Tras las revelaciones publicadas por Associated Press de que Google registra los movimientos de sus usuarios, incluso cuando la configuración de localización no está activada, en 2018 los fiscales de 40 estados de Estados Unidos abrieron una investigación en torno a la forma en que el buscador recopila datos. El monopolio prefirió pagar 391,5 millones de dólares a los Estados en cuestión para poner fin a las investigaciones en curso.
El 23 de noviembre, invitado al programa “Just The News, No Noise” del canal de cable estadounidense Real America’s Voice, el fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, habló sobre el acuerdo alcanzado el 14 de noviembre entre el gigante estadounidense Google y varios estados norteamericanos: “El acuerdo más importante jamás alcanzado con los fiscales generales de varios estados en relación con la protección de la información privada en Estados Unidos”.
“Le digo a la gente que cuando usa una aplicación o una plataforma, ya sea Google o Tik Tok o Snapchat o Twitter o cualquier otra cosa, si está recibiendo un servicio gratuito o una mercancía gratuita de una empresa de ‘Big Tech’, usted es de hecho la mercancía o el servicio que se vende. Son tus datos los que se monetizan, así que nada es realmente gratis”, dijo Alan Wilson.
Un comunicado oficial de la oficina del fiscal general de Carolina del Sur publicado el 14 de noviembre recuerda que los fiscales generales de 40 estados de Estados Unidos habían abierto esta investigación tras el artículo del 14 de agosto de 2018 de la Associated Press en el que afirmaba que “Google registra tus movimientos incluso cuando le dices explícitamente que no lo haga”.
La noticia en cuestión se centraba en dos aspectos conflictivos de la configuración de la cuenta de Google: el “historial de ubicaciones” y la “actividad en la web y en las aplicaciones”. El historial de ubicaciones de un usuario puede desactivarse manualmente en la configuración de uso personal de la cuenta, pero al mismo tiempo, la geolocalización sigue estando activada en la opción de “actividad web y de aplicaciones” para todos los usuarios de teléfonos Android. Por lo tanto, Google puede seguir recopilando datos de localización de un usuario que ha rechazado expresamente ser rastreado, y luego utilizar estos datos recopilados sin consentimiento para vender publicidad.
En lugar de enfrentarse a una demanda, Google ha optado por llegar a un acuerdo con los 40 estados. El monopolio asegura que puso fin a esta práctica “hace años“: “De acuerdo con las mejoras que hemos realizado en los últimos años, hemos puesto fin a esta investigación, que se basaba en una normativa obsoleta, que cambiamos hace años”.
No obstante, en el acuerdo, los fiscales generales afirman haber comprobado que Google había estado violando las leyes de protección al consumidor desde al menos 2014 al confundir a sus usuarios. Además, para cumplirlo, el acuerdo requiere que Google sea más transparente sobre sus prácticas de geolocalización. Google debe ser más claro sobre qué datos de localización se recopilan y cómo se utilizan, incluso cuando la función está desactivada en un servicio pero no en otros, por ejemplo, el motor de búsqueda o aplicaciones como Google Maps.
En septiembre los tribunales europeos infligieron un duro revés al monopolio al imponerle una multa récord de 4.100 millones de euros por abuso de posición dominante de su sistema operativo Android.