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La corrupción sindical en Argentina

Los sindicatos son una de las organizaciones más influyentes de Argentina. Cerca de 40 por ciento de la fuerza de trabajo está afiliada a algún sindicato.

No obstante, su poder económico reside en que administran los planes de salud de sus afiliados, un negocio bastante lucrativo.

Muchas de ellas tienen, además, fuertes vínculos con políticos, así como con asociaciones y clubes de fútbol, que posibilitan actividades como la reventa de entradas, la compraventa de jugadores y el control de los aparcamientos del estadio, actividades que a menudo están vinculadas al blanqueo de dinero negro.

En 2018 el fiscal Sebastián Scalera emitió una orden de deteción contra Pablo Moyano, dirigente del sindicato de camioneros y vicepresidente del equipo de fútbol Independiente. El fiscal le acusaba de dirigir una organización ilegal que lavaba dinero en cooperación con la “barra brava”, los hinchas de Independiente.

A través de la cuenta del club en Liechtenstein el grupo blanqueó 30 millones de dólares, según informó Clarín.

Sólo unos días más tarde el juez Luis Silvio Carzoglio puso en libertad a Moyano por falta de pruebas.

Pablo Moyano es hijo de Hugo Moyano, uno de los más poderosos dirigentes sindicales de Argentina. Hugo y otros miembros de su familia también están acusados de corrupción, lavado de dinero y evasión de impuestos.

Desde 2015 al menos cuatro importantes dirigentes sindicales han sido investigados y encarcelados por corrupción. Contra muchos otros se iniciaron investigaciones penales.

Aquel año Macri llegó a la presidencia con el propósito de acabar con la corrupción sindical, aunque en realidad lo que trataba era de imponer una reforma económica, para lo cual había que poner a los sindicatos contra las cuerdas.

Un acto de soberanía alimentaria. Un acto de soberanía

Dario Herchhoren

Hace muy pocos días el gobierno argentino dispuso la intervención y la expropiación de la empresaVicentín, que es la mayor empresa argentina de acopio y exportación de granos, aceites, algodón, vino y miel.

Dicha empresa era de amigos del ex presidente Mauricio Macri, y había conseguido créditos del Banco de la Nación Argentina por una cantidad de alrededor de 18.000 millones de dólares, a pesar de su situación cercana a la cesación de pagos. El nuevo gobierno argentino asumió sus funciones el día 10 de enero de 2020, y un mes antes de esa fecha el Banco de la Nación Argentina otorgó esos créditos a los cuales hay que sumar otros que ya se habían concedido.

Hasta la llegada de la dictadura militar, el mayor exportador de granos era la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias que era una cooperativa de segundo grado, es decir que era una cooperativa de cooperativas, y estaba integrada por varios miles de cooperativistas, que de esa manera podía exportar sus producciones en igualdad de condiciones con los grandes acopiadores y exportadores. Eso no era del gusto de la dictadura cívico militar que hizo cuanto pudo para hundir a la FACA (Federación Argentina de Cooperativas Agrarias), hasta que al fin lo logró.

En su lugar se posicionó Vicentín, que pasó a ocupar el primer lugar, vendiendo al exterior cinco millones de toneladas de granos como promedio anual, y gozando de generosos créditos bancarios tanto de bancos nacionales como extranjeros. Los préstamos de bancos extranjeros eran en realidad operaciones de fuga de capitales, que ingresaban al país con el objeto de hacer importantes inversiones que nunca se materializaban, y esos préstamos se depositaban en cuentas de la empresa a plazo fijo, rindiendo intereses que a veces llegaban al 40 % anual, y una vez cobrados esos intereses el resto pasaba a Vicentín. Ese modus operandi era siempre el mismo, y mientras el capital privado se enriquecía las empresas argentinas se empobrecían al tener que pagar intereses usurarios. Es lo que se llamaba «fuga de capitales».

La familia Nardelli, dueña de Vicentín, era el socio mayoritario de la empresa, pero en la misma participaban empresas multinacionales como Cargill, y Bayer, que ha comprado a Monsanto, y la cesación de pagos por parte de Vicentín, no solo amenazaba a los puestos de trabajo de seis mil trabajadores, sino que estaba en peligro la continuidad de la misma empresa,que seguramente caería en manos de las grandes multinacionales como consecuencia de la subasta de sus bienes.
                                                                                                                                                                                            
Vicentin tiene puertos propios sobre el río Paraná en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Chaco, además de ser arrendataria de una parte del puerto cerealero de Necochea en la Provincia de Buenos Aires.
                                                                                                                                                                                            
La decisión del gobierno argentino, marca un antes y un después de política soberana del país, y vuelve a la senda de las políticas implementadas por el General Perón, que reclamaba el carácter preeminente del estado en todo aquello que significara un sector estratégico, y la exportación de granos sin duda lo es.

Se trata de un paso en la buena dirección, que seguramente será seguido por otros más. Ya este gobierno que lleva pocos meses al timón del país, nacionalizó Aerolineas Argentinas, y recupero la estatal YPF (Yacimientos petrolíferos fiscales), y ello implica abandonar el neoliberalismo, que ha sido y es nefasto para un país dependiente como Argentina.

El hundimiento de la Rosales: una tragedia argentina

Darío Herchhoren

En el mes de julio de 1892, una flotilla argentina al mando del almirante Daniel de Solier, partió del puerto de Buenos Aires con dirección a Italia, para festejar el 400 aniversario del descubrimiento de América por el genovés Cristóbal Colón. Integraban la flotilla la fragata Almirante Brown, el crucero 25 de mayo y la cañonera de mar Rosales.

Al abandonar el estuario del Río de la Plata, la flotilla se encuentra con fuerte viento de proa, lo cual dificulta su marcha, pero no obstante los dos primeros buques siguen su curso, y la Rosales, comienza a perder velocidad y el resto se aleja cada vez más. La Rosales estaba al mando del capitán de fragata Leopoldo Funes, y este ante la situación que se le plantea con olas de nueve metros, hace señales de luz al almirante De Solier, que las ignora, pensando que ante la tempestad la Rosales buscaría refugio en la costa uruguaya. La Rosales mientras tanto es azotada por vientos bravíos, y navega a 200 millas de la costa uruguaya, a la altura del Cabo Polonio, cerca de la ciudad uruguaya de Castillos y finalmente choca contra una roca que no figuraba en las cartas náuticas y comienza a hundirse por la proa.

Viendo que la nave se pierde, el capitán Funes ordena el abandono del buque, pero hay un pequeño inconveniente. La tripulación es de aproximadamente 70 hombres, y los botes salvavidas tienen apenas lugar para unos 35. ¿Qué hacer ante esta situación? La versión oficial dice que Funes ordena la construcción de una balsa con maderos existentes en la nave, y que allí se embarca a la marinería y que los oficiales se embarcan en los botes salvavidas, y así llegan a la costa exhaustos, con la ropa hecha girones, sin calzado, y habiendo perdido a dos oficiales, que van a dar contra unas rocas en la playa.

La versión que da un náufrago al llegar asido a un madero en muy malas condiciones al puerto argentino de Ensenada, muy cerca a la ciudad de La Plata capital de la Provincia de Buenos Aires, echa por tierra la versión que da Funes y sus oficiales. Se trata del cocinero Battaglia, que es internado en un hospital para que se recupere, y ante dos versiones tan contradictorias, ya el diario La Prensa manda a un periodista que se entrevista con Battaglia, y este le cuenta que el día que se produce el hundimiento de la Rosales, y al ver el capitán Funes que no hay lugar en los botes para todos, toma la decisión criminal de encerrar a toda la marinería en la bodega, repartir licor para emborracharlos y vivar a la patria, y los abandona a su suerte.

Ya la opinión pública empieza a sospechar que algo no encaja en la versión de Funes. La muerte no es muy prolija y no es creible que no se salve ningún miembro de la marinería.

Así las cosas, el Presidente de la República Carlos Pellegrini, ordena que se abra una investigación para saber que ha ocurrido en realidad. Se designa como Fiscal Militar Instructor, al Jefe del Arsenal Naval de Zárate, ciudad sobre el Río Paraná, a unos 150 kilómetros a lnorte de Buenos Aires, el Capitán de Fragata Jorge Lowry, hombre estricto y con un acendrado espíritu de justicia, que como primera medida interroga a todos los oficiales, y ordena su prisión preventiva. El sumario avanza con el interrogatorio del cocinero Battaglia quien se ratifica de lo declarado al diario La Prensa y Lowry cierra el sumario, pidiendo la pena de muerte para todos los oficiales, a los cuales acusa de homicidio de la marinería y abandono de la nave.

A su vez, los acusados designan defensor al Capitán de Fragata Mantilla, hombre bondadoso, quien prepara la defensa de los acusados.

Es necesario decir que el Capitán Leopoldo Funes era sobrino de la esposa del General Julio Argentino Roca, el gran genocida de mapuches en la Patagonia Argentina durante la llamada «conquista del desierto», que es el origen de los grandes latifundios en la Patagonia entregados a la oligarquía para que inicien su «misión civilizadora», y que Julián Irizar era sobrino directo del General Roca.

Ante todo esto, el defensor Mantilla dijo en su alegato final el día de la celebración de la vista oral: «Marinos de la Patria, mirad de frente a estos jueces, porque los van a absolver. Han pasado ustedes una experiencia terrible, y han actuado en base a los principios inmanentes de la marina».

¿Cuales son esos principios?

Efectivamente todos los oficiales fueron absueltos, y ninguno de ellos volvió a navegar, salvo Irízar que llegó al grado de contralmirante, y que se destacó en el salvamento de los expedicionarios a la Antártida de la expedición del explorador sueco Otto Nordenskjold, salvándolos y por eso el gobierno sueco lo recompensó con una medalla de oro. Irizar viajó a Suecia, de donde se trajo a una novia con la que se casó posteriormente, y tuvo tres hijos con ella, a los cuales conocí personalmente. A la muerte de Irizar, me ocupé de la sucesión del mismo en representación de sus tres hijos.

Este terrible acontecimiento del hundimiento de la Rosales muestra a las claras cual es el sentimiento que los oficiales de marina argentinos sentían por sus marineros, hombres provenientes de las clases humildes, y es el mismo que tuvieron en la odiosa ESMA cuando torturaban, desaparecían y asesinaban a los militantes de las organizaciones populares. Estos miserables sentimientos son extensivos a la oficialidad del ejército argentino y a la fuerza aérea.

Un ejemplo viviente del nacionalismo militar argentino y su supervivencia

Enrique Mosconi
Darío Herchhoren

En la República Argentina siempre fue una reivindicación de la enorme mayoría de sus ciudadanos la nacionalización del subsuelo argentino, y la explotación de ese subsuelo a cargo del estado. Ya en el último cuarto del siglo XIX el estado argentino encarga al jurista e ingeniero Enrique Rodríguez la redacción de un código de minería, que es aprobado por el Congreso Nacional en 1880, y junto con ello se dispone la creación de tribunales de minería, a cargo de jueces especializados.

Ya en esas fechas existía la sospecha de que el subsuelo de la provincia de Chubut en la lejana Patagonia, albergaba bolsas de petróleo, y en 1906 esas sospechas se ven confirmadas por el descubrimiento casual que efectúa un ingeniero alemán radicado en Argentina, que buscando aguas dulces para consumo humano descubre petróleo. Ese ingeniero era José Fuchs.

Pero la labor de descubrimiento y posterior explotación, y comercialización del petróleo argentino se debe al General e Ingeniero Civil Enrique Mosconi, que muy influido por el ingeniero de minas y geólogo Enrique Martín Hermitte, francés naturalizado argentino, comienza una labor de exploración serio y científico..

Pero ¿Quién era Enrique Mosconi?

Mosconi fué un distinguido militar que fué enviado en los primeros años del siglo XX, a estudiar los sistemas ferroviarios, la fabricación de locomotoras, y en general la gestión de ferrocarriles en Alemania, Francia, Bélgica y el imperio austrohúngaro, ya que era intención del estado argentino tender una linea ferroviaria que conectase la ciudad de Buenos Aires con la Patagonia, especialmente con la ciudad de Comodoro Rivadavia en la lejana provincia de Chubut.

Ya para entonces la incipiente industria petrolera argentina estaba a cargo de dos empresas nefastas en la historia de sudamérica, que eran la inglesa Royal Dutch, y la norteamericana Standard Oil, cuyo propietario era John Rockefeler, personaje de siniestra memoria.

Durante los primeros años de la década de 1920, era presidente de Argentina Marcelo Torcuato de Alvear, un oligarca perteneciente al ala más reaccionaria del partido radical, y defensor de los intereses británicos en el Río de la Plata, y siendo Mosconi una de las figuras militares más respetadas y gracias a su influencia personal sobre Alvear, este último accede a crear una empresa estatal de petróleo, cuyo primer director sería el General Enrique Mosconi.

Mosconi viaja por todo el sur de América difundiendo sus ideas en el sentido de que el estado debe hacerse cargo del subsuelo, y especialmente del petróleo, avizorando ya la importancia estratégica que iba a tener su exploración y explotación en el desenvolvimiento del poder efectivo que las naciones de sudamérica tendrían sobre sus materias primas, y por primera vez se utiliza la expresión «soberanía energética», en alusión a la explotación y propiedad del petroĺeo.

A Alvear le sucede Hipólito Yrigoyen, del partido radical, pero totalmente opuesto a Alvear, y dirigente muy popular entre las clases más pobres del país, y a la vista de los estudios que Mosconi, ordena por fin la nacionalización del petróleo, y la salida del país de las empresas Royal Dutch y Standard Oil en el año 1929, un año antes del golpe fascista del General Uriburu, que inaugura la que se llamó década infame que dura hasta el año 1943, y es la puesta de largo de los golpes militares en Argentina que se suceden posteriormente en 1943, l955, 1966, 1976 hasta la actualidad.

Mosconi es invitado por el General Uriburu a formar parte de su gobierno, pero este declina la invitación, y poco tiempo después es separado del cargo de presidente de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales).

La influencia de Mosconi en el pensamiento militar nacionalista en sudamérica es enorme. En 1929, recibe la visita de Edmundo Castillo, ministro de industria  de la República Oriental del Uruguay, que siguiendo sus pasos crea en esa nación la ANCAP, (Administración Nacional de Combustibles Alcoholes  y Portland) que es el monopolio estatal uruguayo todavía existente, y en Brasil se crea en 1938 el Consejo Nacional del Petróleo, antecesor de Petrobras, la empresa estatal de petróleo brasileña. Lo mismo ocurre en Colombia y poco tiempo después en Venezuela se crea la empresa estatal PEDEVESA.

Pero en el año 1992, el nefasto gobierno de Carlos Menem en Argentina privatiza YPF, y se hace cargo de la misma la española Repsol, y es recién en 2012, en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionaliza el 51% de las acciones de YPF, volviendo nuevamente al control de los argentinos.

En este momento, hay una agrupación patriótica llamada La Baldrich, en homenaje al Teniente Coronel Amadeo de Baldrich, que fué uno de los militares que intentan un golpe militar de izquierda en Argentina contra el General Alejandro Lanusse, y que reclama la nacionalización del 100 por cien de la empresa YPF. La influencia de Mosconi llegó a Méjico, donde el General Lázaro Cárdenas nacionaliza ese hidrocarburo y crea la empresa estatal PEMEX (Petróleos de Mejico).

Mosconi es considerado una de los mayores patriotas argentinos que inaugura una nueva política de control y propiedad del petróleo, bajo su divisa «el petroĺeo para las patrias donde yace».

Siete presos asesinados en las cárceles argentinas desde el inicio de la cuarentena

Nacho Saffarano

Desde el inicio del confinamiento, son al menos siete los asesinados en diferentes cárceles del país. Dos de ellos, Federico Rey y José Mario Candia, fueron fusilados a quemarropa por personal del Servicio Penitenciario. El reclamo desatado por los detenidos en Devoto, puso en la agenda pública, de la peor manera posible, la situación en la que viven estas personas.

Voy a pararme desde la defensa de un paradigma que no comparto, y que es el hegemónico dentro del activismo de derechos humanos. De mi parte, estoy convencido que hay que abolir a las cárceles; que es una contradicción histórica encerrar a personas para que aprendan a vivir en libertad; que las prisiones son inherentes al capitalismo, razón por la cual, cualquier proyecto pos-capitalista debe tener en su horizonte programático, la eliminación de las mismas. Y un montón de otros postulados que no vienen al caso en este momento, aunque es tarea nuestra, al menos comenzar a mechar estos debates entre la militancia y la intelectualidad crítica.

El paradigma hegemónico, entonces, no se cuestiona la cárcel-institución sino las condiciones de las mismas; y en el mejor de los casos, se problematiza el origen de clase mayoritariode los detenidos. Es una defensa, casi a ciegas,de una de las grandes conquistas liberales de nuestra historia, el artículo 18 de la Constitución Nacional, que constituye un pliego de garantías procesales y el mantra “las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”. Por eso en este contexto tan regresivo, aunque en términos estratégicos no compartamos esta perspectiva, los abolicionistas penales militamos para que se cumpla este derecho constitucional.

Las cárceles en Argentina, son sinónimo de tortura. Sobrepoblación que genera hacinamiento; falta de vacantes para el desarrollo de actividades educativas y laborales; pésima atención médica; traslados compulsivos que provocan distanciamiento familiar; y un sinfín de vejaciones más. Todo este combo generado alrededor de la sobrepoblación y la imposibilidad de cumplir con las recomendaciones de distancia social, es el caldo de cultivo para que el covid-19 se propague a velocidades espeluznantes, con una gran capacidad para saturar todo el sistema sanitario (siempre y cuando se decida atender a los presos, claro). Los que militamos en las cárceles, y un puñado de organizaciones de derechos humanos, lo venimos advirtiendo desde antes que haya un solo caso positivo en Argentina.

Son las cabezas de los diferentes Poderes Judiciales (provinciales y federal), quienes tienen la máxima responsabilidad por la sobrepoblación en las cárceles, principalmente por el uso abusivo que hacen los jueces de un instituto que debería ser excepcional, la prisión preventiva; y por el rechazo sistemático de libertades condicionales, anticipadas y salidas transitorias, por lo que son ellos quienes en esta crisis humanitaria-sanitaria, deben tomar medidas concretas para disminuir la tasa de encarcelamiento. Sin embargo, con contadas excepciones, se dedican a sacar “recomendaciones”, a tirarse con latinazgos y citas teóricas entre Defensores y Fiscales, mientras que la mecha de la bomba es cada vez más corta dentro de las cárceles.

Los Poderes Ejecutivos también tienen una enorme responsabilidad por el paupérrimo estado de las prisiones. Muy resumidamente, porque son los jefes políticos del servicio penitenciario; porque son quienes manejan la infraestructura y los recursos económicos con que se mantienen día a día las cárceles; porque son quienes diseñan la política criminal y penitenciaria del país y las provincias; porque son quienes vacían las instituciones que deben acompañar a los liberados para lograr una mínima inclusión social-laboral.

Y hay otra responsabilidad, que en este momento es fundamental: son las fuerzas gobernantes quienes tienen mejores condiciones para construir consensos, para forjar ideas-fuerzas que logren calar en el tejido social. Por eso, el silencio de Fernández, de Kicillof y de toda la dirigencia oficialista de peso sobre las condiciones de las cárceles, convalida desde la omisión un discurso tan retrógrado en la sociedad. La cobertura de los medios de comunicación de la protesta en Devoto de ayer, merece ser denunciada por todas las vías posibles. Hubiese sido clave oír voces de responsables políticos, que con un mínimo de sensatez, enfrenten el sentido común reaccionario que ayer fue más visible que de costumbre. Sin dudas que buena parte de la base electoral del Frente de Todos, coincide con los votantes de las diferentes expresiones de la derecha, en que los presos deben vivir en las condiciones actuales, y si es posible, deben morir así es un gasto menos para el Estado. La base militante del FdT, sensible a esta problemática, debería empujar a sus dirigentes para que se pronuncien y actúen sobre el tema.

Casi 45 días de confinamiento, fueron suficientes para cambiar –al menos momentáneamente– todas nuestras lógicas de militancia. El campo popular ha perdido su espacio estratégico de disputa, la calle. Por eso, a quienes nos duele la cárcel, los que entendemos que la comisión de un delito implica perder la libertad ambulatoria pero no la vida; tenemos que tener la mayor creatividad y audacia en estos días. Es necesario que podamos charlar en nuestros círculos de amistad, de activismo, sobre lo que pasa en las prisiones. Tenemos que ser capaces de hacer algo más que comunicados políticamente correctos que se acumulan en la base de datos de la web; no podemos quedarnos con putear en voz alta a Mauro Szeta o al periodista de turno, sino reclamar y construir nuestros propios espacios en los medios de comunicación para que se escuchen voces disonantes. Tenemos que rodear de solidaridad a los familiares de los detenidos –ese colectivo aún más invisibilizado, integrado en su mayoría por mujeres pobres-, construir lazos de cooperación y pensar estrategias en conjunto, para que morir en el encierro no sea el único destino posible.

https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/04/27/a-quien-le-importa-si-se-trata-solo-de-otro-preso-muerto/

Un pacto de sangre y silencio

Estela Martínez y López Rega
Dario Herchhoren

Esto es lo que había entre los militares y civiles que promovieron el golpe contra el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón el día 24 de marzo de 1976.

María Estela asumió la presidencia de la República Argentina a la muerte del General Perón en 1974, rodeada de auténticos delincuentes y criminales, que integraban el «staff» más cercano a la nueva mandataria. Uno de ellos era el ministro de Bienestar Social José López Rega; y el otro era el coronel Jorge Osinde, Secretario de Deportes.

López Rega había sido cabo de la Policía Federal, y aficionado a los esoterismos, y gran maestro de una logia llamada «Anael», donde era conocido como el «hermano Daniel», y esa logia estaba a su vez integrada dentro de otra más conocida que era la P2, o Propaganda Due, que lideraba el mafioso italiano Licio Gelli, muy ligado al Banco Ambrosiano, a Roberto Calvi y a Michele Sindona, todos estos personajes miembros de la mafia italiana.

Tiempo antes de la muerte de Perón ya había aparecido en las calles de Argentina en forma sangrienta la organización terrorista Triple A (Alianza anticomunista Argentina), que comenzó a acosar y a matar a los intelectuales de izquierda dentro del peronismo, y a todo aquel que pudiera pensar desde la izquierda una salida institucional para la Argentina, comenzando una verdadera cacería contra esas personas. La  muerte de Perón aceleró esas  persecuciones, que se hicieron cotidianas. No había día en que no se reportaran muertos o heridos graves en las calles.

Es así como perdieron la vida diputados como Bettanin y toda su familia, o como Rodolfo Ortega Peña, ambos integrantes de la Juventud Peronista, y claramente alineados con la izquierda latinoamericana. Es necesario destacar que la triple A, que se declaraba anticomunista no tenía como fin aniquilar a los comunistas, ya que estos eran muy pocos en Argentina, y además carecían de toda influencia.

En realidad eran parte de los manejos de la CIA, y de los militares que habían estado en la Escuela de las Américas en Panamá , y de los militares franceses que asesoraban a los argentinos sobre la lucha antisubversiva. En ese tiempo en el Ministerio de Guerra en Buenos Aires, los militares franceses, al mando del coronel Beaufré, ocupaban una planta entera, donde impartía sus «enseñanzas» en Vietnam y en Argelia, y donde los generales franceses Massu y Salan hacían visitas protocolarias; ambos expertos torturadores en Argelia.

Comienza así una de las etapas más nefastas de la historia argentina donde se desata la más cruel represión de que se tenga memoria en el país. Esto ha dejado en la sociedad argentina una huella imborrable, y cuyos ecos aún resuenan en los oídos de los argentinos, y donde se celebran juicios contra los represores al día de la fecha.

Al día de hoy, los represores Videla, Massra y Agosti que son los golpistas de 1976, ya han muerto luego de ser condenados a gravísimas penas de prisión perpetua. Los generales Viola, Menendez, Riveros, los coroneles Camps, Roualdés, Rico, Seineldín ya habían sido condenados por crímenes contra la humanidad. La lista es larguísima y seguramente se ampliará porque están al caer nuevas sentencias condenatorias; pero lo que en realidad llama la atención es el pacto de sangre y silencio que existió y existe entre los represores; porque en ningún momento han mostrado el menor arrepentimiento por lo que hicieron, y nunca dijeron que fué de los desaparecidos, ni donde están enterrados. Quizá la única excepción fue el aviador naval Adolfo Scilingo, que se entregó a la justicia española y reconoció sus crímenes en los famosos vuelos de la muerte, donde se arrojaban al mar a los prisioneros aún vivos y una vez drogados. Scilingo ha cumplido 22 años de prisión y ha salido en libertad de la cárcel de Alcalá Meco, y ha sido acogido en una institución religiosa.

Estas fieras no deberían salir nunca en libertad. Su lugar es la cárcel hasta que mueran.

En los barrios pobres la pandemia es la policía

Miguel Ángel “Nacho” Herrera
Este jueves hemos recibido la denuncia de Luisa Acosta, mamá de Miguel Ángel “Nacho” Herrera de 18 años de edad, quien el 16 de abril fue víctima de la desigualdad que provoca la diferencia de clase y del ya conocido y repudiado abuso de autoridad por parte de la policía de Monte Caseros, Corrientes.

Antes de ayer Nacho tuvo un accidente de tránsito. Su moto sufrió el impacto de otra moto que manejaba Claudio Rupani. Ambos fueron hospitalizados y, luego de un chequeo médico y sin haber sufrido heridas graves, los dos hombres fueron dados de alta esa misma noche.

Ayer, en horas del mediodía, Nacho se dirigía a hacer un trámite relacionado con el accidente acompañado por su mamá, cuando en la vía pública los detiene un vehículo policial y le comunican a Nacho que debía acompañarlos a la comisaría ya que el comisario necesitaba tomarle una declaración respecto al accidente del día anterior.

Nacho hizo lo que la policía le pidió, y una vez en la comisaría lo dejaron detenido haciéndole saber a su mamá que quedaría allí por 19 días sin visitas. El comisario utilizó como excusa el hecho de que Nacho había violado la cuarentena el día del accidente y que además era culpable del mismo.

El día del accidente, Nacho venía de realizar un trabajo de albañilería en la casa de su hermana, y que pese a la emergencia sanitaria que estamos atravesando y de tomar los recaudos necesarios, para muchos laburantes es imposible quedarnos en casa ya que si no trabajamos no podemos generar un ingreso para sostener a nuestras familias.

Nacho viene siendo hostigado y perseguido por la policía desde hace un tiempo. Su madre vio cómo en la comisaría lo golpeaban luego de ser detenido. Está desesperada por la situación y teme por la vida de su hijo.

La otra víctima del accidente, Claudio Rupani es reconocido por su participación en el sector político. Formó parte de la lista como concejal por el Partido Justicialista en las últimas elecciones y es allegado de Eduardo Galantini, quien incluso se hizo presente en el hospital.

Rupani no está preso ni está siendo hostigado ni golpeado por la policía de Monte Caseros, sino que está en libertad a pesar de haber incumplido la cuarentena el día del accidente.

A esta costumbre que tiene el poder político, la justicia, y la policía de medir con diferentes varas el accionar de los ciudadanos es lo que nosotros denunciamos como privilegios de clase. Una vez más todas estas instituciones expresan con este accionar su abuso de poder contra los más desprotegidos.

Así también lo demuestra la institución policial hostigando, criminalizando, e incluso entrando a los tiros en los barrios más humildes para disciplinar a los pibes todas las noches.

Recordamos que fue haciendo uso de estas mismas prácticas que en el año 2015 la policía secuestró, torturó, desapareció y asesinó a Nino Largueri. El caso del asesinato de Nino por parte de la policía de Monte Caseros es ampliamente conocido por toda nuestra comunidad y ha recorrido todo el territorio nacional, desenmascarando lo peor de esta nefasta institución y el rol que cumple la justicia al encubrir el crimen y garantizarle impunidad y libertad a los policías que todos reconocemos como a los asesinos de Nino.

Repudiamos este accionar contra el joven Miguel Angel “Nacho” Herrera. Exigimos que cesen los golpes, el hostigamiento y el abuso de autoridad hacia las personas de los barrios vulnerables por parte de la policía de Monte Caseros.

Queremos la liberación de Nacho ya mismo y que las investigaciones que deban realizarse se hagan en los ámbitos correspondientes sin detenidos por “portación de cara”. La justicia debe ser imparcial y no guiarse por la condición de clase de los ciudadanos. Exigimos respuestas concretas y coherentes para Nacho y su familia y hacemos responsables a la policía y a la justicia de su integridad física.

https://agenciaparalalibertad.org/en-los-barrios-pobres-nuestra-pandemia-es-la-policia/

El intento golpista de octubre de 1971, y su vertiente de izquierda

Héctor Campora
Darío Herchhoren

El 8 de octubre de 1971, tuvo lugar en las ciudades de Azul y Olavarría en la provincia de Buenos Aires, un intento de golpe de estado militar con la intención de derrocar al presidente militar Alejandro Agustín Lanusse. El jefe de esa sublevación era el Teniente Coronel Florentino Diaz Loza, jefe del regimiento de tanques de Azul, y su segundo era el Teniente Coronel Amadeo de Baldrich, segundo jefe del regimiento de tanques de Olavarría.

Para explicar este golpe, que era distinto a todos los que se dieron en Argentina, es necesario remontarse en el tiempo a los albores de la existencia del estado argentino en el año 1810. El primer gobierno criollo asume el 25 de mayo de 1810, y ejercen el poder nueve vocales bajo la presidencia del Brigadier Cornelio Saavedra, y con dos secretarios que eran Mariano Moreno y Juan José Paso, ambos abogados. El día 29 de mayo de 1810, ese gobierno por decreto ordena la creación del ejército nacional, sobre la base de los regimientos existentes, y decide repatriar a España al último virrey español del Río de la Plata, que era Baltasar Hidalgo de Cisneros.

Ante este desafío al poder español las unidades militares fieles a Carlos IV primero y a Fernando VII después deciden ahogar en sangre a la nueva nación, y la atacan con toda su saña, a veces con mejor fortuna y otra vez con una fortuna peor. Pero no consiguen doblegar a la nueva nación, y en 1812, el coronel español José de San Martín que había huido en secreto de España, llega al puerto de Buenos Aires, a bordo de una fragata inglesa de nombre George Canning. De inmediato San Martín se pone a las órdenes del gobierno argentino de la época, que lo nombra Jefe del Estado Mayor del ejército, y le encomienda nada menos que batir al ejército español.

San Martín, el futuro libertador, comienza a crear un ejército, con muy pocos recursos, y como buen estratega militar entiende que la única manera de vencer al ejército español, era a través de Chile, liberando primero a ese país, y luego atacando al ejército español en Perú, donde estaba el grueso de su poder militar. Para ello, fuerza su designación como gobernador de Mendoza, provincia andina, que está junto a Chile, y allí alista a su ejército para cruzar los Andes, y atacar a los monárquicos. Se trata de una operación militar de extraordinaria complejidad, similar a la del general Anibal Barca cuando cruza los Apeninos para atacar a Roma.

San Martín en Mendoza, se gana el odio  de las clases adineradas, ya que ordena liberar los esclavos para incorporarlos al ejército de los Andes, y les impone gruesos impuestos para financiar el gasto militar.

San Martín venía de Europa, donde como coronel español había luchado contra Napoleón, pero pertenecía a una logia militar masónica, la logia Lautaro, que se había planteado la liberación de toda América. A esa logia también pertenecían Bolivar y Miranda, patriotas venezolanos.

El ejército argentino de aquella época era un ejército libertador, y la impronta de San Martín quedó grabada en  su ADN. Durante los 200 años de historia de Argentina como nación siempre hubo una lucha interna entre dos concepciones militares opuestas a saber: Una nacionalista o patriótica y otra oligárquica, con algunos tintes fascistas y en algunos casos nazis.

La revolución peruana encabezada por el General Manuel Velazco Alvarado, de orientación patriótica tuvo en esos tiempos una enorme influencia en el pensamiento militar, así como el nacionalismo egipcio del Coronel Gamal Abd El Nasser. Muchos militares argentinos se declaraban a si mismos nasseristas, y planteaban abiertamente la nacionalización de la banca, del subsuelo nacional, del comercio exterior, de las telecomunicaciones y de los servicios públicos (Luz, gas, agua, teléfonos). Es decir que eran partidarios de la intervención directa del estado, volviendo a las políticas intervencionsitas en lo económico del gobierno patriótico del General Perón de 1946.

Pero la Argentina de 1971 estaba gobernada por el general Lanusse, que había llegado a un acuerdo con todas las fuerzas políticas en lo que se llamó el Gran Acuerdo Nacional (GAN), para llamar a eleccciones el 11 de marzo de 1973, que fueron ganadas por el Dr. Héctor Cámpora en nombre del peronismo.

El grupo de oficiales que apoyaban al Teniente Coronel Florentino Diaz Loza, un respetado militar, y el mejor experto en guerra de blindados de Argentina en esos tiempos recelaban de Lanusse, y le acusaban de conducir el país a una entrega al capital transnacional, y se declaraban a si mismos como patriotas por encima de todo, de orientación cristiana, seguidores de la Revolución Peruana del General Velazco Alvarado, y defensores a ultranza de la soberanía nacional.

El golpe fracasa, y luego de 22 horas de tensión, los golpistas se rinden a las tropas que envía el General Lanusse, y sus dirigentes son detenidos y encerrados en un acuartelamiento militar en la provincia de La Pampa, en concreto en Toay, un lugar inhóspito, frío y alejado de todo.

Se les acusa de rebelión militar y otros delitos menores, y se les forma un tribunal militar, donde el fiscal pide penas de veinte años de prisión para los tenientes coroneles Diaz Loza y de Baldrich, y se les intima a que nombren defensores, ya sea militares o abogados civiles.

El teniente coronel Diaz Loza, pide a la Asociación Gremial de Abogados, que defendía a presos políticos bajo la dictadura militar del General Onganía y luego de Lanusse, que le recomienden a un abogado para que lo defienda. Tuve la inmensa fortuna de que dicha asociación me recomendara como abogado al Teniente Coronel Diaz Loza, quien me designó su defensor de inmediato. A raiz de ello, tuve larguísimas conversaciones con él, y me manifestó su admiración por la URSS, su cariño hacia la revolución cubana y su compromiso, con el pueblo argentino y sus tradiciones, y algo que me pareció definitivo en un militar, su concepción de que pueblo y ejército eran una sola cosa tal como proclamaron años después los militares portugueses de la revolución de abril de 1974.

El golpe de Azul y Olavarria de 1971 no era igual que los anteriores, y Florentino Diaz Loza fué finalmente condenado a la pena de un año y ocho meses de prisión, pasado a retiro y conservando el grado militar.

Mi defendido de entonces escribió un libro que se llama Las Armas de la Revolución, donde expone ampliamente su pensamiento y que recomiendo vivamente leer.

Fuí su amigo y confidente durante muchos años hasta su muerte, y saco como conclusión que para que se produzca una revolución en el tercer mundo debe contarse al menos con una parte de las fuerzas armadas.

Soberanía y seguridad alimentaria

Darío Herchhoren

Uno de los medios de asegurar la soberanía de un país, es alimentar bien a la población, y para ello, es indispensable que las grandes mayorías tengan acceso a una alimentación abundante y sana que permita preservar su salud.

Pero todo esto que tiene solo un aspecto retórico. Cuando lo ponemos a ras del suelo, nos muestra la dura realidad de que la lucha de clases pasa también por luchar por el bienestar de las grandes mayorías, y todo esto depende de quien ejerce el poder.

Un ejemplo en principio  sangrante fué lo ocurrido en la década de 1930 a 1943 en Argentina. En esos años que cubrieron más de una década, gobernaba el país lo que se llamó el «fraude patriótico» que consistía en gobernar en nombre del pueblo, pero sin el pueblo. Y añado, que consistía en gobernar contra el pueblo. Esos años fueron bautizados con el nombre de la «década infame».

Mi padre, que vivió en primera persona en ese tiempo me contaba que había elecciones para elegir al presidente de la república y cuando los ciudadanos con derecho a voto se presentaban al comicio, se les decía «usted ya votó», y cuando ese ciudadano protestaba porque no se le había dejado expresar sus preferencias sobre a quien quería votar se le decía «el voto es secreto», y se lo despachaba.

Pues bien, en esos maladados tiempos, el estado argentino, que estaba en manos de la vieja oligarquía terrateniente y que era la que se beneficiaba de la enorme producción de carnes y granos del país, se blindó a si misma con la creación de dos organismos públicos que eran la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de Granos y Elevadores. Dichos organismos estaban integrados en sus juntas directivas por personas que representaban al ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, a la Sociedad Rural Argentina (Culmen del latrocinio contra el país), por representantes de la diversas sociedades rurales del interior y por un representante de cada uno de los partidos políticos con representación parlamentaria.

A raiz de la firma del tratado llamado Roca Runciman, toda la exportación de carnes y sus respectivos cortes, quedaba en manos de los frigoríficos ingleses que eran el Anglo, el Smithfield, la compañía Sansinena, los frigoríficos La Blanca y La negra, y el frigorífico norteamericano Swift.

El pacto Roca Runciman se llamó así, porque estaba firmado por el ministro inglés Runciman y por el presidente de la Cámara de Diputados Julio «Julito» Roca, hijo del General Julio Argentino Roca, fundador junto a Bartolomé Mitre de la oligarquía nacional, y el primero de ellos un genocicida que comandó la guerra contra los mapuches en la Patagonia argentina, que se llamó la campaña del desierto, y donde cientos de miles de mapuches fueron literalmente exterminados, y los pocos que lograron huir pasaron a Chile donde el estado chileno les niega todos sus derechos como pueblos originarios. Baste decir, que tanto el estado argentino como el chileno tienen una antigüedad de 200 años, mientras que los mapuches existen desde hace 12.000 años.

La Junta Nacional de Granos y Elevadores, estaba constituida por los mismos representantes que la de Carnes, pero con una diferencia, que las hacía  aún más odiosa. Se integraban en la misma los grandes acopiadores de granos, que eran las empresas Dreyfus, La Forestal, Bunge y Born (esta argentina) y Pedro y Antonio Lanusse, argentina, y sus dueños eran tíos abuelos del futuro dictador militar Alejandro Agustín Lanusse.

Hay que señalar que La Forestal debía su fortuna a una concesión otorgada por Bartolomés Mitre, que les entregó la tala de cientos de miles de hectáreas de quebracho, un árbol de madera dura, que sirvió para la fabricación de durmientas (traviesas ) para los ferrocarriles ingleses que circulaban por todo el territorio nacional. Todo esto servía a intereses extranacionales, y no aseguraba de ninguna manera la alimentación del pueblo argentino, que debía consumir los peores cortes vacunos y ovinos, y que ponía en riesgo el consumo de maíz en mazorca uno de los elementos básicos de la cocina argentina.

La creación y la actuación de ambas juntas era en realidad un cerrojo, que servía para guardar los intereses de los grandes frigoríficos extranjeros y de los grandes acopiadores de granos.

La finalización de la llamada «década infame» (1930 1943) y la toma del poder por los militares nacionalistas, que abrieron la puerta para el posterior triunfo arrasador en las elecciones del 24 de febrero de 1946 por el General Perón significó que por primera vez esas odiosas juntas, pasaran a ser conducidas por un estado que protegía el interés nacional, la seguridad alimentaria y la soberanía nacional como primera ratio del estado.

Pero ¿en que consiste la seguridad alimentaria? La respuesta es que consiste en asegurar antes que ninguna otra la alimentación abundante, variada y a precio accesible para toda la población, y si hay un sobrante, entonces si se podrá hablar de exportación.

La llegada al poder de un gobierno patriótico en la persona del General Perón significó entre otras cosas, que las Juntas de granos y carnes pasaban a ser dirigidas por funcionarios designados por el Poder Ejecutivo, aprobados previamente por el Senado de la Nación. Significó también que los frigoríficos ingleses, muchos de los cuales dejaron de existir, pasaran a ser uno de los muchos que había en Argentina, y significó también el fin de los acopiadores de granos.

El estado compraba toda la carne y los granos de exportación y garantizaba un precio sostén a ganaderos y agricultores, que a partir de esa medida dejaron de estar a merced de sus antiguos explotadores.

Esto fue una revolución en el comercio exterior de Argentina.

Pero faltaba algo más, y ese algo era el desarrollo de la pesca a nivel industrial, y para ello había que proveerse de una flota pesquera de altura, y algo más difícil. Cambiar los hábitos de alimentación de los argentinos, fomentando el consumo de pescado.

La a República Argentina tiene un territorio continental de 2.800.000 kilómetros cuadrados, y si sumamos las islas del Atlántico Sur y el sector antártico, supera los 3 millones de kilómetros cuadrados. Y hay algo más: Argentina tiene una plataforma submarina de cerca de un millón de kilómetros cuadrados, es decir que hay otro país bajo el agua, con una fauna ictícola enormemente variada. Argentina tiene todos los climas desde el tropical en el norte hasta el polar en el sur. Tiene todo tipo de minerales, todo tipo de alimentos, y  es autosuficiente en gas y petroleo y se han descubierto enormes yacimientos de litio, que parece que es el futuro.

La plataforma submarina comienza en cero metros en la costa y termina en el talud continental es decir hasta los 200 metros de profundidad, donde viven y se crían los peces y moluscos de uso comestible. Hasta 1946 la explotación de todo ese caudal era pobre e irregular, pero a partir de ese año se comienza a planificar por el estado nacional y por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, una explotación industrial de los caladeros, y Argentina empieza exportar pescado congelado a Japón, a la URSS, y a los países del este de Europa, y se fomenta el consumo de ese alimento dentro del país. Para ello se abren puestos de venta de pescado congelado, en especial merluza congelada en paquetes de un kilogramo a precios de fomento, lo cual resulta un gran éxito. El país había dado un salto cualitativo.

Pero la contrarrevolución del año 1955, da por tierra con esas políticas, y comienza una política de acoso y derribo contra el interés nacional. Es el gobierno traidor y ladrón de Carlos Menem, que acaba con las juntas. Se habla de volver a ellas, y es posible que el gobierno patriótico de Alberto Fernández vuelva a la misma política anterior.

El ferrocarril en manos del estado, herramienta de liberación

Darío Herchhoren

La historia del ferrocarril en Argentina está perfectamente plasmada en el libro «Historia de los Ferrocarriles Argentinos» de Raúl Scalabrini Ortz, que era un patriota que estudió como se construyeron y como el imperio inglés se apoderó de los mismos y amplios territorios a ambos lados de las vías. El primer ferrocarril en Argentina fue tendido en  la ciudad de Buenos Aires y salía de la estación del parque en los terrenos que hoy ocupa el Teatro Colón, y llegaba a la estación Vélez Sarsfield,.  a unos 15 kilómetros de su salida.

Sus propietarios fueron argentinos que compraron coches de pasajeros nuevos hechos en el país, aunque la locomotora era de segunda mano, y fue bautizada como La Porteña, y se guarda en el Museo Histórico Nacional en la ciudad de Luján.

Como tuvo un enorme éxito se pensó inmediatamente en ampliar su recorrido llegando a la estación de Liniers, que estaba a dos kilómetros de los que era el matadero, donde se sacrificaban unos 4000 vacunos diarios. Al principio solo transportaba pasajeros, pero poco a poco se utilizó para cargas.

Ante este éxito el gobierno cipayo de Bartolomé Mitre uno de los fundadores de la gran oligarquía criolla junto al General Julio Argentino Roca, otorgó concesiones para la construcción de otras lineas a la compañía inglesa Midland, sin pagar un centavo, pero además le regaló una franja de una legua a cada lado de la vía «para operaciones ferroviarias», según se decía en el decreto de concesión.

Es así como se comienza a cubrir el territorio nacional de vías férreas, primero con el Ferrocarril Oeste, que se llamó de Buenos Aires al Oeste, que estaba planificado para llegar a Santiago de Chile en el pacífico, luego con el Ferrocarril Midland, que partía del puerto de Buenos Aires, y llegaba a la provincia de Mendoza, junto a la cordillera andina, y de allí a Santiago de Chile, más tarde el Ferrocarril del Norte, que llegó al norte argentino y a la ciudad de La Paz en Bolivia, y finalmente el ferrocarril del noreste actual ferrocarril Urquiza que llegaba a la frontera con Brasil en la provincia argentina de Misiones. En total entre lo construido y lo planificado eran unos 100.000 kilómetros de vías férreas, que en principio sirvieron para vertebrar el país, pero cuya finalidad única era acercar al puerto de Buenos Aires, las mercancías que el imperio inglés necesitaba para su desarrollo capitalista. La confluencia del trazado en un solo punto habla a las claras de cuál era el motivo último de ese trazado.

La concesiones se dieron por 80 años, que vencían en 1949, y pasaban al estado argentino sin compensación alguna. Era obvio que al tener una fecha de caducidad, los concesionarios se ocuparon muy poco de modernizar y sustituir el material rodante, el sistema de señales, la automatización de los cambios de vías, y los talleres de reparación ferroviaria.

Los ferrocarriles británicos en Argentina se desgastaron por el uso, a lo que hay que agregar que las empresas ferroviarias inglesas amparándose primero en la primera guerra mundial, y luego en la segunda no invirtieron nada en su mantenimiento, siendo en muchos casos el estado argentino el que debía hacerse cargo de las reparaciones más urgentes.

Mientras tanto los troperos de carretas que eran los que transportaban las cargas más voluminosas, se vieron abocados a su casi desaparición ante la competencia ruinosa que les hacían las lineas de ferrocarril. Cada carreta transportaba unas 50 toneladas, lo mismo que un vagón de carga.

Pero había algo más que es necesario señalar: el ferrocarril inglés fijaba sus propias tarifas tanto de carga como de pasajeros, sin intervención alguna del estado argentino. Una bicoca.

Llegamos al año 1949, en que el gobierno de Juan Domingo Perón, nacionaliza los ferrocarriles, y para administrarlos se crea la empresa estatal EFEA (Empresa de los Ferrocarriles Argentinos), que debe renovar todo el parque rodante ferroviario y hacer un nuevo tendido de vias, ya que el original estaba en su mayor parte totalmente obsoleto.

Todo ello implicaba un enorme esfuerzo económico y técnico, y el gobierno de Perón se propuso poner los ferrocarriles argentinos al servicio de la Argentina, para lo cual compra rieles nuevos y nuevas locomotoras de vapor y diésel eléctricas, electrificando las líneas de cercanías. Todo el material nuevo provenía de la URSS, o de Hungría que proveyó las locomotoras Gantz capaces de arrastrar hasta 70 vagones de 50 toneladas cada uno.

La caída de Perón en 1955 significó el principio del fin de los ferrocarriles argentinos. Tanto los gobiernos militares como los constitucionales con el peronismo ilegalizado, se dedicaron a sabotear al ferrocarril, primero diciendo que era era antieconómico, segundo levantando ramales enteros incomunicando a grandes regiones del país, y desvertebrando al propio país.

¿Cuál era el motivo oculto de esa política? Era favorecer la instalación de fábricas de camiones y automóviles de las empresas multinacionales. Es así como Mercedes Benz, Scania Vabis, Mack, Fiat, se convierten rápidamente en las marcas que surcan las carreteras argentinas y ya no pasa el ferrocarril.

Este es sucintamente el resultado poner al estado al servicio del gran capital y contra el interés nacional. Recién el gobierno de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández, comienzan la tarea de reconstrucción del ferrocarril trazando nuevas lineas, y utilizando material rodante chino, que comienza a fabricarse en el país.

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