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Arabia saudí está apoyando a los terroristas de Al-Qaeda en la Guerra de Yemen

La coalición que Arabia saudí encabeza en Yemen está apoyando a los terroristas de Al-Qaeda, según la cadena CNN. “La coalición dirigida por Arabia saudí ha suministrado armas de fabricación estadounidense a combatientes vinculados a Al-Qaeda, las milicias salafistas y otras facciones involucradas en la intervención en Yemen, en violación de sus acuerdos con Estados Unidos”, según una investigación de CNN.

“Las armas también han llegado a manos de rebeldes apoyados por Irán que luchan contra la coalición por el control del país, exponiendo en Teherán algunas tecnologías militares sensibles de Estados Unidos y poniendo en peligro potencialmente la vida de las tropas estadounidenses en otras zonas de conflicto”, asegura la cadena.

Arabia saudí y Emiratos Árabes Unidos, su principal socio en la invasión, utilizaron armas fabricadas por Estados Unidos como moneda de cambio para comprar la lealtad de las milicias o tribus, apoyar a determinados actores armados e influir en el complejo panorama político, según comandantes y analistas locales que hablaron con la CNN.

Una milicia relacionada con Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQAP), la Brigada Abu Abbas, es propietaria de vehículos blindados Oshkosh de fabricación estadounidense, que entraron en la ciudad en 2015 durante una demostración de fuerza.

Según CNN, “Abu Abbas, el fundador, fue declarado terrorista por Estados Unidos en 2017, pero el grupo sigue contando con el apoyo de la coalición saudí y fue absorbido por la 35ª Brigada del Ejército yemení apoyada por la coalición”.

https://edition.cnn.com/interactive/2019/02/middleeast/yemen-lost-us-arms/

Rusia se encamina hacia una crisis política y económica interna

Rusia se encuentra en una situación política y económica compleja. Los conflictos que bullen cerca de sus fronteras y la presión constante de Estados Unidos y la OTAN están teniendo un impacto negativo en la situación interna del país que se observa en la caída de la credibilidad de Putin y del gobierno ruso.

Esta caída no está vinculada a la política exterior del Kremlin sino que es el resultado de una serie de reformas económicas recientes, que se asemejan a la orientación económica seguida por el gobierno ruso a mediados de la década de 1990. El gobierno ha elevado la edad de jubilación y ha aumentado el IVA en un contexto de desaceleración de la economía, especialmente en el sector industrial.

La población se enfrenta a una presión administrativa cada vez más estricta: multas y sanciones por infracciones menores y restricciones administrativas adicionales que limitan la libertad de acción de los ciudadanos. La gestión del tráfico en las grandes ciudades y en las carreteras federales, así como las políticas para las pequeñas empresas y los autónomos, son los ejemplos más obvios.

La esfera de la política se está equiparando a la de los demás países europeos: un páramo. El único partido seudopolítico que todavía existe de facto es Rusia Unida, cuya capacidad ideológica y organizativa está agotada. Los demás partidos son sólo construcciones mediáticas diseñadas para defender los intereses de un pequeño grupo de patrocinadores. Es difícil encontrar un diputado en la Duma Estatal y en el Consejo de la Federación que no esté dentro de la oligarquía establecida.

El gobierno no ha explicado al público ni a los medios de comunicación su línea actual. La mayoría de las iniciativas de Medvedev se enfrentan a una reacción negativa de la población. Una serie de escándalos que involucran a altos y medianos funcionarios del gobierno ha agravado la situación. Revelan la flagrante hipocresía y la actitud negligente de algunos funcionarios rusos hacia sus responsabilidades.

El año pasado se produjeron numerosas detenciones de funcionarios sorprendidos en el acto de exceder sus límites o estar involucrados en casos de corrupción. En comparación con períodos anteriores, este número ha aumentado de 1,5 a 2 veces. Sin embargo, esto no ayuda a cambiar la situación de los medios de comunicación.

El nacionalismo de Putin ha perdido fuelle. La política interna se ha encerrado en un círculo cerrado de oligarcas y amigos que sólo persiguen sus propios intereses económicos y de seguridad.

Los factores mencionados anteriormente alimentan la percepción negativa del gobierno de Medvedev y, de rebote, a Putin como Jefe del Estado.

La situación también es complicada en el ámbito de la política exterior. La política rusa hacia Ucrania oriental no está definida. Moscú sigue perdiendo su influencia en los antiguos Estados soviéticos, tanto en el Cáucaso como en Asia central. Incluso el aliado más cercano, Bielorrusia, a veces muestra un comportamiento hostil y centra sus esfuerzos en explotar las preferencias económicas de Rusia.

Al evaluar la actual situación política interna y la política exterior de Rusia, se puede decir que los dirigentes rusos no tienen la política coherente y sólida que cualquier gran potencia necesita.

Es cierto, pero no excusa, que Rusia soporta una enorme presión que le obliga a actuar a la defensiva. de múltiples agentes de influencia, que se oponen a las ideas del poderoso estado independiente que busca actuar como uno de los centros de poder en el escenario mundial.

Rusia se enfrenta a tiempos difíciles en los próximos años y parece un país agotado, incapaz de hacer frente a lo que le espera. Para que el nacionalismo pueda seguir desempeñando el papel que ha desempeñado hasta ahora, hay que alimentarlo: hay que acabar con las política económicas implementadas por Medvedev y mejorar sustencialmente las condiciones de vida y de trabajo.

Explotados hasta la muerte: 169 trabajadores han muerto de cáncer en la refinería que Repsol tiene en Cartagena

Antiguos obreros de empresas del sector industrial en Cartagena lograron este miércoles un hito en su lucha por ver reconocido, por parte de la Justicia, que la exposición al amianto en su puestos de trabajo ha podido ocasionar enfermedades pulmonares e incluso la muerte de cientos de extrabajadores por cáncer. El fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, ha presentado en los juzgados de Cartagena una denuncia contra la empresa Repsol “y otros”, por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, lesiones por imprudencia grave y homicidio por imprudencia en la refinería de petróleos de Escombreras.

Así se lo comunicó este miércoles el fiscal al presidente de la Asociación de Afectados por el Amianto (Apena) de Cartagena, Ricardo Torregrosa, quien hace un año interpuso una denuncia contra la petrolera por negarse a entregar el listado de exempleados que estuvieron en contacto con el citado material cancerígeno. La relación de personas fue solicitada por la Inspección de Trabajo e incluso por la Asamblea Regional, que aprobó una resolución por unanimidad en noviembre de 2017.

“En situaciones similares en otras empresas,como Michelin, GM y Volkswagen, con un solo fallecido por amianto, las autoridades obligaron a estas compañías a entregar el listado de todos sus trabajadores. Mientras, en la Región de Murcia, con docenas de enfermos y cinco condenas firmes por fallecimientos, nadie ha obligado a Repsol a entregar el censo”, denunció Torregrosa. Y rechazó la explicación de Repsol de que retiró el amianto en 1990 y que, en todo caso, tenía sistemas de protección de la plantilla.

Repsol volvió a defender este miércoles que “siempre” ha actuado con “responsabilidad”. “En nuestra actividad productiva no se trabaja directamente con amianto, ni se manipula. Tal y como hemos acreditado, todas las operaciones y actividades relacionadas con el montaje y desmontaje de amianto son contratadas a empresas especializadas. En todo caso la salud de nuestros trabajadores y su seguridad son prioritarias para nosotros”, informó la compañía en un comunicado.

Según fuentes conocedoras de la investigación, la Fiscalía también trata de aclarar si la Comunidad Autónoma y otras administraciones públicas incurrieron en “omisión” de su responsabilidad de proteger la salud de los trabajadores. Así lo expuso Apena en su escrito.

Este miércoles el presidente del colectivo mostró su “satisfacción” por la decisión de Díaz Manzanera y expresó su confianza en que la Dirección General de Salud Pública facilite al fin el listado de personas afectadas por estas patologías. También lamentó que Murcia fue la última comunidad en aprobar un censo y añadió que “muchas personas creen que han enfermado o muerto por culpa del tabaco”. Asimismo, calificó de “arbitrarias y sin fundamento científico” varias sentencias de la jurisdicción de lo social de Cartagena, pese al criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) favorable a reconocer la enfermedad profesional.

Según Apena, solo entre los años 2000 y 2015 hubo 169 fallecimientos por mesiotelioma. De estas personas muertas presuntamente por haber respirado fibras de asbesto, hay 44 mujeres. La asociación sostiene que son esposas de “obreros manuales o de mono”, ingenieros y otros técnicos que estaban en espacios donde había tuberías con aislante de fibrocemento. Ellas “les lavaban las ropa”.

El problema se extiende “potencialmente” a las miles de personas que trabajaron en los sectores químico y naval hasta la prohibición del uso del amianto, hace 17 años. Eso incluye desde el astillero público de Navantia -antes denominado Bazán e Izar y donde eran reparados barcos que utilizaban el amianto como aislante-, Explosivos Río Tinto, Potasas y Derivados, Enfersa, Española del Zinc (Zinsa) y otras sociedades.

https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/fiscal-indicios-delito-20190206213741-nt.html

El gobierno ‘socialista’ de Portugal acaba con la huelga de los trabajadores de sanidad por decreto-ley

El gobierno “socialista” de Portugal ha acabado con la huelga de los trabajadores de sanidad por decreto-ley, tras meses de huelgas intermitentes y, además, quiere identificar a todos los que han aportado dinero a la caja de resistencia.

Con este tipo de medidas, esa “izquierda” queda retratada una vez más en el país vecino y nadie se puede extrañar de que quienes se empeñan en seguir votando en las farsas electorales una y otra vez prefieran a “la derecha”, es decir, al original, antes que a una mala copia suya.

Lo mismo que en otras huelgas recientes en otros países, para llevar a la cabo la movilización, los trabajadores han tendo que crear nuevas formas de organización sindical, al margen de los sidicatos históricos, siempre vendidos a la patronal.

La reorganización del movimiento obrero portugués ha favorecido que esta misma semana comenzara otra oleada de huelgas en seis hospitales portugueses, que hoy se ampliarán a nueve, y que seguirá hasta el 28 de febrero.

Una de las promotoras de la huelga es Lucía Leite, presidenta de ASPE, el nuevo sindicato de enfermería al margen de las centrales tradicionales, impulsó una nueva forma de caja de resistencia a través del “crowdfunding”, lo que ha permitido a los trabajadores resistir. La caja obtuvo más de 700.00 euros a través de donaciones anónimas, con una media de 20 euros por donante. El gobierno del Partido Socialista, sin embargo, va a exigir que se identifique a todos ellos, al más puro estilo policial.

Los enfermeros exigen que se vuelva a la ley de 2009, cuando la carrera tenía cinco categorías y no como ahora que solo tiene una, por lo cual el salario base es igual el primer día de trabajo que 30 años después. También exigen más personal, subida de salarios y jubilación a los 57 años.

La liquidación de la huelga, llamada “requisición civil” en Portugal, es una decisión que sólo cuenta con tres precedentes en Portugal desde la Revolución de los Claveles de 1974, ya que sólo se había aplicado a las huelgas en las líneas aéreas portuguesas.

Hasta ahora los gobiernos portugueses, a diferencia de los españoles, se habían mostrado extremadamente respetuosos con el derecho de huelga de los trabajadores, ya que incluso es muy raro que se impongan servicios mínimos.

La semana pasada el primer ministro, Antonio Costa, anunció que su gobierno iba a imponer la “requisición civil” que, en definitiva, no es otra cosa que la obligatoriedad de acudir al trabajo. “Son huelgas salvajes que buscan simplemente atentar contra la dignidad de los enfermos, contra el Servicio Nacional de Salud y son absolutamente ilegales”, dijo.

En diciembre, la nueva ministra de Sanidad, Marta Temido, se estrenó calificando la huelga de “cruel”. Sobraron minutos para la respuesta de la presidenta del Colegio de Enfermeros, Ana Rita Cavaco: “Cruel es tener 40 pacientes por enfermero; cruel es tener 4,2 enfermeros por cada mil habitantes cuando la media de la OCDE es de 9,3”.

El FBI registra el Banco San Juan Internacional en Puerto Rico por violar el bloqueo impuesto a Venezuela

Efectivos del FBI han allanado las oficinas del Banco San Juan Internacional en Puerto Rico, por violar el bloqueo impuesto por Estados Unidos contra quienes hagan negocios con Venezuela.

El portavoz del FBI Luis Rivera Santana afirmó que el allanamiento cumple con una orden judicial para identificar cuentas posiblemente vinculadas a individuos o entidades en la lista negra de sancionados por la Casa Blanca.

Según el portavoz, se sospecha que alguien utilizó el banco para lavar fondos de una persona o una entidad incluida en esa lista.

Hasta ahora la operación no ha causado detenciones.

El director del FBI, Douglas Leff, confirmó que el procedimiento está relacionado con las sanciones al gobierno venezolano, específicamente con una lista de empresas e individuos sancionados por la Casa Blanca.

El policía aseguró que, presuntamente, se mueven fondos que el Departamento del Tesoro ha identificado como conectados con corrupción, narcotráfico, violación de derechos humanos y terrorismo.

“En este caso es acerca de sanciones contra Venezuela y nuestros compañeros de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras encontraron la evidencia, que fue suficiente para que un juez creyera que fue suficiente para la orden de allanamiento. Creemos que hay fondos relacionados a esas sanciones que están relacionadas a fondos y ganancias”, explicó Leff.

1.500 despidos tras las huelgas de los obreros de las maquilas del norte de México

Hasta el momento se contabilizan 1.500 despidos por la huelga de las maquiladoras de Matamoros y dos empresas han anunciado el cierre, según ha confesado el Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) local, Rolando González Barrón.

Quizá lo peor no haya llegado aún porque la patronal sigue amenazando con más despidos: “Vamos a ver, y ojalá me equivoque, pero si siguen así las cosas, y no hay quien aplique la ley, nosotros veríamos despidos de 20 a 25.000 trabajadores en los próximos tres años, de seguir así, ojalá me equivoque, 1.500 gentes, y no llegamos ni a los 6 meses”, sostuvo González.

El representante de las maquilas justifica los cierres y despidos como consecuencia de que las huelgas no habían sido legales y detalló que los despidos se dieron en 17 empresas del sector automotriz, el más atacado por la huelga, así como el sector electrónico y médico.

Pero las represalias no han desalentado al movimiento obreros de Matamoros, que sigue el ejemplo de los obreros de las maquilas. En algunas empresas de comercio también han comenzado a estallar huelgas con las mismas reivindicaciones de las maquilas, es decir, un aumento salarial de 20 por ciento y un bono anual de 32.000 pesos.

La huelga de las maquilas de Matamoros, junto a la frontera oriental con Estados Unidos, puso en pie a 70.000 trabajadores en lo que ha sido calificado coo la “insurrección obrera” más importante de México de los últimos 70 años.

Comenzó a princicipios de enero y fue un rotundo éxito para los trabajadores, que lograron sus reivindicaciones y acabaron con las mafias sindicales vendidas a la patronal.

La huelga desató en varias ciudades de México una importante campaña de solidaridad con los trabajadores y la más formidable censura y manipulación de internet por parte de los grandes monopolios informáticos y cadenas de noticias.

México es el país más grande del mundo  en maquiladoras, que integran a unos tres millones de trabajadores, mujeres en su mayor parte, y generan otros siete millones más de empleos indirectos.

Aparecieron en 1965. El 90 por ciento de ellas están en la frontera con Estados Unidos, donde forman una especie de “zona franca”. No son más que gigantescas estaciones ferroviarias de carga para la exportación.

Más información:
– El movimiento obrero del norte de México rompe con las mafias sindicales y alcanza un gran éxito
– La insurrección obrera provoca la bancarrota de los sindicatos ‘blancos’ en el norte de México

– Rebelión obrera en las maquildoras de la frontera de México con Estados Unidos
– La mayor mina subterránea de México ha permanecido cerrada 11 años a causa de una huelga

El historial de relaciones de Baltasar Garzón con la oposición venezolana y el paramilitarismo (I)

Garzón y Rajoy durante su romance en la lucha antiterrorista
Diego Herchhoren 

El diario español Publico ha difundido una información de la periodista Patricia López que parece que no ha tenido el eco y la trascendencia debida: los vínculos del ex juez Baltasar Garzón con la oposición venezolana y su papel de interlocutor para favorecer un alzamiento militar contra el gobierno constitucional de Nicolás Maduro Moros.

Este dato, cuya fuente proviene según la autora del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI), es otro episodio más de una agenda política que, desde hace más de una década, vincula al juez estrella con lo más negro del paramilitarismo y los grupos de oposición en Venezuela promovidos por la política exterior de EEUU en el continente. 
En el caso colombiano, Garzón es el protagonista del libro Nos matan y no es noticia, de los periodistas Ricardo Ferrer Espinosa y Nelson Javier Restrepo Arango que hace un duro examen de quien ahora aparece como apoderado de los capos venezolanos huidos a quien España da cobijo para operar contra Maduro.
En su prólogo, achacan a Garzón una «siniestra y exitosa normalización del paramilitarismo» que está representada en al menos tres actos concluyentes: cuando ha aconsejado al gobierno de Álvaro Uribe sobre la toma de medidas represivas, como la incomunicación -y en consecuencia, la tortura-, así como la flexibilidad con los miembros del paramilitarismo, a un régimen genocida que las aplica contra el movimiento popular; cuando, pagados por el Banco Santander, ha organizado encuentros de acreditación de Álvaro Uribe Vélez como demócrata, avalando su política de seguridad y derechos humanos (certificación realizada, por ejemplo, en Nueva York el 15 de diciembre de 2005 al lado de otro criminal como Henry Kissinger o de impresentables como Ernesto Zedillo de México y el ex presidente Felipe González,); y cuando ha empleado, junto con otros jueces españoles, instrucciones y consignas recibidas de organismos de inteligencia implicados en crímenes internacionales, para acusar injustamente en España a activistas por la paz y los derechos humanos vinculados con la izquierda colombiana (2008-2010), así como al Gobierno de Venezuela.

Garzón y la colaboración con el paramilitarismo en Colombia

En el año 2003 se da el pistoletazo de salida a una operación que el periodista Oriol Malló (víctima de torturas en una detención ordenada por Garzón previo a las Olimpiadas de Barcelona 92) describió en su libro El cártel español. En ella se hace un repaso a toda la historia del intervencionismo de las grandes multinacionales españolas a lo largo del Siglo XX latinoamericano, y se detiene en un episodio infame silenciado por los aduladores del ex juez.

Garzón, Kissinger, Uribe y Felipe González en 2005

Corría el inicio del s.XXI cuando Álvaro Uribe Vélez accedía a la Presidencia de Colombia con la promesa de acabar con la guerrilla. Empresas españolas interesadas en las áreas estratégicas del país latinoamericano veían con preocupación la actividad revolucionaria de las FARC y el ELN, puesto que tenían intereses contrapuestos a estas organizaciones armadas y, para asegurar la inversión, necesitaban de un fuerte compromiso estatal en acabar con ellas sea como sea.

Al año siguiente, Garzón y el ex Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional española Javier Zaragoza desembarcaban en Colombia para dar respaldo y asesoramiento a la iniciativa del uribismo «Proyecto de Estatuto Antiterrorista«, que establecía medidas de aislamiento de los detenidos relacionados con el conflicto colombiano y que fue muy criticado por Naciones Unidas y la OEA por atentar contra derechos civiles consagrados. No obstante, Garzón y Zaragoza insistieron en ese entonces ante los legisladores del uribismo que ese era «un proyecto de mínimos» ya que según ellos, la lucha antiterrorista debía ser «realista».  La Ley de Justicia y Paz que tanto elogió Garzón fue calificada como una «ley de impunidad» del paramilitarismo, entre otros, por Michael Fruhling, vocero de Naciones Unidas sobre el conflicto.

Paramilitares: de sicarios a vigilantes de seguridad gracias a Garzón


¿Por qué de impunidad?, porque su aplicación a la desmovilización de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), principal organización paramilitar del país, se basaba en que sus componentes, al reconocer sus delitos, pasarían a formar parte de las empresas de seguridad que protegerían los intereses españoles formados por Gas Natural, Banco Santander o el Canal de Isabel II entre otros. Es lo que los imperialistas de los derechos humanos llaman «justicia transicional», la misma que en España sirvió para consagrar la impunidad del franquismo y que se extiende hasta hoy.

El asesoramiento de Garzón y Zaragoza en esta ley de impunidad fue tan exitoso, que en 2005 el entonces rey Juan Carlos I otorgaría personalmente a Uribe la Orden de Isabel la Católica con el fin de «premiar la lealtad acrisolada y los méritos contraídos en favor de la prosperidad de aquellos territorios«. Garzón incluso llegó a criticar la extradición a EEUU de varios dirigentes del paramilitarismo por narcotráfico ya que, a su juicio, eran un «obstáculo a la paz».

Varias organizaciones firmaron en 2012 una carta abierta al entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos afirmando que «Nos duele que haya sido Baltasar Garzón quién haya avalado en un primer momento el proceso de reingeniería paramilitar, llamado desmovilización, por la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, afirmando que era un modelo de justicia.»

El ‘izquierdismo contrarrevolucionario’ es un viejo diseño de la CIA que sigue de plena actualidad

No nos hubiera debido sorprender tanto la preocupación de la CIA por impulsar a determinados artistas e intelectuales. Los espías de Langley se convirtieron en los mayores mecenas de la cultura que ha conocido la historia. No hubo materia en la que la CIA no metiese la cuchara, como lo prueba el hecho de que se sigan desclasificando documentos, hasta ahora reservados, en los que notorios escritores aparecen generosamente recompensados (*).

El encargado de esta tarea, Thomas W. Braden, lo expresó bastante claramente en 1967: “Me acuerdo de la enorme alegría que sentí cuando la Orquesta Sinfónica de Boston [subvencionada por la CIA] suscitó en París más entusiasmo por Estados Unidos del que John Foster Dulles [secretario de Estado] y Dwight D. Eisenhower [Presidente] hubieran podido lograr con cien discursos”.

La cultura es muy importante para el imperialismo. Por eso la palabra “inteligencia” ha llegado a ser tan dual que lo mismo se refiere a un intelectual que a un espía. Nadie hubiera podido sospechar hasta qué punto en Langley fabrican música, pintura, libros, universidades, becas, bibliotecas, doctrinas, películas y periódicos tanto como Golpes de Estado, tortura y asesinatos en masa. A pesar de ello, tenemos una tendencia “natural” a vincular a la CIA con esto último, pero no tanto con lo anterior.

También tenemos otro vicio más: nos creemos que la CIA sólo genera facherío, reacción, que promociona a escritores de esos a los que se les ve venir desde lejos. ¡Qué error! Los espías son mucho más inteligentes; de ahí viene su nombre. Lo que fabrican son ese tipo de escritores que tanto les gusta leer a los universitarios, como Foucault, por poner un ejemplo de “izquierdista contrarrevolucionario”.

El aparato ideológico de la CIA tenía oficinas en 35 países, publicó docenas de revistas, financió editoriales y libros, organizó conferencias internacionales, exposiciones de arte, espectáculos, conciertos, premios culturales y organizaciones encargadas de dirigir toda esa actividad, como la fundación Farfield. No es cosa del pasado. Toda esa producción cultural sigue pesando en lo que se está escribiendo ahora mismo.

Un informe de 1985 que se ha logrado desclasificar parcialmente pone nombres y apellidos a muchos de los intelectuales subvencionados, entre los que cabe destacar a ilustres personajes como Jacques Lacan o Roland Barthes.

Sobre todo en Europa occidental, la CIA creó esas corrientes que en los sesenta fueron calificadas como “nueva izquierda”, ese tipo de movimientos seudoprogresistas que hoy están tan en boga. Son los que se definen a sí mismos como marxistas, pero no aceptan lo que a la CIA le importaba realmente: la URSS, lo que se llamó el “socialismo real”, algo execrable justamente porque era una realidad, no una utopía.

Las subvenciones de la CIA crearon el mito del “stalinismo”, para lo cual recurrieron a fabricar renegados, en cuyo nombre escribieron biografías y memorias de desengaño o decepción, personajes que fueron pero dejaron de ser: “yo también fui comunista”, “yo viví en la URSS”, “era muy joven y me engañaron”…

Unos decían que la experiencia práctica del socialismo era mala; los otros que también la teoría lo era. En medio de la caza de brujas en Estados Unidos o de los Golpes de Estado de Irán, Guatemala, Brasil o la República Dominicana, la “nueva izquierda” se obsesionó con la URSS y ahí sigue. No importa que ya no exista: hay que recordar al mundo que existió y que no fue algo bueno para la humanidad, que no se debe repetir.

La “nueva izquierda” es el mensaje que la CIA dejó para que en el futuro los intelectuales siguieran combatiendo, como el Cid Campeador, al socialismo real después de muerto, incluso sin necesidad de subvenciones, por su propio impulso. Los espías dejaron el trabajo hecho en la Guerra Fría; no queda más que repetir la misma monserga.

(*) https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP86S00588R000300380001-5.PDF

Por cierto: casi se me olvida añadir que Braden, el jefe del aparato de propaganda de la CIA, era periodista. Cuando dejó el espionaje pasó a trabajar en la CNN, entre otro medios. La serie de televisión “Con ocho basta”, la más famosa de finales de los setenta, se basaba en una biografía tuneada de Braden, que tenía ocho hijos. La CIA es una familia entrañable.

El petróleo de esquisto en Estados Unidos: más dura será la caída

La industria americana del esquisto nunca ha funcionado tan bien. Tras las espectaculares mejoras tecnológicas y la eficiencia de los últimos años, la producción de petróleo estadounidense no sólo ha alcanzado un nivel récord de 11,9 Mb/d, sino que es también la más alta del mundo entre todos los países miembros o no de la OPEP. La producción de petróleo es tan alta, de hecho, que desde octubre de 2018 Estados Unidos es energéticamente independiente.

Desafortunadamente, esta sobreabundancia de producción es también una maldición y el crecimiento de la producción de Estados Unidos podría desacelerarse casi a la mitad este año. El crecimiento del esquisto podría disminuir en un 50 por ciento este año en comparación con el anterior. Muchas empresas de exploración y producción de esquisto se esfuerzan por mantener sus gastos dentro de los límites de su flujo de efectivo.

Este nuevo mantra de disciplina de capital se impuso a la industria del esquisto después de una década de frenesí de la perforación impulsada por la deuda. Los productores se han vuelto más disciplinados en su enfoque de la inversión. El crecimiento de hace varios años ha recibido una enorme atención. Esta atención es ahora mucho menos importante. La atención se centra ahora principalmente en los niveles de gasto. ¿Viven dentro de los límites de su dinero contante y sonante?

Los signos de una desaceleración de la actividad del esquisto se han multiplicado. El número de equipos de perforación ha disminuido en las últimas semanas. El crecimiento de la producción ya ha comenzado a desacelerarse. Schlumberger, la empresa de servicios petroleros más grande del mundo, advirtió que ya estaba viendo a las empresas de esquisto retirarse de las actividades de perforación.

Mientras tanto, aunque el mercado más amplio de bonos de riesgo se ha descongelado y las nuevas emisiones de bonos han vuelto al mercado, este no es el caso de las empresas energéticas estadounidenses. De hecho, las empresas del sector de exploración y producción no han realizado una sola venta de bonos desde principios de noviembre, mientras que las ventas de acciones también han disminuido. Los datos sugieren que después de un auge récord en la producción de petróleo de Estados Unidos el año pasado, el crecimiento será más débil este año.

Recientemente, la Administración de Información Energética del gobierno de Estados Unidos predijo que entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019, la producción de petróleo crudo de Estados Unidos aumentará en unos 500.000 barriles diarios. Esto representaría una desaceleración significativa con respecto al crecimiento de 1,8 millones de barriles por día registrado en los 12 meses anteriores.

Por supuesto, durante la mayor parte de la última década, la industria estadounidense del esquisto ha dependido en gran medida de la deuda para financiar su crecimiento, y las empresas de exploración y producción han recaudado alrededor de 300.000 millones de dólares mediante emisiones de bonos durante la última década. Sin embargo, cuando los precios del crudo comenzaron a caer en octubre pasado, esa fuente de capital se vio sofocada, con sólo tres ventas de bonos por parte de empresas de exploración ese mes, y ninguna desde noviembre.

El aumento en el rendimiento de la deuda de las empresas de exploración y producción ha desalentado a los prestatarios potenciales, con diferenciales contra los bonos del Tesoro de Estados Unidos que suben del 3,9 al 7,5 por ciento en su punto máximo antes de caer a alrededor del 5,9 por ciento este año. Nadie quería endeudarse a menos que tuviera que hacerlo. En la parte superior de la burbuja, habrían obtenido rendimientos de alrededor del 10,25 por ciento. Es tremendamente caro.

Pero el mejor lugar para observar la caída que está a punto de afectar al sector exploración y producción no es el sector de exploración y producción en absoluto, sino el mundo del capital privado, donde las empresas han gastado decenas de miles de millones en los últimos años para tragarse los activos. Ahora se encuentran luchando por encontrar compradores para sus activos de esquisto, ya que los perforadores comprometidos están bajo una presión cada vez mayor para reducir sus gastos.

Estos inversores a largo plazo -que tienen activos que esperan vender cuando estén “maduros”- los están reteniendo por más tiempo, reduciendo sus expectativas de retorno y buscando fusionar sus empresas de cartera debido a la falta de compradores de efectivo.

Mientras que en años anteriores, los compradores naturales de exploración y producción en el sector energético eran productores de petróleo y gas que cotizaban en bolsa, la caída de los precios del petróleo crudo no sólo provocó una sequía en el mercado de bonos de alto rendimiento, sino que, combinada con la demanda de los inversores de conservar la liquidez, redujo el apetito de los compradores por las transacciones.

Los bajos precios del petróleo y, por consiguiente, la disminución de los flujos de caja, aunque las necesidades de inversión siguen aumentando, no son los únicos problemas. La otra gran preocupación es si existe un exceso de oferta y cuántos activos de exploración y producción actualmente a la venta serían viables en uno o dos años, si los precios del petróleo no se recuperan. Si a esto se suman los amargos recuerdos de 2015, cuando decenas de nombres del sector energético patrocinado por exploración y producción quebraron, se puede entender por qué ahí fuera la situación es terrible.

A primera vista, 2018 fue un año excelente para las transacciones de energía en Estados Unidos, pero muchas de las transacciones más importantes, como la compra de RSP Permian por parte de Concho Resources, por valor de 7.600 millones de dólares, fueron en su mayoría transacciones de intercambio. Los gestores de fondos de capital riesgo suelen preferir que sus empresas sean compradas en efectivo para que puedan devolver el producto a sus propios inversores.

Es un problema: no hay ofertas de efectivo. Hay otro problema: hay muchas acciones que forman parte de estas transacciones. Desafortunadamente, para monetizar estas acciones sería necesario vender una gran parte de ellas, y en un mundo en el que la mayoría de los inversores están en posición de comprar y mantener, cualquier intento de probar el mercado podría llevar a una fuerte caída de los precios en el sector energético, que ya ha perdido terreno.

Al comienzo del auge del esquisto en Estados Unidos, las empresas podían comprar derechos de perforación y recurrir a rivales más grandes para obtener un beneficio atractivo. Los tiempos han pasado, muchas empresas se mantienen privadas, porque los “mirlos blancos” han desaparecido de repente, mientras que la financiación es cada vez más escasa. Eso significa que las empresas de capital privado deben pensar cada vez más estratégicamente y confiar en un equipo de gestión diferente con más experiencia operativa.

La falta de compradores naturales también ha dado lugar a un fenómeno bien conocido en las tierras de exploración y producción: la famosa “patata caliente”, en la que los actores privados se ven obligados a comprar y vender empresas entre sí. Como el capital riesgo ya no busca comprar, sino liquidar los activos existentes en un entorno cada vez más incierto, todo el sector se encontró de repente en un callejón sin salida, con la desaparición de los “mirlos blancos”.

https://www.zerohedge.com/news/2019-01-24/its-terrible-out-there-lack-greater-shale-fools-leaves-private-equity-bidless-panic

Mali: un Estado africano bajo la tutela del neocolonialismo

Abdelkader Abderrahman

Mientras que las operaciones del G5 Sahel se reanudaron a principios de este año en un contexto marcado por el crecimiento de los grupos armados yihadistas, se plantea la cuestión de la soberanía de Mali, dos tercios de cuyo territorio está controlado por Barjan [las tropas francesas que ocupan Mali].

Los días se suceden y son similares en el Sahel en general y en Mali en particular. A finales de septiembre, no menos de 60 personas murieron en Mali, en su mayoría civiles. En un solo ataque, 22 civiles tuaregs de la comunidad “idourfan” también fueron ejecutados en la frontera nororiental con Níger.

El 13 de diciembre también murieron unos 50 civiles en los alrededores de Menaka, la principal ciudad del noreste de Mali. Lamentablemente, las atrocidades de 2018 parecen perpetuarse este año, ya que el 1 de enero cerca de cuarenta personas fueron asesinadas en el círculo de Bankass (región de Mopti).

En otro ámbito dramático, la situación es terriblemente alarmante para miles de niños en edad escolar. De hecho, más de 750 escuelas están cerradas en el norte y el centro del país.

La operación francesa Barjan, que sigue controlando el territorio de Mali, lanzó en septiembre una operación aérea en la región de Menaka de Mali, al este del país, en la frontera con Nigeria.

Ciento veinte paracaidistas fueron lanzados por dos aviones de transporte táctico -un Transall C-160 y un A400M Atlas- confirmando el fortalecimiento de las fuerzas militares francesas en el uso de los grandes aviones.

También en septiembre, nueve personas murieron en un doble ataque en Níger y siete miembros de las fuerzas de defensa y seguridad murieron a causa de la explosión de una bomba.

El pasado mes de noviembre, ocho trabajadores de la empresa de perforación Foraco murieron en la aldea nigeriana de Toumour (al sureste de Níger, cerca de la frontera nigeriana) tras un atentado terrorista.

Un sacerdote misionero italiano también fue secuestrado en una aldea a 125 kilómetros al suroeste de Niamey por hombres que llegaron en motocicleta desde Burkina Faso, donde los ataques también están aumentando. Entre septiembre y octubre, casi veinte civiles y soldados murieron como resultado de ataques terroristas. En noviembre, otro ataque terrorista tuvo lugar en la aldea nigeriana de Toumour, en el que murieron ocho personas.

Todos estos ataques y operaciones de secuestro ponen de relieve la naturaleza porosa de las fronteras del Sahel y la amenaza y la inestabilidad transfronteriza que se está extendiendo en la región.

En diciembre, el ACNUR expresó su preocupación por la persistencia de la violencia en las zonas fronterizas de Níger, fronterizas con Mali y Burkina Faso, que obligó a 52.000 nigerianos a abandonar sus hogares el año pasado.

Una evaluación anterior de la ONU en octubre informó que 42.000 personas desplazadas huían de amenazas de grupos armados no estatales o por efectos de medidas de seguridad destinadas a frenar la infiltración terrorista recurrente en Mali.

El G5 Sahel, cuyas operaciones se han reanudado a principios de este año, según anunció el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas, el general François Lecointre, sigue mostrando fracasos, limitaciones operativas y divisiones internas.

El propio Presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keita, reconoció en la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York en septiembre que el G5 del Sahel estaba luchando por ser operativo. Esto dice mucho de este instrumento militar subregional que nació muerto y que pronto se pondrá en práctica.

Las cuestiones de financiación se han puesto de relieve en numerosas ocasiones, al igual que las disensiones internas y las cuestiones de dirección.

En particular, la fuerza sufrió un enfrentamiento bastante brutal con el ataque a su cuartel general en Sévaré el 29 de junio y el nombramiento de un nuevo jefe a la cabeza.

En julio pasado, en la última cumbre de la Unión Africana en Nouakchott, Mauritania, la general mauritana Hanena Ould Sidi sucedió al general maliense Didier Dacko.

En noviembre, Hanena Ould Sidi deploró la falta de equipo y la ausencia de un nuevo cuartel general tras el ataque del verano. “Me falta el equipo y el puesto de mando de la fuerza. No tenemos cuartel general y el equipo es lento”, dijo la funcionaria mauritana tras una reunión con la ministra de Defensa francesa, Florence Parly, y su homóloga alemana, Ursula von der Leyen.

La sustitución al frente del G5 contó también con la presencia del Presidente francés Emmanuel Macron. Ya sea una coincidencia de tiempo o un tiempo bien establecido, también parecía una forma de agrademiento al buen estudiante mauritano.

Como recordatorio, Nouakchott finalmente aceptó la idea del G5 Sahel sólo después de que se ejerciera una fuerte presión externa sobre el presidente mauritano para que pusiera fin a sus dudas.

En estas condiciones, tras la decisión de su comandante, el cuartel general del G5 en el Sahel se trasladó de Sévaré a Bamako.

Al alejarse más hacia el sur, el comando del G5 en el Sahel sólo se aleja de sus tropas -cuyo desempeño sobre el terreno aún no se ha demostrado- y de las zonas de conflicto, donde operan terroristas y traficantes de drogas.

Esto lleva a algunas críticas: si las fuerzas del G5 del Sahel no son capaces de protegerse a sí mismas, ¿cómo podrían proteger a las poblaciones locales?

Y lo que es aún más preocupante, esta decisión es también una fuerte señal para las fuerzas militares francesas de Barjan, que les dice que, si bien en teoría el G5 Sahel y el gobierno de Mali controlan esta parte septentrional del país, en la práctica, es en efecto Barjan quien dirige el baile.

Esto marca la desaparición de facto de la soberanía del gobierno central maliense sobre la mayor parte del territorio del país.

El 23 de noviembre, Hamadoun Kouffa, dirigente del Frente de Liberación Macina (FLM), un grupo armado yihadista que surgió en 2015, fue asesinado por las fuerzas militares de Barjan en la región central de Mopti. Esta operación militar francesa, meticulosamente planificada, refuerza la idea de que a través de un sistema de cuadrículas del territorio, desde el norte hasta el centro, es precisamente Barjan quien controla ahora dos tercios de Mali.

La cuestión de la soberanía de Mali también se plantea hoy con respecto al nombramiento en septiembre de Kamissa Camara como Ministro de Relaciones Exteriores.

De hecho, mientras que muchas voces en Mali y en otros lugares han acogido con satisfacción el nombramiento de una joven de las más prestigiosas escuelas francesas y americanas como Ministra de Asuntos Exteriores de su país, algunas de ellas cuestionan no sólo sus capacidades -procedentes de la sociedad civil, sino también, y sobre todo, sus estrechos vínculos con Francia-, ya que no tiene experiencia política en una posición tan estratégica.

Tras la euforia de los primeros días tras su nombramiento, muchos malienses señalan ahora que Kamissa Camara nació y se crió en Francia, lo que puede plantear muchas dudas sobre su verdadera independencia de espíritu, ya que el margen de maniobra de las autoridades malienses frente a París ya es muy estrecho.

En una entrevista con un periodista del canal turco TRT World en julio de 2017, Kamissa Camara respondió a las críticas de Emmanuel Macron sobre la fertilidad de las mujeres africanas diciendo que debería atribuirse “a la torpeza”.

Otros signos tangibles de pérdida de soberanía no engañan a nadie: es el caso, por ejemplo, de la presencia en la zona de equipajes del aeropuerto Modibo Keita de Bamako de la Unidad Especial de Policía (unidad de élite de la gendarmería portuguesa).

Las medidas de seguridad en los aeropuertos de la región hablan por sí mismas. Mientras que las diferentes compañías que operan en Mali o Mauritania -por citar sólo dos ejemplos- aplican las mismas medidas de seguridad en los aeropuertos de estos países, las de Air France son, por el contrario, mucho más estrictas.

Incluso los diplomáticos deben respetar las medidas de seguridad de Air France a pesar de su estatuto. Un diplomático africano de alto rango tuvo recientemente la amarga experiencia de verse obligado a someterse a la puerta de seguridad y a registrar su equipaje.

La decisión de trasladar el cuartel general del G5 del Sahel de Sévaré a Bamako significa que los funcionarios no se sienten seguros en el norte. Sin embargo, lejos de las zonas de conflicto del norte, el mando del G5 Sahel será menos eficaz. Incluso se convertirá en el objetivo principal de los grupos armados terroristas del centro de Mali, que, según algunas fuentes, avanzan lentamente hacia la capital maliense.

Pero lo que es aún peor para la población maliense, esto significa que la inseguridad se trasladará a las mismas puertas de Bamako y se extenderá más fácil y rápidamente en el sur y el suroeste del país.

“Nuestro gran Mali avanza”: el lema visible en los grandes carteles publicitarios en los que predomina Ibrahim Boubacar Keita no oculta el hecho de que su reelección en agosto del año pasado sigue siendo muy discutida.

Mali, presentado con demasiada frecuencia hasta el golpe de Estado de 2012 como un modelo democrático para todos los Estados de la región, sin duda está progresando. ¿Pero en qué dirección? Y especialmente, ¿se está moviendo en la dirección correcta? Porque si Mali recuperó su independencia hace cincuenta y ocho años, su soberanía sigue siendo objeto de debate.

En su libro “Lignes d’horizon”, Jacques Attali profetizó la posible desaparición del Estado maliense. Si este análisis dramático para los malienses, pero también para toda la región que va del Magreb al África occidental, aún no se ha materializado, hay que reconocer que es cada vez más difícil seguir siendo optimistas para este país.

Mali se está hundiendo de forma lenta pero segura en un sistema de supervisión que aún no ha pronunciado su nombre. Los dirigentes malienses y sahelianos no parecen haberse dado cuenta todavía de ello.

https://www.middleeasteye.net/fr/opinions/le-mali-un-pays-sous-tutelle-1507274165

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