El miércoles Civilian Probe presentó informe al Fiscal General y al Ministro de Sanidad de Israel exponiendo una cadena de fallos y críticas legales y éticas a la campaña de vacunación.
Lo mismo que en otros países, el gobierno de Tel Aviv ha ocultado su relación con Pfizer, denuncia Civilian Probe, por lo que “no es posible analizarlo jurídicamente ni comprender plenamente sus implicaciones para la salud pública… Este encubrimiento arroja una pesada sombra sobre cualquiera que participe en las negociaciones” entre Israel y Pfizer.
“Para generar un demanda de la vacuna [entre la población], el gobierno y el Ministerio de Sanidad lanzaron una campaña agresiva sin precedentes, destinada a que los israelíes se apresuraran a vacunarse”. En el curso de la campaña se ignoraron todas las normas básicas de prudencia y ética médica, y con ellas también las directrices clave formadas después de la Segunda Guerra Mundial en relación con la participación en juicios médicos. En lugar de explicaciones transparentes y claras, la población ha sido engañada por las repetidas declaraciones oficiales de que las vacunas fueron “aprobadas por la FDA” después de pasar “pruebas rigurosas”, lo cual es falso.
“Los sistemas de vigilancia que detectan los efectos secundarios son un requisito fundamental y crítico para conceder la aprobación del uso masivo de cualquier nuevo fármaco y, por supuesto, cuando se administra una operación masiva de un tratamiento definido como experimental a millones de personas, y especialmente cuando ese tratamiento se administra a todo un país”. Sin embargo, Israel no tiene ningún sistema de control.
“Por un lado, el Estado no ha informado a los ciudadanos de que la vacuna de Pfizer se encuentra en una fase experimental que aún no ha finalizado, y que en esta fase están participando realmente en el experimento. Por otro lado, el Estado no ha mantenido sistemas de control y seguimiento transparentes y accesibles al público. Por lo tanto, hay una fuerte sospecha de que esta omisión crítica y negligente proviene de: (a) el temor de que dicha divulgación pueda interferir en la consecución de los objetivos que puede implicar el acuerdo entre Israel y Pfizer, o (b) el temor de que se reduzca la demanda del número excepcional de vacunas que han sido compradas previamente por Israel, y (c) el temor de que se revelen resultados poco halagüeños del experimento realizado en Israel”.
La falta de un sistema de vigilancia no sólo es un crimen potencial contra el pueblo israelí, sino quizás también un crimen contra el resto del mundo, es decir, contra la humanidad. “En ausencia de un sistema de seguimiento transparente que informe sobre los efectos secundarios, no sólo el gobierno israelí y el Ministerio de Sanidad han fallado a los ciudadanos al proporcionar información engañosa, sino que el gobierno israelí ha fallado a Pfizer y al resto del mundo, que está esperando los resultados de un experimento en el mundo real”.
Para despejar cualquier duda, el Civilian Probe alerta al Fiscal General de Israel sobre el posible acto criminal que supone la política de vacunas del gobierno. “Se trata de un intento de engaño, presuntamente delictivo, que debería ser investigado a fondo antes de que el Fiscal General autorice al gobierno israelí a seguir adelante con la supuesta campaña de engaño a los ciudadanos de Israel y del mundo”.
Civilian Probe intenta llenar el gran agujero creado por la falta de un sistema de vigilancia estatal. “Una revisión de los datos de mortalidad publicados por el gobierno muestra que existe una correlación entre el número de vacunaciones y el número de muertes. El exceso de mortalidad es notable en personas de hasta 70 años y también en adultos de más de 70 años, y se mantiene incluso después de compensar las muertes atribuidas al coronavirus. En la población mayor de 70 años -en enero de 2021- se observa un exceso de mortalidad del 19,5% respecto a octubre de 2020 -mes con los datos más altos de coronavirus- y del 22,4% respecto a enero de 2020. En la población más joven, se observó un exceso de mortalidad del 7% en enero de 2021 en comparación con octubre de 2020, el mes con los datos más altos de la corona, y del 7% en comparación con enero de 2020. Cabe destacar que esta tendencia también se mantiene el mes siguiente”.
En Gran Bretaña y Estados Unidos también se ha detectado una correlación entre la vacunación masiva y la muerte. Sin embargo, mucho más problemático es el ámbito de los efectos secundarios, algo que los gobiernos, la OMS, la corrupta industria farmacéutica y, por supuesto, los gigantes de las redes sociales intentan censurar.
Civilian Probe ha elaborado un informe sólido sobre los efectos secundarios de las vacunas de Pfizer, con una tabla en la enumera sus conclusiones: “Hay casi 200 muertes, y eso sólo mirando unos 800 informes de efectos secundarios graves”.
Alrededor del 25 por ciento de las muertes se producen en personas menores de 60 años. El 15 por ciento de ellos tienen menos de 50 años. 7 de los fallecidos son jóvenes, menores de 30 años. Además, el estudio identificó 27 casos de problemas cardíacos en personas menores de 60 años, incluidos 24 casos en jóvenes de 17 a 30 años. En cuanto a las cuestiones relacionadas con las complicaciones médicas femeninas (incluidas las complicaciones del parto, el retraso o la irregularidad de la menstruación, etc.), cabe señalar que hay unos 200 informes adicionales que aún no se han incluido en las conclusiones de Civilian Probe.
