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La web más censurada en internet

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Latinoamérica ¿en estado prerevolucionario?

Darío
Herchhoren

Contaba el comandante Hugo Chaves que en una de las cumbres iberoamericanas tuvo una larga conversación con José María Aznar, a la sazón presidente del gobierno español, y que este le explicó que el neoliberalismo  necesariamente dejaba a un lado aproximadamente a entre el 33 y el 50 por ciento de la población, fuera del reparto de beneficios. Esa era la necesaria situación para lograr que el estado y sus instituciones funcionara. A esta explicación Chaves le preguntó que se hacía con los excluidos y marginados, a lo cual Aznar con su habitual sensibilidad humana le espetó «se jodieron».

Ocurre que esas enormes masas de «jodidos», por fin han tomado conciencia de su situación y de su poder cuando se organizan y salen a las calles a pelear por sus derechos como seres humanos que son.

El insige poeta cubano Nicolás Guillén, que vivía exiliado en Buenos Aires explicaba en una tertulia cómo la revolución cubana había surgido aparentemente de la nada, en las propias narices del imperio sin que este se diera cuenta a pesar de su enorme aparato de espionaje, y decía que a veces las revoluciones eran como esas raíces de los árboles que no se ven, pero que en pocos días levantan las aceras.

Las manifestaciones en Ecuador durísimamente reprimidas por el gobierno de Lenin Moreno, con profusión de muertos y con represión que llevó a la detención y tortura de muchos ciudadanos ecuatorianos y que ha sido silenciada por la prensa «seria», que está muy preocupada por la situación de la dictadura en Venezuela, ha conseguido poner en fuga al gobierno ecuatoriano que ha tenido que abandonar Quito, la capital de la nación, y refugiarse cobardemente en Guayaquil. El movimiento indígena, y la clase obrera que había logrado altas cotas de bienestar con el gobierno de Rafael Correa, han sido traicionados por Lenin Moreno, que siguiendo las normas del FMI recortó derechos, ha impuesto tarifas nuevas sobre los combustibles y la energía eléctrica, y ha sometido a un nuevo vasallaje a Ecuador, persiguiendo y encarcelando a «correistas», y pretende la extradición del propio Correa.

Se ha creado una situación de la que no informan las agencias de noticias; pero que todos los días por medios propios nos enteramos del avance de la represión, y del incumplimiento de los compromisos asumidos por Lenin Moreno cuando se vio obligado a recular ante la presión de las masas populares en las calles.

En Chile está pasando algo que nos regocija enormemente. Luego de 30 años de bajos salarios, de tasas prohibitivas  para estudiar, de las privatizaciones de las pensiones jubilatorias, de la falta de una política de vivienda, de salud, de educación y donde los ricos son cada días más ricos y los pobres más pobres; al fin los «jodidos» de que hablaba Aznar han tomado las calles y han obligado al presidente Piñera, un ex servidor del criminal Pinochet, a solicitar a todos los miembros de su gabinete de ministros a dimitir y a retirar al ejército de las calles. Todo esto con un gran costo de vidas humanas. Ya hay alrededor de 20 muertos. El gobierno de Piñera está contra las cuerdas.

En Bolivia Evo Morales ha ganado las elecciones en primera vuelta y no habrá ballotage, y lo mismo pasará en Argentina donde el triunfo de la izquierda está asegurado frente a un  gobierno cleptócrata, que se irá habiendo arruinado el país generando una deuda impagable de trescientos mil millones de dólares.

La situación social y económica de Argentina es realmente grave. Hay un 34 por ciendo de la población en estado de pobreza extrema y un 20 por ciento en estado de exclusión. Al nuevo gobierno le espera una tarea de titanes. Pero Argentina tiene un enorme potencial y saldrá con muchas dificultades de este estado de postración.

Hay elecciones en Uruguay, y es muy probable que el Frente Amplio revalide un nuevo triunfo en primera vuelta.

Todo lo expuesto alumbra un nuevo panorama que reverdece la posibilidad cierta de que se forme un bloque de países que inicien un camino de ruptura con el FMI (es decir con el imperio), que es un león ya sin dientes, que ha perdido definitivamente la hegemonía de que abusó durante demasiado tiempo, y que sufrirá un gran revolcón sin ninguna duda.

Ciberguerra declarada, con espionaje, hackeo global, control y persecuciones en la era Trump

Jorge Elbaum

El gobierno de Donald Trump ha decidido incrementar la utilización de Internet como un dispositivo masivo de espionaje y persecución a los actores, individuales o colectivos, que no son funcionales a su supervivencia como superpotencia. Los niveles de beligerancia virtual y su calculada difusión pública denotan la pérdida del liderazgo global y una desesperada acción para no disipar el sitial hegemónico que se pretende perpetuar. Dentro de esa lógica debe explicarse el recrudecimiento del hostigamiento a quienes difunden documentos incómodos para el Departamento de Estado, como los casos de Julian Assange (fundador de WikiLeaks), Chelsea Manning y Edward Snowden (acusados de filtrar información confidencial).

La manipulación electoral con la que Trump llegó al gobierno en 2016, de la que Cambridge Analítica ha sido parte, también se inscribe en una lógica que articula al mundo público con el privado y lo militar con lo cultural.

Este es el marco en el que se deben interpretar las recientes medidas dispuestas por las agencias federales de Washington, de considerar el conjunto de la web como un dispositivo asociado a la lógica de la inteligencia militar. La reciente creación de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), en noviembre de 2018, bajo la dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), supone un paso más en esa deriva. Una de las primeras acciones de la CISA fue la implementación, en conjunto con la Agencia Nacional de Inteligencia-Geoespacial (NGA), del sabotaje contra la infraestructura energética de Venezuela.

La operación sobre la red eléctrica se llevó a cabo mediante la combinación del virus Duqu 2.0, (variante del Stuxnet, utilizado en 2010 contra la central nuclear de Natanz, cercana a Teherán) y la utilización de Pulsos Electromagnéticos (EMP). Dicha ofensiva fue asumida tácitamente por el propio Trump al firmar la Orden Ejecutiva, el último 26 de marzo, en la que establece la incorporación de aparatología vinculada a la utilización de pulsos electromagnéticos (EMP), “como un factor en la planificación de escenarios de defensa”. En ese decreto, titulado “Coordinación de la resiliencia nacional a los pulsos electromagnéticos” se encomienda a las agencias federales desarrollar capacidades para evitar ataques y/o dañar “total o parcialmente equipamientos eléctricos y electrónicos dentro de su radio de acción con emisiones de energía electromagnética de alta intensidad y radiación”.

La ofensiva, en su conjunto, se orienta a la manipulación de la red para privilegiar la circulación de información de corporaciones estadounidenses, relegando a reales o potenciales competidores (básicamente chinos y europeos) a una ínfima visibilización o su literal desaparición en Internet. La contraprestación exigida por la CISA a las empresas de Estados Unidos (beneficiarias de las prácticas de segregación monopólica) es la transferencia y acceso a la información disponibles en sus servidores, con el objeto de ampliar el material disponible para el diagnóstico y análisis de Big Data, orientado al (supuesto) combate al narcoterrorismo.

Los documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos revelan una decidida ampliación en los niveles de beligerancia digital. El programa implementado en los últimos tres meses a partir de la creación el 15 de noviembre de 2018 de la citada CISA. Sus objetivos estratégicos incluyen:

(a) La redefinición de la web como un territorio de control geoglobal para contribuir al análisis y la observación del resto de los países del mundo, de sus circuitos comunicaciones soberanos (y por ende de sus ciudadanos). La fundamentación de este meta parte de hecho que Internet fue un desarrollo de Estados Unidos y, por ende, dispone de prerrogativas sobre su vigilancia e intervención.

(b) La reconfiguración de su entramado y estructura para permitir su utilización en la persecución de enemigos, opositores o actores disfuncionales respecto a sus intereses económicos, comerciales, energéticos y financieros (tanto a nivel político como corporativo). Esta línea de trabajo incluye la exclusión de sitios y portales y, en forma paralela, la proscripción de aquellos que son considerados críticos para su seguridad, incluidos los competidores empresariales. La reciente persecución a una integrante del directorio de la firma (fabricante de celulares) Huawei y el concomitante hackeo de sus portales aparece como un ejemplo de la ofensiva en toda la línea.

(c) El despliegue de esquemas de ciberguerra contra Estados que cuestionan /disputan el liderazgo de Estados Unidos y/o que se pliegan a formas de integración autónomas a su control, y/o que deciden utilizar divisas de intercambio comercial ajenas al dólar.

Para llevar a cabo la primera línea de trabajo se ha exigido a las empresas que cuentan con mayor volumen de información acumulada, que contribuyan al monitoreo global, permitiendo la apertura de sus conglomerados de Big Data a la CISA, subalterna de la DHS. Las últimas medidas, decretadas por Donald Trump, incluyen un conjunto de acciones orientadas a sistematizar información para elaborar diagnósticos prospectivos capaces de impedir derivas antagónicas con los intereses económicos (y de supremacía cultural) de Washington. Dichas acciones se encuentran justificados, según los documentos difundidos por CISA, dado el sempiterno peligro al que se encuentra expuesta la seguridad de Washington.

Las medidas dispuestas en febrero y abril del año en curso cuentan con la particularidad de exigir mayores niveles de articulación con las empresas privadas ligadas a la información global. Entre las corporaciones emplazadas por la CISA para colaborar con la tarea, figuran las firmas que poseen el mayor conglomerado de Big Data residente, a nivel mundial, en servidores vulgarmente denominados como nubes. Entre las emplazadas a contribuir a la seguridad estratégica de Estados Unidos figuran, entre otros, Accenture (empresa de reclutamiento de personal), Cisco Systems (redes), Dell (informática de consumo masivo), Intel (circuitos integrados), Microsoft (sistemas operativos), Samsung (celulares y computadoras). Los acuerdos gubernamentales y tratativas con Google, Facebook, Twitter y otras redes sociales se han llevado cabo bajo otro tipo de protocolos, ante el pedido de estas empresas que se resisten a hacer público su connivencia con las agencias de inteligencia para no exhibir ante sus suscriptores la vulnerabilidad de sus datos privados.

Como respuesta al anunciado control monopólico de la web, Rusia y China se encuentran desarrollando sistemas orientados a ampliar su autonomía respecto de los servidores ubicados en territorios distantes y la configuración de redes soberanas. El último 16 de abril, el parlamento ruso aprobó la creación de una red doméstica (RuNet) en respuesta a las repetidas amenazas verbalizadas por Trump acerca de la propiedad estadounidense de Internet y su autoasignado derecho al uso discrecional de su entramado global. La ley contiene la creación de una infraestructura propia, el despliegue de murallas digitales capaces de filtrar ataques, la posibilidad de interactuar con un ecosistema digital propio (ante potenciales interferencias en la comunicación soberana rusa) y los dispositivos capaces de evitar la jerarquización contaminada de contenidos, decididos arbitrariamente por agencias extranjeras.

Por su parte, China viene desplegando un esquema de protección similar al ruso, enmarcado en la guerra comercial planteada por Washington, motivada por el deterioro de su competitividad productiva frente al emergente sudeste asiático. En el centro de esta disputa se encuentra la inteligencia artificial, la próxima irrupción de las redes 5G (que permitirán la generalización de impresoras de productos) y la ampliación del multilateralismo que China impulsa y genera.

Mientras tanto en Ciudad Gótica

La convergencia bélica supone la integración entre conflictividad material y virtual. El gobierno de Mauricio Macri ha sido funcional a los intereses estratégicos de Estados Unidos en todas las áreas. La implementación de programas de soberanía digital, tanto en infraestructura como en aplicaciones, ha sido discontinuada y vaciada. El gobierno de Cámbiennos ha subsumido todas sus iniciativas a los designios de agencias extranjeras, sobre todo de Estados Unidos e Israel, socios llamativos si se tiene en cuenta que son dos de los países que acompañan al Reino Unido en sus votaciones contra la Argentina en relación con la ocupación de las Islas Malvinas. Ambos Estados, además, proveen aparatología bélica a la única base militar articulada con la OTAN ubicada en territorio soberano.

El 12 de septiembre de 2017 Mauricio Macri firmó un acuerdo con Bibi Netanyahu en el que se articulaban agencia de inteligencia y seguridad para cooperar en el área de cibercrimen. Tiempo después se hizo pública la adquisición por parte del Ministerio de Defensa argentino de paquetes de software para ciberdefensa (núcleos de CERT/CSIRT, para prevenir y gestionar incidentes de seguridad cibernética), en el marco de una contratación directa, sin licitación previa. En febrero de 2018 la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, formalizó un acuerdo con la Office of Intelligence and Analysis (I&A) adscripta a la National Security Agency (NSA) para evaluar conjuntamente información vinculada al terrorismo.

La soberanía no parece ser un objetivo de la lógica neoliberal financiarista. Ni en territorios tangibles ni en aquellos que conforman el entramado digital. Dado que la impronta cultural de los integrantes de Cambiemos los hace soñar/desear con ser estadounidenses (blancos, civilizados y liberados de genomas mestizos y criollos), no se encuentran capacitados para percibir siquiera la colonialidad de sus decisiones u omisiones. Disfrutan, risueños y despreocupados, de convertirse, incluso, en sus vasallos digitales.

http://estrategia.la/2019/04/28/ciberguerra-declarada-con-espionaje-hackeo-global-control-y-persecuciones-en-la-era-trump/

La trágica muerte de una trabajadora emigrante en un almacén de cítricos de Murcia

Explotada hasta la muerte: Hind El Bekkali
Un sueño convertido en pesadilla. El de Hind El Bekkali, una mujer que partió de Marruecos hace veinte años para labrarse un porvenir en España y regresó a su país en un ataúd para ser enterrada en el pequeño pueblo de Fquih Ben Salah, en la región central del país vecino. El 8 de octubre, a las 18.24, el 112 confirmaba su muerte en un accidente laboral en el almacén Cítricos La Paz, en Fortuna, donde trabajaba desde hacía casi cinco meses como envasadora.

Hind, de 39 años, deja huérfanos de madre a tres hijos de 16, 12 y 6 años. “Estoy muy mal, muy mal de verdad, no tengo la cabeza para hablar con nadie”, solloza al otro lado del teléfono apesadumbrado Abdelaziz Hassimatar, que cruzó este miércoles el Estrecho tras dar sepultura a su mujer en la tierra que la vio nacer y ya está de vuelta en Fortuna.

Hassimatar es claro al respecto de la muerte de su mujer y apunta a que fue una negligencia de la empresa donde trabajaba. “Ella no tenía formación para asumir la tarea que se le asignó, Hind me contó que le habían cambiado de puesto unos días antes del accidente, el asunto está en manos de mi abogado”.

Su esposa se encontraba limpiando en una zona de la fábrica “cuando fue succionada por una de las máquinas de precalibrado”. Hassimatar y diversas organizaciones de defensa de los trabajadores se han apresurado en denunciar que el puesto de Hind no era el de limpieza, que no tenía formación para acometer esa tarea y denuncian irregularidades en materia de prevención de riesgos laborales.

Estamos ante un accidente laboral como los que hay en muchas empresas españolas. Al día siguiente hubo otro en Mercadona, que no ha trascendido.

Jawad Romaili es el letrado del marido de la víctima. Según declaró, “hubo un incumplimiento de la normativa de riesgos laborales; tres días antes de su muerte fue cambiada de puesto de trabajo, la enviaron al triaje, y la empresa presuntamente no le dio formación específica para ello”. En la zona de envasado y la de triaje, según explicó Romaili, hay cintas diferentes: “En el triaje hay un robot, cuando terminan tienen que limpiarlo y alguien le mandó esa labor”.

La noticia de la muerte de Hind corrió como la pólvora entre la comunidad marroquí residente en Murcia, que en un porcentaje elevado procede de la misma región que Hind –Beni Mellal- y también se gana la vida en el campo o los almacenes agroalimentarios. “La hermana de mi mujer es amiga suya y desde que ha pasado todo esto no puede dormir”, cuenta apenado un paisano que vive en Mula. En Marruecos tampoco ha pasado desapercibido el suceso, del que se han hecho eco algunos medios de comunicación.

Tras el accidente, organizaciones como Comisiones Obreras han puesto de nuevo el acento en la precarización del sector de las envasadoras, contratadas en su mayoría por Empresas de Trabajo Temporal (ETT), como era el caso de Hind.

“En los almacenes donde no hay control sindical estamos viendo cómo se cometen ilegalidades en la cotización de los días trabajados, no se abonan las horas extraordinarias como se debería y en especial en materia de prevención laboral hay muchos incumplimientos”, explica Santiago Navarro, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en la región.

La mayoría de trabajadores de los almacenes, en el manipulado de cítricos, tomate y fruta son mujeres, un 80 por ciento de unos 10.000 empleos que se generan cada año. “Y cada vez es mayor el porcentaje de mujeres inmigrantes, que en períodos fuertes de la campaña hacen jornadas interminables”.

Soumia ha llegado a trabajar “desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche”. Catorce horas, “parando 15 minutos por la mañana y por la tarde para almorzar y merendar, y una hora para comer”.

Hombros destrozados y manos atrofiadas

La situación “es horrible”, se queja Kawtar, quien lleva varios en Murcia de un almacén a otro. “Dicen que venimos a quitarle el trabajo a los españoles, pero hacemos los trabajos de los que ellos huyen”. Kawtar denuncia que tiene amigas con enfermedades laborales no reconocidas. “Con los hombros destrozados, pérdida de musculación, manos atrofiadas…”

Algunas personas “lo aceptan porque es una oportunidad para hacer dinero; pero es muy duro, sobre todo en algunos almacenes que tienen muy mala fama porque te tratan mal, a veces tus propias compatriotas que están de encargadas”. Para esta mujer, “hay situaciones que no se pueden permitir; trabajar, sí pero como una esclava, no”.

José María López, de Comisiones Obreras, apunta a las ETT como “una herramienta para que las empresas dispongan de empleados por debajo del coste mínimo, flexibilizando y precarizando las relaciones laborales; es un tema delicado porque la intención es ganar, ganar y ganar; se busca la rentabilidad a cualquier coste”.

Las ETT, prosigue, son las responsables de formar e informar a los trabajadores. “Una formación que muchas veces consiste en dar a las mujeres, en este caso, montones de documentación escrita para que la firmen y estar justificados documentalmente; estamos hartos de denunciarlo”.

Sabah Yacoubi, presidenta de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en Murcia (ATIM), ha querido mostrar también su solidaridad con la víctima y ha informado de que está organizando una manifestación con varios colectivos para honrar la muerte de Hind y para protestar contra las precarias condiciones de estas trabajadoras. No descartan, además, personarse en la causa.

El caso se dirimirá en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cieza, que tendrá que aclarar si Hind había recibido formación sobre las tareas que se le encargaron y si se cumplieron todas las medidas de seguridad.

Los representantes legales de Cítricos La Paz aseguran que “se han puesto todos los mecanismos en marcha para acompañar a la familia; se ha asignado un psicólogo al marido Y se ha pagado el sepelio en Marruecos”. Incluso el dueño de la empresa “le dijo que a sus hijos no les iba a faltar de nada”, apunta Mariano Bo.

“A mí nadie me ha ayudado, el entierro lo tiene que pagar la empresa porque está estipulado en el convenio”, reclama Abdelaziz Hassimatar a este periódico. “Los que se han volcado con nosotros han sido nuestros vecinos de Fortuna”, señala al tiempo que relata que le quedan unos días para incorporarse a la finca donde está empleado, “aunque no sé si tendré fuerzas”.

La empresa cuenta con unos 700 u 800 trabajadores y que el 80 por ciento es plantilla propia. “A los que vienen de la ETT se les ficha una vez han sido probados y si la empresa está satisfecha con ellos”.

En cuanto a las medidas de seguridad, “esta trabajadora había recibido dos cursos en los últimos cuatro meses, de la ETT -han aportado un documento firmado por Hind-; su encargada, además, es árabe y habla español, por lo que todas las instrucciones eran comprensibles para ella”.

Según relatan, “no es cierto que se le cambiara de puesto de trabajo tres o cuatro días antes y que no conociera las medidas de seguridad, porque son las mismas en todas las áreas: no acercarse a las máquinas, no meter las manos, ni la cabeza, en unos espacios que además están vallados perimetralmente”.

A falta de conocer los resultados de la investigación en marcha, lamentan que “no podemos saber qué ha pasado porque no había nadie en ese momento con ella, una compañera estaba en el vestuario y la otra estaba en el puesto de observación, que está más elevado y la tenía fuera de su campo de visión; cuando se dieron cuenta pulsaron el botón de seguridad y se puso el protocolo en marcha pero ya era tarde”.

El Comité de Empresa ha difundido un vergonzoso comunicado en el que asegura que Hind “contaba con la debida formación e información del puesto que desarrollaba. El sistema de trabajo consiste en tareas repetitivas diariamente que son de sobra conocidas por el personal, ya que se instruye a los mismos y se les facilita las indicaciones precisas para realizar su actividad”.

Santiago Navarro considera que “no es que la mujer fuera imprudente, la empresa debe impedir que el trabajador se vea en esas circunstancias y la ley exige que haya una serie de protecciones para que el trabajador no pueda introducir ningún miembro”.

El abogado de Hassimatar aseguró que “los horarios presuntamente no se cumplían en la empresa. En la declaración del marido de la víctima ante la Guardia Civil expone que su mujer había días que entraba a las ocho de la mañana y salía a las siete o las ocho de la tarde, incluso a las diez de la noche”. Hassimatar así lo explicó también a este periódico.

Desde ATIM y Comisiones insisten en denunciar el incumplimiento de la ley en este sector, en especial con los trabajadores inmigrantes, “que se ven con una soga al cuello, no tienen capacidad de organización y cuando reclaman sus derechos se ven fuera de la empresa; hay mucho clientelismo, y además de que no se actúa, las sanciones a veces son irrisorias”.

“En algunos almacenes tenemos que levantar la mano hasta para ir al servicio, y nos descuentan el tiempo no trabajado; me han llegado a decir que venga de casa con las necesidades hechas o con un pañal”, asegura una de las mujeres entrevistadas por este periódico.

Un salario con engaños

El salario mínimo es de 7,04 euros/ hora, “pero nunca llegan”, explica José María de Comisiones. “Es un engaño porque les descuentan de ahí el 30 por ciento de la Seguridad Social”. Cuando “se contrata, por llamarlo de alguna manera, a personas sin papeles es mucho peor, porque entonces se vulneran aun más los derechos mínimos”.

Para acudir a los puestos de trabajo, lo hacen en furgonetas o autobuses que van recogiendo a los trabajadores en una ruta que los lleva desde su lugar de residencia al almacén donde trabajan y que cobran unos cinco euros por trayecto a cada empleado. “¿Qué permisos tienen esas furgonetas?”, se pregunta José María, quien denuncia que a veces los conductores funcionan como una empresa de contratación directa y saben qué perfiles tiene que reclutar. “Los que no dan problemas”.

No es fácil plantarse, como hicieron hace 20 años las empleadas de los almacenes de la Vega Alta en el conocido como el ‘Caso Nolotil’. Un grupo de mujeres atiborradas de analgésicos para amortiguar sus dolores, que se atrevieron a denunciar los abusos a las que estaban sometidas en un sector que sigue acumulando denuncias de los trabajadores.

https://www.eldiario.es/murcia/reportajes/trabajadora-arrollada-maquina-citricos-precariedad_0_956105219.html

Un laboratorio de guerra que convierte al propio pueblo en el enemigo

Los familiares de las víctimas no olvidan
Durante el año 2002, la Comuna 13 [un barrio de Medellín] fue testigo y víctima de las estrategias militares que el Estado quiso implementar en las calles de Medellín. Mes a mes se desarrollaban operaciones militares que solo causaban zozobra y temor. Acciones que dejaban como resultado hombres y mujeres de diferentes edades asesinados, heridos, y familias desplazadas. Voz comparte el llamado que las organizaciones sociales de madres y víctimas de estos hechos, le hacen al país en el marco de los 17 años de impunidad.

La Comuna 13 se convirtió así en un laboratorio de guerra. Quizás la más recordada de estas operaciones, por su impacto en la población, fue Orión, realizada entre el 16 y el 18 de octubre de ese año, que dejó a 80 civiles heridos, 17 homicidios cometidos por la Fuerza Pública, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 370 detenciones arbitrarias, seis desapariciones forzadas, registradas durante la operación, y más de 100 en los días y meses posteriores. Las víctimas han detallado que la operación continuó, de manera silenciosa, hasta inicios del mes de diciembre.

Orión fue la incursión militar urbana más grande que ha tenido Colombia. A pesar de ello y del gran asombro que pudiera causar en muchos, la impunidad para encontrar a los responsables sigue vigente. Tras 17 años seguimos esperando que altos mandos militares, como el general en retiro, Mario Montoya Uribe, responda por lo ocurrido y que cuente por qué de manera indiscriminada el Estado colombiano abría fuego a las casas, ¿por qué la alianza con paramilitares?, ¿por qué no se cumplió el papel de garante y se cometieron violaciones a derechos de los civiles en esta Comuna? Son 17 años de muchas preguntas y pocas respuestas.

A pesar del dolor, hoy también se sigue resistiendo, la población de San Javier sigue luchando para que se conozca la verdad, para que hechos como estos no vuelvan a repetirse y para que la Comuna 13 de Medellín sea un laboratorio de paz, donde la memoria esté vigente. Nos negamos a que las víctimas se conviertan en una fría cifra que llena los registros en las instituciones del Estado, nos negamos a olvidar a quienes les arrebataron la vida y nos negamos a cesar la búsqueda de aquellos y aquellas a quienes aún seguimos esperando.

Las víctimas y los ciudadanos de Medellín seguiremos exigiendo justicia, que se esclarezcan los hechos, por eso confiamos firmemente en el papel y la oportunidad que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, Sivjrgnr brinda. A la JEP, le pedimos que dicte medidas cautelares sobre el sitio conocido como La Escombrera y que se abra el macrocaso sobre desaparición forzada. Le insistimos a la Comisión de la Verdad que escuche todas las voces y que la verdad desde las víctimas sea un agente primario en la construcción del relato sobre lo ocurrido, puesto que han sido ellas quienes han padecido los estragos de la guerra. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas es la oportunidad que se abre en este mar de impunidad de encontrar a los cientos de personas desaparecidas de la comuna, insistimos en la elaboración de planes integrales de búsqueda.

Instamos al Estado colombiano a que no siga negando el conflicto ocurrido en Comuna 13, conflicto que sigue vigente. La militarización de los barrios no puede seguir siendo la respuesta a un flagelo que pide a gritos soluciones más allá de la presencia de la Fuerza Pública, es vital que se reconozca y se desarrolle inversión social.

A los procesos organizativos que siguen resistiendo en Comuna 13 los abrazamos y respaldamos, estas son las muestras de que la paz se construye con la juntanza de voluntades, con el anhelo de la justicia social. Desde Medellín, decimos nunca más operaciones militares, ¡Operación Orión Nunca Más!

http://semanariovoz.com/operacion-orion-17-anos-impunidad/

Ignorancia consentida

Jon Iurrebaso Atutxa

Cuando desconocemos una realidad, por muy brutal que sea, parece que de alguna manera estamos exentos de responsabilidades para con ella. Pero cuando no es una única realidad sino una continua cascada de horrendos acontecimientos, la cosa cambia. ¿Cómo explicamos que nos enteramos tan solo de lo que el capital desea?  Y qué casualidad que esa ignorancia es la que no perturba nuestra tranquilidad, nuestra estabilidad personal, familiar, colectiva, el acceso al trabajo (el o la que lo tenga), la falta de compromiso ante terribles sucesos, etc. Esto es lo que ocurre con una franja importante de la población, vasca en este caso.

Alguien nos dirá que jamás ha firmado ser un ignorante. Cierto. El asunto es que cuando nos pasamos viendo y oyendo, casi una hora de informativos televisivos al medio día y otro tanto por la noche (los que puedan y soporten hacerlo) y nos parece normal lo que nos cuentan, es como si hubiéramos firmado que ése es el tipo de noticias que queremos oír, ver y no otras. Las consecuencias de la lucha de clases no son noticia y si lo son pueden esconderse, por ejemplo, entrevistando al vecino del piso segundo izquierda que dirá lo que al capital le interesa transmitir.

De repente nos hacen llegar noticias sobre combates y situaciones críticas en varios países de todos los continentes y lo mismo que aparecen desaparecen. Hace meses dijeron los medios de comunicación del capital que Yemen corría el riesgo de padecer una epidemia de cólera que iba a afectar a más de la mitad de los casi 30 millones de habitantes que tiene el país.

¿Y si tal es la magnitud de la tragedia por qué aparece y desaparece sin más explicación? Aparece cuando la ministra de defensa española (respondiendo a alguna ONG) afirma que sí se venden armas a los wahabitas de Arabia Saudí, que es cierto, pero que estos misiles son inteligentes y, por lo tanto, no había riesgo para la vida civil.

Lo que realmente acontece es que la que en principio iba a ser la guerra más corta de Oriente Medio, Arabia Saudí lleva 4 años sin poder doblegar a los hutíes (movimiento Ansarolá) y, a la vez, se convierte en un callejón sin salida para los agresores. Un despilfarro en mercenarios, armamento y autoridad para Arabia Saudí (de momento se lo puede permitir por sus reservas de petróleo principalmente) y en una sangría para los yemenís. Nadie imaginaba que los más parias y poco temidos de ese ámbito geográfico, que hacen de puente entre Oriente Medio y África, iban no solo aguantar el envite saudí sino ponerle en serios aprietos.

Ni Arabia Saudí, ni sus aliados ni, sobre todo, los sionistas y los yanquis habían calculado el poder del Eje de la Resistencia. Hace un tiempo que los sionistas no pueden hacer ninguna barbaridad de cierta entidad sin que la respuesta le llegue por alguno de los caminos que pasan por el Líbano (Hezbolá), Irak, Siria, Irán, los movimientos palestinos o los hutíes de creencia chiita.

Dejando de lado esa complicada situación, en extremo explosiva, no podemos dejar de señalar un par de cuestiones que como vascas nos tocan de lleno y que tienen que ver directamente con el título del artículo.

El asunto es que vivimos dispersos/as entre España y Francia y nos damos cuenta que muchas y muchos no sabemos que hay alrededor de 100 empresas vascas directamente relacionadas, en la actualidad, con situaciones de guerra a lo largo y ancho del mundo. La cosa no va de las escopetas casi de arte que se hacían por aquí. Estamos hablando de tanques, sistemas de precisión, de misiles inteligentes… Sí, de esos que habla la ministra de defensa española. Pues sí señora, está reconocido que los saudíes envían esos misiles a hospitales, escuelas, mercados, mezquitas etc. del Yemen. Precisamente los artefactos caen donde los saudíes quieren masacrar a la población civil a ver si de alguna manera consiguen poner a su favor el curso de la guerra.

A estas alturas del escrito, hablamos de la empresa Sener que nutre de mortíferas armas a Arabia Saudi, Turquia e Israel entre otros bárbaros asesinos. El que fue millonario y del Opus Dei, Enrique Sendagorta sabía mucho de esto. Es bien conocido que Sener es una empresa referencial en sistemas de misiles inteligentes. La empresa SAPA que vende sus carros de combate a los yanquis no se queda a la zaga. Y no seguimos porque sería interminable el uso terrorista para el que son fabricadas armas en Euskal Herria, norte y sur.

Tampoco queremos dejar sin mencionar el tema de los desplazados de las guerras imperialistas o los huidos a causa del hambre. Evidente razón humanitaria de acogida y denuncia permanente, con la salvedad de que no hemos visto el mismo empeño cuando comienzan las guerras. Se invaden y destruyen países acusados de enriquecer uranio, por supuestamente tener armas de destrucción masiva, etc. Por una parte ¿Qué ocurre? ¿Inglaterra, Francia, Israel, USA… no tienen armas de destrucción masiva? Por otra parte, ¿esas muertes bajo bombas de fósforo no valen lo mismo que los ahogados, ambos consecuencia de la rapiña de los imperialismos yanqui, francés, inglés, etc.? Es evidente que más de uno tendrá que replantearse tal cuestión.


Las cifras y otros datos debieran decirnos algo de lo que nos podemos informar con un poco de interés. 5.000 niños yemenís muertos o heridos desde que comenzó la guerra en el 2015. Y no son datos de una organización de izquierda con interés en la cuestión. Son datos de Unicef. Asimismo, medio millón de niñas y niños han tenido que dejar la escuela. Dos millones de niñas y niños sufren desnutrición aguda y 360.000 son menores de 5 años. Infraestructuras concienzudamente destrozadas por parte de los saudíes. Es lo mismo que Israel hizo en su última invasión en el Líbano o en Gaza. En proporción, asesinan a más civiles que milicianos o militares. Eso no es una casualidad. Eso quiere decir: o te rindes a mis necesidades o acabo contigo (con millones de personas) de una u otra manera.

¿Seguiremos con el tema de la “ignorancia consentida”? En nuestras manos está.

La ONU manipuló las pruebas del ataque químico a Duma para culpar al gobierno de Damasco

Los inspectores de las armas de destrucción masiva manipularon deliberadamente las pruebas para culpar al gobierno sirio por el ataque con armas químicas en Duma el año pasado.

Un panel reunido por la Fundación Courage, una asociación para la defensa legal de periodistas e informadores, se reunió con un miembro del equipo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) que investigó el lugar del ataque de abril del pasado año.

Descubrió pruebas “perturbadoras” de que se había manipulado la información para promover una “conclusión predeterminada”.

El supuesto ataque químico contra Duma, en el que murieron 40 personas, desató la indignación internacional y los bombardeos aéreos de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos después de acusar al gobierno de Damasco.

El caso comenzó a aclararse cuando sobre el terreno muchas personas empezaron a cuestionar los detalles, concluyendo que el ataque fue organizado por el grupo seudo-humanitario llamado “Cascos Blancos”.

Un informe técnico disidente publicado a principios de este año -excluido del informe de la OPAQ- ya puso en duda la versión oficial acerca de la responsabilidad del gobierno de Damasco al respecto.

El informe reveló que las botellas de gas químico no habían caído desde arriba, como se dijo, sino que, de hecho, se habían colocado manualmente en los dos lugares de la investigación.

El denunciante de la OPAQ dijo al grupo, que incluía al José Bustani, primer Director General de la OPAQ, que las principales pruebas habían sido ocultadas a los inspectores.

Esto incluía la omisión de controles durante los análisis químicos, lo que significaba que no había forma de hacer una comparación, un elemento fundamental de los experimentos científicos.

La falta de controles impidió comprobar si los marcadores químicos detectados eran el resultado de un ataque químico o simples restos en el suelo.

El informe de la OPAQ era muy defectuoso, sin una revisión por pares adecuada, advirtió la Fundación Courage, quien añadió que se había llevado a cabo con un objetivo predeterminado: culpar al gobierno sirio.

Los inspectores de la OPAQ que participaron en la investigación deberían comparecer y comunicar sus observaciones divergentes a los Estados Partes en la Convención sobre Armas Químicas, asegura la Fundación.

Bustani dijo que “las pruebas convincentes del comportamiento irregular de la investigación de la OPAQ sobre el presunto ataque a la Duma confirman las dudas y sospechas que ya tenía”.

“No podía entender lo que estaba leyendo en la prensa internacional. Incluso los informes de las investigaciones oficiales parecían inconsistentes en el mejor de los casos. La imagen es ciertamente más clara ahora, aunque muy perturbadora”.

https://morningstaronline.co.uk/article/w/chemical-attack-evidence-was-manipulated-to-blame-syrian-government-report-claims

Más información:


– Los trapos sucios de la Guerra de Siria salen a la luz pero los medios se callan como perros 
– No hubo ningún ataque químico del ejército sirio contra Duma en abril
– Nuevos hallazgos sobre el montaje del ‘ataque químico’ al barrio de Duma, en la capital siria
– El gran montaje de las armas químicas de Duma sale al descubierto
– La ONU manipuló las pruebas del ataque químico a Duma para culpar al gobierno de Damasco
– La prensa española: los perritos falderos de los imperialistas

El Pentágono adjudica a Microsoft el almacenamiento de sus datos en la nube

Ayer el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció la adjudicación a Microsoft de un contrato gigantesco para almacenar datos en la nube, por un valor de hasta 10.000 millones de dólares.

Amazon compitió con Microsoft hasta el último momento para lograr la adjudicación del contrato JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure), que tiene una duración de diez años.

El objetivo es modernizar los sistemas informáticos militares. Para facilitar el despliegue de una nueva arquitectura de almacenamiento, el Pentágono decidió asignarla a un único proveedor, en lugar de dividirla en varias licitaciones.

Google se retiró de la carrera en octubre de 2018, explicando que no había recibido ninguna garantía de que el contrato cumpliera con los principios de “inteligencia artificial”.

A pesar de las críticas de Silicon Valley sobre sus colaboración con el ejército y la policía, poco después de la retirada de Google, Microsoft y Amazon, defendieron su participación en la licitación.

“Todos los que viven en este país dependen de su potencia de defensa”, escribió Brad Smith, presidente de Microsoft, en una entrada de su blog.

El cabecilla de Amazon, Jeff Bezos, dijo que el país tendría problemas si las grandes empresas de tecnología le daban la espalda al Departamento de Defensa de Estados Unidos.

El Pentágono anunció en agosto que su licitación había sido aplazada a la espera de la luz verde de Mark Esper, el nuevo jefe del Pentágono.

Censura: expulsan de la universidad a una científica que contradice las noticias catastrofistas sobre los osos polares

La universidad es cada vez menos “universitas” y más inquisitorial. Hay determinadas opiniones que no caben, sobre todo cuando se sostienen criterios que contradicen la ideología dominante, como es la de los peligros que acechan a los osos polares como consecuencia del calentamiento.

A Susan Crockford, una bióloga de renombre mundial en el campo de la identificación de huesos de animales, la han expulsado de la Universidad de Victoria, en Canadá. Se le ocurrió la infeliz iniciativa de dar explicaciones incorrectas sobre los osos polares a sus alumnos.

¿Se equivocó?, ¿no tiene conocimientos suficientes? Si es así, hay que avisar a la policía canadiense, que suele recurrir a ella para realizar informes de antropología forense, porque si vuelve a cometer errores en un juzgado en lugar de un aula, alguno puede acabar con sus huesos en las mazmorras.

En 2016 le renovaron su contrato con la Universidad por un período de tres años y cuando faltaban tres meses para firmar el siguiente contrato, el Departamento de Antropología le retiró su título de profesora adjunta. Después de 15 años de docencia ha salido de la Universidad por la puerta de atrás.

La bióloga canadiense Susan Crockford
Crockford describe su expulsión como “un ahorcamiento académico sin juicio, realizado a puerta cerrada” (1). Mantiene un blog sobre los osos polares (2) y ha escrito cinco libros sobre el tema. Uno de ellos, “Hechos y mitos sobre los osos polares”, ha sido traducido a cuatro idiomas. Además, el año pasado publicó el Informe sobre el Estado del Oso Polar para la Global Warming Policy Foundation y este año ha publicado otro de seguimiento y actualización del mismo tema.

Su error es el siguiente: según ella los osos polares, uno de los símbolos del calentamiento, están muy lejos de la extinción. Lo que debería haber sostenido es lo siguiente: entre 2004 y 2010 la disminución de las masas de hielo marino está reduciendo la población de osos polares.

Crockford admite una disminución de la población de osos polares del orden del 40 por ciento en el área del Mar de Beaufort, lo que condujo a que en 2015 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) los clasificara como “especie amenazada”.

La UICN no basó su declaración en un recuento del número actual de osos polares, ni en observaciones de las que se pueda deducir su cuantía. Como es frecuente, sus cálculos se hicieron con un ordenador. La cifra más utilizada es de 25.000, que es un mínimo. Según Crockford podría haber incluso más del doble de esa cantidad. En 1986 se hablaba de que había 40.000 y desde entonces el número ha ido en aumento, según Crockford.

La investigadora canadiense considera que la causa del descenso poblacional fue la escasez de su presa preferida, la foca anillada, a su vez causada por una capa de hielo de primavera inusualmente gruesa, una tendencia recurrente cada década durante el siglo pasado.

Además, la bióloga asegura que las emisiones de CO2 y otros gases considerados “de efecto invernadero” procedentes de las actividades industriales tienen un impacto muy pequeño en el clima mundial. Según ella, en general, el calentamiento es muy beneficioso y las consecuencias más serias para el medio ambiente proceden del enfriamiento.

El nombre de la bióloga canadiense se suma a una ya amplia purga de investigadores y universitarios despedidos por propagar “equivocaciones científicas” en asuntos de ecología, como Peter Ridd, Bob Carter, Murry Salby, Bjorn Lomborg, David Legates, Nick Drapela, Pat Michaels o Mitchell Taylor.

Como a nosotros nos gusta conocer los errores, recomendamos la lectura del blog de Crockford, sus libros y sus explicaciones, como la titulada “No existe ninguna emergencia climática para los osos polares” que se puede encontrar en YouTube (3).

Ya saben: si quieren estar equivocados, no se lo pierdan.

(1) https://business.financialpost.com/opinion/was-this-zoologist-punished-for-telling-school-kids-politically-incorrect-facts-about-polar-bears
(2) https://polarbearscience.com/
(3) https://www.youtube.com/watch?v=jQRle6pgBCY

La pesadilla seudoecologista: los nuevos impuestos ‘verdes’ van a esquilmar los bolsillos de los contribuyentes

Uno de los objetivos que se esconden tras el “New Deal verde” es el aumento de los impuestos, que tienen por objeto, además de sanear las deudas de la hacienda pública, drenar fondos hacia la “nueva economía”, esto es, crear una ventaja competitiva para ciertas tecnologías en detrimento de otras.

Es una política de aumento de la presión tributaria sobre los sectores más débiles de la sociedad que se justifica por motivos seudoecológicos de manera que sean los propios interesados los que se pongan la soga al cuello. “Pagarás más impuestos, pero es por tu propio bien, o por una causa justa, o para que la humanidad tenga un futuro mejor”. También es posible que te declaren culpable y te condenen en consonancia: “El que contamina paga”.

Unos 40 países del mundo tienen impuestos verdes o ecológicos, según el New York Times (1). Comenzaron con los vehículos, quads y motos de agua de nueva matriculación, pero no hay manera de frenar la avalancha.

El impuesto apareció en España en 2008 y recauda 21.000 millones de euros anuales. Como era de prever, no ha conseguido el objetivo aparente que perseguía, a saber, contener las emisiones de CO2, a pesar de lo cual la Unión Europea lleva tiempo animando a los países miembros para que aumenten la presión fiscal.

Ahora bien, como es natural, tratándose de un impuesto creado en medio de la crisis económica de 2008, hay que preguntar: ¿alguien se creyó el cuento de que un impuesto así tenía algo que ver con el carbono o sólo pretendía recaudar más dinero?

El seudoecologismo es un ataque de histeria que no ha hecho más que comenzar y, además, con Hacienda por medio haciendo caja, aumentará progresivamente. La amenaza se repite cada vez con mayor insistencia: “El FMI pide aumentar los impuestos a la luz y a la gasolina para combatir el cambio climático” (2), o bien “Catalunya gravará a 3,6 millones de vehículos por las emisiones de CO2” (3). Por su parte, Alemania ya se ha inventado un impuesto sobre el CO2 (4).

¿No hablaban de neoliberalismo?, ¿no hablaban de adelgazar al Estado? Aquí algo falla estrepitosamente. Si los impuestos gravan la electricidad, ¿cómo quedarán los que ya no pueden pagar la factura de sus casas?

La presión tributaria aumentará porque este tipo de impuestos indirectos son insignificantes para los ricos y para los pobres una losa insufrible. En 2017 en la reunión COP22 que se celebró en Marrakech, la Comisión sobre los Precios del Carbono lo dejó bien clarito: el precio que se paga por las emisiones de CO2 debe aumentar constantemente.

El fisco se frota las manos. Todo le parece poco. Un periódico de Chile titula: “Precio que fijó el gobierno es 8 veces menor a lo que se recomienda para alcanzar las metas del Acuerdo de París” (5). La terminología, que es de lo más sutil, está copiada del Banco Mundial. No quieren que parezca un impuesto sino el precio que debe pagar el que contamina, como si fuera un castigo por ensuciar el aire con CO2 (6).

Pero se trata de un fraude detrás de otro: los que tributan no son los gases que salen por el tubo de escape, que incluso son perniciosos para la salud, sino sólo el CO2.

También es harto evidente que el tributo castiga especialmente a los menos pudientes porque son quienes tienen los vehículos más viejos, ya que no los pueden renovar periódicamente por otros más nuevos. No es de extrañar que, al estilo de los “chalecos amarillos”, en varios países hayan surgido grupos de lucha contra este tipo de subidas de impuestos, como es el caso de Ecuador, donde se ha creado el movimiento “Fuera Impuesto Verde” (7).

Lo más repugnante de esta operación es que es la típica comedia seudoecologista porque no se sabe la cuantía de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Cada país las mide por decreto de una manera diferente y le pone un “precio” diferente.

(1) https://www.nytimes.com/es/interactive/emisiones-precio-del-carbono/
(2) https://www.hoy.es/economia/fiscalidad/fmi-impuestos-contaminacion-20191010154214-ntrc_amp.html
(3) https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-climatico/20191011/47898773508/impuesto-vehiculos-contaminacion-cataluna-emisiones-ley-cambio-climatico.html
(4) https://cadenaser.com/ser/2019/10/23/internacional/1571848399_091521.html
(5) https://www.eldesconcierto.cl/2019/08/22/impuesto-verde-precio-que-fijo-el-gobierno-es-8-veces-menor-a-lo-que-se-recomienda-para-alcanzar-las-metas-del-acuerdo-de-paris/
(6) https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/
(7) https://www.dpe.gob.ec/pronunciamiento-de-la-defensoria-del-pueblo-frente-al-impuesto-ambiental-a-la-contaminacion-vehicular-impuesto-verde/

La lucha contra la explotación de las trabajadoras costureras en México

Sara Lovera

Levantadas sobre los escombros -ya que el sismo dejó atrapadas más de 600 costureras en decenas de edificios de la avenida San Antonio Abad, de las calles de Uruguay, Belisario Domínguez, Perú y José María Izazaga, donde se concentraban pequeñas fábricas y talleres de confección, establecimientos hoy desolados- unas 800 costureras de 40 fábricas, de las más de 11.000 afectadas de 400 establecimientos por el terremoto del 19 de septiembre de 1985, lucharon más de tres años por sus derechos y sus puestos laborales. Protestaron y marcharon por las calles; organizaron mítines y alzaron un campamento.

Sin más recursos que el coraje y la razón, fundaron el 22 de octubre de 1985 el Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Costura, Confección, Vestido, Similares y Conexos 19 de Septiembre, encabezado por Evangelina Corona, Alicia Cerezo, Guadalupe Conde, Leticia Olvera y Alejandra Martínez, entre muchas otras.

Organizadas y apoyadas por muy distintos grupos, enderezaron más de 345 demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, lograron convenios para 2.000 trabajadoras en cerca de 100 empresas, con indemnizaciones de aproximadamente 429 millones de pesos (24 millones 600 mil dólares). En 84 empresas de la confección y del vestido hubo conflictos de carácter laboral, resueltos y/o archivados, con soluciones de una lentitud ofensiva.

Entonces había exceso de oferta laboral. Las costureras laboraban 11 horas diarias; trabajaban a destajo, no tenían horarios de comida, les pagaban centavos por cada costura, vivían humilladas y sin derechos laborales. Cientos de talleres operaban fuera de la ley. Lo mismo sucede tres décadas después.

Fueron tres intensos años de lucha, ellas en pie. Firmaron condiciones nuevas de trabajo, formaron dos cooperativas; crearon una guardería, se unieron a organizaciones sociales/feministas, pero 30 años después, el sindicato sólo representa a cinco empresas, tres de ellas fuera de la capital, en Irapuato, Guanajuato. Al día de hoy, las condiciones de unas 10.000 trabajadoras no han variado.

Este septiembre de 2015, al caminar por San Antonio Abad, Izazaga, 20 de Noviembre, Manuel Doblado, Belisario Domínguez, Paraguay, Ecuador y Perú, puede verse que los antiguos talleres desaparecieron: hoy son centros de venta de ropa importada que comercializan vestidos de fiesta y pantalones, trajes, sacos y faldas adocenadas provenientes de la maquila internacional.

En mayo de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ofreció a la Cámara de esa industria un apoyo de 450 millones de pesos (22 millones 500 mil dólares), pues solo en 2014 entraron al país 150 millones de prendas de vestir procedentes del extranjero.
Símbolo encarnado

Frente al lastimado monumento metálico en Tlalpan donde se alzó durante varios años el campamento de las costureras en lucha, que funcionaba como refugio y centro de las movilizaciones, se aprecia un tendajón derruido y gris, donde comenzaron las operaciones del sindicato.

Tres décadas después, aunque no se sabe quién administró y vendió parte de ese terreno, el sindicato sigue en pie, afirma Alejandra Martínez, su secretaria general, quien plantea que en estas décadas la industria se ha reducido; hay, como antes, talleres clandestinos, ubicados desde los años sesenta en Ciudad Netzahualcóyotl; hoy se multiplican en Tlaxcala, y hay una huelga que está por cumplir 38 meses sin que se logre acuerdo alguno: la de la fábrica Cartagena, símbolo encarnado: 21 costureras la sostienen, bajo la lluvia y en contra del desprecio y el olvido de Ernesto Kuri Serú, propietario de la fábrica, quien provocó el paro por negarse a pagar un solo derecho de estas costureras, como si nada hubiera sucedido.

Hoy las costureras, miles desempleadas, sobreviven al infortunio que un día les dio gran fuerza. En Cartagena esperan pacientes una solución.

En el recuerdo de Alejandra está la fábrica de vestidos Read, donde el sindicato operó durante 20 años. Ahí se hacían los vestidos de fiesta, con canutillo y tul; los trajes de novia, otros más de telas finas. Eran 40 las costureras que vieron cerrar el establecimiento en 2004. El combate contra el sindicato fue feroz, nos dice Alejandra.
Un cambio de vida

A Leticia Olvera, la lucha obrera le cambió la vida. Militante de Mujeres en Acción Sindical tras el sismo de 1985, hoy mira el pasado con enojo. «Muchas fábricas cerraron apenas nos organizamos», recuerda. Tal fue el caso de la de ropa íntima Cárnival. Hoy Leticia lucha para que sobreviva una organización de proyectos productivos, y aprendió que además de los derechos laborales, las mujeres necesitan igualdad y derechos sexuales y reproductivos.

Alicia Cerezo reconoce que su vida dio un giro de 90 grados. También se hizo feminista, pero advierte que miles de sus compañeras quedaron atrapadas en una condición lamentable, y que el fracaso del sindicato está ligado a los intereses patronales y al sindicalismo espurio. Las costureras, tal y como fuimos antes, han desaparecido.

Evangelina Corona, quien tras la lucha se hiciera asambleísta, trabaja en una oficialía de partes a su avanzada edad; Alicia y Leticia promueven el seguro de desempleo en módulos de la Secretaría del Trabajo del Distrito Federal; Lupe Conde se jubiló como maestra de corte y confección. Miles trabajaron hasta hace poco, y algunas lograron su jubilación.
Globalizacion y pérdida

Según la Cámara Nacional de la Industria Textil y del Vestido, que dirige Samuel Gersheinch Salvocou, la confección apenas representa el 0,1 por ciento de la industria; la competencia por la apertura internacional tiene colocada a la del vestido en un sistema globalizado que ha eliminado los antiguos talleres y pequeñas fábricas que hace tres décadas, sólo en la capital, llegaron a tener 70.000 costureras.

La información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de las Cuentas Nacionales 2014, señala que en todo el país hay 74.026 trabajadoras formales de la costura, el 1,3 del personal ocupado formalmente en toda la manufactura nacional, y confirma que los salarios anuales de cada trabajadora no llegan más que a 12.000 pesos (600 dólares) unos 700 pesos (35 dólares) efectivos cada semana.

Alejandra Martínez reafirma que las costureras pagadas en nómina no logran más de esos 700 pesos semanales, y en este 2015 en curso, las que trabajan a destajo reciben sólo dos pesos (0.1 dólares) al día por prenda cosida, y las jornadas se extienden hasta por 10 o 12 horas diarias. «No hubo cambio ni hay inspectores en los talleres, ni protección, ni se cumple con el salario mínimo profesional, ni se conmueve la Secretaría del Trabajo», afirma.

Hoy, las grandes tiendas departamentales contratan a empresas de dudoso origen, las llamadas outsourcing, afirma el abogado Manuel Fuentes, uno de los defensores de las costureras, quien añade que, donde hay pequeñas fábricas, existen contratos de protección, es decir, contratos de trabajo que proponen las centrales obreras, sin organizar a las trabajadoras en sindicatos y que sirven para encubrir a la patronal. El abogado de Cartagena Eduardo Díaz confirma que quienes laboran en la costura lo hacen sin derechos.

Sin embargo, el valor de las ventas es hasta de 90.000 millones de pesos (4.500 millones dólares), pero principalmente en la industria de confección en cuero; en la elaboración de alfombras y en la producción de moda en gran diseño.

La ropa popular es china o proveniente de talleres outsourcing que contratan El Palacio de Hierro, Liverpool o Sears, empresas que reciben ropa cortada por diseñadores, con telas importadas y confección pagada a precios irrisorios, informan Eduardo Díaz, Alejandra Martínez y Manuel Fuentes.

Una de las características que definió a la industria que ya tiene más de un siglo de vida, fueron los talleres familiares. En 1985, la mitad de la producción se hacía en estos talleres, ubicados en el Estado de México, hoy en Tlaxcala y en los alrededores de la ciudad de México y de otras capitales, los patrones se ahorran millones de pesos en impuestos. Para las costureras del Distrito Federal, pese a la reducción de la industria por la competencia internacional, la situación actual es semejante a la de esa época.

Una descripción detallada de lo que sucedía en las pequeñas fábricas se lee en un estudio realizado por la Secretaría del Trabajo en octubre de 1985. En el documento sin firma, el anónimo autor señalaba:

«A medida que los medios de comunicación se adentraban en el caso de las costureras, salían a la luz las terribles condiciones de trabajo con que operaba la industria en general, y la casi total inexistencia de protección sindical. Así, se supo que las costureras trabajaban jornadas de más de ocho horas diarias, ya que su salario se les pagaba a destajo, lo que las forzaba a cumplir con cargas de trabajo muy altas; que a menudo había sanciones muy rigurosas por retardos y faltas, y que, dado que existía abundancia de mano de obra disponible, las amenazas de despido resultaban frecuentes y los salarios que se pagaban en muchos casos eran menores que el mínimo. También se supo que muchas veces los empresarios firmaban contratos por una semana con sus trabajadoras para evitar así registrarlas en el Seguro Social.

«Para evitar robos en las empresas, se afirmó que en algunos talleres las trabajadoras eran sometidas a rigurosas revisiones y, en algunos casos, los dueños cerraban con llave los accesos a los talleres mientras las obreras estaban trabajando. Varias versiones de personas presentes durante el sismo sostenían que por esa razón muchas trabajadoras no habían podido salvar sus vidas.

«Estas denuncias provocaron serios reclamos a las organizaciones obreras y a las autoridades del trabajo. El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Fidel Velázquez, afirmó que la industria textil, principalmente en el rubro de la confección de ropa, era uno de los ramos más incontrolables desde el punto de vista sindical, pues se manejaba en la clandestinidad desde hacía varios años en talleres escondidos con una marcada explotación de la mano de obra, en los que no se pagaba ni el salario mínimo y se negaban prestaciones sociales. Por su parte, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Textil, afiliado a la CTM, Adolfo Gott Trujillo, indicó que la mayoría de los trabajadores que laboraban en los talleres donde se confeccionaba ropa no estaban afiliados a ningún sindicato. Solo una minoría estaba organizada en pequeños sindicatos desconocidos.


http://amecopress.net/Mexico-Costureras-olvidadas-y-explotadas

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