El Parlamento polaco acaba de aprobar una ley que autoriza a la policía a utilizar sus armas de fuego sin riesgo de ser procesados penalmente. La ley, que aún está pendiente de promulgación presidencial, marca un punto de inflexión en el enfoque de la represión en Europa.
El rearme y la guerra van de la mano del reforzamiento de los privilegios de la policía, que se extienden a los guardias fronterizos, así como a los militares. Tienen patente de corso. Nadie les puede exigir responsabilidades penales en caso de uso de armas o de la fuerza directa, incluso en violación de las normas establecidas.
La ley la han justificado por la necesidad de proteger la seguridad y las crecientes tensiones en la frontera polaco-bielorrusa, donde incidentes violentos, incluido el asesinato de un soldado polaco, han desatado la histeria política y mediática.
Polonia es miembro de la OTAN y de la Unión Europea y acusa a Moscú de facilitar el paso ilegal de miles de inmigrantes africanos a Europa, utilizando la frontera polaco-bielorrusa como punto de entrada.
No es nada nuevo, porque esos movimientos migratorios ya existían en los años ochenta del siglo pasado, cuando Polonia pertenecía al Pacto de Varsovia y los emigrantes llegaban en tránsito hacia la República Democrática Alemana (que a su vez querían trasladarse a otro lado del Telón de Acero).
Lo mismo que España, Polonia cree que la solución es cerrar las fronteras, levantar vallas más altas y poner al ejército a patrullar las lindes. Como eso nunca ha servido de nada en ninguna frontera del mundo, el gobierno de Varsovia carga contra Bielorrusia, que tiene el mismo problema, acusando a Minsk de “provocaciones constantes”.
La “licencia para matar” que ha aprobado el Parlamento polaco forma parte de esa ola de histerismo por reafirmar la soberanía territorial y la identidad nacional de que hacen gala en Europa los partidos más reaccionarios y xenófobos.
No obstante, la ley va a deparar muchas sorpresas en el futuro porque si la guardia de fronteras mata a discreción a los emigrantes que cruzan sin papeles, nadie va a reclamar, pero si ocurre lo mismo en las calles de cualquier ciudad, va a ser difícil tapar boca a las víctimas del “gatillo fácil”.
La nueva ley es tan disparatada que hasta el Consejo de Europa, a través de su Comisario de Derechos Humanos, Michael O’Flaherty, ha lanzado un aviso sobre las posibles consecuencias de la “licencia para matar”. En Bruselas temen que cree un marco jurídico y político propicio a la impunidad.