Desde hace décadas la Agencia Sueca Internacional de Cooperación al Desarrollo financia las redes antisandinistas en Nicaragua.
El imperialismo interviene en las protestas del lumpen, dada posición geoestratégica del país, que une América del Norte con América del Sur y permite el paso del Mar Caribe al Océano Pacífico. Para controlar a Centroamérica, tienen que mantener a Nicaragua como a Afganistán: en un estado de guerra permanente.
El año pasado la cámara baja del Congreso de Estados Unidos aprobó la ley “Nica Act” para bloquear los préstamos de instituciones financieras internacionales al gobierno de Nicaragua.
La Nica Act se aprobó cuando el presidente Ortega exigió a Washington el pago la indemnización de 17.000 millones de dólares sentenciada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 1986, por el papel de la nación norteamericana en actividades militares y paramilitares contra Nicaragua.
La exigencia de Ortega ante Estados Unidos y su rechazo a la injerencia pone en riesgo los intereses de la oligarquía de Nicaragua: perder sus fuentes internacionales de financiación.
En Nicaragua la oligarquía capitalista se compone de una alta burguesía vinculada a las finanzas internacionales y las empresas multinacionales.
Michael Healey, actual portavoz del levantamiento es un simple empleado de una fábrica propiedad de capitales colombianos. Asimismo, José Adán Aguerri, presidente de la patronal COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada) no posee empresa alguna aparte del propio COSEP. La familia Pellas, que durante la Revolución de los ochenta declaró la huelga económica al Gobierno Sandinista y trasladó todo su dinero a los paraísos fiscales desde los que se dedicó a la especulación financiera, vio aumentar su poder e influencia con la guerra que desangró al país.