El gobierno español culmina el proceso de privatización de los trenes públicos en España, iniciado en 1992, inacabado por el Gobierno de Aznar, y que ha finalizado con la privatización del transporte de pasajeros, que se suma así al ya privatizado transporte de mercancías.
Un proceso que viene de lejos
La privatización ferroviaria en España ha sido un proceso que comenzó prácticamente desde la incorporación de España en la Unión Europea, durante el gobierno de Felipe González, y cuyo inicio vino con la promulgación en 1987 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que autorizaba a RENFE a la concesión de determinados servicios, rompiendo el tradicional monopolio estatal.
La liberalización contemplada en el 4º paquete ferroviario ya ha sido transpuesta a la legislación española. En concreto, el Real Decreto-ley 23/2018, del Sector Ferroviario, que marcó el mes de diciembre de 2020 como fecha de inicio para la entrada de nuevas empresas ferroviarias en el transporte de viajeros por ferrocarril en los servicios de larga distancia y alta velocidad.
A partir de dicha fecha, cualquier empresa que disponga de la licencia de empresa ferroviaria y del certificado de seguridad, que otorga la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, y haya solicitado el uso de la infraestructura ferroviaria, podrá prestar servicios en competencia con Renfe.
El proceso es similar al de la telefonía o la red eléctrica: la infraestructura será del antiguo monopolio estatal, y las operadoras privadas pagarán un canon por su uso. El Estado se encargará del mantenimiento y los proyectos de envergadura.
Modelo «Ryanair»
El plan, desarrollado a lo largo de casi tres décadas, ha consistido en dividir RENFE en dos grandes sectores (ADIF, Renfe Operadora) y otorgar concesiones a empresas privadas para su explotación mediante licitación. Los servicios de carga y de pasajeros quedaron separados, siendo que ya desde 2001 el monopolio estatal comenzó a competir con operadoras privadas.
Las empresas que por ahora han quedado como beneficiarias de la privatización han sido Air Nostrum, Trenitalia y SNCF (la empresa estatal francesa).
La diferencia del modelo tradicional con el transporte de pasajeros es que incorpora el «modelo Ryanair». A través de una fórmula a la carta con opciones con coste adicional permiten incluir equipaje voluminoso, llevar mascotas, una bicicleta o conectarse a la red wifi, entre otras cosas.
Se acabaron definitivamente los precios regulados y los usuarios quedarán a merced de los precios de las operadoras, que lo medirán en función de su rentabilidad y no como servicio público.