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Revolución contra contrarevolución, ¿proteccionismo contra neoliberalismo?

Darío Herchhoren

Hace pocos días escribí un artículo que fue publicado en esta blog sobre la situación de la empresa Vicentín en Argentina, y la decisión del gobierno argentino de intervenir la empresa y nacionalizarla. Esa empresa estaba en cesación de pagos, y existía la amenaza seria de acabar con al menos 1800 puestos de trabajo directos más varios miles de indirectos.

La medida del gobierno argentino lógicamente despertó la ira y la crítica de los sectores de la derecha.

Esto se inscribe dentro de una larga lucha del pueblo argentino por su soberanía alimentaria y en definitiva de su soberanía como pueblo libre e independiente, y nos trae el recuerdo del primer gobierno del General Perón, que ganó las elecciones de 1946, y con ello hizo entrar a Argentina en la senda de países soberanos.

Al terminar la guerra mundial de 1939/45, Argentina recibió una enorme cantidad de dinero por la venta de alimentos a una Europa ávida y hambrienta, que necesitaba imperiosamente alimentar a sus poblaciones. Ya en 1943 la industria argentina pasó a ocupar el primer lugar en detrimento de la producción agrícola, y con ello Argentina dejó de ser solo un productor de alimentos.

Perón muy influido por los movimientos nacionalistas que habían tenido lugar en Perú y en Bolivia y también en Paraguay, y se decidió trazar un plan quinquenal de desarrollo de la economía nacional, que significó una economía planificada, y para ello contó primero con un industrial de la provincia de Mendoza llamado Miguel Miranda, que ocupó la cartera de economía, y luego con la colaboración indispensable de José Ber Gelbard, un judío polaco, nacionalizado argentino, que ocupó el cargo de ministro de economía, y fue el fundador de la Confederación General Económica, una de las dos patas en que se apoyaba el sostén del gobierno de Perón.

La otra pata era la CGT, Confederación General del Trabajo, central obrera que aglutinaba todos los trabajadores, ya que la afiliación a la misma era obligatoria, y se sostenía con el aporte de un día de trabajo en su equivalente en dinero de todos los trabajadores a los cuales se les descontaba esa cantidad, que se gastaba en forma discrecional por la cúpula de la CGT, lo cual favorecía indirectamente la corrupción. El primer secretario general de la CGT, era un sindicalista de nombre José Espejo, de una lealtad casi perruna a Evita y a Perón.

José Gelbard, venía del partido comunista argentino, que era muy minoritario y que nunca gozó del apoyo de la clase obrera argentina a pesar de los cual se autodeclaraba vanguardia de la clase obrera.

Este hecho revela la falsedad del pretendido apoyo nazi a Perón. Lo ciarto es que Argentina carecía de técnicos y los trajo de donde pudo, y ello significó que técnicos alemanes e italianos nazis y fascistas se radicaran en Argentina. Pero esto duró poco ya que el gobierno de Perón creó escuelas técnicas y en pocos años tuvo los técnicos que necesitaba la industria nacional.

Hay que recordar que el General San Martín, trajo oficiales franceses bonapartistas porque carecía de oficiales criollos. ¿Significa esto que San Martín era bonapartista? Parece que no.

Pero la expropiación de Vicentín abre la puerta a otras nacionalizaciones, y a intentar crear una flota de cargueros propia. Argentina llegó a tener la décima flota mercante del mundo, y la reconstrucción de la flota implica trabajo para los astilleros argentinos que languidecen por falta de trabajo.


Se inicia un nuevo proceso de liberación, y ello implica navegar en aguas peligrosas. Todo pueblo que se libera deberá correr riesgos, y habrá que afrontarlos con decisión y movilización.

Wikileaks pone al descubierto los continuos montajes de los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional

Informes secretos de Estados Unidos dejan en entredicho la independencia de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional.
El ex embajador de Estados Unidos en nuestro país, Eduardo Aguirre, mantuvo diversas reuniones con varios magistrados y fiscales del órgano judicial que investiga a miembros de su Gobierno y militares norteamericanos en causas como la de Guantánamo, los vuelos de la CIA o el asesinato del reportero José Couso.

Estas duras revelaciones proporcionan una perfecta radiografía de quién es quién en la Audiencia Nacional. El que sale peor parado es el fiscal jefe, Javier Zaragoza, quien deja en total evidencia la falta de independencia judicial del Ministerio Público. Tras una reunión en su despacho, avisó a representantes de la embajada que se opondría al procesamiento de los tres militares estadounidenses imputados por el asesinato de Couso en Bagdad en abril de 2003, durante la guerra de Iraq. Varios días después se hizo pública esta decisión.

Asimismo, su jefe, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, se comprometió a paralizar las dos causas abiertas contra altos cargos norteamericanos por las torturas en la cárcel de Guantánamo (Cuba). Estos datos dejan entrever que la Fiscalía es un órgano que actúa según las directrices del Gobierno, que ya trasladó en su momento a Estados Unidos su rechazo a una investigación sobre el polémico penal.

El fiscal encargado del caso sobre los vuelos de la CIA, Vicente González Mota, también sale retratado en los documentos. Informó a un agente jurídico de la embajada que se iba a oponer a la pretensión del juez instructor Ismael Moreno de desclasificar los documentos del CNI sobre los vuelos en los que supuestamente se trasladaron de manera ilegal a detenidos en Afganistán para enviarles a Guantánamo y que hicieron escala en aeropuertos españoles.

El fiscal Mota es quien dio ayer la cara públicamente para desmentir de manera tajante todos los detalles recogidos en los informes secretos. Es una de las manos derechas de Zaragoza, que precisamente se encontraba ayer en Washington en unas jornadas sobre terrorismo. Estos datos salen a la luz en un momento en el que está en entredicho el trato del fiscal jefe a algunos de sus subordinados, que están tomando uno a uno la determinación de abandonar la labor pública para pasarse a la privada para no plegarse a sus órdenes. Después de Enrique Molina e Ignacio Gordillo, la semana pasada fue el turno de Juan Moral, el fiscal encargado del sumario de Batasuna, quien anunció su salida.

En la nota emitida ayer tanto por la Fiscalía General como por la de la Audiencia, ambos órganos defienden la “absoluta autonomía” del Ministerio Público en sus decisiones judiciales. A pesar de reconocer tales reuniones, sostiene que se desarrollan dentro del marco de cooperación entre “países aliados y amigos”, limitándose a trasladar su posición jurídica que mantiene en tales procedimientos.

Algunos de los jueces quedan inevitablemente retratados. En una de las entrevistas entre Zaragoza y miembros de la embajada, éste les advierte que hay que hacer lo posible para que la causa de Guantánamo no recaiga en manos de Baltasar Garzón sino que sea Ismael Moreno el instructor. Este juez es el menos proclive en la Audiencia a aplicar la justicia universal. Los fiscales lo saben y Estados Unidos también, por eso no les preocupa tanto la investigación por los vuelos de la CIA.

La estrategia del Ministerio Público era solicitar que fuera éste quien se encargara de las torturas en Guantánamo por la relación de la causa con la que ya está investigando. En resumen, las actuaciones de este juez no incomodan.

Sin embargo, la causa finalmente se quedó en manos de Garzón. Esto no gustó al país norteamericano que su informe subraya que se trata de una “figura controvertida cuya ambición y afán de notoriedad no tiene rival”. Eran conscientes que con tal de obtener un titular, podía pasar por encima de cualquiera que se le pusiera por delante. La fiscalía informó en contra de admitir a trámite la querella, calificando la investigación de fraudulenta y Conde Pumpido hizo declaraciones públicas en el mismo sentido. Sin embargo, el magistrado decidió seguir adelante tras la espera sin respuesta de siete meses para que las autoridades norteamericanas informaran si estaban investigando los hechos. Según la jurisdicción universal, tiene prioridad para investigar el país donde se ha cometido el delito. Estados Unidos no contestó y Garzón inició la causa. Antes de abandonar la Audiencia Nacional, tomó declaración a varios testigos, uno de ellos españoles, que habían sufrido torturas en Guantánamo. Ahora, está en manos de su sustituto, Pablo Ruz.

El juez que tiene la otra causa sobre los usos ilegales de esta cárcel es Eloy Velasco. El mismo que apuntó a las presuntas relaciones entre ETA, las FARC y el Gobierno de Venezuela ha preferido por ahora no pronunciarse sobre la admisión a trámite de la querella presentada por la Asociación pro Dignidad de los Presos y Presas de España contra seis presuntos responsables jurídicos de la creación de Guantánamo. Está a la espera de que Estados Unidos responda a la comisión rogatoria para saber si ya está investigando los hechos. Por ahora, no tiene respuesta.

El juez que queda fuera de cualquier duda es Santiago Pedraz, quien ha luchado a capa y espada por continuar con la investigación de Couso. A pesar de la oposición de la Fiscalía y de la propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, no ha desistido en sus pretensiones. El Tribunal Supremo ordenó reabrir el caso y recientemente Pedraz volvió a ordenar por tercera vez la detención y entrega de los tres militares imputados.

https://www.elconfidencial.com/espana/2010-12-01/wikileaks-desenmascara-a-jueces-y-fiscales-de-la-audiencia-nacional_422546/

Más información:
– La guerra sucia en Catalunya: la Audiencia Nacional guarda el polvo debajo del felpudo
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– El Pollo del Pinar tenía enchufe en la Audiencia Nacional
 

Noruega suspende el programa de rastreo de apestados y borra la información almacenada

Noruega da marcha atrás. Tras dos meses de funcionamiento, el programa de rastreo de apestados ha quedado fuera de juego tras la intervención de la agencia de protección de datos privados.

El lunes Datatilsynet notificó a la burocracia sanitaria las infracciones desproporcionadas de los derechos fundamentales en relación con los pretextos de salud esgrimidos.

La paralización de la aplicación de rastreo, llamada Smittestopp, ha supuesto el inicio de conversaciones entre el instituto noruego de salud y Datatilsynet, la agencia noruega de protección de datos, para encontrar una alternativa antes del martes.

Mientras tanto, no se envía ninguna notificación y todos los datos recogidos a través de la aplicación se están borrando.

En Noruega la aplicación ha sido descargada 1,6 millones de veces, una cifra muy elevada teniendo en cuenta el tamaño de la población, 5,3 millones, pero el cálculo no es preciso. Por ejemplo, no se sabe si incluye varias descargas en el mismo móvil. Los usuarios activos serían menos de 600.000.

La aplicación arrancó el 16 de abril. Funciona localizando otros móviles cercanos, en un radio de menos de dos metros, y si el acercamiento dura más de un cuarto de hora, emite una alerta si se trata de un apestado por coronavirus, aunque no ocurre lo mismo si el apestado es por dengue, Ébola, chikungunya u otro virus diferente.

A pesar del atentado a libertades, la burocracia sanitaria ha recomendado a la población que no desinstale la aplicación. “Esperamos que mantengan la aplicación lista en sus teléfonos. Esto significa que podemos reactivar rápidamente la aplicación si encontramos una solución que satisfaga a Datatilsynet”, ha dicho Camilla Stoltenberg, la directora del instituto de salud.

La aplicación utiliza el GPS, además de bluetooth, aunque es posible desactivarla.

En Alemania la informática de rastreo también se ha puesto en marcha en medio de polémicas similares. Pero además de las críticas a los derechos fundamentales, el coste de la desactivación no ha pasado desapercibido. La creación de Corona-Warn-App, que es como se llama en Alemania la aplicación de rastreo, costó 20 millones de euros y requiere entre 2,5 y 3,5 millones de gastos mensuales para que pueda seguir funcionando.

Menos en España, en cualquier parte de Europa las personas y los colectivos se esfuerzan por defender sus derechos y libertades más básicas.

190.000 hambrientos sobreviven en Madrid gracias al Banco de Alimentos y a 557 grupos caritativos

El Banco de Alimentos de Madrid atiende a 190.000 personas a través de 557 entidades de caridad.

La crisis capitalista ha multiplicado las necesidades, la pobreza y la desesperación. El año pasado los hambrientos eran 130.000 y el número de organizaciones caritativas era de 515.

Desde la cuarentena las solicitudes de ayuda alimentaria han ido creciendo sin parar, lo que obligó a reorganizar el Banco de Alimentos para atender las nuevas necesidades de las entidades caritativas, muy desbordadas por la nueva situación.

Hasta el 3 de junio se han distribuido más de 500.000 comidas a comedores sociales gracias a la beneficencia. El 36 por ciento son entidades caritativas de consumo -comedores sociales principalmente-, mientras que el 64 por ciento son entidades caritativas de reparto, que distribuyen alimentos a familias.

En coordinación con el Área de Servicios Sociales, más de 36.000 personas necesitadas de ayuda alimentaria han sido derivadas a entidades benéficas colaboradoras con la Fundación Banco de Alimentos de Madrid para que fueran atendidas.

Las previsiones, según esta organización, apuntan a que las cifras de personas que necesitan ayuda podrían empeorar, a pesar de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital y de la recuperación parcial de la actividad económica, ya que muchos hogares seguirán sin poder afrontar sus gastos básicos.

Muchos trabajadores pobres han empezado a solicitar ayuda económica para
pagar el recibo de la luz y el abono de transporte, ya que no tienen ni
para incorporarse a su puesto de trabajo.

La demanda de comida se ha incrementado más de un 40 por ciento y el Banco de Alimentos ha pasado de distribuir 1,4 a cerca de 2 millones de kilos al mes en la actual crisis.

Los bancos de alimentos está suponiendo un importante reclamo publicitario para los grandes bancos y multinacionales, cuyas “generosas donaciones” son ampliamente publicitadas por los medios de comunicación.

La pobreza aumentará en la Comunidad de Madrid, dado que el paro se ha incrementado a 3.800.000 personas y cerca de 4.000.000 de personas están en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

El año pasado una de cada seis personas vivía bajo el umbral de la pobreza en la región madrileña, el 19 por ciento del total de la población, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

La era del dólar estadounidense está llegando a su fin

La era del dólar estadounidense está llegando a su fin, según Stephen Roach, investigador de la Universidad de Yale y antiguo presidente de Morgan Stanley para Asia

Roach predice una caída adicional del 35 por ciento de la moneda estadounidense frente a sus principales rivales, citando un aumento del déficit nacional de los Estados Unidos y una fuerte caída de los ahorros.

El economista fue entrevistado el lunes en el programa “Trading Nation” de la cadena CNBC y reiteró sus pronósticos en un editorial que escribió para la agencia Bloomberg.

El dólar dejará de ser la principal moneda de reserva internacional y su colapso no es consecuecia ni la pandemia ni de del confinamiento, asegura Roach. La economía de Estados Unidos ya estaba en decliva antes de la pandemia. El proceso se inició con el imparable ascenso de China y el alejamiento de Estados Unidos de sus tradicionales socios comerciales.

La moneda china, el yuan, es cada vez más atractiva para los inversores a medida que Pekín atraviesa una fase de reformas estructurales que podrían cambiar la economía industrial de China hacia una economía más orientada a los servicios y al crecimiento del consumo.

La posición del dólar, el índice del dólar estadounidense se ha debilitado en los últimos 30 días, con una caída del 3,9 por ciento pero un ligero aumento durante el año, de un 0,1 por ciento. El índice mide el dólar frente a una cesta de seis monedas rivales, entre ellas el euro, la libra esterlina y el yen.

Si bien un dólar más débil podría beneficiar las exportaciones a corto plazo, resultaría más problemático a largo plazo.

Un dólar más débil repercute en los activos y el mercado de valores, incluidos los índices Dow Jones y S&P 500, ya que la mayor parte de la deuda está denominada en dólares. Además, la mayor parte de la financiación exterior y el comercio internacional está denominada en dólares.

A un panorama tan negro se suma el déficit presupuestario de Estados Unidos está desatado desde hace décadas.

9.000 detenidos y 1,2 millones de euros en multas: estado de alarma = estado de terror policial

El estado de alarma ha alarmado a todo el mundo. Ha sacado a la policía a la calle como en los peores tiempos del franquismo y se ha cerrado -de momento- con más de 9.000 detenidos y casi 1,2 millones de euros en sanciones, la mayor parte de la cuales se impusieron ilegalmente.

Durante estos meses, saltarse el confinamiento ha comportado propuestas de sanción que puede conllevar multas desde los 600 euros por desplazamientos no autorizados hasta los 10.400 por organizar o participar en actividades de grupos que suponen riesgo de contagio.

Apenas comenzado el estado de alarma, las redes se llenaron de vídeos con brutales palizas de la policía, un espectáculo idéntico a los estados de excepción del franquismo.

El PSOE llegó al gobierno como de costumbre, aparentando que estaba en contra de la Ley Mordaza porque suponía “una vuelta al Estado policial” (1) y lo mismo cabe decir de ese tinglado llamado Podemos, que prometió derogarla en cuanto ocuparan sus sillones (2).

Luego unos y otros se olvidaron de la Ley Mordaza y, lo que es peor, se convirtieron en sus máximos impulsores, lo que ha llegado al paroxismo con la cuarentena, donde los policías han actuado como verdaderas bandas de matones.

Hasta las ONG más babosas se dirigieron al gobierno para denunciar que la policía estaba recurriendo a “un uso desproporcionado de la fuerza”.

La policía ha inundado a las personas con detenciones, palizas y denuncias y las ONG han inundado a la policía con papeles que no servirán para nada.

(1) https://www.psoe.es/participa/no-a-la-ley-mordaza/motivos-para-decir-no-a-la-ley-mordaza/
(2) https://podemos.info/podemos-rechaza-la-ley-mordaza-y-se-compromete-a-derogarla

Comienza el juicio por el primer asesinato de un político alemán por los nazis desde el III Reich

El asesino nazi Stephan Ernst
El alto dirigente regional cristianodemócrata Walter Lübcke fue asesinado en 2019 por un grupo de neonazis por su postura favorable a la emigración.

El juicio contra el asesino comenzó el martes en un tribunal regional de Frankfurt, con la comparecencia del principal sospechoso, el nazi Stephan Ernst.

La muerte violenta de Lübcke, político de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de la canciller Angela Merkel, encendió las alertas en Alemania por la violencia nazi ese año, en el que se registró un incremento importante de los crímenes fascistas.

La Fiscalía alemana presentó el pasado abril la acusación formal contra Ernst, a quien le imputa haber acudido a la casa de Lübcke la noche del 1 de junio de 2019 con el propósito de asesinarlo, motivado por la defensa del político de la política alemana de acogida de refugiados.

Tras reconocerle sentado en la terraza de su casa, se acercó y lo mató de un disparo a escasa distancia.

En su escrito, la Fiscalía considera que Ernst actuó por “racismo y xenofobia”, movido por su ideario nazi. Además, cree que no actuó solo y se presentó una acusación por presunta complicidad contra Markus H., quien le habría suministrado el arma con la que cometió el asesinato.

Los dos estuvieron presentes en la primera sesión del juicio del martes, de las 30 previstas en este proceso que ha devuelto la atención sobre aquel suceso, con el trasfondo de otros casos similares en los últimos meses que han puesto de relieve la asociación entre el terror y el fascismo.

https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/comienza-juicio-por-asesinato-de-pol

‘Primero te encarcelan y luego ya buscarán los motivos’, afirma el portavoz del Movimiento Antirrepresivo de Madrid

Marco Fernández es el portavoz del Movimiento Antirrepresivo De Madrid, la organización que ha dado a conocer el caso de Dani Gallardo. Este joven de 22 años ha pasado más de 7 meses en prisión preventiva por solidarizarse con el pueblo catalán. Junto a 4 personas, fue detenido el 16 de octubre en una de las protestas post-sentencia. Durante la crisis del coronavirus salió la petición de la Fiscalía sobre su caso: 6 años de cárcel y una multa de más de 6000 euros. La suspensión de las visitas a los centros penitenciarios dificultó la comunicación con los presos. Ahora, el Movimiento Antirrepresivo De Madrid intenta seguir dando voz a la lucha de Dani Gallardo.

¿Cómo fue la detención de Dani Gallardo?

Tanto nosotros como diferentes colectivos de Madrid organizamos una respuesta contra la sentencia de los líderes independentistas catalanes. Lanzamos una convocatoria para el 16 de octubre en la Puerta del Sol, dos días después que saliera la resolución. Fue una protesta exitosa que transcurrió sin prácticamente incidentes. Tan solo hubo un par de neonazis que intentaron boicotear la concentración, pero se los expulsó sin ningún problema. Cuando dimos la manifestación por terminada, de manera espontánea, se decidió improvisar una protesta dirigida al congreso. Más de 1000 personas salieron de la Puerta del Sol al grito de “Aquí están los antifascistas” y “Solidaridad con el pueblo catalán”. Ya por el camino los antidisturbios se pusieron a cargar y a reprimir duramente aquella manifestación. La actuación policial fue bastante violenta, como de costumbre. Esa noche hubo 4 detenciones, entre ellas las de Dani y Elsa, la chica con la que había acudido a la concentración.

Y aquí entráis vosotros…

Bueno, nos empezaron a llegar noticias de las detenciones e intentamos averiguar quiénes eran y que necesitaban. Aun así, los casos de aquel octubre fueron inusuales. Normalmente, los detenidos en protestas suelen formar parte de algún colectivo, están dentro de alguna plataforma. Esto nos hace relativamente más sencillo el trabajo de solidaridad más inmediato. Nos ponemos en contacto con dicha organización y pactamos el camino a seguir, ayudando en lo que haga falta. En esos casos tenemos alguien a quien dirigirnos. Sin embargo, muchos de los detenidos durante aquel mes no formaban parte de ningún colectivo. No sabíamos quien eran esas personas. Nos encontramos con que no sabíamos nada: nada de nada.

Entiendo que esto dificultó vuestro trabajo

Básicamente. Lo cierto es que tuvimos mucha suerte durante el proceso. Nosotros lo que hicimos fue lanzar mensajes en redes sociales explicando que había habido detenciones y que no sabíamos quien eran aquellas personas. Pedimos a todo aquel que tuviera alguna noticia o alguna sospecha que nos contactara. De este modo nos empezó a llegar información de amigos perdidos, de chicos detenidos, hasta que acabamos dando con ellos. En el caso de Dani Gallardo podríamos decir que se nos alinearon los astros. Un compañero de Dani se enteró de los hechos y contactó con un abogado amigo suyo a quien nosotros ya conocíamos. Eso nos ayudó un poco.

¿En qué sentido?

La comunicación era mucho mejor. Teníamos alguien a quien dirigirnos. Al día siguiente nos pudo informar de que tanto Dani como Elsa iban a declarar. Él mismo nos informó de que iban a dictar prisión provisional por Dani. Cuando supimos esto, desde Movimiento Antirrepresivo De Madrid nos pusimos en contacto con otros amigos de Dani para dar a conocer su situación.

¿Cómo fue la adaptación de Dani en la cárcel?

La verdad es que, en este sentido, la personalidad de Dani es una suerte. Él es una persona bastante positiva, alegre y animada. Tiene muy buen ánimo y mucha entereza para casi todo, incluso para enfrentarse a lo que se está enfrentando. Ha encajado muy bien con los otros presos. Aun así se nos ha informado de que el trato con los funcionarios no es siempre tan correcto. Creemos que Dani ha sido tratado diferente por el hecho de ser un preso político. Por ejemplo, cuando estuvo en comisaría recibió maltratos por parte de los policías allí presentes. Vejaciones y humillaciones dirigidas a ellos únicamente por temas políticos. Además, algún funcionario ha increpado a Dani por el tema de las cartas. Cuando entró en prisión, nosotros subrayamos la importancia de la solidaridad con Dani. De hecho, es el preso que más cartas recibe del módulo, con diferencia. Tenemos constancia que se le ha preguntado por qué él recibe tantas cartas o que quien es él para que le escriba tanta gente. Ya no es que lo digamos solo nosotros. Hay muchos organismos y plataformas internacionales que han denunciado el carácter sistémico de la tortura en las comisarías y cárceles españolas. Esto es una cosa que la gente no conoce, niega y dice que es mentira.

¿Habéis tenido ningún impedimento legal para hablar o ver a Dani?

Obviamente ha existido el problema de comunicación. Nosotros prácticamente no nos comunicamos directamente con él, normalmente su novia nos hace de intermediaria. Le escribimos muchas cartas y algunas veces un compañero nuestro que es abogado lo vista en representación del Movimiento. Pero creemos que si no ha habido más impedimentos es únicamente porque sería entrar en la ilegalidad. Aun así, sí que es cierto que hubo algunos problemas con algunas de las cartas. Para que alguien pueda visitar a Dani en la prisión, él tiene que hacer una autorización des de dentro. Una de las cartas que se le mandó llevaba nombres y teléfonos de personas, para que él pudiera hacer este trámite, y por algún motivo no le llegó nunca.

¿En qué estado se encontraba el proceso judicial antes de la pandemia?

Dani aún no había sido juzgado, ni siquiera había salido la petición de Fiscalía. Estaba todo en la fase de instrucción. Eso sí, se han negado una y otra vez a darle la libertad. Esta prisión preventiva no se sostiene por ningún lado. Las pocas pruebas que hay son las aportadas por agentes y atufa por todas partes a montaje policial. Cuando judicialmente se decreta la provisional, se intentó recurrir. La respuesta se basó en argumentos como que su padre vive en Cádiz, que no se entiende muy bien que tendrá a ver. Obviamente el riesgo de fuga es al extranjero, no que te vayas a ir a Cádiz. Y eso que se ha demostrado que Dani estaba plenamente establecido en Madrid. Allí tenía un contrato de alquiler, un contrato laboral, su pareja, sus amigos… Se volvió a pedir la libertad provisional y se lo volvieron a denegar. De hecho, esta segunda vez aún fue más grave, porque el juez se ventiló la demanda en cinco líneas. Sin apenas argumentos. La única razón que dio para mantener a Dani en prisión fue literalmente que “lo que había hecho era muy grave”. Dani es inocente, no se ha demostrado que haya hecho nada. No ha sido juzgado y, según nos lo venden, no debería ser culpable. Aun así, el juez está dando por buena la versión de la policía y la Fiscalía, usando sus pruebas por mantener a Dani en prisión.

¿Consideráis que se está haciendo un mal uso de la prisión provisional?

Sin entrar a valorar la figura de la prisión provisional, creemos que en este caso se está usando claramente de modo arbitrario e injustificado. Dani es un chivo expiatorio, una cabeza de turco, con la que el estado ha querido mandar un mensaje, un aviso para navegantes. Es evidente que se ha querido propagar el miedo para ahogar todas las muestras solidaridad y rebeldía con el pueblo catalán. Este caso es otro ejemplo del estado de excepción permanente en el que vivimos y la falta de derechos totales. El caso de Dani es el modus operandi de la represión española: primero te encarcelan y luego ya buscarán los motivos. Aun así, como suele ocurrir muchas veces, ese terror solo se transforma en más solidaridad. Acaba cayendo en su contra. Aquí es donde entra nuestro trabajo de difusión para hacer llegar los casos a todo aquel que no los conozca. Denunciándolos se pone aún más al descubierto la verdadera cara antidemocrática y autoritaria del régimen español y la gente sale más a la calle.

¿Cómo está viviendo la pandemia Dani, dentro de la cárcel?

Hemos estado preguntando y afortunadamente está bien. Dani no ha tenido problemas de salud, al parecer. Él está tranquilo, no ha habido ningún caso de coronavirus en el centro y no ha habido mayor problema. Al principio le afectó un poco anímicamente, porque si la situación ya es rara para todos, vivirla dentro de la cárcel y estar lejos de los tuyos lo hace aún más difícil. Además, nada más empezar todo esto, suspendieron las visitas a los presos. Aunque mentalmente esto le afectó ahora ya está mejor.

La relación no debe ser la misma…

No. De hecho, des del principio de la pandemia reclamamos poder volver a hacer visitas, o establecer nuevas vías de contacto con los reclusos. Nosotros y un montón de plataformas de derechos de los presos. Podemos entender que suspendan las visitas vis a vis, pero no las visitas en locutorio. ¿Qué vas a contagiar haciendo una visita a través de un cristal de 5 cm de grosor? Hemos hecho muchas propuestas. Se ha reclamado, por ejemplo, poder hacer videollamadas, o que las llamadas por teléfono sean gratuitas. Aun así, no ha habido mucha suerte.

¿Como afrontáis el futuro juicio de Dani?

Sin ideas concretas, no hemos hecho ningún balance. De hecho, la primera vez que pedimos la revocación de la prisión provisional, recuerdo que estábamos convencidos de que lo iban a soltar. Fue un varapalo y ahora mismo no queremos vaticinar nada, pero optimistas no somos. Hay que tener en cuenta que aquellos días en Cataluña hubo hasta 40 personas encarceladas provisionalmente. Me acuerdo de que el ministro Grande-Marlaska salió a decir públicamente, sin un ápice de vergüenza, que estarían en prisión mientras duraran las protestas. Vamos, reconoció que eran rehenes para chantajear al pueblo catalán para que cesaran las movilizaciones. Efectivamente fue así, cuando pararon las manifestaciones empezaron a salir los 40 que había más o menos. Ahora mismo salvo los dos chicos magrebíes que están en un CIE, ya no queda ninguno. Sin embargo, Dani no, a él le han mantenido. El estado se ve en minoría en Cataluña y tiene que ceder un poquito. Sin embargo, en Madrid no se puede permitir regalar ni un milímetro de terreno. Van a ir a por todas hasta el final. Por eso, siete meses después, Dani sigue en prisión sin ser juzgado y, por eso, nos seguiremos manifestando.

https://noticiesentrereixes.wordpress.com/2020/06/07/primero-te-encarcelan-y-luego-ya-buscaran-los-motivos/

La corrupción sindical en Argentina

Los sindicatos son una de las organizaciones más influyentes de Argentina. Cerca de 40 por ciento de la fuerza de trabajo está afiliada a algún sindicato.

No obstante, su poder económico reside en que administran los planes de salud de sus afiliados, un negocio bastante lucrativo.

Muchas de ellas tienen, además, fuertes vínculos con políticos, así como con asociaciones y clubes de fútbol, que posibilitan actividades como la reventa de entradas, la compraventa de jugadores y el control de los aparcamientos del estadio, actividades que a menudo están vinculadas al blanqueo de dinero negro.

En 2018 el fiscal Sebastián Scalera emitió una orden de deteción contra Pablo Moyano, dirigente del sindicato de camioneros y vicepresidente del equipo de fútbol Independiente. El fiscal le acusaba de dirigir una organización ilegal que lavaba dinero en cooperación con la “barra brava”, los hinchas de Independiente.

A través de la cuenta del club en Liechtenstein el grupo blanqueó 30 millones de dólares, según informó Clarín.

Sólo unos días más tarde el juez Luis Silvio Carzoglio puso en libertad a Moyano por falta de pruebas.

Pablo Moyano es hijo de Hugo Moyano, uno de los más poderosos dirigentes sindicales de Argentina. Hugo y otros miembros de su familia también están acusados de corrupción, lavado de dinero y evasión de impuestos.

Desde 2015 al menos cuatro importantes dirigentes sindicales han sido investigados y encarcelados por corrupción. Contra muchos otros se iniciaron investigaciones penales.

Aquel año Macri llegó a la presidencia con el propósito de acabar con la corrupción sindical, aunque en realidad lo que trataba era de imponer una reforma económica, para lo cual había que poner a los sindicatos contra las cuerdas.

El imperialismo pone precio a los dirigentes activos de las FARC

El Departamento de Estado ha anunciado una recompensa a cambio de cualquier información que lleve a la detención y condena de Iván Márquez y Jesús Santrich.

El primero ya tenía un precio de cinco millones, que fue aumentado ayer.

A finales del acuerdo “de paz” de 2016 entre el gobierno de Bogotá y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 13.000 excombatientes fueron desarmados y los renegados se transformaron en un partido político.

El gobierno de Colombia calcula el número de combatientes activos de las FARC en 2.300, capitaneados por Márquez, que era el número dos de la organización y su principal negociador.

En agosto Márquez anunció que tomaba las armas de nuevo para unirse a ellos, como ya lo había hecho Jesús Santrich. Este último había pasado a la clandestinidad el año pasado cuando Estados Unidos exigió su extradición.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, lanzó una acusación típica contra ambos: tráfico de drogas y apoyo al gobierno de Venezuela.

Actualmente el grupo guerrillero opera sin un comando unificado, según el gobierno de Bogotá.

El miércoles en una operación contra las FARC en el centro de Colombia, seis soldados murieron y ocho resultaron heridos al caer en una emboscada, según anunció el ejército.

La operación se llevó a cabo en el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta (centro), según el comunicado del ejército. «Los soldados heridos fueron atendidos por el personal médico de la unidad y evacuados por avión», dijo el ejército, prometiendo «investigaciones» para «determinar las circunstancias» que llevaron a la muerte de los soldados.

El país sudamericano sigue viviendo una guerra de guerrillas que, en más de cincuenta años, se ha cobrado casi nueve millones de víctimas, muertos, desaparecidos y desplazados.

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