El lunes el gobernador del Estado de Misuri, Jay Nixon, impuso el estado de emergencia durante treinta días. En un comunicado Nixon explica la medida basándose en la inminencia de que el Gran Jurado haga públicas sus conclusiones respecto a la muerte del joven Michael Brown, abatido por disparos del agente de la policía Darren Wilson en Ferguson el pasado 9 de agosto. «Inmediatamente después de su muerte las protestas pacíficas fueron boicoteadas por escenas de violencia y destrucción. Esa violencia no representa a Misuri, y no puede repetirse», dijo Nixon.
El gobernador ha solicitado la presencia de la Guardia Nacional, el alcalde de Ferguson, Francis S. Glay, ha señalado que «en ningún caso los soldados serán situados en primera línea, frente a los manifestantes».
Con la presencia de cuerpos militares Nixon pretende enfriar cualquier conato de violencia antes de que esta pudiera iniciarse. En la memoria de los estadounidenses todavía arden las imágenes de unas protestas de furia inusitada, los peores disturbios raciales que ha conocido Estados Unidos en los últimos veinte años. Fue tal el grado de indignación que la policía local fue relevada de custodiar las manifestaciones, mientras que, por orden de la Casa Blanca, la Fiscalía General iniciaba una investigación paralela dirigida por el FBI.
Más de tres meses después de los sucesos sigue sin saberse cuáles fueron las circunstancias reales de la muerte de Brown. El policía que disparó siempre ha sostenido que fue agredido por el joven y que temió por su vida. La familia de Brown y varios testigos lo niegan, y no faltan quienes hablan de una ejecución a sangre fría. Tampoco ayudó a la concordia la labor policial durante las semanas siguientes, con la presencia en las calles de unidades antidisturbios fuertemente militarizadas, mientras los mandos se negaban a hacer pública la identidad del oficial que apretó el gatillo y la espiral de indignación amenaza con desbordarse en las calles, transformadas cada atardecer en el escenario de una batalla campal.
Está previsto que el Gran Jurado decida en breve si hay que procesar a Wilson. Sus integrantes han pasado las últimas semanas revisando las pruebas e informes periciales y repasando testimonios de numerosos expertos y testigos. Muchos analistas, como Katharine Q. Seelye, del New York Times, opinan que el estado de emergencia y la presencia de la Guardia Nacional pueden considerarse como indicios de que el Gran Jurado exonerará al agente.
Fuente: Ria Novosti, http://sp.ria.ru/international/20141118/163124202.html