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55 años del asesinato de Julián Grimau, un crimen de Estado

Juan José del Águila Torres

He recuperado en la red un amplio reportaje “Julián Grimau, el último muerto de la guerra civil”, publicado en el diario El País, del 22 de enero de 1978, cuyo autor fue José Antonio Novais, periodista, corresponsal de Le Monde en España y coautor, junto al abogado Amandino Rodríguez Armada, del libro reportaje “¿Quién mató a Julián Grimau?” En sus páginas 12 y 13 relataba con precisión los primeros momentos tras la detención de Grimau en la Dirección General de Seguridad: “Uno de los agentes allí presente me dijo: ‘Pronto te vamos a matar’. Otro, poniéndose un guantelete, me preguntó: ‘¿Cómo quieres que te pegue como funcionario o como médico?’… Después, todo lo empecé a ver como en sueños, prosigue Grimau, recuerdo algo así como un largo pasillo donde se podía apreciar un patio en el cual unos obreros estaban realizando trabajos de albañilería. Pero todo muy desvaído, como entre brumas. Me daba la impresión que caminaba como por un paso elevado o algo así. Al final veía unos cortinajes. Después todo se volvió oscuro, como en tinieblas. Cuando recobré el conocimiento no sabía dónde estaba. Permanecí varios días semiinconsciente. Muy lentamente me fui dando cuenta de mi estado físico”.

Este testimonio directo del propio Julián Grimau relatado a su abogado civil Amandino Rodríguez Armada y recogido en el reportaje de Novais, cuando consiguió acompañado por un notario entrevistarse con él en el Hospital, concuerda con el oficio remitido por el propio médico de la Dirección General de Seguridad en el mismo día de la detención al Juez que instruyó el sumario por intento de suicidio: “… dichas lesiones se las ha producido (el herido) al arrojarse lanzado a través del cristal de una ventana cerrada y al caer al patio con pavimento de losas de piedra desde una altura de tres metros según manifiestan los funcionarios de la Brigada de Investigación Social, que iban a proceder a su interrogatorio”.

Versión ésta no coincidente con “la oficial”, según la cual Grimau se lanzó esposado desde uno de los despachos de la Brigada Político-Social por una ventana cerrada y caer en el callejón de San Ricardo, puesto que ésta era una calle pública y no un patio. Tampoco su pavimento eran “losas de piedra” sino “baldosas hidráulicas”; es decir, el típico cuadriculado de cemento de las aceras de aquella época. Y, por último, tampoco fue recogido por unos policías armadas de servicio- no identificados en las actuaciones-, que le llevaron al botiquín, sino que fueron miembros de la Brigada Político Social- tampoco identificados en las actuaciones- que iban a proceder a su interrogatorio.

He querido mantener la calificación de Crimen de Estado al cometido con Julián Grimau por las autoridades, políticas, administrativas y judiciales militares de la dictadura franquista, así como por la totalidad de los medios informativos de comunicación –prensa escrita, radio y TVE– que participaron activamente en el mismo a finales del año 1962 y durante 1963, sin que hasta la fecha ninguno de los herederos del Estado franquista hayan objetado sobre esa acusación criminal.

Se utilizó esa clara y contundente acusación el 27 de noviembre de 1997, en la defensa pública de la tesis doctoral presentada en la Facultad de Derecho de Sevilla, en el capítulo dedicado al tema de Julián Grimau, texto que puede ser consultado hoy, con un simple clic, y como título del capítulo III, El crimen de Estado en la gestación del TOP, de la obra “El TOP, La represión de la libertad (1963-1977)”, que se publicó en noviembre de 2001 por Planeta y permaneció en el mercado hasta febrero del 2002, año en que dicha editorial acordó retirarla alegando no tener espacio en sus almacenes.

En la versión de Wikipedia sobre Julián Grimau no existe referencia alguna a que fuese un crimen de Estado. Por el contrario, contiene diversos extremos que mantienen y avalan la versión “oficial” y otros manifiestamente erróneos, como que fue defenestrado desde un segundo piso a un callejón; que en el juicio ejerció de fiscal un habitual de los juicios políticos Manuel Fernández Martin, cuando lo cierto es que fue Ponente miembro del Consejo de Guerra y quién redactó la sentencia de guerra y del que se descubrió no tenia licenciatura de derecho, requisito legalmente obligatorio para ejercer dicha función en el cuerpo jurídico militar; que se aplicó la Ley de Responsabilidades Políticas, cuando fueron preceptos del Código de Justicia Militar y el Decreto de 21 de septiembre de 1960 los que posibilitaron la imposición de la condena y ejecución de la pena de muerte; y, por último, Julián no salió desde el cuartel de Campamento para su ejecución, sino que partió de la cárcel de Carabanchel al campo de tiro donde fue fusilado por un piquete de soldados de reemplazo, al negarse la Guardia Civil a llevar a cabo dicha tarea.

https://www.cronicapopular.es/2018/05/55-anos-del-crimen-de-estado-de-julian-grimau/

El Parlamento Europeo tiene que escuchar -por fin- que España no es una democracia

«Nuestros hijos van a estar ocho o 10 años en la cárcel por una pelea de bar, y eso es una barbaridad», «España no es una democracia» o «la ley se aplica de forma distinta dependiendo de lo que pienses». Estas son solo algunas de las muchas acusaciones de vulneración de derechos y falta de garantías democráticas en España que se han podido escuchar este martes en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en un acto de europarlamentarios con familiares de presos políticos catalanes, de los jóvenes de Altsasu y de miembros del grupo de apoyo al rapero Valtonyc.

En el acto, bajo el título ‘Defender los derechos fundamentales en la UE: el caso español’, organizado por el grupo el grupo de Los Verdes–Alianza Libre Europea, se han vertido duras acusaciones que han puesto seriamente en duda –cuando no la han negado directamente– la calidad democrática del Estado español. Básicamente, por la falta de garantías procesales, de independencia judicial y de libertad de expresión, según han expresado los ponentes.

«Son presos políticos», ha recalcado el eurodiputado de ERC Jordi Solé, refiriéndose a los nueve dirigentes soberanistas procesados y encarcelados en la macrocausa contra el independentismo. «Nueve personas que están en la cárcel en un grave abuso de la figura de prisión preventiva, por haber organizado o apoyado un ejercicio democrático. Si esto no es ser un preso político, en el siglo XXI y en la UE, que nos lo expliquen», ha señalado Solé, que ha intervenido junto al eurodiputado del PDeCAT Ramon Tremosa.

Solé ha resaltado igualmente que, entre los presos políticos catalanes, hay «dos exeurodiputados, dos colegas de esta casa» –el conseller cesado Raül Romeva, que fue eurodiputado por ICV durante 10 años, y el vicepresidente cesado Oriol Junqueras, que empezó su carrera política en Europa–. Y que, justamente por este motivo, ha criticado el «silencio excesivo» de los europarlamentarios».

Aun más ha incidido en este hecho Diana Riba, esposa de Romeva, en un discurso en el que ha alternado reivindicación y emoción. «Yo me casé con un profesor de la Escola de Pau [Escuela de Paz], con un pacifista, que ahora está en la cárcel por un delito de rebelión que se tiene que justificar con violencia. Es algo difícil de explicar en esta casa», ha exclamado.

Riba, que se ha desplazado a Estrasburgo junto con media docena de familiares de presos catalanes, miembros de la Asociación Catalana de Derechos Civiles (ACDC), ha alertado de que «ahora somos nosotros», pero que «mañana puede ser cualquier otra región» de Europa la afectada por la «falta de garantías democráticas».

E incluso más dura ha sido Riba leyendo una carta de su esposo, que niega que España sea realmente un estado de derecho. En su misiva, Romeva recuerda que, para hablar de «Estado de derecho» no basta con «el imperio de la ley», ni con «un sistema de organización política de poderes separados», sino que se garanticen «los derechos civiles, políticos y sociales de sus ciudadanos, y que en caso necesario puedan recurrir a un juez independiente para hacer valer estos derechos, ante los abusos o excesos del poder».

«Hoy en España esta concepción del estado derecho no resiste ningún análisis objetivo, solo lo resiste la retórica», ha afirmado, a la vez que ha lamentado «la utilización de la justicia penal para reprimir ideologías».

Sobre las «vulneraciones de derechos» en el ámbito procesal se ha extendido el abogado Andreu Van den Eynde, que defiende a parte de los dirigentes independentistas procesados, y que ha acusado a la justicia española de practicar actuaciones ad hoc contra el independentismo. En este sentido, ha afirmado que «España ha cambiado la interpretación de la ley radicalmente, para adaptarla al procedimiento» contra los los dirigentes independentistas, desde el momento en que delitos como el de rebelión, que necesitaban de una «violencia evidente» en el momento en que se redactaron, ahora «no la necesitan».

Van den Eynde ha señalado igualmente que la parte fundamental de la investigación en la macrocausa contra el independentismo que instruye el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se está realizando «de forma extraprocesal», ya sea por la Guardia Civil o por otros juzgados, sin que los abogados de los acusados puedan intervenir. «Llarena envió un escrito a Alemania en el que decía que tenía 100 testigos. Ninguno de ellos ha declarado en el Supremo, a ninguno lo han podido interrogar las defensas», ha lamentado.

Acusaciones parecidas se han vertido desde los familiares de los jóvenes de Alsasua. «Han creado un nuevo concepto, el terrorismo de baja intensidad, que es muy peligroso: hoy somos nosotros, mañana puede ser cualquiera», ha afirmado Isabel Pozueta, madre de uno de los acusados, que ha lamentado que una «pelea de bar con alcohol de por medio» pueda dar pie a una acusación de terrorismo por la que se piden hasta 50 años de cárcel. «Asesinar a alguien está menos penado», ha terciado el diputado de ERC Josep María Terricabras.

En el acto se ha proyectado igualmente el video de ETB que muestra a uno de los denunciantes de los hechos impoluto –y bebido, y agresivo– después de la supuesta agresión, y que fue rechazado hasta dos veces por el tribunal, hasta que lo admitió «por la presión de Amnistia Internacional», según ha señalado Edurne Goikoetxea, la madre de otra de las procesadas.

«En España ha habido un recorte de derechos políticos y civiles», ha advertido el abogado Juan Moreno, que ha datado el inicio de estos recortes en paralelo al de los recortes presupuestarios posteriores a la crisis, coincidiendo con el «aumento de la disidencia política», un momento a partir del cual «la crítica política es reprimida».

«España no es una democracia», ha afirmado Mulay Embarak, portavoz del grupo de apoyo a Valtonyc, y el más explícito con sus críticas de entre todos los ponentes. «Nos quieren empujar a la violencia», ha añadido, al señalar que, a alguien como el rapero, que «no reconoce a las instituciones» del poder, el sistema ya no «le permite» ni siquiera la válvula de escape «del arte». Embarak ha hecho estas afirmaciones respondiendo al eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, que ha insistido en que este tipo de denuncias contra «la represión» deben hacerse «dialogando con el diferente», y no entre la propia «parroquia de convencidos».

«No vamos a cambiar Europa sin una sociedad civil movilizada, consciente de que la pelea va a ser muy dura y el enemigo es muy fuerte», ha concluido la diputada de Podemos Estefanía Torres. «Lo que nos estamos jugando es la democracia y los principios fundamentales básicos que tanto nos costó conseguir», ha afirmado, a modo de llamamiento.

El acto ha sido seguido in sito por algunos europarlamentarios extranjeros, como el francés José Bové, la sueca Bodil Valero, el letón Miroslavs Mitrofanovs, la galesa Jill Evans –también de Los Verdes-Ale– el portugués António Marinho –del grupo liberal demócrata ALDE– el flamenco del NVA Mark Demesmaeker o también  liberal-demócrata esloveno Ivo Vajgl. También ha estado presente el diputado de ICV Ernest Urtasun –integrado igualmente en Los Verdes-Ale.

Abiertamente de «presos políticos» ha hablado Vajgl, que ha explicado que la situación de los presos independentistas catalanes le recuerda al estalinismo de su país en otras épocas. «Quieren hacerles sentir mal, quieren aislarlos», ha afirmado. «Esto no debería pasar en un país que quiera ser considerado democrático», ha añadido, a la vez que manifestaba sus «serias dudas» sobre el carácter democrático del Estado español.

http://www.publico.es/politica/espana–no–democracia.html

La represión falangista de la posguerra en la provincia de Valladolid

El próximo domingo día 3 de junio, a las 12 horas, en la sala principal del Teatro Zorrilla, en el marco de la Feria del Libro de Valladolid, la investigadora Orosia Castán presenta el libro “Laguna de Duero: La verdad oculta”, primer paso del proyecto Represión franquista en la provincia de Valladolid, que recoge en detalle los hechos sucedidos en diversas localidades vallisoletanas como consecuencia de la sublevación franquista de julio de 1936, la forma en que se produjo el golpe armado contra la República, quiénes fueron los responsables y qué pasó con las víctimas. Editado por Último Cero, este trabajo inicia un recorrido por lo sucedido gracias a los documentos y las informaciones recogidas a lo largo de años, de forma que cualquiera pueda asomarse a una parte de la historia que está muy cercana en el tiempo y sin embargo es desconocida para casi todos.

¿Qué es Laguna de Duero: la verdad oculta?

Este libro es un estudio en detalle de los hechos que ocurrieron en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero desde la proclamación de la II República, en abril de 1931 hasta la finalización de la Guerra de España. Esta etapa de nuestra historia, como todos sabemos, ha permanecido oculta premeditadamente y su lugar ha sido ocupado por una serie de historietas sin pies ni cabeza, ensambladas de tal forma que la historia ha quedado oculta y tergiversada durante años y años. Este trabajo recoge el final de la monarquía, la proclamación de la República, con sus consistorios, sus personajes, los problemas con que se encontró, y después los incidentes en las calles, los ataques, las desilusiones, y sobre todo la conspiración derechista y sus continuas provocaciones, hasta el baño de sangre final.

¿Un libro más sobre Memoria Histórica?

En realidad pretendo que sea la primera pieza de un proyecto que llevo años preparando: recuperar este período de la historia en la mayor cantidad posible de localidades vallisoletanas que sea posible, situando los hechos en su contexto y demostrando los datos que se ofrecen. Es un proyecto ambicioso y que de hecho va a ser imposible completar en todos los pueblos de la provincia, pero vamos a llegar hasta donde podamos. Para eso cuento con años de trabajo de campo, de recogida de testimonios y de documentación familiar, y todo ello contrastado con la documentación oficial, la que está guardada en los archivos municipales, provinciales y militares. El esfuerzo mayor ha consistido precisamente en esta labor de comparar aquello que las familias y los testigos relatan con los documentos acerca de detenciones, traslados, juicios, fusilamientos, desapariciones y notificaciones de todo tipo. La burocracia franquista emitió una enorme cantidad de documentación que ha permanecido durante demasiados años oculta, extraviada, desclasificada y negada. Esta situación comienza a aclararse con mucho esfuerzo y es el momento de cotejarla con las informaciones familiares para conseguir una visión verídica de lo ocurrido.

¿Por qué empezar por Laguna de Duero? ¿Fue allí especialmente dura la represión franquista?

No, no ha sido ése el criterio. La represión fue tremenda en la mayor parte de las localidades vallisoletanas y son excepcionales aquellas en las que no se produjeron crímenes y otros atropellos. En Laguna de Duero, que no alcanzaba los 2.000 habitantes en julio del 36, hubo más de cincuenta personas asesinadas y un centenar de encarcelados con condenas de 30 años; pero lo mismo ocurrió en Medina de Rioseco, Nava del rey, Cigales, Tudela… En fin, en la mayor parte de nuestros pueblos.

Pero esta etapa de nuestra historia, posiblemente la más cruda de todos los tiempos, no existe ni en los relatos del pueblo ni en la historiografía oficial. Simplemente no existe, y cuando se insiste un poco, nos encontramos con explicaciones ridículas: más de medio centenar de hombres y mujeres de todas las edades y condiciones han sido asesinadas en un pueblo, y la interpretación oficial insiste en que la causa ha sido la envidia, los celos, las deudas, la maldad intrínseca al ser humano… Bien, pero luego también nos encontramos con que esas personas fueron asesinadas por un grupo pequeño de jóvenes de la localidad, perfectamente conocidos por todos; que estaban armados, a pesar del control exhaustivo de las autoridades del momento, y que nunca, en ningún caso, se formularon denuncias, ni se produjo la detención de un solo asesino, ni se investigó jamás ninguno de los asesinatos. Y si eso unimos que TODAS las víctimas defendían la legalidad republicana y que los asesinos e inductores eran falangistas o pertenecían a partidos de derechas, queda claro para todos que las causas fueron ideológicas.

Esto fue lo que nos hemos encontrado en Laguna y curiosamente es lo mismo que ha ocurrido en las demás localidades estudiadas.

Dicho esto, y como por alguna parte había que comenzar, la ocasión se ha presentado en Laguna de Duero a raíz del Homenaje a las Víctimas de la Represión Franquista realizado en julio de 2017. Allí se comprobó la necesidad de dejar por escrito las investigaciones, las conclusiones y los documentos recopilados a lo largo de años… en el Homenaje me decían continuamente: “Hay que escribir esto, las palabras se las lleva el viento…”

¿A qué dificultades ha tenido que enfrentarse a la hora de recopilar la valiosa información que contiene este libro?

En general existe bastante incomprensión hacia esta labor, y esto se traduce en poca colaboración. Antaño lo que había era crudamente miedo. En las familias de las víctimas había terror y un conglomerado de sentimiento encontrados: frustración, culpabilidad, negación, ira… y con esta carga tuvieron que vivir las familias. Además, en los pueblos existía (y todavía puede apreciarse) la situación tensa que se deriva de la convivencia forzosa que han mantenido las familias de las víctimas con los responsables y los asesinos, que siempre han hecho gala de su impunidad; y esa situación de vulnerabilidad de las víctimas y sus familias son una dificultad que a veces se manifiesta mediante la ocultación y la negación. Hay también desinterés por parte de muchas personas que piensan, quizá influidos por los mensajes machacones de la derecha, que estas cosas no importan, que son pasado y que hablar de ello es “revolver” o “abrir heridas”. Yo pienso que existen muchos intereses que trabajan para que la historia no se conozca, quizá porque quienes los mantienen tengan algo que perder o de lo que avergonzarse, y que luchan desde sus posiciones por obstaculizar que la historia salga a la luz.

Sin embargo, hay que resaltar la colaboración incondicional de la alcaldía de Laguna, cuyo representante Román de Castro nos acompañó y estuvo siempre pendiente de nuestra labor; y lo mismo puedo decir de los grupos políticos Laguna Sí se Puede; socialistas e independientes, todos ayudaron a materializar el Homenaje que dio pie al presente libro.

Y ya en Valladolid, el trabajo en el Archivo de la Real Chancillería ha sido fácil y rápido, y no puedo por menos que agradecer a los técnicos su actitud colaborativa que tanto me ha ayudado.

Las dificultades mayores vienen de los archivos lejanos, los militares, que custodian los Consejos de Guerra seguidos a los vallisoletanos. Estos documentos están en Coruña, y muy a menudo no nos los han remitido, y a veces ni siquiera nos han contestado.

Estos documentos tendrían que estar en nuestra comunidad, en un archivo propio y abierto a las consultas de los investigadores, y sobre todo, como bien puede entenderse, accesible a los familiares, que tienen todo el derecho del mundo a conocer documentos que les atañen de forma tan directa.

¿Cuáles serán los siguientes pueblos?

El siguiente es Tudela de Duero, donde muchas personas esperan ver por escrito todo aquello que pudieron conocer en el transcurso del Homenaje realizado allí en el año 2012, tras un trabajo de investigación que ha llevado más de dos años. El trabajo está ya realizado y en fase de redacción. A continuación saldrán una serie de localidades significativas que ya están seleccionadas y en fase de ordenación de materiales. Lo mejor de todo es que estos trabajos van a realizarse en colaboración con profesores, investigadores e historiadores de los propios pueblos, y esta colaboración es algo que me motiva muchísimo y a la vez incentiva y asegura su publicación.

¿Verdad, Justicia, Reparación? ¿Qué incomoda más al poder?

El poder ha luchado mucho para que la Verdad no sea conocida jamás. Se obstaculiza la labor de los investigadores; se niega el acceso a la documentación o simplemente se obvian las peticiones de juicios, etc.; se ha mandado a la población el mensaje de que estos hechos son baladíes, no tienen importancia, o que incluso no existen, y se dan alertas continuas acerca de las malas intenciones que tenemos quienes intentamos investigar. Cuando el poder no puede contener a los investigadores y la verdad comienza a aflorar, no tiene reparos en dictar decretos que limitan el derecho a saber, aplica estrategias disuasorias, etc. La cuestión es que tras la Verdad viene la Justicia. Cuando se acepte que fueron miles las personas asesinadas en nuestros pueblos porque eran demócratas, porque eran republicanos, porque eran libertarios, sindicalistas, agnósticos o mujeres libres, caerá por su propio peso que la Justicia tiene una deuda pendiente. Los crímenes cometidos tuvieron como causa una sublevación armada contra el poder legal, la República; y esas víctimas murieron o padecieron condenas, torturas, robos y exilio por sus ideas, por lo que nos encontramos con un crimen de lesa humanidad, y consecuentemente, imprescriptible.

La posibilidad de que los descendientes de las víctimas puedan reclamar justicia saca de quicio al poder, y es algo que se entiende muy bien. La mera idea de que se conozca lo que pasó, los crímenes y atropellos de todo tipo cometidos, de los que muchos han obtenido réditos, hace que muchos apellidos, muchas familias poderosas se sientan amenazadas, porque conocen el origen de sus fortunas. El aspecto económico es algo a tener en cuenta, ya que la reparación material, la restitución de bienes, de cargos, de empleos, etc., se pondrá sobre la mesa, como ha ocurrido con los bienes de los judíos asesinados por los nazis.

La reparación es posible. Pasa por la condena del franquismo por parte del poder y sus instituciones; por la anulación de los juicios franquistas; por una ley que contemple toda la casuística: los asesinatos; el robo de bienes; la desaparición de niños; los expolios; las depuraciones que despojaron a los funcionarios de sus legítimos puestos en las administraciones; el reconocimiento de exiliados, los derechos de los niños de la guerra; la investigación, localización y exhumación en condiciones de garantía legal de las fosas comunes; de los lugares de Memoria… Esta es la reparación, y lo que se pide no es que incomode al poder, es que lo cuestiona directamente al interpelarle sobre el origen de nuestro actual sistema.

Miles de represaliados en las cunetas. ¿Por qué no escandaliza esto en Europa?

Escandaliza en Europa y en todo el mundo en todas aquellas instancias en las que se tienen en cuenta los Derechos Humanos. En ese sentido, han sido muchas las interpelaciones que se han hecho al estado español desde Europa; pero los acuerdos en esta materia no son de obligado cumplimiento, así que el estado español ignora la interpelación y no pasa nada.

Por otra parte, no es de extrañar que los países europeos piensen en el fondo que esto es una cuestión nacional y que ha de resolverse a nivel nacional. Y a mí, la verdad, no me extraña, teniendo en cuenta la falta de empatía que los países europeos han mostrado, ha nivel institucional, con el sufrimiento del pueblo español a manos del franquismo, y eso desde el mismo momento de la sublevación, la guerra, los bombardeos nazis sobre población civil, las declaraciones de “neutralidad”, etc.

¿Es posible la Justicia 80 años después? ¿Cuánto costaría la reparación?

La Justicia siempre es posible. Quizá no completamente; quizá no para todas las víctimas ni para todos los casos. Han pasado más de 80 años. Las víctimas continúan en las cunetas; a veces son exhumadas en condiciones de neutralidad, es decir, que no se explican a la ciudadanía las causas de su asesinato, ni se respetan sus derechos (que los tienen), ni se ha dado jamás satisfacción a sus familias, que siguen habitando en localidades que a veces honran a los asesinos poniendo sus nombres en las calles.

Pero hay muchas formas de hacer justicia: condenar el franquismo desde las instituciones; eliminar todo símbolo franquista y los honores otorgados a los golpistas; recuperar la historia y explicarla a las generaciones actuales; abrir de par en par los archivos, devolviendo los documentos a sus auténticos dueños, los ciudadanos; localizar, señalizar y proteger los lugares de memoria, incluyendo fosas comunes en cementerios; restituir los bienes robados; asumir la investigación de los hechos y la exhumación de fosas comunes en descampado, proporcionar todas las herramientas necesarias para identificar y entregar los restos de las víctimas a los familiares… Sí, todavía es posible la Justicia y también la Reparación; y aunque no sean completas, no hay que renunciar a ellas.

Cada día quedan menos de los que padecieron la represión. ¿Han plantado simiente para que sus herederos continúen la lucha o pesará más la propaganda del olvido?

Cuando en una comunidad, sea un pueblo o sea una familia, se sufre un atropello tan impactante como estos de los que estamos hablando, las consecuencias se transmiten a las generaciones posteriores. Y no se trata de sentimientos de venganza o de revanchismo, como temen los detractores de la Memoria, no; se trata de la necesidad de conocer lo que ocurrió en la familia o en el pueblo; de las causas; de la autoría… porque las consecuencias las sufrimos todos. En un pueblo como Laguna de Duero, el asesinato de cincuenta vecinos, de mujeres, de ancianos, de adolescentes, tuvo que suponer un trauma colectivo de dimensiones incalculables para toda la comunidad, para las familias de las víctimas, pero también para los ejecutores, para los responsables, que aunque se hayan beneficiado de la categoría de héroes con que el franquismo les premió por hacer el trabajo sucio, han sido y son perfectamente conscientes de su cualidad de asesinos, y han vivido siempre entre el temor y la necesidad de olvido de lo que hicieron.

No hay olvido, por tanto, en ninguna de las dos partes. El silencio se puede decretar, pero nadie puede obligarnos a olvidar. Y los hechos lo demuestran: la Memoria surge y vuelve a resurgir, y la demanda de información, la necesidad de conocer la Verdad y la exigencia de Justicia no tienen fin. Y quiero dejar constancia de que no sólo las familias de las víctimas trabajan en este sentido. También muchas personas pertenecientes a familias de golpistas, de asesinos y de inductores de la sublevación trabajan sinceramente a nuestro lado para lograr estas reivindicaciones, y es que aquí los únicos herederos son los herederos ideológicos, los que conociendo lo que ocurrió siguen defendiendo el golpe, el franquismo y los crímenes cometidos.

¿Qué opinión le merece el nuevo Decreto sobre Memoria Histórica de la Junta de Castilla y León?

Creo, simplemente, que es una operación de limpieza de imagen más, un lavado de cara. No es la solución que venimos pidiendo las organizaciones memorialistas desde hace años y años. El Decreto debería ser una Ley Autonómica que de una buena vez viniese a solventar los problemas que afectan a la memoria histórica, y que no son únicamente las fosas. Las fosas hay que localizarlas; hay que convocar a las familias, con las que los poderes políticos no suelen contar; es necesario cumplir escrupulosamente con los protocolos existentes en orden a garantizar la conservación de los restos de cara a su identificación y entrega a las familias, y además, es fundamental contextualizar la fosa, explicar la causa de los crímenes, situarlos en tiempo, y darles la categoría de crimen político porque es lo que son.

El Decreto se olvida de todo esto. No puede plantear la ilegalización de los procesos sumarísimos, por ejemplo, o el tema de los archivos, su normativa o su localización, porque no tenemos las competencias necesarias. Para eso están las leyes, y lo que muchos pedimos es la redacción de una Ley Autonómica que afronte, estudie y solvente todos estos aspectos. No avanzaremos mucho si nos circunscribimos a exhumar todo lo enterrado, a veces para volverlo a enterrar sin que ni los familiares lleguen a enterarse. No, el tema va mucho más allá, y el Decreto es pan para hoy y hambre para mañana.

Por todo esto, muchas organizaciones memorialistas, y entre ellas los dos a las que yo pertenezco, Verdad y Justicia, en el ámbito de Valladolid y Foro por la Memoria de Castilla y León en el autonómico, participamos en el debate de la propuesta que en su día nos hizo la Junta y aportamos muchas alegaciones referentes a los aspectos que se han dicho; pero no se tuvieron en cuenta, o fueron insuficientes, por lo que hemos optado por continuar nuestro trabajo como hasta ahora. En este caso, es el camino de la investigación, de la divulgación y de la reivindicación, y el medio es un libro: este que hoy se presenta.

Tanto mis compañeros como yo continuaremos trabajando en este sentido, siempre al lado de las víctimas y siempre exigiendo, reivindicando y denunciando aquellos aspectos que lo necesiten. Por fin, aquí presentamos esta primera pieza, que ha sido apoyada y refrendada por las familias, por varias organizaciones políticas, sindicales y memorialistas y también por historiadores de la talla de Francisco Espinosa, Mirta Núñez Díaz-Balart o Luis Castro, autoridades en este campo y a los que agradecemos su colaboración y sus orientaciones.

http://ultimocero.com/destacada/2018/05/27/orosia-castan-la-mera-idea-se-conozca-lo-paso-muchas-familias-poderosas-se-sientan-amenazadas/

Aquí no hay una falta de libertad de expresión sino un exceso de fascismo

Juan Manuel Olarieta

No hay ningún pedante al que le falte en la boca esa conocida frase de que el arte es “transgresor” por antonomasia. Basta que a un artista le pongas algún límite para que trate de saltar por encima.

“El rap es una modalidad musical provocadora”, dice el diccionario de la Academia de la Lengua y, como estamos comprobando, en ningún otro país como en España la provocación ha alcanzado un éxito tan arrollador.

A pesar de ello, todo el discurso oficialista, empezando por el jurídico y el periodístico, se preocupa por lo contrario: por los límites de la libertad de expresión. “¿Dónde están los límites a la libertad de expresión?”, preguntan.

La Plataforma en Defensa del Derecho a la Libertad de Información acaba de publicar una “Guía de emergencia sobre los límites a la libertad de expresión”(1).

Una crónica de “Cuarto Poder” sobre el acto celebrado en Madrid el 18 de marzo en Lavapiés comenzaba así: “Más de una veintena de colectivos, que van desde los Encausados por la Operación Araña hasta Anticapitalistas Madrid, han llenado la sala del Teatro del Barrio para charlar sobre una cuestión que levanta preocupación social: los límites a la libertad de expresión”(2).

¿Realmente la preocupación social es por los límites a la libertad de expresión o por la libertad de expresión misma?

La impresión que transmiten es la de un “buffet libre”: nos pasamos con la comida, comemos en exceso porque es gratis. Abusamos de nuestros de derechos porque el ejercicio de los mismos no tiene consecuencias.

Uno de los límites que siempre han querido imponer al arte es “el buen gusto”, aunque en realidad hay muchos más. Cuando en febrero retiraron las fotos de Santiago Sierra sobre los presos políticos de la exposición Arco, el ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo, confesó en los desayunos de RTVE que le gusta la libertad de expresión, pero que hay que “hacer crítica política sin ofender”(3).

Poner límites a todo es imprescindible en un país -como el nuestro- que es excesivamente democrático; hay demasiada libertad y, en consecuencia, esto “se nos va de las manos”.

Este tipo de planteamientos, que han calado en ciertos medios, ignoran la memoria histórica de los 40 años de represión política posteriores a la Constitución de 1978. Se creen que el problema con la libertad de expresión ha surgido ahora mismo.

De cualquier manera, es interesante analizar los famosos límites a la libertad de expresión porque es dialéctica pura, como mirar el anverso y el reverso de la realidad, al estilo de los antiguos negativos de las fotografías.

Veamos: un ejemplo de límite es el artículo 12 del Fuero de los Españoles aprobado durante el franquismo: “Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado”.

La conclusón es obvia para los que hablan de límites: desde 1945 en España siempre hemos disfrutado de libertad de expresión, naturalmente limitada. ¿Es eso lo que hay que explicar?, ¿así es como hay que entender un derecho fundamental?

Si es así, la conclusión es que en el franquismo también había libertad de expresión, como ahora, a pesar de que miles de personas fueron detenidas y condenadas por propaganda ilegal, un delito donde lo importante no era la propaganda sino su ilegalidad, es decir, el mismo pretexto que ahora: bajo el franquismo quien iba a la cárcel no era por sus opiniones políticas sino por infringir el Código Penal.

En el franquismo, pues, también había libertad pero rodeada por demasiadas restricciones. Había que ampliarlas. Por ejemplo, en 1966 la ley de prensa eliminó la censura previa que se había impuesto en 1938; entonces en el franquismo hubo más libertad, se amplió su radio de acción.

La libertad es como la cotización de la bolsa, un asunto de más o menos.

Los que hacen este tipo de planteamientos, como Amnistía Internacional, es por una razón: ellos no son los que padecen el castigo, ni lo han padecido nunca: nunca han sido detenidos por hablar, por cantar o por publicar.

Es lo mismo que ocurre con todos esos que niegan que España sea un Estado fascista: no les han dado ningún palo en las costillas. ¿Qué van a decir?

El debate del momento trata exactamente de eso: en España no hay ningún problema con la libertad de expresión; el problema es con el fascismo.

Notas:

(1) http://libertadinformacion.cc/wp-content/uploads/2018/05/Gu%C3%ADa-de-emergencia-Valtonyc-LIBERTAD-DE-EXPRESI%C3%93N-240518.pdf
(2) https://www.cuartopoder.es/espana/2018/03/19/el-rapero-valtonyc-en-un-acto-sobre-la-libertad-de-expresion-solo-los-pobres-entramos-en-la-carcel/
(3) http://www.elmundo.es/cultura/2018/02/22/5a8e8bb4e5fdea3e2c8b4639.html

Los antifascistas quintuplican en número a los nazis en las calles de Berlín

Ayer los antifascistas quintuplicaron en número a los nazis de AfD (Alternativa para Alemania) en las calles de Berlín. La manifestación de AfD reunió a cerca de 4.000 nazis mientras que en los diversos actos en contra participaron al menos 20.000 manifestantes.

El partido nazi Alternativa para Alemania (AfD) marchó por el centro de Berlín bajo el lema “Por el futuro de Alemania”, una acción que los antifascistas intentaron bloquear con manifestaciones paralelas.

En algunos casos la policía recurrió al uso de gases lacrimógenos para evitar que los antifascistas atravesaran las barreras policiales. A lo largo del día hubo otros incidentes aislados, sin mayores repercusiones.

La marcha de AfD se inició con una concentración en la Washingtonplatz, al frente de la estación central de Berlín. Muchos nazis portaban banderas alemanas pero algunos también llevaban banderas de uso habitual en grupos hitlerianos.

Sus gritos y pancartas coreaban lemas contra los enemigos habituales de los nazis: el islam, los refugiados y la política de fronteras abiertas. “Que detengan a Merkel”, decían algunas pancartas mientras que en otras se podía leer que el islam no pertenece a Alemania.

“El imperio del islam en Alemania no es otra cosa que el imperio del mal”, dijo la diputada Beatrix von Storch en un discurso pronunciado al comienzo de la marcha. Von Storch también atacó al futbolista de origen turco Mesut Özil, que juega en la selección alemana y fue campeón del mundo en Brasil 2014, de quien dijo que “a pesar de su origen alemán no es alemán”.

Ya en la Washingtonplatz la marcha de AfD se encontró con la primera contramanifestación, formada por antifascistas que navegaron en balsas y barcas a lo largo del río Spree hasta unos pocos metros de la estación para protestar contra la presencia nazi.

Los lemas de los manifestantes de los barcos fueron “Solidaridad en lugar de racismo” o “Nunca más”, en alusión al pasado nazi de Alemania con el que asocian a AfD, partido que en algunas pancartas era llamado “Alternativa para idiotas”.

En la Plaza de la República, frente del Reichstag (sede del Parlamento federal alemán), no lejos de la ruta de AfD, se celebró otra de las manifestaciones antifascistas en la que participaron representantes de varios partidos políticos y de los sindicatos así como organizaciones juveniles y de defensa de los inmigrantes.

La protesta más llamativa contra los nazis fue la organizada por varios clubes de música tecno de Berlín que organizaron una caravana con camiones con altavoces, que recorrió toda la avenida del 17 de julio hasta cerca de la emblemática Puerta de Brandeburgo, donde terminaba la ruta de AfD.

Muchos de los manifestantes de la Plaza de la República se sumaron a esa caravana mientras que otros se acercaron a la ruta de AfD, hasta donde se los permitían las barreras policiales, para gritar consignas como “nazis fuera”, “que salga el nacionalismo de las cabezas” o “todo Berlín odia la AfD”.

Otra marcha en contra de AfD, de artistas y grupos de teatro, llegó al lado oriental de la Puerta de Brandeburgo para protestar contra los nazis. Entre los participantes en la “manifestación brillante”, como se autodenominó la marcha de artistas, estaba el diputado y expresidente de Los Verdes Cem Özdemir.

“Hoy la calle ha sido de la manifestación brillante… mañana continuará la lucha cotidiana contra el racismo y contra los que odian la democracia como la AfD”, dijo Özdemir a través de su cuenta de Twitter.

La AfD es un partido que actualmente tiene representación en el Bundestag (cámara baja) con 92 diputados, lo que le convierte en el grupo más grande en la oposición.

Berlín: fascistas y antifascistas llenarán las calles mañana

Mañana Berlín espera llenar sus calles con dos manifestaciones. Por un lado, los nazis del país han convocado a miles de personas. Por el otro, más de 13 organizaciones antifascistas han convocado contra-manifestaciones y esperan superar en número de asistentes.

El partido nazi Alternativa para Alemania (AfD), ha convocado una concentración que, a falta de argumentos, quiere rellenar pagando 50 euros por participar en ella.

AfD quiere demostrar que hace política en el Parlamento, pero también en la calle. Por eso es importante que reúnan los seguidores suficientes para conseguir estos fines en el “día de la verdad”, como ellos mismos han bautizado a la convocatoria.

Tienen muchos problemas para movilizar a sus fieles y las contra-manifestaciones pueden llegar a superar de lejos su número de asistentes.

Para la seguridad, la capital alemana se contará con un gran despliegue policial de unos 2.000 antidisturbios, ya que se teme que se produzcan enfrentamientos.

El número de asistentes, tanto de los nazis como de los antifascistas, que convocan gratuitamente, ayudará a hacer un balance de fuerzas y se podrá ver qué fuerza tiene cada movimiento.

https://www.hispantv.com/noticias/alemania/378148/afd-marcha-berlin-xenofobos-racistas

Los nazis sí disfrutan de una plena libertad de expresión en España

La Audiencia de Barcelona ha estimado el recurso del nazi Pedro Varela y ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena de tres meses y un día de prisión por editar ilegalmente la obra “Mein Kampf” de Hitler, y ha ordenado su libertad.

En marzo el Juzgado Penal 15 de Barcelona ordenó su ingreso en prisión -lo hizo en abril- acogiéndose a los argumentos esgrimidos por el fiscal del Servicio de delito de odio y discriminación, que se mostró contrario a aplicarle beneficios de suspensión de la condenena debido a los antecedentes penales del condenado por delitos de odio y no lo consideró un «delincuente primario».

Ahora la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona considera que Varela -que tiene un procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona por incitación al odio- ha de ser considerado delincuente primario «al tener cancelados sus antecedentes penales o ser éstos cancelables», y ha reprochado que no fueran tenidas en cuenta sus circunstancias personales.

El tribunal ha acordado la suspensión de la pena por un periodo de dos años condicionada a que durante el mismo no sea condenado por la comisión de un nuevo delito que ponga de manifiesto que «la expectativa en que se funda la suspensión ya no pueda ser mantenida».

En el juicio, Varela admitió que había editado el libro pero alegó que pensaba que los derechos eran libres, y justificó que después de que le citaran a declarar en 2009 por estos hechos lo siguió vendiendo porque tenía “la convicción de que el Estado de Baviera no tiene derecho sobre esa obra”.

Por lo tanto, el nazi no cometió el delito por difundir la obra hitleriana por antonomasia sino por razones económicas: el Estado de Baviera es el titular de los derechos de propiedad intelectual de la misma y ni siquiera por ello irá a la cárcel.

Señor Klein: a todo cerdo le llega su San Martín

Estamos en 1942, en plena ocupación de Francia por los nazis. Robert Klein es un marchante de arte que compra obras maestras a precios de ganga a los judíos que intentan huir de la deportación.

En medio de la guerra, del terror y de la persecución, Klein vive muy confortablemente y sólo tiene que preocuparse por sí mismo, por vivir cada dia mejor.

Hasta que una mañana aparece en la puerta de su casa un periódico destinado a los judíos marcados con la estrella amarilla y Klein descubre un homónimo que perturba su buena vida porque, además de judío, el otro señor Klein es miembro de la resistencia antifascista.

Klein hace lo que haría cualquier buen ciudadano: lo denuncia a la policía, e incluso va más allá; asume las funciones de policía y se pone a buscar al “otro señor Klein” para sacudirse el problema de encima y mostrarle a la policía que es un colaboracionista de corazón.

Sin embargo, el denunciante acaba siendo el denunciado. La Gestapo y la policía empiezan a seguirle los pasos. ¿Quién se esconde bajo ese tal señor Klein que denuncia a otro señor Klein?

Así comienza la película que Joseph Losey dirigió en 1976. Hay una mujer desnuda que tapa sus tetas ante un médico que debe diagnosticar su “grado de judaísmo”. En realidad no es un médico sino más bien un veterinario, uno de esos “científicos” de mirada fría y aséptica que tiene que justificar la deportación y, finalmente, la muerte. Sin motivos personales, ni morales, ni políticos, ni ideológicos… Pura y exclusivamente científico-médicos.

Es una película sobre la indiferencia humana ante el sufrimiento ajeno… que finalmente no resulta ser tan ajeno. Podía ser el tan repetido poema de Brecht, pero tras la cámara está Losey, director de otra película inquietante, “El sirviente”, donde los papeles se invierten al más puro estilo hegeliano: el esclavo acaba haciéndose el amo (y a la inversa).

En lugar de “Señor Klein”, en España la película la hubieran titulado “A todo cerdo le llega su San Martín”, pero en otros lares son más elegantes. Los cerdos se caracterizan precisamente por revolcarse en medio de la porquería, que es la nota diferencial de las sociedades capitalistas en donde, como el “Señor Klein” todos creen que la cosa no va con ellos. Primero fueron los terroristas, luego los catalanes, ahora los raperos…

La película es también una reflexión sobre la identidad, sobre lo que somos y lo que creemos ser. A cada paso debemos preguntarnos si somos judíos, terroristas o raperos. Es un debate a medio camino entre la sociedad y la biología, un tema bastante antiguo ya sobre el que se ha escrito una numerosa basura seudocientífica por parte de unos (sociólogos) y otros (biólogos).

El marchante integrado, estandarte del burgués, acaba marginado y desintegrado, algo coherente con una sociedad, como la francesa de 1942 que, lo mismo que la actual, está dominada por la sospecha, la delación, la intriga… En fin, una cloaca en la que sólo pueden vivir los cerdos.

Son sociedades en las que impera la policía, que es la que detiene a Klein en París cuando se estaba buscando a sí mismo. Le sorprenden en compañía de los mismos judíos de los que se había aprovechado antes y todos ellos acaban en los trenes que conducen a Auschwitz.

Los guionistas de la película, entre los que estaba el griego Costa Gavras, tomaron el nombre de Klein de un personaje real, entrevistado por Marcel Ophüls, para su excelente y polémico documental de 1969 “Le Chagrin et La Pitié” acerca de un tabú francés: la colaboración de la población con los ocupantes nazis, el mismo argumento que la película “Lacombe Lucien” de Louis Malle reprodujo en 1974.

Aquel personaje se llamaba Marius Klein. Era un comerciante alsaciano que, para evitar ser confundido con un judío a causa de su apellido, publicó anuncios en la prensa, dejando muy claro que era francés de pura cepa, aceptando así, sin cuestionar en absoluto, la ocupción nazi.

Todo tiene un por qué; hasta las películas se cuecen en las peores pesadillas y conducen a otras pesadillas aún peores. Losey fue un cineasta estadounidense que se refugió en Europa a causa de la Caza de Brujas en Hollywood. Huyó de una pocilga para retratar otra.

El destino de todos los Klein es Auschwitz. “Quién soy yo para vivir bien”, es la pregunta con la que acaba la película.

Ucrania censura la distribución del libro ‘Stalingrado’ del historialdor británico Anthony Beevor

En enero el gobierno ucraniano prohibió la distribución en su territorio de la edición rusa del libro “Stalingrado” del historiador británico Antony Beevor, en virtud de una ley que prohíbe la importación de libros de “contenido antiucraniano”.

Serguei Olyinik, que dirige la oficina responsable de la concesión de licencias y el control de la producción impresa en Ucrania, justificó al servicio ucraniano de Radio Liberty la prohibición de “Stalingrado” por varios párrafos dedicados a las órdenes dadas por las fuerzas hitlerianas a los nacionalistas ucranianos de disparar a los niños durante la ocupación.

Según Olyinyk, estos párrafos carecen de fundamento y se basan en informes de la policía secreta soviética.

El gobierno ucraniano no revocará su decisión, dijo Olyinyik, quien calificó de “escandalosa” la traducción rusa del libro dedicado a la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial, entablada entre las tropas soviéticas y las nazis.

Según Olyinyk, el libro todavía puede importarse libremente a Ucrania desde otros países, incluido Rusia. “Todo ciudadano ucraniano tiene derecho a importar a Ucrania ambos diez ejemplares de la edición rusa en cuestión […] siempre que sea para uso personal”, añadió el censor en su página de Facebook.

La comercialización de otro libro de Antonio Beevor, “La Segunda Guerra Mundial”, ha sido autorizada en Ucrania, recordó Olyinyk.


La censura ha irritado a Beevor, quien aseguró al periódico británico The Guardian que su libro se basaba en el testimonio de Helmuth Groscurth, un oficial alemán antinazi.

El historiador pidió disculpas a las autoridades ucranianas y exigió que Kiev revocara su decisión.

Por su parte, la embajada rusa en Londres calificó la prohibición de “vergonzoso acto de censura y traición a las víctimas” de la Segunda Guerra Mundial.

https://fr.timesofisrael.com/kiev-interdit-la-vente-de-ledition-russe-de-stalingrad-dantony-beevor/

El franquismo asesinó a 202 presos recluidos en la cárcel de Carabanchel

Cárcel de Carabanchel, en Madrid
El régimen franquista ejecutó a miles de personas en la posguerra inmediata, pero la “máquina de matar” no se detuvo en 1944. A pesar de la amnistía de 1945, los tribunales siguieron dictando sentencias condenatorias, que en muchos casos desembocaron en la pena capital.

Después de “Los fusilamientos de La Almudena” y “80 mujeres. Las mujeres fusiladas en el Madrid de la posguerra”, Manuel García Muñoz publica “Detrás de las rejas. Ejecuciones en Carabanchel 1944-1975” (Editorial Renacimiento, Colección Espuela de Plata), un minucioso trabajo que concreta en 202 la cifra de antifascistas ejecutados, por fusilamiento o garrote, en la cárcel de Carabanchel desde su puesta en funcionamiento hasta la muerte de Franco.

“El origen de este libro está en mi interés por conocer más en profundidad aquellos terribles sucesos, siempre ocultos por el franquismo”, explica García Muñoz, quien formó parte de la comisión de expertos que elaboró el informe sobre las ejecuciones en la tapia del cementerio de la Almudena entre 1939 y 1944. Fue colaborador de Basilio Martín Patino -con quien realizó trabajos como “Queridísimos verdugos”– y desarrolló una larga carrera en el mundo audiovisual, desarrollando diferentes cometidos. Fue director de documentales como “Testamento de un pueblo”, Espiga de Oro en el Festival de Valladolid.

El libro ofrece un ilustrativo y pormenorizado relato de las ejecuciones, estructurado a partir de los datos obtenidos por el autor en diferentes archivos y registros, e incluye las declaraciones de los acusados y los testigos, los informes que dieron lugar a la detención y las sentencias de muerte, acompañado de numerosas reproducciones de documentos oficiales.

A partir de 1944, los tribunales militares continuaron juzgando y condenando a muchos procesados, tanto por hechos ocurridos durante la guerra como por hechos posteriores. La mayor parte de esas ejecuciones tuvieron lugar poco después del cierre de las prisiones de la capital, y una vez inaugurada la cárcel de Carabanchel. La última ejecución de un preso de Porlier fue en febrero de 1944, y las primeras en el recién estrenado recinto penitenciario el 22 de marzo. Félix Puertas, Luis Serra y Alberto Durán fueron los primeros.

A partir de 1945 la mayoría fueron condenados a muerte por pertenecer tanto a la guerrilla urbana (del Llano) como a la de la sierra. En años posteriores, por delitos comunes. En los años sesenta aparecen varios casos con acusaciones de “prácticas terroristas”.

En el listado figuran los nombres y referencias personales de 202 fallecidos. Todos estuvieron confinados en Carabanchel; todos fueron fusilados contra los espaldones de los campos de tiro situados en los cuarteles de Campamento (salvo los ejecutados a garrote vil en la prisión) y enterrados en el cementerio de Carabanchel Alto, donde aún permanecen los restos de algunos de ellos. “Cuando estuve revisando la documentación del cementerio de la Almudena comprobé que en 1944, de pronto, se detenían las inscripciones, cuando realmente se seguía fusilando gente en Madrid. Para este libro me dediqué a investigar en los Registros Civiles de Carabanchel Bajo y Carabanchel Alto, que fueron municipios independientes hasta 1948. En Carabanchel Alto encontré lo que buscaba, los registros de defunción de los fusilados”, explica el autor.

La lista incluye al dirigente comunista Julián Grimau (fusilado el 20 de abril de 1963) y Joaquín Delgado y Francisco Granados (muertos por garrote el 17 de agosto del mismo año). El último nombre reseñado en el libro, Jesús García Romero, murió en 1966.

A esa cifra de 202 ejecutados se han de añadir los nombres de José Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, militantes del FRAP encarcelados en Carabanchel que fueron ejecutados en instalaciones militares del municipio madrileño de Hoyo de Manzanares.

https://is.gd/LiwsB0

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