un punto de apoyo diplomático basado en lo que mejor se les da: el crimen. Los siniestros métodos empleados por el ejército israelí en Cisjordania, Gaza y Líbano se exportaron a Guatemala, El Salvador o Nicaragua, países sacudidos entonces por la guerrilla.

La prensa local hablaba entonces de “palestinización” y no se refería sólo a la guerrilla sino a las poblaciones indígenas, que comenzaban a ser exterminadas implacablemente a la manera sionista, como en el poblado de Dos Erres, en El Petén.

La soldadesca mató a toda la población e incendiaron las viviendas. Los cadáveres llenaron las calles. Muchos de ellos tenían la cabeza destrozada a martillazos. Unos días antes de la matanza, Reagan había visitado a su socio Ríos Montt, pero además del respaldo de la Casa Blanca, el asesino tenía otro apoyo no menos importante: toda la munición que se ha encontrado en las fosas comunes es Galil, fabricada en Israel.

Hace un año una jueza guatemalteca hizo lo que ningún juez en España: detuvo a 18 de los asesinos de Dos Erres, entre ellos a Benedicto Lucas García, antiguo jefe de Estado Mayor del ejército, que fue un innovador en las técnicas de tortura, especialmente exitosas con los niños. El general les hablaba a sus esbirros del soldado israelí como “un modelo y un ejemplo para nosotros”.

Entre la noche del pasado miércoles y la mañana del viernes asesinaron a dos dirigentes sociales en distintas partes de Colombia. El primero fue Gonzalo Antonio Martínez Guisao, asesinado el miércoles por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia cuando se dirigía al municipio de Carepa (Antioquia), y el segundo, Esneider Ruiz Barreto, quien murió en Puerto Guzmán (Putumayo).

A Martínez unos desconocidos que pertenecían a las AGC, lo bajaron de la camioneta en la que viajaba por la vía que comunica a Carepa (Antioquia) con el corregimiento de Saiza (Córdoba), a la altura del corregimiento de Piedras Blancas. Eran alrededor de las 6:30 pm. Su cuerpo fue encontrado con cuatro impactos de bala, que habría recibido a eso de las diez de la noche. En ese intervalo de tiempo fue torturado.

Martínez era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pechinde, en el corregimiento de Saiza, donde, además, está presente la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas). Su cuerpo fue trasladado a la morgue de Carepa. Su muerte ha causado incertidumbre en Pechinde, pues sus familiares se sienten amenazados y se ha hablado, incluso de un desplazamiento masivo por motivos de seguridad.

Poco más de un día después fue asesinado Esneider Ruiz Barreto, un joven de 26 años, en Puerto Guzmán (Putumayo). La organización a la que pertenecía Ruiz, Marcha Patriótica, ha advertido que “el contexto de la región del Putumayo continúa critica sistemática y selectiva contra dirigentes sociales”. Ruiz, además de ser de Marcha Patriótica, formaba parte de Atcam, filial de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro).

El gobierno quiere hacer creer que estos asesinatos no son sistemáticos y que obedecen a otras causas, distintas a la del trabajo de los dirigentes. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aseguró hace poco que “hay un origen multicausal, pero estamos identificando ya unos fenómenos que son preocupantes desde el punto de vista de eventual presencia de reductos de [los paramilitares] Autodefensas”.

Los asesinatos de los militantes está cada vez más presente en el plano político. La ONU afirmó que este año han sido asesinados alrededor de 105 dirigentes sociales en Colombia.

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/dos-lideres-sociales-fueron-asesinados-en-menos-de-dos-dias-articulo-729923