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Para Forbes, el “rescate financiero del FMI hizo que Argentina no tocará fondo, pero, su situación se agrava debido a la fuga de capitales”. Menciona que empresas como Coca Cola-Femsa pidieron un procedimiento preventivo de crisis y planean despidos. Ya la versión estadounidense de Forbes había alertado en febrero del año pasado a los inversores que podía ser el “momento de salir de la Argentina”.
El artículo de Forbes señala la devaluación del 50 por ciento del peso frente al dólar en 2018 y señala que el crédito del Fondo Monetario Internacional sirvió apenas para frenar la caída de la moneda argentina.
“A los tres meses se le entregaron otro 7.000 millones de dólares más respecto al paquete original, con el objetivo de detener su alta inflación, que cerró en 40,5 por ciento durante 2018”, recuerda la revista y señala que como contrapartida a ese préstamo el Gobierno debe apuntar a “déficit cero” en 2019. Ese es el único “acierto” que destaca Forbes, que Cambiemos logró superar la meta fiscal acordada con el FMI para el año pasado.
Sin embargo, menciona como uno de los principales problemas de la economía argentina su nivel de endeudamiento. “Aumentó 20 puntos porcentuales del PIB entre 2017 y el segundo trimestre de 2018, alcanzando una deuda pública de 77,4 por ciento del PIB”, alerta al citar cifras de la Cepal.
Como parte del panorama, Forbes agrega que “empresas de talla internacional como Coca-Cola Femsa, Avianca y Carrefour” ya pidieron procedimientos preventivos de crisis para avanzar con despidos masivos.
(*) https://www.forbes.com.mx/argentina-esta-a-un-paso-del-colapso-economico-de-nuevo/

En lo que va de 2018, el gobierno de la alianza oficialista Cambiemos otorgó 45 autorizaciones oficiales para el trabajo de niñas y niños de entre 10 y 17 años, un medida que alarmó al país y produjo cruces a nivel político y social.
¿Qué implica ésta explotación infantil en un contexto crítico? Cuando los capitales avanzan y el Estado se desdibuja, la filosofía de la maximización de ganancias no encuentra freno, aún cuando se trate del proyecto de futuro de una sociedad.
Los datos de la primera Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes (EANNA) realizada por el Ministerio de Trabajo, señala a Argentina como un país que históricamente ha mantenido tasas bajas respecto de este problema y pone en relevancia la reducción de la tasa de trabajo infantil.
Este proceso se evidenció a nivel regional durante los años 2000 y 2016, en coincidencia con los períodos en que la región estuvo gobernada por proyectos políticos que promovieron procesos redistributivos e inclusivos de amplias masas de la población. Pero ¿qué sucede hoy cuando el Estado se desdibuja?
El estudio recoge información entre los años 2016 y 2017 y revela que 9,4 por ciento de los niños argentinos realiza alguna actividad productiva y que cuando se habla de poblaciones rurales, la cifra se duplica: el 20 por ciento de las niñas y niños de entre 5 y 15 años que viven en zonas rurales del país, realiza alguna actividad productiva.
El 70 por ciento del trabajo infantil del mundo, se concentra en el sector agrícola, según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Expresado en números, hay en Argentina más de 1.100.000 menores de 18 años que participan en actividades económicas, productivas o domésticas intensivas, interrumpiendo su formación y desarrollo.
Si se toma la problemática a nivel nacional, según UNICEF, en América Latina y el Caribe, unos 17,4 millones (16 por ciento) de los niños y niñas de 5 a 17 años trabaja, y según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 77 por ciento realiza trabajos peligrosos. Esta cifra equivale a cinco veces la población total de Uruguay. Si el total de niños y niñas trabajadoras conformara la población de un país, sería el octavo país más poblado de América Latina sobre un total de 33.
Aunque en comparación con la tasa regional las cifras argentinas no parecen alarmantes ¿a cuánto debe llegar esta cifra para que represente un llamado de atención a nivel gubernamental? En este contexto, la actitud permisiva del gobierno de la provincia de Jujuy, frente al tema es un dato a destacar. ¿Será el inicio del ascenso de esta tasa para el país y la región?
Entre las principales causas que dan origen a esta problemática social y humanitaria se encuentra la pobreza; la falta de acceso a una educación de calidad completa un círculo vicioso de origen y reproducción de este problema.
El patrón cultural, como la naturalización del trabajo infantil -en el caso argentino avalado por la Ley- complica la situación en los contextos en los que los gobiernos son más benévolos con los intereses empresariales.
Marcelo Nasiff, diputado jujeño del oficialismo, justificó el empleo de niños y niñas para “tareas livianas” como “encañar y desencañar tabaco”, en la Legislatura de Jujuy donde otros diputados opositores pidieron explicaciones.
“En el campo los chicos ayudan a sus padres, en esas frágiles economías, y muy bien les vienen algunos pesos que hacen con el trabajo que sólo los chicos pueden hacer”, justificó. Aclaró que los niños “no van a hacer cosas que no pueden hacer”, dividiendo así las tareas que estarían permitidas para el trabajo infantil de las que no.
Según Nasiff, el trabajo y las herramientas de trabajo “no matan a nadie. Es bueno que todos aprendamos porque hay algunos que si de chicos ni ven una pala cuando la ven de grande se infartan”.
De acuerdo con los datos que dio a conocer la EANNA, en la región norte donde se encuentra ubicada la provincia de Jujuy, el porcentaje de niños y niñas que trabajan escala a 13 por ciento, tres puntos por encima de la cifras nacionales. Allí las principales actividades productivas, vinculadas al trabajo agrícola, configuran realidades sociales excluyentes, condenando a familias completas a trabajos forzados, en condiciones de precariedad y con salarios bajos.
No son buenos los pronósticos si se consideran, como lo plantea un informe de la OIT, las vinculaciones entre contextos de crisis financiera y el crecimiento de las cifras de trabajo infantil. Los procesos inflacionarios, la contracción de la economía y las pérdidas de puestos laborales formales, ponen en la mesa familiar el problema de la urgencia económica, que obliga a buscar alternativas.
En agosto de 2018 el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica (UCA) advirtió que el porcentaje de pobreza alcanza a 33 por ciento de la población y que una de cada 10 personas se encuentra en situación de indigencia.
En un mundo globalizado, donde el sistema económico necesita maximizar sus ganancias para repartir entre unos pocos, la explotación laboral de niños y niñas es uno de sus destinos preferidos.
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno argentino al respecto? En 2015 un fallo de la Corte Suprema de Justicia disolvió el Registro Nacional de Trabajadores Agrarios (Renatea), que intentaba avanzar en la fiscalización para el control del Trabajo Infantil en el campo y en la consolidación de alternativas, como espacios de cuidado para niños y niñas y programas de alfabetización y capacitación para los trabajadores y trabajadoras.
En el mismo sentido, este año, cerró la Secretaría de Agricultura Familiar, destinada a acompañar a los pequeños productores, hoy desamparados frente a los monopolios de la producción de alimento y la concentración de la propiedad en cada uno de los eslabones de la cadena de valor.
La definición que rige a las legislaciones respecto del trabajo infantil se expresa de manera diferente en cada país, obedeciendo a realidades particulares que “obligan” a considerar situaciones como el trabajo en el seno familiar o para el auto consumo.
La legislación argentina acompaña la definición de la OIT respecto de las prohibiciones al trabajo infantil, por considerar que interfiere con el desarrollo del niño, pero contempla tareas aceptables que se incorporan como excepciones a la norma general. Así, en la ley 26.390, artículo 189 bis, se permite el trabajo para los niños de 14 años y más en la empresa familiar, bajo ciertas condiciones.
La ley no ayuda en este contexto de disputa, donde en brutales condiciones de desigualdad y cuando no hay un Estado presente, los actores que pugnan son los poderes económicos (las empresas), en la búsqueda de maximizar ganancias, contra las familias inmersas en contextos laborales cada vez más adversos.
La crisis recrudece la voracidad de los capitales por reducir costos y pone a las familias en contextos de vulnerabilidad. La permisividad legal, lo avala.
Al analizar un poco más a fondo los datos de los niños y niñas trabajadoras en Argentina, surge que un 57,5 por ciento en el área urbana lo hace por la necesidad de ayudar a su familia por cuenta propia, mientras que, en áreas rurales, el número alcanza a 50,1 por ciento. El 5,7 por ciento de niñas y niños que trabajan, entre la población urbana, no asiste a la escuela, mientras que en el ámbito rural el porcentaje asciende a 10,1 por ciento.
En pleno siglo XXI, somos conscientes de que el trabajo infantil amenaza la integridad física y psicológica, el proceso de educación y acceso a la salud en millones de niños y niñas. En un contexto de neoliberalismo en ascenso estas desigualdades amenazan con profundizarse dejando presos a los niños y niñas en condiciones cada vez más degradantes de vida.
http://estrategia.la/2018/11/26/el-gobierno-legaliza-el-trabajo-infantil-en-el-norte-argentino/

Mauricio Macri, es un ingeniero civil, egresado de la Universidad Católica Argentina, uno de los institutos universitarios mas exclusivos y reaccionarios de Argentina, que hay que decirlo no tiene un gran nivel académico, ni tiene grandes cantidades de alumnos.
Macri, es egresado del colegio secundario Cardenal Newman, otro lugar exclusivo en la localidad de San Isidro, en el gran Buenos Aires, que es un conglomerado que abarca un diámetro de 60 kilómetros a la redonda de la ciudad de Buenos Aires, y que alberga a unos quince millones de habitantes. San Isidro es una ciudad dentro de ese círculo y donde vive una buena parte de la oligarquía argentina.
Toda la formación de Macri se desarrolló en ese ambiente exclusivo, y este aprendió muy bien los valores de la clase a que pertenece.
Argentina no está entre los paises centrales del mundo. Se trata de un país de la periferia; y por lo tanto dependiente; y también por lo tanto es un país incapaz de generar cambios profundos en la estructura económica del país.
Toda la economía argentina gira en torno a la producción agricolo ganadera, y últimamente a la producción en masa de la soja, que es un haba ajena al país y cuyo cultivo ha sido impuesto por las grandes multinacionales de alimentos como Cargill, Purina y la Monsanto, que ha sido adquirida por Bayer.
Este cultivo ha sido utilizado para alimentar animales y humanos y se ha escrito hasta el cansancio sobre sus virtudes alimenticias, utilizando para ello el comodín de que puede reemplazar a la carne. Si ello fuera cierto, que nos dejen la carne a nosotros y se coman la soja ellos. Obviamente no es así. La proteina vegetal es muy distinta de la animal y no son fungibles.
Pero hay un problema básico en cuanto al sustento ideológico de esta política neoliberal. Todos los paises desarrollados, antes de alcanzar ese status fueron proteccionistas; y por esa simple razón alcanzaron el lugar donde se hallan. Al mismo tiempo; obligaron a los paises dependientes como Argentina, a aplicar políticas librecambistas; es decir de abrir sus economías a la competencia. Nada más falso que eso. Argentina no puede competir con paises como EEUU, ni como Inglaterra, ni como Francia ni como Italia. Carece de la tecnología propia para ello, y depende de las patentes extranjeras, y debe pagar royalties para su uso. Es decir que tiene un grillo en el pie.
Un país como Argentina no tiene más camino a seguir que el proteccionismo, y para ello deberá acabar con el gobierno de Macri y los chicos de Milton Friedman los Chicago Boys.
Una política proteccionista necesita del control de cambios, es decir que no puede dejar librado el valor de su moneda a los vaivenes del «mercado». Debe prohibir la importación de manufacturas que se puedan fabricar en el país, y debe implementar una política de créditos a largo plazo y bajo interés para fomentar y proteger la producción nacional.
Además de ello deberá fomentar el gasto en las universidades, para que los científicos argentinos diseññen tecnología propia que no dependa de las patentes extranjeras y que no tengan que pagar royalties por su uso.
Ahora bien; hay un paso que se deberá dar inexorablemente; y es el desconocimiento de la deuda externa, en aplicación de la teoría de la «deuda odiosa» que es un concepto acuñado en Rusia sorprendentemente antes de la revolución bolchevique, y que consiste en no pagar la deuda que no haya sido beneficiosa para el propio pueblo.
Indudablemente las políticas de Macri y su pandilla van en dirección contraria, y se basan en una milagrosa «lluvia de inversiones» que prometió. Hasta ahora esa lluvia ha sido de desgracias y males de todo tipo. Se trata de la misma política de la dictadura militar y de Menem, que endeudó el país, y lo hundió en la miseria. Esa política solo puede imponerse con violencia y represión que ya se está aplicando por ese gobierno ilegítimo.
¿Hay alguna economía en el mundo que soporte intereses del 60% como ha fijado el Banco Central de Argentina? ¡El mismo Banco Central ha emitido letras a 100 años! Es escandaloso. Si no hay un cambio de rumbo inmediato Argentina caerá en un abismo del cual no podrá salir en mucho tiempo. Es imperioso por salud democrática acabar con ese gobierno.
Acabará muy pronto.

Dicho esto es necesario indagar en la situación de la clase obrera tanto rural como industrial en Argentina durante ese período.
Todos los paises dependientes, y Argentina sin duda lo era, crecen a merced de los aflojamientos que los imperios coloniales ejercen sobre ellos, y el comienzo de la guerra en 1939 era una ocasión de oro para romper los violentos vínculos que ataban a la nación argentina al imperio inglés, y el movimiento obrero no desaprovechó esa magnífica oportunidad.
Durante toda la década de 1930, se sucedieron en Argentina gobiernos espúreos surgidos del golpe militar de 1930 contra el gobierno de Hipólito Yrigoyen, lo que abrió un período espantoso de la historia argentina conocido como «la década infame», y que culminaría con un nuevo golpe de estado el 4 de junio de 1943, que acabó con ese período ominoso.
Según palabras de Winston Churchill, Inglaterra sería el taller del mundo y Argentina su granja. Esta terrible sentencia se venía cumpliendo en forma inexorable, hasta que el nazismo alemán desata la guerra atacando a Polonia y poniendo en alerta al imperio británico que siente en su pescuezo el aliento alemán que le acecha.
Este período produce importantes transformaciones económicas, ya que al no poderse importar productos europeos a raíz del conflicto mundial hay que suplirlos con productos nacionales y ello hace que florezcan infinidad de fábricas y talleres argentinos que comienzan a surtir las necesiades del país.
Ello a su vez hace que crezca la calse obrera, y que los sindicatos se hagan más fuertes, y puedan defender mejor a sus afiliados, y se constituyan en un auténtico poder.
En Argentina, hay una gran cantidad de empresas alemanas, entre las cuales estaban Hanomag, y Otto Deutz, fabricantes de tractores; Pelikan, fabricante de tintas y tinturas para la industria textil; Shultz, fabricante de motores marinos, Borgward, fabricante de piezas para la industria automotriz, Daimler Benz, fabricante de automóviles y piezas de repuesto; dos periódicos diarios en alemán, el Fraie Presse de tendencia filonazi, y el Argentinische Tageblatt de clara orientación izquierdista.
Hay además una gran colonia alemana que se traduce en varias iglesias luteranas; y muy especialmente hay un gran banco alemán, que es el Banco Alemán Transatlántico, antecesor del actual Detsche Bank, que financia a las empresas alemanas. Y por encima de todo ello, el embajador alemán Conde Luxburg, que cumplía fielmenter las instrucciones del ministro de AAEE alemán Joachim Von Ribbentrop. ¿Cuáles eran esas instrucciones? Pues consistían en informar diariamente al alto mando militar alemán que buques ingleses partían de los puertos argentinos cargados con mercancías de primera necesidad, especialmente alimentos para saciar las necesidades de las cocinas del imperio de Su Graciosa Majestad, para que los U Bote (Submarinos alemanes) los hundieran.
Por aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, había en los sectores populares argentinos un profundo odio hacia el imperio británico y una enorme simpatía hacia los alemanes, que estaban atacando a ese imperio. Esto no significa que el pueblo argentino sea nazi ni que simpatizara con los campos de exterminio, ni con la invasión de la URSS que gozaba de las simpatías de la clase obrera; nada de eso. Simplemente las clases populares argentinas que eran víctimas de la sobreexplotación de las empresas inglesas que se habían apropiado de la industria de la carne y de los granos, estaba recibiendo una paliza a manos de los alemanes.
Pero todo esto cambia a raiz del golpe de estado del 4 de junio de 1943, en el que militares nacionalistas separan de la presidencia a Ramón Castillo, un profesor de derecho mercantil de la Universidad de Buenos Aires y abogado de las grandes compañías inglesas de la industria de la carne, siendo reemplazado por el General Edelmiro Farrell, que expulsa al embajador alemán conde Luxburg, expropia la propiedad alemana, italiana y japonesa declarando la guerra a esos paises; y formando con ese grupo empresrial de vital importancia, un nuevo grupo llamado «Grupo Dinie» (Grupo de empresas del estado) que fueron un puntal importantísimo para la transformación de Argentina de un país con una economía rural a un país de economía industrial.
Esto es el inicio de la etapa más fascinante de la historia argentina moderna. Pero eso será para otra entrega.
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| El periodista económico Roberto Navarro |
En su editorial de todos los domingos, el periodista recordó cómo viene cayendo la imagen del presidente Mauricio Macri que alcanzó una caída de 15 puntos y cómo afecto la investigación del mismo medio, Juan Amorín, sobre una trama de falsos aportantes a la campaña de la sucesora de Macri y actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, donde se habría blanqueado enormes sumas de dinero para que ganara al candidato del kirchnerismo, Aníbal Fernández.
Adelantó que para el Gobierno “el tema primero es llegar al 2019 y después enfrentar a Cristina” que comenzó a subir en las encuestas y se posiciona con la dirigente con mayor intención de voto.
Ante la investigación de “las fotocopias de la corrupción” que desató una ola de detenciones de ex funcionarios y empresarios vinculados al anterior gobierno, el conductor advirtió: “El fin es acabar con Cristina. En la obra pública al fin y al cabo hace 100 años que hay coima [soborno], no está bien, está para la mierda pero lo que nunca voy a pensar que el debate nacional pasa por ahí, por quién recibe más coima”.
Puntualizó que “solo el 7% del presupuesto va destinado a obra pública” y arremetió que la causa de “los cuadernos de la corrupción” tiene como fin “cambiar el eje, frenar a Cristina, asustar pero no hay ninguna prueba”. Para Navarro, el plan es idéntico al operativo Lava Jato, por el cual ha sido encarcelado el ex presidente brasileño Lula da Silva, y que evidentemente es el gobierno de Estados Unidos el principal interesado en evitar que se revierta en la región el ascenso de gobiernos de la derecha latinoamericana.
“Toda la batalla es mediática y el objetivo es convencerte a vos que el tema de la semana es la obra pública y que la culpa la tiene la yegua”, sentenció.

Los parlamentarios denuncian en un informe las “alarmantes pruebas”, a las que tienen acceso, sobre la presunta injerencia ilícita de la empresa consultora británica SCL Group en operaciones políticas en el extranjero.
“El comité ha visto evidencia confidencial —el resumen de una reunión de la directiva del Grupo SCL del 27 de mayo de 2015— relacionada con una campaña anti-Kirchner en Argentina”, afirman los miembros del Comité Digital, Cultura, Medios y Deportes (DCMS, por siglas en inglés) de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico en su informe provisional sobre “Desinformación y falsas noticias”.
De acuerdo con el comité, el documento describe “tácticas de espionaje”, “guerra informativa” y el uso de “funcionarios jubilados de las agencias de inteligencia y seguridad de Israel, Estados Unidos y Rusia” en apoyo de la misión de injerencia del grupo británico en el país sudamericano.
“Cuentas falsas en Facebook y en Twitter” formaron parte de la campaña en contra de Kirchner diseñada por la poderosa consultora, que este año se vio forzada a cerrar parte de su negocio global a raíz del escándalo destapado esta primavera en su filial Cambridge Analytica.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) de Argentina abrió la semana pasada una investigación sobre una posible intervención de la empresa británica Cambridge Analytica en la ajustada victoria electoral del presidente del país, Mauricio Macri, a raíz de publicaciones de prensa en Estados Unidos y Reino Unido.
Las consultoras Cambridge Analytica y SCL están involucradas en un escándalo después de que saliera a la luz que usaron los datos de 50 millones de usuarios de Facebook a favor de la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit).
Un informe del noticiero británico de Channel 4 reveló que Cambridge Analytica y su empresa matriz SCL, “trabajaron en más de 200 elecciones, incluyendo las de Nigeria, Kenia, República Checa, La India y Argentina”.
https://www.hispantv.com/noticias/argentina/383909/campana-cristina-fernandez-kirchner-reino-unido-scl
«A volver, vamos a volver», era el grito de campaña de los simpatizantes de la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2015 cuando Mauricio Macri, contra pronóstico, el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires triunfaba en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas.
El contexto
Este ministerio de nueva creación sería dirigido por Nilda Garré, militante del Frente Grande e histórica de la izquierda peronista que había tenido un protagonista rol en la depuración de las Fuerzas Armadas argentinas de quienes habían tenido participación en la última dictadura militar. Su nombramiento se precipitó por la muerte del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra a manos de un grupo parapolicial con vínculos con la Policía Federal, mientras participaba de una protesta de trabajadores ferroviarios en las vías del Ferrocarril Roca, que conecta Buenos Aires con La Plata. La conclusión y el mandato de Cristina Kirchner parecía evidente: para evitar una maniobra de desestabilización había que depurar las Fuerzas de Seguridad.
El incidente diplomático del Globemaster se desató pocas semanas después de su toma de posesión, y la fuerza policial que intervino en aquel operativo de análisis del material incautado a los EEUU, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), no era cualquiera. La PSA es una policía de nueva creación que vino a sustituir durante el gobierno de Néstor Kirchner a la Policía Aeronáutica Nacional (PAN), dependiente de la Fuerza Aérea, y cuyo primer director, Marcelo Saín, se propuso dos premisas: «que ni la DEA [la agencia antidroga norteamericana] ni el FBI pongan un pie acá«. Lo que encontró la PSA en aquella maleta eran armas y drogas difícilmente compatibles con un esquema de seguridad democrática. La cosa era tan grave que los marines que custodiaban aquel bulto se pasaron seis horas sentados sobre ella para que los funcionarios argentinos no pudieran abrirla, hasta que tras diversas gestiones diplomáticas, se accedió a la maleta.
La reacción de Garré a este incidente (supervisado minuto a minuto por Cristina Kirchner) fue rescindir los convenios de colaboración de las cuatro fuerzas federales, PSA, Policía Federal, Prefectura y Gendarmería Nacional con las agencias de EEUU, principalmente el FBI y la DEA. Pero sin embargo, esta medida drástica no fue del todo cumplida, ya que las policías provinciales siguieron contaminadas por la influencia de las agencias policiales de EEUU, con quienes compartían información, seguimientos y de quienes adquirían material policial.
«Vamos por todo»
Con estos antecedentes y con los editoriales de los diarios resaltando esta frase que Cristina Kirchner realizaba en febrero de 2012 en el homenaje a los 200 años de la bandera nacional en la ciudad de Rosario, los medios del monopolio mediático alertaban de una «chavización» del gobierno argentino. Y los hechos parecían darles la razón.
El déficit de la balanza energética nacional, en aquel momento controlada en exclusiva por entidades privadas, motivó en abril de ese año el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que intervenía la ex empresa estatal YPF, en manos de la española Repsol, y la posterior nacionalización del 51% de las acciones.
La escenografía de cómo se desarrollaron los acontecimientos fue electrizante. Por un lado, grupos de militantes y simpatizantes del kirchnerismo poblaron aquellos días tanto la Plaza de Mayo como la Plaza de los Dos Congresos, mientras que el Ministro de Planificación Federal, Julio de Vido acudía acompañado de su escolta de la Policía Federal y varios miembros de su equipo al lujoso edificio del barrio de Puerto Madero para echar personalmente a los ejecutivos españoles. Para colmo, el gobierno español de Mariano Rajoy levantaba la defensa de Repsol como una cuestión de Estado (a pesar no ser una empresa española) y abría una crisis diplomática sin precedentes.
Además, a diferentes episodios del enfrentamiento del gobierno nacional con los factores de poder tradicionales se sumaba la iniciativa presidencial de retomar el histórico reclamo por la soberanía argentina en el archipiélago de Malvinas. Es decir, el país se polarizaba y se generaba un debate nacional sobre aspectos clave de la economía donde empezaron a discutirse, tímidamente, la distribución de la riqueza, el sistema de transportes, derechos civiles, el modelo productivo, etc.
Los camioneros entran al plató
El sindicato de camioneros, conducido por el histórico dirigente de la CGT Hugo Moyano, había sido hasta este momento un aliado imprescindible del kirchnerismo. Se trataba de un gremio que creció al costado del crecimiento económico general, ya que el aumento de la producción interna y la amplia demanda vino acompañada de enormes inversiones en transporte por carretera.
Moyano es uno de esos dirigentes sindicales que se mueve entre el obrerismo y la mafia. Lidera un conglomerado gremial con inversiones en el transporte por carretera, salud o el turismo que podía verse afectado por otro problema que acuciaba al comercio interior: los sobrecostes del transporte por camión.
El gremio de camioneros es una rama de la CGT que fue amamantada por los Estados Unidos a partir de la caída de Juan Domingo Perón en 1955. En aquél entonces, el sistema de transporte argentino estaba basado en la política autárquica del peronismo y con un fuerte desarrollo del ferrocarril como transporte de cargas y pasajeros barato para un país de enormes dimensiones. En 1956, los EEUU se veían en el problema de dar salida a la industria militar de posguerra, viendo en la fabricación de coches y camiones una alternativa de reconversión de su maquinaria de guerra, necesitando crear mercados compradores de todos sus excedentes de producción.
Desalojado y perseguido el peronismo, Argentina adopta a partir de los años 60 un plan ideado por el general norteamericano Thomas Larkin para incorporar paulatinamente el camión y hacer desaparecer el ferrocarril. Por esta razón histórica, el gremio de camioneros ha estado vinculado, al igual que en Chile o Brasil, a las peores políticas y represiones en la historia argentina. El mismo Hugo Moyano fue en los 70 miembro de la Triple A en Bahía Blanca, participando de los operativos donde fueron asesinados y agredidos varios militantes de la izquierda peronista, según el testimonio del ex militante del PST Carlos Petroni.
Los trailers bloquean las refinerías de YPF
En junio de 2012, tras varias amenazas y tira y aflojas de la CGT con el gobierno argentino, Hugo Moyano hace un sorprendente anuncio desde los estudios del canal TN, vinculado al grupo Clarín. Convoca a un paro nacional al que se adherirían los principales gremios del transporte, además del sindicato de camioneros, en lucha por un difuso horizonte salarial que no se concreta pero que viene cargado de reproches políticos hacia el gobierno de Cristina Kirchner.
El 19 de junio de 2012, piquetes alineados con Moyano empiezan a bloquear las refinerías de YPF en lo que viene a ser el primer paro nacional contra la flamante empresa nacional. Es la reacción de un gremio estratégico a una decisión de amplia popularidad. El objetivo era crear un clima de desabastecimiento y generar pánico entre las clases medias porteñas y cordobesas, que demandaran un cambio de gobierno con recetas de mano dura.
Moyano contaba al principio con el apoyo de los sindicatos ferroviarios (UTA y La Fraternidad), que serían los que permitirían inclinar la balanza, pero la escasa popularidad del paro hizo que se bajaran de la huelga, fracturándose la CGT en dos escisiones.
Prefectura y Gendarmería Nacional se amotinan
La dirigente trotskysta Vilma Ripoll, que se acercó al Edificio Guardacostas (situado a 500 metros de la Casa Rosada, sede de la Presidencia) a solidarizarse con los «compañeros prefectos» fue agredida y expulsada de la toma al grito de «zurda de mierda».
Y puntualicemos algo. La Gendarmería Nacional estaba dirigida en ese momento por el que fuera oficial de enlace en los 90 del dispositivo Gendarmería-DEA para la lucha antidroga, Hector Schenone, amigo de la embajada de EEUU y uno de los asistentes a los «cursos» que la agencia norteamericana hacía a las policías latinoamericanas en aquella infame década.
Una liquidación salarial indebida en un cuerpo de estas características era evidente que iba a sublevar a la tropa. Se hizo una liquidación errónea de los sueldos con el único fin de promover un amotinamiento que impusiera condiciones políticas al gobierno de Cristina Kirchner y que desplazara a la «vieja montonera» Nilda Garré. Y lo consiguieron.
Si bien Nilda Garré siguió siendo titular durante un tiempo más del Ministerio de Seguridad, la toma de decisiones se desplazó a un político de un perfil muy distinto, el médico militar Sergio Berni, quien desde marzo ya había sido nombrado Secretario de Seguridad. Berni fue un ex militar que participó y simpatizó con el movimiento militar carapintada, que en los años 80 había protagonizado varias sublevaciones en protesta contra los juicios por los crímenes que el propio Ejército había protagonizado durante la última dictadura. Lo vendieron como un «político duro y pragmático», pero lo cierto es que tras su pose fascistoide se encubría un rediseño de la política de seguridad que restablecía la autonomía que las fuerzas policiales habían perdido con la gestión de Garré, algo que los EEUU venían demandando insistentemente.
Era la victoria más importante de la Estación de la CIA en Buenos Aires.
La agitación callejera
Curiosamente, días antes de esta asonada policial, el fiscal federal Luís Horacio Comparatore abría una investigación preliminar donde advertía que se estaban produciendo tanto en Capital Federal como en el conurbano bonaersense una serie de episodios que podrían deberse a un «plan de desestabilización». Comparatore cruzó varios datos de caos organizado en hospitales públicos y de delincuencia callejera que se habrían producido con connivencia policial.
«Nuestra modesta experiencia es que siempre cuando se empiezan a movilizar las aguas, es porque hay un viento que sopla de algún lado. Es mucha casualidad que de golpe estando la Presidenta en el exterior, (aparezcan) los cacerolazos…«, afirmó entonces el fiscal a varios medios de comunicación. Incluso varios dirigentes políticos del kirchnerismo fueron escrachados en sus domicilios por grupos de la derecha.
Parecía un guión preestablecido, que culminaría con una gigantesca movilización el 8 de noviembre de 2012, que todas las radios y medios de comunicación del Grupo Clarín se encargaron de agitar. Al año siguiente, los organizadores de aquellas protestas reconocieron que recibían financiación de la American Task Force Argentina, el lobby de fondos buitre de EEUU en el país, perjudicados por la política económica proteccionista de Cristina Kirchner.
Epílogo
El año concluía con imágenes que siempre han tenido un impacto emocional en la sociedad argentina: los saqueos de supermercados. San Fernando, Zárate y Bariloche eran epicentros de una violencia inusitada que tuvo un saldo de 11 muertos, entre ellos un policía, por disparos tanto de fuerzas de seguridad como seguridad privada.
En un país donde el consumo se encontraba en niveles récord, asociar los saqueos a la pobreza parecía un despropósito, independientemente de la simpatía o antipatía que el lector pueda tener con el kirchnerismo.
El año 2012 fue un año de imposición de condicionantes que forjaron el futuro del gobierno argentino, y sus dirigentes no quisieron darse cuenta.
Una nota para concluir: El Brigadier Mayor (R) del Ejército de los Estados Unidos Richard
Goetze, uno de los especialistas estadounidenses en Seguridad Nacional,
Guerra No Convencional y Operaciones de Información, fue uno de los asesores contratados por el ministro de defensa Arturo Puricelli en octubre de 2012 para entrenar a tres docenas de funcionarios civiles de su cartera que versaba sobre la necesidad de emplear a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, algo prohibido en Argentina precisamente por la experiencia de la dictadura militar y por la UNASUR, pero claro, el empleado norteamericano fue agregado militar en la Argentina durante los peores años del terrorismo de Estado.

Durante el año 2012, la agregaduría de defensa de la Embajada norteamercana en Buenos Aires era dirigida por el coronel Patrick D.
Hall, quien estaba asignado en Caracas cuando el presidente Hugo
Chávez denunció la injerencia militar estadounidense en la política de
su país y que condujo al posterior golpe dirigido por Pedro Carmona Estanga en abril de 2002.
En Argentina no hizo falta llegar a tanto. Fueron los extraños compañeros de cama que hay en el peronismo los que contribuyeron a que los años venideros impusieran un giro a la derecha del kirchnerismo que terminó como tenía que terminar.