La sección española del organismo publicó en el 2008 un informe titulado «Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas: España en la guerra contra el terror«, donde se detallaba el caso de varios ciudadanos españoles y británicos secuestrados por EEUU en la base naval de Guantánamo y donde la propia policía española que acudió a entrevistarse con ellos le detalló al ex magistrado español las condiciones de reclusión.
Amnesty lo denunció como un hecho flagrante de encubrimiento de hechos de tortura frente a quienes no se había podido demostrar su culpabilidad por medios lícitos. Wikileaks publicó documentos donde detallaba la cabal información que Baltasar Garzón procuraba a la delegación diplomática norteamericana en Madrid, según explica el cable 07MADRID2282.
El organismo de derechos humanos realizó este informe en el año 2008 tras destaparse los primeros indicios de los llamados «Vuelos de la CIA», un operativo liderado por la Administración de EEUU para secuestrar ilegalmente y en cualquier lugar del mundo a ciudadanos «sospechados» de delitos de terrorismo, operativo del que habrían participado varios gobiernos europeos que liberaron su espacio aéreo para el acceso y trabajo de estos grupos de tareas del Ejército de EEUU. Entre ellos se encontraba el gobierno español, según publicó en su momento la organización Wikileaks más adelante, en 2010.
A partir de las informaciones provistas por el Gobierno de EEUU al Gobierno español, el ex juez Baltasar Garzón formuló imputación en el año 2003 de pertenencia a Al Qaeda a cuatro ciudadanos de origen árabe que se encontraban secuestrados en la base naval de Guantánamo (Cuba). Sus nombres eran Hamed Abderramán Ahmed Hmido, Lahcen Ikassrien, Jamiel Abdul Latif Al Banna, Abu Anas, y Omar Deghayes.
Según detalla Amnesty, varios funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía español acudieron a Guantánamo a interrogar a los imputados por Garzón. Dichos interrogatorios estuvieron llevados a cabo por personal de la Unidad Central de Información Exterior, pero lo más llamativo es que fueron los propios policías españoles quienes explicaron a Garzón las condiciones de reclusión y los mecanismos de tortura empleados.
Si Garzón hubiera tenido en cuenta estos elementos, su imputación hubiera sido archivada, a tenor de la expresa nulidad que tienen en el proceso penal las declaraciones obtenidas bajo tortura o en condiciones de detención ilegal, sobradamente acreditadas en el caso de Guantánamo, incluso por la propia policía actuante y en un ámbito fuera de lo común.
Según la policía española, los secuestrados se encontraban «sin ningún tipo de derechos«. Los agentes vieron el reducido tamaño de las celdas; todas ellas separadas por rejas y una especie de malla metálica. Pudieron, además, comprobar que las camas estaban suspendidas en el aire y que los detenidos podían salir a un patio interior cada tres días durante un cuarto de hora.
Según el testimonio del policía ante el juez, los interrogatorios a los detenidos tenían lugar en una especie de vagones que, según insinuó el policía al juez, eran propicios para la tortura u otros malos tratos: «…están habilitados una especie de vagones también donde se llevan a estos hombres a los que se quiere interrogar, y bueno, el sitio sí es propicio para…”, según declaró el agente con TIP 14620 que declaró el 23 de septiembre de 2003 ante Garzón.
“Aún tengo miedo de la luz artificial y no duermo bien, uno no se recupera de esos trastornos fácilmente. Nunca volveremos a ser los mismos. Algunas personas que no han estado allí imaginan celdas oscuras y agujeros, pero aquello era un infierno muy luminoso”, declaró Omar Deghayes en una entrevista realizada con el periodista vasco Daniel Burgui.
A pesar de estos hechos, el ex magistrado continuó la imputación contra estos cuatro ciudadanos, uno de ellos español, a sabiendas de la ilegalidad de las pruebas obtenidas. Esto supuso la reclusión de un total de seis años para los imputados, tres en Guantánamo, y tres en España en libertad vigilada en el caso del español, y seis en el caso de los británicos, cuyas condenas fueron declaradas radicalmente nulas por el Tribunal Supremo.
Sin embargo, Baltasar Garzón prosiguió con su implacable persecución. Un día antes de reunirse con el Embajador de EEUU en Madrid, Eduardo Aguirre, el 20 de diciembre de 2007 dictó una Euroorden de detención contra los tres británicos que mantuvo recluídos en Guantánamo y que EEUU había decidido extraditarlos a Reino Unido por razones humanitarias.
Al día siguiente, Garzón departía junto al Embajador Aguirre sobre estas y todas las cuestiones de interés para la política exterior de EEUU que estaban radicadas en la Audiencia Nacional española, aportando ideas para la mejora de las relaciones bilaterales e incluso proponiendo la creación de la figura de un «agregado judicial» para la Embajada de España en Washington, según publica el cable filtrado por Wikileaks.
Pero la veleta viró a otro lado. Después de todo esto, y en otra de sus resoluciones mediáticas, Baltasar Garzón se declaró competente en enero de ese año para investigar las torturas y malos tratos contra personas detenidas en la base naval de Guantánamo, torturas que como evidencia Amnesty, conocía desde hacía algunos años antes.
El cable de la Embajada de EEUU en Madrid 09MADRID440 filtrado por Wikileaks describe la preocupación de la diplomacia norteamericana por este movimiento judicial de Garzón. No obstante hay que aclarar en determinados casos que los análisis de la política española que hacen los diplomáticos norteamericanos es muy alejada de la realidad; en el cable 04MADRID613 llega a calificar una posible coalición de gobierno del PSOE junto a Izquierda Unida como «coalición de extrema izquierda».
Sin embargo, el todavía fiscal jefe de la Audiencia Nacional española Javier Zaragoza tranquilizó a los diplomáticos de EEUU, dando por sentado que tras el boom mediático de Garzón por abrir semejante procedimiento, lo dejaría morir, y así fue. Nada se ha vuelto a hablar de la famosa investigación de Garzón sobre Guantánamo. Si un usuario de Google teclea las palabras «Garzón» y «Guantánamo» seguidas, aparecerán numerosas referencias informativas a la decisión del ex magistrado de llevar adelante una presunta «investigación», pero para tranquilidad de EEUU, todo quedó en palabras y la información que manejaba Zaragoza (fiscal que durante muchos años trabajó junto a Garzón en la lucha antiterrorista) era cierta.
Las fuentes de referencia sobre estos hechos parten de dos orígenes: el propio documento de la sección española de Amnesty, pero también de Wikileaks, organización que ha contratado al propio Garzón como abogado de su redactor jefe Julian Assange. Llama la atención que la organización liderada por el australiano recabe los servicios de quien hasta hace poco tiempo acudía a la Embajada de EEUU en Madrid a proporcionar información y dar recomendaciones sobre cómo proceder en hechos que han sido calificados por numerosos organismos internacionales como crímenes contra la humanidad.
Omar Deghayes, secuestrado en Guantánamo, opinaba sobre Garzón: “Primero nos dice que somos terroristas, que somos mala gente y de pronto un día cambia de parecer y nos pide autorización para encausar a Dick Cheney y George Bush. Me lo pidió a mí y otros como Jamil Abdul, los dos que supuestamente debíamos ser juzgados en España por él. Toda una locura”.
En el año 1998, el Ministerio de Defensa español remitió a su juzgado en el marco de la causa por los vuelos de la muerte, un listado parcial de altos oficiales españoles entrenados por la dictadura. Víctor Basterra, fotógrafo secuestrado en la ESMA y hoy director del Instituto para la Memoria, señaló ante Garzón a otro militar más al que reconoció como partícipe de los grupos de tareas del gobierno de facto. El ex juez desechó actuar contra ellos.
