Desde el inicio del confinamiento, son al menos siete los asesinados en diferentes cárceles del país. Dos de ellos, Federico Rey y José Mario Candia, fueron fusilados a quemarropa por personal del Servicio Penitenciario. El reclamo desatado por los detenidos en Devoto, puso en la agenda pública, de la peor manera posible, la situación en la que viven estas personas.
Voy a pararme desde la defensa de un paradigma que no comparto, y que es el hegemónico dentro del activismo de derechos humanos. De mi parte, estoy convencido que hay que abolir a las cárceles; que es una contradicción histórica encerrar a personas para que aprendan a vivir en libertad; que las prisiones son inherentes al capitalismo, razón por la cual, cualquier proyecto pos-capitalista debe tener en su horizonte programático, la eliminación de las mismas. Y un montón de otros postulados que no vienen al caso en este momento, aunque es tarea nuestra, al menos comenzar a mechar estos debates entre la militancia y la intelectualidad crítica.
El paradigma hegemónico, entonces, no se cuestiona la cárcel-institución sino las condiciones de las mismas; y en el mejor de los casos, se problematiza el origen de clase mayoritariode los detenidos. Es una defensa, casi a ciegas,de una de las grandes conquistas liberales de nuestra historia, el artículo 18 de la Constitución Nacional, que constituye un pliego de garantías procesales y el mantra “las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”. Por eso en este contexto tan regresivo, aunque en términos estratégicos no compartamos esta perspectiva, los abolicionistas penales militamos para que se cumpla este derecho constitucional.
Las cárceles en Argentina, son sinónimo de tortura. Sobrepoblación que genera hacinamiento; falta de vacantes para el desarrollo de actividades educativas y laborales; pésima atención médica; traslados compulsivos que provocan distanciamiento familiar; y un sinfín de vejaciones más. Todo este combo generado alrededor de la sobrepoblación y la imposibilidad de cumplir con las recomendaciones de distancia social, es el caldo de cultivo para que el covid-19 se propague a velocidades espeluznantes, con una gran capacidad para saturar todo el sistema sanitario (siempre y cuando se decida atender a los presos, claro). Los que militamos en las cárceles, y un puñado de organizaciones de derechos humanos, lo venimos advirtiendo desde antes que haya un solo caso positivo en Argentina.
Son las cabezas de los diferentes Poderes Judiciales (provinciales y federal), quienes tienen la máxima responsabilidad por la sobrepoblación en las cárceles, principalmente por el uso abusivo que hacen los jueces de un instituto que debería ser excepcional, la prisión preventiva; y por el rechazo sistemático de libertades condicionales, anticipadas y salidas transitorias, por lo que son ellos quienes en esta crisis humanitaria-sanitaria, deben tomar medidas concretas para disminuir la tasa de encarcelamiento. Sin embargo, con contadas excepciones, se dedican a sacar “recomendaciones”, a tirarse con latinazgos y citas teóricas entre Defensores y Fiscales, mientras que la mecha de la bomba es cada vez más corta dentro de las cárceles.
Los Poderes Ejecutivos también tienen una enorme responsabilidad por el paupérrimo estado de las prisiones. Muy resumidamente, porque son los jefes políticos del servicio penitenciario; porque son quienes manejan la infraestructura y los recursos económicos con que se mantienen día a día las cárceles; porque son quienes diseñan la política criminal y penitenciaria del país y las provincias; porque son quienes vacían las instituciones que deben acompañar a los liberados para lograr una mínima inclusión social-laboral.
Y hay otra responsabilidad, que en este momento es fundamental: son las fuerzas gobernantes quienes tienen mejores condiciones para construir consensos, para forjar ideas-fuerzas que logren calar en el tejido social. Por eso, el silencio de Fernández, de Kicillof y de toda la dirigencia oficialista de peso sobre las condiciones de las cárceles, convalida desde la omisión un discurso tan retrógrado en la sociedad. La cobertura de los medios de comunicación de la protesta en Devoto de ayer, merece ser denunciada por todas las vías posibles. Hubiese sido clave oír voces de responsables políticos, que con un mínimo de sensatez, enfrenten el sentido común reaccionario que ayer fue más visible que de costumbre. Sin dudas que buena parte de la base electoral del Frente de Todos, coincide con los votantes de las diferentes expresiones de la derecha, en que los presos deben vivir en las condiciones actuales, y si es posible, deben morir así es un gasto menos para el Estado. La base militante del FdT, sensible a esta problemática, debería empujar a sus dirigentes para que se pronuncien y actúen sobre el tema.
Casi 45 días de confinamiento, fueron suficientes para cambiar –al menos momentáneamente– todas nuestras lógicas de militancia. El campo popular ha perdido su espacio estratégico de disputa, la calle. Por eso, a quienes nos duele la cárcel, los que entendemos que la comisión de un delito implica perder la libertad ambulatoria pero no la vida; tenemos que tener la mayor creatividad y audacia en estos días. Es necesario que podamos charlar en nuestros círculos de amistad, de activismo, sobre lo que pasa en las prisiones. Tenemos que ser capaces de hacer algo más que comunicados políticamente correctos que se acumulan en la base de datos de la web; no podemos quedarnos con putear en voz alta a Mauro Szeta o al periodista de turno, sino reclamar y construir nuestros propios espacios en los medios de comunicación para que se escuchen voces disonantes. Tenemos que rodear de solidaridad a los familiares de los detenidos –ese colectivo aún más invisibilizado, integrado en su mayoría por mujeres pobres-, construir lazos de cooperación y pensar estrategias en conjunto, para que morir en el encierro no sea el único destino posible.
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/04/27/a-quien-le-importa-si-se-trata-solo-de-otro-preso-muerto/
El juez titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, Jose Luís Castro, ha dictado una providencia notificada hoy a la defensa del preso del PCE(r) Manuel Arango, por la cual se afea a la dirección de la prisión de Herrera de la Mancha la falta de remisión de varios informes sanitarios imprescindibles para ventilar la solicitud de tercer grado por motivos de enfermedad grave.
