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El Pentágono mantiene laboratorios de guerra bioquímica en 25 países protegidos bajo inmunidad diplomática

Dilyana Gaytandzhieva
El Pentágono ha desplegado a sus científicos en 25 países y les ha concedido inmunidad diplomática para investigar virus, bacterias y toxinas mortales en laboratorios militares fuera del territorio de Estados Unidos en un programa presupuestado en 2.100 millones de dólares, denominado Programa de Compromiso Biológico Cooperativo (CBEP).

El programa lo financia la Agencia de Reducción de Amenazas de la Defensa (DTRA) y las instalaciones se ubican en países de la antigua Unión Soviética, como Georgia y Ucrania, así como Oriente Medio, el sudeste Asiático y África.

Uno de esos laboratorios de guerra bioquímica está en Tblisi, la capital de Georgia, y la embajada transporta en valijas diplomáticas sangre humana congelada y patógenos para el programa militar secreto.

El gobierno de Estados Unidos no tiene dinero para invertir en la salud de sus ciudadanos pero se gasta 161 millones de dólares en su laboratorio de Tblisi, una instalación secreta ubicada a sólo 17 kilómetros de la base aérea militar estadounidense de Vaziani.

El laboratorio está muy vigilado. En un radio de 100 metros todos los transeúntes son filmados en vídeo, a pesar de que se encuentra en el barrio de Alexeevka, una zona residencial.

En sus alrededores el aire se carga con el olor de los productos químicos. Por la noche el viento lleva el humo hacia la zona residencial. Los vecinos se quejan de que por la noche el laboratorio quema productos químicos peligrosos y que se vierten residuos peligrosos al río cercano a través de las tuberías de desagüe.

Por la noche el laboratorio parece estar todavía en funcionamiento y un coche diplomático con matrícula de la embajada de Estados Unidos se puede ver en el aparcamiento del Centro.

Los vecinos se quejan de dolores constantes de cabeza, náuseas, presión arterial alta y mareos cuando los productos químicos se queman por la noche en el laboratorio que está a sólo un par de cientos de metros de sus casas.

“Hay humo negro, rojo o verde en la noche o especialmente temprano en la mañana alrededor de las 3 ó 4 de la madrugada. Incluso las gallinas han muerto. Pusieron una gran tubería bajo tierra y la conectaron a los desagües. Este olor viene de allí. Huele a huevos podridos y a heno en descomposición. El olor es muy fuerte y se propaga en diferentes direcciones por el viento”, dice Eteri Gogitidze, que vive en un bloque de pisos junto al laboratorio.

“Tengo una enfermedad de la tiroides. Hay familias de tres personas en el vecindario y los tres tienen una enfermedad de la tiroides. Dicen que se debe al laboratorio”, explica Gogitidze.

Albert Nurbekyan, que vive a unos 300 metros del laboratorio, muestra las cuatro chimeneas que emiten humo por la noche. “A veces el viento esparce un olor a huevos podridos. Una vez me desperté temprano por la mañana y noté que salía humo violeta del laboratorio. Por la noche dejan salir el humo para que la gente no vea. ¿Por qué por la noche?, ¿qué es lo que nos ocultan?”

Luego nos da otro dato preocupante: “Hay grandes tuberías de plástico azul a lo largo de esta calle [desde el laboratorio] y desde donde todo va al río, que está a 3 ó 4 kilómetros de distancia. No sólo contaminan nuestro aire, sino que también envenenan nuestra agua”.

https://dilyana.bg/us-diplomats-involved-in-trafficking-of-human-blood-and-pathogens-for-secret-military-program/

El reputado criminal de guerra liberiano Charles Taylor era un agente de la CIA

Estados Unidos ha confirmado que el dirigente liberiano Charles Taylor, reputado criminal de guerra, trabajaba para sus agencias de inteligencia, incluida la CIA, según el Boston Globe.

La revelación se produjo en respuesta a una solicitud del periódico de la Ley de Libertad de Información.

Un periodista del Globe dijo a la BBC que ésta era la primera confirmación oficial de viejas informaciones sobre la relación entre la inteligencia estadounidense y Taylor.

En julio de 2009 se difundieron rumores sobre vínculos con la CIA cuando el propio Taylor dijo en su juicio ante el Tribunal Especial para Sierra Leona en La Haya, que en 1985 espías estadounidenses le habían ayudado a escapar de una prisión de alta seguridad en Boston.

La CIA en ese momento negó esas declaraciones como “totalmente absurdas”. Pero ahora la Agencia de Inteligencia de Defensa, el brazo espía del Pentágono, reveló que sus agentes y los de la CIA usaron a Taylor como informante.

El periodista Bryan Bender dijo al programa Network Africa de la BBC que el Pentágono se negó a dar detalles del papel exacto de Taylor, escudándose en la “seguridad nacional”.

Pero confirmaron que Taylor, que tiene ciudadanía estadounidense, comenzó a trabajar con los servicios de inteligencia de Estados Unidos en la década de 1980, cuando se hizo con el poder en Liberia, desatando una terrible guerra civil contra el entonces presidente Samuel Doe. La guerra se desencadenó desde Burkina Faso y como Thomas Sankara se oponía a ella, fue asesinado antes de que comenzara.

Taylor llegó a la Presidencia de Liberia y se convirtió en uno de los dirigentes políticos más famosos del mundo. También está acusado de armar y controlar a los terroristas del RUF en la vecina Sierra Leona durante una campaña de crímenes que duró 10 años y estuvo dirigida principalmente contra civiles.

Ahora el agente de la CIA está a la espera del veredicto de su juicio por los crímenes de guerra que cometió.

https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-16627628

Porton Down está mucho más cerca que Moscú del escenario del crimen con ‘novichok’

El nombre de Porton Down se ha hecho omnipresente en Reino Unido desde el descubrimiento de las intoxicaciones con “novitchok”, el agente nervioso utilizado a principios de marzo contra el agente doble Serguei Skripal y su hija, Julia. Dos ciudadanos británicos, Charlie Rowley  y su compañera Dawn Sturgess, también entraron en contacto con el veneno.
El primero de ellos falleció posteriormente a causa de un tóxico que en ruso significa “nada nuevo” y que se descubrió en la Unión Soviética en los años setenta. A principios de los noventa, a
través de los desertores soviéticos, los occidentales se apoderaron de su fórmula química.

El laboratorio militar de Porton Down confirmó que ambas parejas habían sido envenenadas por el mismo tóxico, pero no localizó su lugar de fabricación.

El periódico francés Le Figaro asegura que Londres “no ha proporcionado hasta ahora ninguna prueba de la implicación de Moscú”(1).

Porton Down está mucho más cerca que Moscú del escenario del crimen. Como recuerda el diario The Independent (2), es un centro de guerra química y biológica está situado a pocos kilómetros de Salisbury, el lugar del primer envenenamiento, y de Amesbury, el lugar del segundo, en el suroeste de Inglaterra. “No hay absolutamente ninguna evidencia de que la ubicación sea otra cosa que una coincidencia”, añade The Independent.
Pero no se trata de una coincidencia sino dos.

En el New York Times el antiguo director del Servicio Federal de Seguridad (FSB), Nikolai Kovalyov, sugiere que un “científico deshonesto” del laboratorio de Porton Down podría haber realizado experimentos con personas que vivían cerca (3).

Actualmente Porton Down emplea a más de 3.000 científicos, tiene un presupuesto anual de 500 millones de libras esterlinas (558 millones de euros) y cubre casi 1.100 hectáreas. Fue creado en 1916 para permitir inicialmente a los soldados británicos protegerse durante la Primera Guerra Mundial contra los ataques químicos del ejército alemán, que utilizaba gas mostaza, cloro y fosgeno, un gas tóxico.

En la década de los cincuenta los científicos de Porton Down desarrollaron gas CS, más conocido como gas lacrimógeno, y gas nervioso VX. A principios del año pasado este gas causó la muerte a Kim Jong-nam, el hermanastro del dirigente norcoreano, Kim Jong-un, sospechoso de haber ordenado el asesinato. Junto con el gas sarín, el gas VX está considerado como una de las armas químicas más terribles, aunque se estima que es de cinco a diez veces menos potente que el “novitchok”.

Dadas las convenciones internacionales que prohíben el uso de armas químicas, se supone que en Porton Down las investigaciones tienen un objetivo puramente defensivo. Según el Ministerio de Defensa británico, su único objetivo es mejorar el equipo de protección de las tropas o de la población. En los últimos años, el laboratorio ha participado en el programa de investigación del virus del Ébola y en la lucha contra la epidemia que asoló Sierra Leona a partir de 2013. También ha realizado investigaciones sobre el uso de armas químicas en la Guerra de Sirio, incluido el gas sarín.

El secreto que rodea su trabajo ya ha alimentado muchos rumores y acusaciones contra experimentos con seres humanos y animales en el pasado. “El pasado de Porton Down no se puede ocultar”, tituló The Guardian en 2014, describiendo el laboratorio como “una de las instituciones científicas más infames de Gran Bretaña”(4).

En 1999 la policía abrió una investigación sobre experimentos que habían puesto en peligro la vida de algunos soldados sin su conocimiento. “De 1945 a 1989 Porton Down expuso a más de 3.400 conejillos de indias humanos a agentes nerviosos. Parece probable que, durante un período de tiempo tan largo, Porton haya expuesto a estos gases a más sujetos humanos que cualquier otra institución científica del mundo”, comentó el diario británico.

La investigación no tuvo éxito, pero en 2008 el Ministerio de Defensa concedió una indemnización de 3 millones de libras esterlinas a 360 antiguos miembros de las fuerzas armadas que afirmaban haber utilizado contra su voluntad como cobayas en pruebas químicas durante la Guerra Fría.

El Ministerio británico de Defensa reconoció la muerte en 1953 de un soldado de la fuerza aérea, Ronald Maddison, tras participar en un experimento con gas sarín.

El siniestro pasado de Porton Down fomenta las sospechas de que los envenenamientos con “novitchok” están muy lejos de Moscú.

(1) http://www.lefigaro.fr/international/2018/07/06/01003-20180706ARTFIG00258-affaire-du-novitchok-porton-down-le-centre-de-recherche-militaire-au-centre-de-rumeurs.php
(2) https://www.independent.co.uk/news/science/porton-down-what-is-explained-experiments-salisbury-wiltshire-novichok-latest-a8431951.html
(3) https://www.nytimes.com/2018/07/05/world/europe/uk-novichok-salisbury-amesbury.html
(4) https://www.theguardian.com/science/2004/may/06/science.research

Google paga millones de dólares a Mastecard para apoderarse de los datos de sus clientes

Desde el año pasado, un grupo privilegiado de empresas anunciantes conoce cuáles de sus anuncios han llevado a una compra en tiendas físicas, gracias a una herramienta proporcionada por Google. Esta herramienta es el resultado de un acuerdo secreto con Mastercard, en virtud del cual Mastercard revela ciertos detalles de las transacciones de pago de sus clientes.

El año pasado Google anunció el lanzamiento de su servicio “Store Sales Measurement”, que permite acceder a casi el 70 por ciento de las transacciones con tarjetas de pago en Estados Unidos. Ahora parece que el lanzamiento de este servicio es la culminación de esta asociación secreta.

Mastercard podría ser incluso una de las instituciones financieras asociadas al programa, que podría involucrar a otras. Las compras realizadas por las tarjetas de pago afiliadas a Mastercard representan alrededor de un cuarto de todas las transacciones de tarjetas en Estados Unidos.

Los datos transmitidos por Mastercard se refieren a todos los datos relativos a los usuarios de los servicios ofrecidos por Google que no se han negado a proporcionar su información personal con el fin de que se les ofrezca una publicidad más específica en la configuración del servicio.

Google pagó millones de dólares para obtener estos datos y ambas empresas discutieron la posibilidad de compartir los ingresos publicitarios.

Esta alianza, que permitió a Google vincular los datos relacionados con las campañas de publicidad en línea con las compras resultantes, le dio una ventaja decisiva en su guerra contra Amazon.

Según Bloomberg, los clientes no han sido informados del intercambio de información, especialmente porque las dos empresas nunca mencionaron públicamente su asociación monopolista, que requirió 4 años de negociaciones (*).

Google asegura que no tiene acceso a los datos para identificar a los compradores, gracias a las tecnologías de cifrado. El programa sería sólo una prueba, pero daría a Google la posibilidad de asociar perfiles de usuario con compras realizadas en tiendas físicas. De esta manera, puede indicar a los anunciantes cuáles de sus anuncios han dado lugar a compras.

Queda por ver qué otras instituciones financieras también han acordado entregar los datos de gastos de sus clientes sin su conocimiento. Ha estallado un nuevo escándalo que implica la divulgación de datos sin el consentimiento de sus usuarios.

En internet las personas no somos más que mercancía (y fuera también).

(*) https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-30/google-and-mastercard-cut-a-secret-ad-deal-to-track-retail-sales?srnd=technology-vp

Apartheid: si ‘la verdad nos hace libres’, hay quien sólo quiere esclavos

El 5 de agosto se publicó en Sudáfrica un libro revelando la existencia de una red de pedofilia en la que participaban varios dirigentes del régimen racista de apartheid en los años ochenta. Una semana después, uno de los coautores del libro, Mark Minnie, apareció muerto; naturalmente suicidado.

La muerte de Minnie, un antiguo policía, ha conmocionado a los sudafricanos, sobre todo porque había advertido que temía por su vida.

El libro, publicado en colaboración con la periodista Chris Steyn, se titula “The Lost Boys of Bird Island” (Los niños perdidos de la Isla de los Pájaros) y revela que la red secuestró a niños de la calle, en su mayoría jóvenes mestizos, en la ciudad de Puerto Elizabeth, y los llevó en helicópteros militares a la Isla de los Pájaros, donde fueron violados por hombres adultos.

La investigación involucra a altos dirigentes del régimen racista sudafricano, entre ellos el ministro de Defensa, Magnus Malan, que fue número dos del gobierno.

La policía abrió un atestado cuando uno de los niños tuvo que ser operado de urgencia tras ser violado con un arma de fuego. Entonces Minnie le tomó declaración, explica el periódico Daily Maverick (1). El caso se cerró en marzo de 1987 por orden directa del Presidente Pieter Willem Botha. También censuraron cualquier clase de investigación periodística.

Entre los sudafricanos el  caso sigue despertando el espectro de las atrocidades del apartheid. Antes de su muerte, Minnie advirtió a la periodista Marianne Tham que la violación iba a abrir la caja de Pandora.

Maryna Lamprecht, editora de Tafelberg Publishers que publicó el libro de Minnie y Steyn, ha explicado que la investigación pone de manifiesto “la depravación del sistema del apartheid” (2). El racismo deshumanizó a las personas de todas las maneras posibles, incluso explotando a los niños vulnerables para satisfacer las fantasías sexuales de la casta política.

Según relata el Daily Maverick, otras víctimas de la red de pedofilia se pusieron en contacto con Minnie y Steyn después de que se publicara su investigación y el agente de policía estaba preparando un segundo libro.

Como es natural, la muerte de Minnie ha levantado toda clase de suspicacias, aunque la policía ha descartado el delito e investiga un posible suicidio. No obstante, los familiares aseguran que había recibido amenazas de muerte tras la publicación del libro.

El “suicidio” ha trasladado la atención del libro hacia una serie de otros “suicidios” que en 1987 siguieron al encubrimiento de la violación de niños. Dos de las personalidades involucradas en la red de pedofilia también se “suicidaron” en cuando empezaron a aparecer los primeros indicios de la trama.

Según el Daily Maverick, una unidad especial de la policía está investigando varios asesinatos camuflados como “suicidios” por el gobierno del apartheid.

La investigadora Mia Swart califica estos hechos como “el último tabú”. En su opinión, es urgente revelar toda la verdad sobre el pasado y procesar judicialmente a los criminales del apartheid. Al final del régimen racista, muy pocos altos funcionarios fueron llevados ante los tribunales. El ministro Magnus Malan murió hace siete años “rodeado de simpatizantes y amigos, protegido de reproches y de la conciencia del dolor de sus innumerables víctimas” (3).

A los antifascistas todas estas cosas nos suenan muy familiares. También en Sudáfrica los blancos se quejan porque están cansados de ser enviados de vuelta a la historia del apartheid. Si es cierto que “la verdad nos hace libres”, se comprueba que hay quien quiere esclavos.

¿Se habrá suicidado un hombre que tenía intención de escribir un segundo libro para exorcizar los fantasmas del pasado?

(1) https://www.dailymaverick.co.za/article/2018-08-14-cop-who-exposed-magnus-malan-paedophile-ring-found-dead-in-eastern-cape/
(2) https://www.news24.com/SouthAfrica/News/magnus-malan-two-other-national-party-ministers-were-paedophiles-20180805
(3) https://mg.co.za/article/2018-08-13-bird-island-child-abuse-the-truth-will-set-us-free

Un asesino con tricornio: las atrocidades de un teniente de la Guardia Civil en Guinea Ecuatorial

Esclavos construyen una vía férrea en Guinea
Julián Ayala era un hombre flaco. Poca cosa. Según se observa en las fotos de la época, uno de esos tipos fáciles de tumbar. Esta fisonomía no fue obstáculo, sin embargo, para que se convirtiera en un genocida. En la década de 1920, al mando del destacamento de militares españoles de la zona de Micomeseng, en Guinea Ecuatorial, sometió a miles de guineanos de la etnia fang. Los mató, los esclavizó y jamás fue represaliado por ello. Murió en 1942 de una enfermedad no tropical en una cama en Barcelona.

Esta es la historia que cuenta el antropólogo Gustau Nerín en su libro “Un guardia civil en la selva”. La primera vez que oyó hablar de Ayala fue a comienzos de los años noventa, durante una visita a Guinea (hoy es profesor de Historia en el Centro Cultural Español de Malabo). Fueron los más viejos de la ciudad los que le pusieron tras la pista del sanguinario. Muchos recordaban sus atrocidades, como enviar a decenas de personas a la isla de Fernando Poo (actual isla de Bioko) para trabajar como esclavos en las plantaciones de cacao. Para Ayala, era además un negocio: por cada persona que enviaba, recibía una suculenta cantidad a cambio.

Julián Ayala procedía de una familia de militares “muy reaccionarios”, recalca Nerín. Nacido en 1897 en Logroño, todos los que le rodeaban estaban marcados por las recientes guerras coloniales de Cuba y Puerto Rico, y por la de Marruecos, donde se batallaba al mismo tiempo que se colonizaba Guinea. Su primera formación fue la de militar, pero después se hizo Guardia Civil para poder ir a Guinea Ecuatorial, ya que allí sólo enviaban a los miembros de este cuerpo. Cuando llegó allí, pronto se convirtió en el hombre imprescindible para llevar a cabo la colonización. Él fue el símbolo de lo que significa toda represión. “Para someter a un pueblo, es necesaria la fuerza. Siempre ha sido así. Y Ayala era el hombre. De hecho, muchos de sus crímenes se taparon por eso”, explica el antropólogo.

En esta biografía, con muchos tintes de novela de aventuras y de “El corazón de las tinieblas”, de Joseph Conrad, hay un hecho curioso: tras la proclamación de la República, Ayala se adhirió a ella. El motivo fue su desencuentro con los sacerdotes que evangelizaban en Guinea. “Igual que mato a un negro, mato a un cura, decía”, apostilla Nerín. Sin embargo, este compromiso con los republicanos, que tan sólo duró unos meses, le salió caro. Cuando intentó reconciliarse con el bando franquista, fue recibido con un portazo. Ayala cogió su tricornio, abandonó Guinea y se marchó a Camerún. Su pista se pierde en 1939 y sólo se recupera en la fecha de su muerte en 1942.

A pesar de este perfil violento, reaccionario y racista, Nerín descubrió durante su investigación que Ayala también tenía otro rostro: el del hombre afable, educado y con grandes dotes sociales. Tampoco era cruel por sí mismo. “Con sus castigos, evitaba sublevaciones. Era un individuo que descubrió los rendimientos del mal”, afirma el investigador. En este sentido, para Nerín esta personalidad tan contradictoria le aleja del personaje de Kurtz de Conrad, pero le acerca “a los verdaderos malos, que son los que matan y luego te muestran una cara amable”.

“Un guardia civil en la selva” es uno de los pocos libros que escarba en la colonización española de Guinea. Uno de los más recientes es “La última selva de España: antropófagos, misioneros y guardias civiles”, también de Nerín y publicado por Libros de la Catarata en 2010. Precisamente, para el antropólogo, el papel de la Iglesia fue “bastante fuerte, ya que agregó un factor de intolerancia. Querían que los guineanos fueran a misa y se casaran con una sola mujer. Su postura fue muy agresiva”.

La bibliografía sobre Guinea Ecuatorial aún queda por descolonizar. A Nerín le gustaría investigar los trabajos forzados durante el periodo franquista, un sistema que bajo el término de prestaciones permitió la construcción de puentes, carreteras e iglesias. Pero el tiempo corre en su contra. Los viejos guineanos que sufrieron aquellas barbaridades se mueren. Y la esperanza de vida del país apenas llega a los 48 años.

https://www.publico.es/culturas/sanguinario-tricornio-guinea.html

Escorbuto: la medicina tiene que ver con el capitalismo tanto como con el organismo

En la medicina no todo es biología. Entre los sanos y los enfermos también hay clases sociales. Los ricos ni enferman ni sanan ni mueren por los mismos motivos que los hambrientos.

Hay enfermedades a las que se consideraba como parte de la historia, del pasado, y que reaparecen porque el capitalismo y sus secuelas, el hambre y la desnutrición, siguen presentes, como en pleno siglo XIX, por más que los manuales de seudociencias traten a veces de encubrir su etiología bajo fetiches modernos omnipresentes, como los virus.

Es el caso del escorbuto, la “enfermedad de los marineros”, que ha reaparecido (si es que alguna vez se fue). Desde el siglo XVIII, se sabe que la causa de esta enfermedad es una deficiencia de vitamina C, es decir, la desnutrición, típica de quienes no comen frutas y verduras.

En los barcos las tripulaciones padecían escorbuto en las largas travesías que se prolongaban durante meses, cuando los alimentos frescos se acababan.

La vitamina C es esencial para el buen funcionamiento del cuerpo humano. No puede ser fabricado por nuestro cuerpo y por lo tanto debe ser consumido por los alimentos. Se encuentra en muchas frutas o verduras como la guayaba, papaya, mango, naranjas, fresas, brócoli, coliflor…

Ahora Sciences Alert asegura (*) que los médicos han vuelto a detectar la enfermedad, y no entre los marineros precisamente sino entre la población “de tierra firme” de Estados Unidos.

“Diagnosticamos nuestro primer caso hace cinco o seis años”, dice el doctor Eric Churchill que dirige un equipo que investiga el escorbuto en las ciudades de Estados Unidos. “Desde entonces, hemos diagnosticado algo así como 20 ó 30 casos”.

La primera persona diagnosticada sólo comía pan y queso. Según el doctor Churchill, la pobreza lleva a muchas personas a consumir alimentos que son altos en grasas, altos en calorías y altos en nutrientes, que satisfacen más que el consumo de frutas y verduras.

Estados Unidos no es el único país afectado por el escorbuto. En 2016 investigadores australianos examinaron 11 casos de escorbuto detectados. Eran pacientes diabéticos que comían pocas frutas y verduras.

Un año antes, investigadores del Hospital Universitario de Limoges en Francia identificaron 10 casos de escorbuto entre 63 pacientes de 47 años de edad en promedio, que tenían deficiencia de vitamina C. No comían tres veces al día, algunos eran alcohólicos, otros tenían trastornos psiquiátricos o cáncer.

Los síntomas de la falta de ácido ascórbico incluyen fatiga abrumadora, pérdida de cabello y dientes, sangrado de las encías y dolor en las articulaciones.

(*) https://www.sciencealert.com/scurvy-coming-back-vitamin-c-poverty-massachusetts-boston-vitamania-movie

Unos 48.000 trabajadores pierden la vida cada año en India en sus puestos de trabajo

Lunes. Amanece en un barrio residencial del sur de Delhi. El hombre que pasea su bicicleta comprando chatarra o vendiendo verduras te despierta con su reclamo cantarín desde la calle. Te preparas un café y te dispones a leer la prensa local: Han fallecido seis trabajadores por una fuga de gas en una planta de acero en Andhra Pradesh. Realizaban labores de mantenimiento cuando se intoxicaron al inhalar monóxido de carbono.

Hablar de seguridad laboral en India se puede considerar un oxímoron. Cada año en el país asiático pierden la vida unas 48.000 personas en sus puestos de trabajo. Es una media de más de 130 trabajadores muertos a diario (en España fallecieron 250 en los cinco primeros meses de este año, que se suman a los 618 de todo 2017). Son muertes que aparecen en la prensa local como un goteo diario, tan normalizado como desapercibido, que sólo se convierte en indignación pasajera cuando las cifras de víctimas mortales son lo suficientemente altas para trascender el teletipo de turno.

“Tenemos muy buenas leyes sobre seguridad laboral, el problema es que nunca se implementan”, asegura Kumar Neeraj Jha, ingeniero civil del Instituto Indio de Tecnología que ha estudiado a fondo los problemas de seguridad laboral en su país, sobre todo en la construcción. “Cuando ocurre un accidente mortal, el empleador evade sus responsabilidades, paga una pequeña compensación a los familiares y gestiona el asunto con las autoridades locales para que no vaya a más”. Numerosas empresas indias no invierten en seguridad porque les sale más rentable asumir el coste en indemnizaciones de un posible accidente antes que modernizar sus instalaciones.

Martes. Una explosión dentro de un barco que estaba siendo reparado en el astillero de Cochín ha dejado cinco empleados muertos y trece heridos. La empresa de mantenimiento naval anuncia que entregará un millón de rupias (12.500 euros) a los familiares de cada víctima.

Cuando se le comenta la terrible cifra anual de muertos a Apoorva Kaiwar, secretaria general para el sur de Asia de IndustriALL, contesta: “esos serán los registrados”. La responsable de esta red sindical afirma que, a menos que la defunción del obrero sea inmediata en el lugar de trabajo, el proceso de documentación se complica. “Si alguien resulta herido y muere a los 15 días en el hospital o en su casa, demostrar la conexión entre el accidente y la muerte se vuelve farragoso porque esa persona quedó registrada como herida. Otro problema es que cuando hablamos de muertes en el trabajo nos solemos referir a accidentes concretos, pero muchos fallecen tiempo después por enfermedades provocadas por el tipo de oficio que tenían”, dice Kaiwar, que menciona a mineros u operarios de fábricas químicas o cementeras. “Si mueres 20 años después por culpa de haber inhalado tóxicos en una planta industrial, nadie se responsabiliza”.

Las barrenderas y basureras de Bangalore llevan años denunciando que se les proporcione atención médica por las enfermedades cutáneas y los problemas respiratorios que sufren debido a su trabajo. Muchas de ellas, sin acceso a baños públicos durante su jornada, recurren de forma compulsiva al tabaco de mascar, que les quita la sed, para evitar la necesidad de ir a un retrete al que no pueden ir.

El mercado laboral indio es la informalidad absoluta, un eufemismo tras el que se esconde una precariedad abismal. Contratos verbales que duran un día, pagas minúsculas que se evaporan antes de llegar a casa, terceros contratistas que complican la asunción de responsabilidades, profesiones de riesgo que no cuentan con medidas de protección mínimas, trabajos inestables que mañana pueden tener la puerta cerrada.

A unas infraestructuras y unas herramientas de trabajo en un estado arcaico, se suma el “insuficiente” conocimiento que se imparte a los trabajadores para que sepan dominar su uso, para que no resulten heridos, para que no mueran. Un informe del Instituto para el Desarrollo Humano de Delhi de 2014 señalaba que menos del 30 por ciento de los trabajadores indios ha terminado la educación secundaria y que sólo uno de cada diez ha recibido alguna formación específica para desarrollar su trabajo.

“Se necesita una administración laboral más fuerte, esto es, más conciencia sobre la importancia de la seguridad laboral, más entrenamiento para que los empleados sepan usar la maquinaria, más inspecciones de trabajo y más personal que pueda llevar a cabo esas inspecciones”, afirma la responsable de IndustriALL. Según datos de la British Safety Council, una de las mayores organizaciones dedicadas a la seguridad laboral, en India hay sólo un inspector por cada 500 fábricas.

Jueves. Una trabajadora de 21 años muere después de que su cabeza y su mano quedaran atrapadas en una máquina en una fábrica textil de Tamil Nadu. Los sindicatos denuncian horarios excesivos, las malas condiciones de las instalaciones y el alto índice de suicidios en la industria de la confección del sur del país.

En India la división del trabajo históricamente ha estado ligada a la casta. Los miembros de una casta tienden a dedicarse al oficio que la tradición asignó a ese grupo. Se trata de una herencia naturalizada; contradecirla es símbolo de impureza, es salirse de un camino predestinado.

Esta idea se ha ido haciendo cada vez más difusa, especialmente en las últimas décadas. Hoy existen ocupaciones modernas libres de casta, como por ejemplo los teleoperadores. Sin embargo, hay jerarquías y discriminaciones que, aun estando prohibidas, se siguen practicando: los empleos peligrosos, desagradables, o los considerados impuros, se destinan a las castas oprimidas, mientras las castas superiores no conciben mancharse las manos. Ningún texto sagrado indica que los directores de periódico tengan que ser brahmanes, ni que los limpiadores de letrinas deban ser dalits (intocables), pero en el 90 por ciento de los casos esa regla se cumple.

Para rechazar esa herencia uno debe romper numerosas barreras. Demasiadas. La oposición familiar, la inercia del entorno, el peso de la tradición, la falta de estudios y la necesidad inmediata de tener ingresos. Al precio que sea. “La mayoría de trabajadores que mueren en accidentes laborales son precarios. Lo grave es que no pueden permitirse, o no creen que puedan, rechazar ese trabajo porque sea inseguro o peligroso”, afirma Apoorva Kaiwar.

“Esta imposibilidad es fruto de la desesperación”, asegura Kavita Krishnan, dirigente del Partido Comunista de India (PCI-ML), en su oficina al este de Delhi, mientras nos escucha un retrato de Marx y un busto del bengalí Charu Majumdar, fundador del partido. “En India hay mucho desempleo y la gente está desesperada por encontrar trabajo. Decirle a una persona hambrienta que no debería trabajar en un empleo inseguro o humillante es injusto porque, ¿qué debería hacer? Tiene que alimentar a su familia”.

En ese escenario de indefensión alzar la voz es despido asegurado. “Muchos trabajadores no son del todo conscientes de los riesgos que asumen o han normalizado los abusos laborales que sufren, y otros muchos sí son conscientes, pero el tema es cómo pueden usar esa conciencia”, explica Krishnan. “Se pueden afiliar a un sindicato, es un derecho reconocido en la ley, pero es uno de los derechos más violados, porque el castigo para los trabajadores que se pueden afiliar a un sindicato, es un derecho reconocido en la ley, pero es uno de los derechos más violados, porque el castigo para los trabajadores que se sindican es el despido con un pretexto u otro, es algo totalmente habitual”. El empleador sabe que detrás saldrán otros diez candidatos para ocupar ese puesto.

Porque las cantidades en India, un país de 1.300 millones de habitantes, siempre son de proporciones bíblicas. Su mercado laboral es de unos 470 millones de trabajadores. La mayoría de ellos opera en el sector informal que domina la economía. Cada año acceden a este mercado entre seis y doce millones más, según diferentes cálculos, por lo que uno de los mayores retos del país es dar respuesta a esa gran masa juvenil.

Viernes. 17 empleados mueren en el incendio de un almacén de petardos en una zona industrial a las afueras de Delhi. La policía ha detenido al propietario, que tenía licencia para fabricar otros productos de plástico.

Con una media de 38 accidentes mortales al día, la construcción es el sector más mortífero del país asiático. Uno de cada cuatro trabajadores indios fallece en una obra, ya sea electrocutado, por el desprendimiento de un muro o por caer desde gran altura. Una mano de obra dispuesta a todo. No es coraje, es supervivencia.

Gran parte de los obreros son migrantes que provienen de otros estados indios una vez han abandonado sus esperanzas en la agricultura. En las calles de Delhi se suelen ver grupos de hombres delgados, con caras de abatimiento, la ropa gastada, la piel curtida y una bolsa de herramientas, esperando de cuclillas sobre el asfalto a que llegue una camioneta que les lleve a una obra. Ellos levantan edificios por unas 500 rupias (seis euros) al día. Ellas hacen lo mismo por la mitad. Una discriminación extendida. “Llegan a la construcción como última opción laboral porque las condiciones son muy duras, y allí no son preparados adecuadamente porque el contratista sabe que estarán de forma temporal, no le interesa invertir en su entrenamiento y su seguridad”, afirma el profesor Neeraj Jha.

Tanto la forma en que está concebido el trabajo, sus pagos y su formación, como la conciencia (o su ausencia) sobre los riesgos laborales a los que uno mismo se enfrenta, están ligados a una percepción extremadamente diaria de las cosas, una manera de entender la vida, no sólo el empleo, muy habitual en este país, donde pensar en mañana se considera hacerlo a largo plazo. En India la supervivencia, en todos sus niveles, es diaria.

Domingo. Mueren 32 trabajadores y otro centenar resulta herido por la explosión de una caldera de vapor en una planta de energía térmica.

A pesar de la enormidad de las cifras citadas, la atención que recibe la seguridad laboral en India es eventual e individualizada, como si cada accidente fuese la excepción de una norma inamovible. Casos aislados. Aisladamente generalizados.

Un pequeño oasis se halla en el medio digital The Wire, que dedica su sección ‘The Life of Labour’ al mundo laboral, a sus condiciones, sus denuncias, sus movilizaciones. También a sus muertes. “Los principales medios de comunicación ignoran sistemáticamente estas noticias”, nos cuenta el equipo responsable de la sección, que asegura que, como en Europa, la información sobre huelgas y protestas es “superficial” y se suele centrar en cómo éstas afectan al resto de la población.

En India mueren al año más trabajadores limpiando alcantarillas que soldados combatiendo insurgentes en Cachemira. Pero el debate en la agenda pública y mediática es otro. “Se está ignorando la vida laboral de la gran mayoría de los habitantes. Los periódicos económicos tienen éxito ilustrando la victoria del capital sobre el trabajo, pero no se explica la relación entre ambos”, concluye el equipo de ‘The Life of Labour’.

Lunes. Amanece en Delhi. Hoy es el adolescente que recoge la basura quien te despierta llamando al timbre. Ducha. Café. Prensa local: “Una veintena de trabajadores ha perdido la vida después de que volcara el camión en el que viajaban de camino a su jornada laboral”.

https://www.elsaltodiario.com/salud-laboral/india-record-muertes-trabajo

Vuelven la cámara de gas y los ahorcamientos a los corredores de la muerte de Estados Unidos

El martes estaba previsto que en Nebraska, Estados Unidos, un condenado a la pena capital fuera ejecutado mediante una inyección letal. Pero el laboratorio alemán que fabrica los productos químicos que le iban a inyectar, Fresenius Kabi, no quiere que asocien su marca comercial con una ejecución y demandó judicialmente al Estado por utilizar ilegalmente sus productos.

La muerte por medios químicos se estrenó en 1982 en Texas y gradualmente ha ido reemplazando a la silla eléctrica y la cámara de gas. Pero los 31 Estados americanos que todavía practican la pena de muerte tienen cada vez más dificultades para obtener las sustancias letales. Muchos laboratorios prohíben el uso de sus productos para otros propósitos que no sean médicos.

Para evitarlo, los Estados garantizan la confidencialidad de sus proveedores, los buscan en el extranjero e incluso los compran ilegalmente, a pesar de lo cual cada vez les resulta más difícil ejecutar la pena de muerte por medios químicos.

Las inyecciones letales causan muchos dolores a los ejecutados y el derecho internacional prohibe infligir castigos “crueles o inhumanos”. En 2014 en Oklahoma un condenado no pudo la inyección y murió de una manera que no era la prevista por las normas legales: le dio un ataque al corazón 40 minutos después de la inyección.

En Estados Unidos ya no saben qué inventar para matar a sus convictos y, mientras los descubren, algunos han restablecido los métodos antiguos. Si bien la inyección letal sigue siendo el método más difundido (y el único autorizado por todos los Estados), los condenados a muerte pueden solicitar que se les ejecute de otra manera, pero en determinadas condiciones, como su estado de salud o la fecha de su condena.

Cinco de ellos, por ejemplo, todavía permiten el uso de cámaras gas. En Washington, los convictos que temen sufrir demasiado a causa de la inyección letal, pueden pedir que los ahorquen y Utah ha vuelto a poner en práctica el pelotón de fusilamiento. No se había prohibido nunca, pero se usaba cada vez menos.

En ocho Estados los presos todavía tienen la posibilidad de pedir la silla eléctrica. En los últimos meses ha aparecido un nuevo método, hasta ahora reservado para matar animales: la inhalación mediante una máscara de gas nitrógeno que priva a la sangre de oxígeno. Alabama anunció en marzo pasado que permitiría esta técnica de ejecución, uniéndose así a Oklahoma y Mississippi.

El 4,1 por ciento de las condenas a muerte que se ejecutan en Estados Unidos matan a personas cuya inocencia se demuestra posteriormente.

Las tropas estadounidenses, británicas y francesas mataron más civiles que el Califato Islámico en Mosul

En los 9 meses que tardaron en liberar Mosul, las tropas estadounidenses y sus aliados británicos y franceses mataron más civiles que el Califato Islámico en tres años de ocupación, según un estudio de mortalidad publicado por la revista PLOS Medicine.

La batalla del año pasado para expulsar al Califato Islámico de Mosul dejó en ruinas enormes partes de la ciudad y desplazó a hasta un millón de personas.

La coalición encabezada por Estados Unidos bombardeó objetivos clave en lo que Michael Fallon, entonces secretario de Defensa del Reino Unido, llamó «ataques aéreos dirigidos» cuando la ciudad fue finalmente liberada en julio del año pasado.

La Royal Air Force, fuerza aérea británica, alcanzó más de 750 objetivos durante la campaña de liberación de la ciudad, la segunda después de Estados Unidos, según el Departamento de Defensa.

Pero un estudio de cerca de 1.200 hogares en la ciudad publicado en PLOS Medicine muestra que las tasas de mortalidad civil aumentaron casi 13 veces durante la batalla por la liberación de Mosul.

El estudio concluye que 505 civiles murieron a causa de lo que los investigadores llamaron violencia intencional. La principal causa de muertes violentas durante el período que se examina fueron los ataques aéreos, que causaron 201 muertes de civiles, seguidas de 172 muertes por explosiones.

La investigación revela que hubo siete decapitaciones, un método de ejecución del Califato Islámico. Alrededor de 15 personas murieron por heridas de bala, con cifras más altas en el oeste de la ciudad, lo que correspondería a los francotiradores.

Los autores del documento afirmaron que era imposible extrapolar el número total de civiles muertos durante la ocupación y la liberación de su estudio porque el oeste de la ciudad fue más bombardeado que el este.

«Esto haría más inciertas las estimaciones generales de mortalidad en Mosul», informa el estudio. Las entrevistas -realizadas por cuatro médicos irakíes- tuvieron lugar después de que muchos civiles huyeran de la ciudad, lo que aumenta la incertidumbre sobre las cifras.

Sin embargo, Gilbert Burnham, autor principal del estudio y codirector del Centro de Respuesta a Refugiados y Desastres de la Universidad de Johns Hopkins, dijo que la investigación mostró que atacar a los yihadistas por el aire no fue tan preciso como afirmaban las fuerzas de la coalición.

«Las armas explosivas de alta velocidad tienen un alcance muy alto y su uso en áreas urbanas muy compactas es un riesgo importante. Se puede apuntar a francotiradores o a un grupo de combatientes [Califato Islámico], pero si están rodeados de un gran número de civiles, hay que esperar bajas significativas», dijo.

“Siempre hay daños colaterales y esto se reconoce en la Convención de Ginebra y en la guerra. Pero cuanto más poderosas se vuelven las armas, mayor es el alcance del daño colateral potencial. Esto plantea toda una cuestión de proporcionalidad”, añadió.

El general de división Rupert Jones, comandante adjunto del Combined Joint Taskforce para liberar la ciudad, calificó la liberación «como la batalla urbana más dura que se ha librado desde la Segunda Guerra Mundial».

Se aconsejó a los civiles que permanecieran en sus hogares, aunque casi un millón huyó de la ciudad durante la batalla. Un informe sobre la liberación de civiles por parte de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional puso de relieve las violaciones cometidas por el Califato Islámico, incluida la utilización de miles de civiles como escudos humanos.

Dijo que el grupo «mató sumariamente a cientos -si no a miles- de hombres, mujeres y niños mientras trataban de huir y colgaban sus cuerpos en lugares públicos. “La mayoría de los civiles murieron en los sótanos y el hecho de que no se les pueda ver no significa que no les hagamos daño”.

A los civiles también se les negó el acceso a la atención médica y a la alimentación, y su única opción era escapar a través de las primeras líneas de combate, según el informe.

Pero el estudio también destaca el número de civiles que murieron en ataques aéreos dirigidos por la coalición. Investigó 45 ataques en Mosul Occidental que causaron la muerte de al menos 426 civiles.

Chris Woods, director de Airwars, un grupo de investigación independiente que rastrea las pérdidas infligidas por la coalición y las fuerzas rusas en Siria e Irak, dijo que «un número significativo de civiles han sido asesinados» por el Califato Islámico en Mosul. Pero agregó que los ataques aéreos también costaron muchas vidas.

«Gran Bretaña ha estado bombardeando Irak y Siria durante cuatro años y ha concedido una muerte de cada 1.600 ataques aéreos. Esto es una guerra de ciencia ficción. «La mayoría de los civiles mueren en los sótanos y el hecho de que no se les pueda ver no significa que no les hagamos daño», dijo.

https://www.telegraph.co.uk/news/0/coalition-forces-killed-civilians-islamic-state-study-finds/

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