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«Cuando el Estado se retira, debe tomar el testigo el sector privado». Parece una frase manida y rebuscada, pero es lo que exactamente está pasando en los territorios valencianos afectados por las tormentas de estos días. Grandes gigantes de la tecnologías o de las finanzas han sacado su faceta más altruista justo en el momento en que la Administración parece haberse retirado. Leer más
La ruptura de las relaciones entre Francia y Níger, que comenzó en julio del año pasado con la salida de las tropas francesas del territorio nigerino, está experimentando un nuevo giro. El enfrentamiento se desarrolla en el terreno económico, con el uranio en juego, un recurso estratégico del que Níger es uno de los principales productores mundiales. Después de décadas de presencia francesa en el sector minero nigerino, el nuevo gobierno de Niamey se ha comprometido a redefinir las reglas del juego, en particular retirando algunos permisos de explotación a la empresa francesa Orano, antigua Areva, y expresando su deseo de diversificar sus asociaciones hacia Rusia, Irán y Turquía.
Níger prepara una revolución en su sector minero. La creación de la Compañía Nacional de Uranio Timersoi (TNUC) marca el primer paso en esa transformación. El nuevo ente público simboliza el deseo del nuevo gobierno de recuperar el control sobre sus recursos naturales. La estrategia se manifiesta también en el compromiso de la Sociedad Patrimonial de las Minas de Níger (Sopamin), que acaba de anunciar la adquisición de 210 toneladas de uranio, una decisión que refleja la determinación de Niamey de mantener la actividad minera bajo su control directo.
Ante los cambios, Orano, empresa heredera de la presencia colonial francesa que se remonta a 1971, se encuentra en una situación delicada. El grupo, que solo mantuvo un sitio activo tras el cierre de Akokan Mines Company en 2021, ha anunciado la suspensión de su producción. Esta decisión, en vigor desde el 31 de octubre, se produce en un contexto tenso marcado por la retirada en junio del permiso de funcionamiento del yacimiento de Imouraren. En el centro de la crisis, siguen bloqueadas más de 1.000 toneladas de concentrado de uranio, con un valor estimado en 300 millones de euros. Orano quiere exportarlas a Francia o Namibia, pero en Niamey cuestionan la opción, denunciando una decisión unilateral que socava la administración de la Sociedad de Minas del Air (Somair), de la que Orano posee el 63,4 por cien de las acciones.
El cese de las actividades de Orano podría marcar un punto sin retorno en las relaciones económicas franco-nigerianas, una situación que plantea interrogantes sobre el futuro de la minería en Níger. El cierre progresivo de las instalaciones explotadas por Francia, combinado con la creación de una nueva empresa pública y la búsqueda activa de nuevos socios internacionales, dibuja los contornos de una nueva era. La gestión de los recursos naturales se convierte así en el símbolo de una transformación importante en África occidental, donde las antiguas potencias coloniales ven disminuir su influencia en favor de nuevas alianzas estratégicas.
El cobre se consolida hoy como el metal estrella del siglo XXI. Este material, conocido desde la Antigüedad por su maleabilidad y resistencia, está experimentando un verdadero renacimiento en la era de la transición energética. Su creciente importancia estratégica lo han convertido en objeto de todos los deseos en los mercados mundiales.
El cobre, con sus propiedades únicas de conductividad eléctrica, se ha vuelto esencial en los planes europeos de transición energética. Desde turbinas eólicas gigantes hasta paneles solares de alta tecnología y baterías de vehículos eléctricos, este metal está omnipresente en las tecnologías verdes. Un parque eólico marino de tamaño medio puede contener hasta 200 toneladas de cobre, mientras que un solo coche eléctrico requiere alrededor de cuatro veces más cobre que un vehículo de combustión convencional.
El aumento exponencial de la demanda se refleja en la evolución de los precios. En el transcurso de una década, su precio se ha más que duplicado en los mercados internacionales, alcanzando máximos históricos.
Pero la importancia del cobre no se limita al sector de las nuevas energías “limpias”. Sigue siendo un componente esencial en la construcción, la electrónica de consumo y la infraestructura de telecomunicaciones. El despliegue masivo de 5G y la proliferación de centros de datos para respaldar la inteligencia artificial y la computación en la nube también son factores que impulsan la demanda. Se estima que un solo centro de datos de tamaño mediano puede requerir hasta 100 toneladas de cobre para su cableado y equipos.
Frente a este creciente apetito, la oferta mundial de cobre lucha por mantenerse al día. Los depósitos fácilmente explotables son cada vez más escasos, lo que obliga a los fabricantes a recurrir a minas más profundas y con una menor concentración mineral. El contenido promedio de cobre de los minerales extraídos ha caído casi un 30 por cien en las últimas dos décadas, lo que encarece la extracción.
Por sí solos Chile y Perú aportan casi el 40 por cien de la producción mundial de cobre, que intenta buscar en el reciclaje una solución parcial pero prometedora. A diferencia de otros materiales, el cobre se puede reciclar indefinidamente sin perder sus propiedades. Actualmente, alrededor del 30 por cien de la demanda mundial se cubre con cobre reciclado, proporción que podría alcanzar el 50 por cien en 2040.
Están surgiendo tecnologías de reciclaje innovadoras que permiten recuperar el cobre en productos complejos, como tarjetas electrónicas o baterías usadas. Estos avances podrían ayudar a reducir la presión sobre el mercado.
La necesidad de acelerar el desarrollo de la producción de metales en los próximos años está presionando a la industria minera, a causa de la crisis internacional y la ruptura de las cadenas mundiales de suministros, lo que pone en peligro el suministro de metales estratégicos.
Además de las sanciones a Rusia existen otras tensiones, en particular el bloqueo a China y las nacionalizaciones en países como Chile, donde el gobierno se ha apoderado de las minas de litio.
La desaceleración de la economía mundial ha bajado los precios de algunos minerales. El precio del litio ha bajado un 70 por cien, el del cobalto un 36 por cien, el del níquel un 20 por cien, mientras que los del cobre y el acero se han mantenido estables. Esta caída de precios complica las nuevas inversiones.
No obstante, la caída de los precios es engañosa porque la tendencia a largo plazo es alcista, como ya explicamos en una entrada anterior.
El problema de fondo es la interrupción del suministro por el impacto de lo confinamientos, las sanciones a Rusia, el aumento de los precios de la energía y los desafíos logísticos y de transporte.
Indonesia ha decidido suspender sus exportaciones de níquel y otros metales para alimentar su producción local y ascender en la cadena de valor minera, por ejemplo con la producción de baterías para vehículos eléctricos.
El país minero por excelencia, Australia, tiene otros problemas añadidos, como la jubilación de una fuerza de trabajo cualificada. El país austral tiene hoy más puestos vacantes que en cualquier otro momento de su historia. Lo mismo ocurre en otros países. En 2022 se debían cubrir 36.000 puestos de trabajo en la minería estadounidense, frente a los 27.000 del año anterior.
El movimiento palestino Hamas advierte sobre los planes del gobierno israelí y los colonos para obligar a los palestinos a abandonar sus aldeas en la Cisjordania ocupada.
El sábado un alto dirigente de Hamas, Mahmoud Mardawi, dijo en una declaración oficial: “Advertimos sobre el grave peligro que plantean los planes del gobierno de ocupación extremista y los grupos de colonos ilegales para desplazar a los residentes de las aldeas palestinas en la Cisjordania ocupada”.
Mardawi asegura que las acciones actuales en áreas como Masafer Yatta, el Valle del Jordán y aldeas alrededor de Nablus, Salfit y Ramallah constituyen un “plan serio dirigido a la presencia palestina en la Cisjordania ocupada”.
El dirigente palestino añadió: “La ocupación busca cambiar la realidad demográfica y completar su plan de anexión de Cisjordania, que ya ha resultado en la confiscación de miles de hectáreas de tierra palestina a lo largo de los años”.
Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza el 7 de octubre del año pasado, las tropas y los colonos han llevado a cabo más de 16.663 ataques en Cisjordania, desplazando a 28 comunidades beduinas palestinas, según la Comisión de Resistencia a los Asentamientos Palestinos.
Fuentes israelíes estiman que más de 720.000 colonos ilegales residen en Cisjordania, incluida la ocupada Jerusalén Oriental.
Desde entonces, al menos 767 palestinos han muerto y 6.300 han resultado heridos por los disparos del ejército israelí en Cisjordania, según el Ministerio de Sanidad palestino.
En julio del Tribunal Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos y pidió la evacuación de todas las tropas israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental.
El principal mercado mundial de diamantes está en la ciudad belga de Amberes que, como consecuencia de las sanciones a Rusia, atraviesa una crisis tan grave que los traficantes locales no descartan una interrupción inminente y total de sus actividades.
Las importaciones de diamantes en bruto cayeron un 38 por cien sólo en los primeros nueve meses de este año. Durante la última década, esta cifra ha sido del 70 por cien. El comercio de diamantes tallados ha caído aproximadamente un 14 por cien en el último año y un 40 por cien en 10 años.
La mayor parte del descenso se produjo en el período posterior a la introducción de las sanciones contra Rusia. El mercado ya tenía serios problemas a largo plazo, pero ahora está al borde del colapso.
A finales del año pasado la Unión Europea prohibió la importación, compra y venta directa e indirecta de diamantes de origen ruso. La prohibición estuvo acompañada por la introducción de un sistema de seguimiento, aunque va a afectar mucho más a las empresas occidentales que a la industria rusa.
Bélgica encabezó la oposición a una prohibición total y en su lugar el 1 de marzo introdujo un mecanismo de rastreo, diseñado para cerrar cualquier posible laguna que Rusia pudiera explotar “sin perjudicar el comercio con Occidente”. Alrededor de un tercio de los diamantes que antes pasaban por Amberes procedían de Rusia.
El sistema belga de seguimiento ni siquiera va a ser nulo: va a ser un completo fracaso.
Los comerciantes de diamantes han descubierto que sus envíos ahora son retenidos durante largos períodos de tiempo en las aduanas, incluso cuando las piedras preciosas provienen directamente de productores africanos.
En septiembre entraron en vigor en la Unión Europea “requisitos de trazabilidad adicionales” que, según los traficantes de diamantes, conducirán a una pérdida aún mayor de la ventaja competitiva de Amberes.
“Las sanciones resultaron fatales para la industria del diamante de Amberes. Rusia no se vio realmente afectada por ello. Los rusos simplemente venden sus diamantes a otros centros, como Dubai o Sudáfrica. Pero Amberes se está derrumbando a causa de ello”, dice uno de los traficantes locales a un periódico local.
Las elecciones presidenciales y legislativas de Estados Unidos son un lujo muy caro: cuestan 16.000 millones de dólares. Son las más caras de la historia.
Las votaciones casi siempre las gana el candidato que invierte más dinero y mejor. Por lo tanto, quien tiene los donantes más generosos. Son padrinos que en lugar de especular en bolsa con acciones, especulan en elecciones con candidatos.
A principios de este año la Comisión Federal Electoral levantó una antigua prohibición de que los candidatos se coordinaran con colectivos, como los super PAC, que pueden gastar fondos ilimitados en las elecciones.
Los super PAC (Comités de Acción Política) son organizaciones que recaudan y gastan cantidades ilimitadas de dinero para apoyar u oponerse a los candidatos, pero hasta ahora no se podían coordinar directamente con sus campañas electorales. Fueron creados tras la sentencia del Tribunal Supremo en el caso “Citizens United v. FEC” en 2010, que permitió a las empresas gastar dinero en las campañas electorales.
Pueden recibir contribuciones de individuos y empresas, lo que les permite acumular grandes sumas de dinero. Sin embargo, deben informar públicamente sobre sus donantes y sus gastos. Esto ha llevado a un aumento significativo en el gasto de las campañas electorales, ya que los super PAC pueden influir en las elecciones a través de publicidad y otras formas de promoción.
Los donantes de fondos son como una mochila cargada de piedras que el vencedor tiene que arrastrar a lo largo de su mandato por la Casa Blanca. La razón es muy simple: en una sociedad capitalista nada es gratis y los padrinos quieren recuperar su inversión.
En la actual carrera hacia la Casa Blanca, los grandes monopolios enfrentan dos futuros financieros diferentes, separados por la friolera de 250.000 millones de dólares al año. El monto potencial se debe a las políticas fiscales divergentes de ambos candidatos.
Kamala Harris promete revertir parcialmente el enorme recorte del impuesto de sociedades de Trump, mientras que éste dice que lo reducirá aún más.
La cifra de 250.000 millones de dólares se basa en estimaciones del banco Goldman Sachs, según el cual la propuesta de Trump de reducir el impuesto de sociedades del 21 al 15 por cien agregaría un 4 por cien a las ganancias del índice bursátil S&P 500.
El plan de Harris de elevarlo al 28 por cien recortaría los beneficios en un 5 por cien, según Goldman Sachs, y sus otras propuestas sobre el impuesto de sociedades recortarían otro 3 por cien.
El dinero nunca ha sido más cuantioso ni más audaz que en las elecciones presidenciales de este año, reconoce la agencia Bloomberg, y “no controlarlo podría fortalecer aún más la ya abrumadora influencia de los multimillonaros sobre el sistema político”.
Una empresa de inteligencia privada italiana que pirateó bases de datos gubernamentales para recopilar información sobre miles de figuras, incluidos políticos, empresarios y famosos, está acusada de trabajar para la inteligencia israelí y el Vaticano, informa el diario La Repubblica (1).
La investigación repite formatos muy conocidos, que empezaron con Pegasus y el Qatargate. Las escuchas telefónicas policiales filtradas a los medios italianos muestran que Equalize, que emplea a ex miembros de la inteligencia italiana, está acusada de piratear servidores del Ministerio y de la policía entre 2019 y 2024 para recopilar información.
Equalize recopiló numerosos archivos clasificados que contenían información confidencial sobre italianos destacados para venderla a sus clientes, incluidas grandes empresas y bufetes de abogados que buscaban la información para obtener una ventaja sobre sus competidores, ganar casos judiciales o para chantajear y extorsionar.
La Primera Ministra Meloni ha calificado el espionaje de “inaceptable” y de “amenaza a la democracia”.
Al menos cuatro personas han sido detenidas y decenas más están bajo investigación. Temiendo que Equalize pudiera haber obtenido secretos de estado, el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, ordenó una investigación parlamentaria urgente.
Corsetto añadió que la información personal robada era sólo la “punta del iceberg”.
Según las escuchas telefónicas filtradas, miembros de la red de piratas se reunieron con dos espías israelíes en la oficina de la empresa de inteligencia en Milán en febrero del año pasado para discutir un contrato por valor de un millón de euros.
Según un informe publicado el miércoles por el periódico italiano Corriere Della Sera, dos agentes de inteligencia israelíes no identificados fueron interceptados mientras visitaban la empresa de inteligencia.
La visita de los espías israelíes fue coordinada por Lorezo De Marcio, un alto funcionario de policía que trabajaba para la inteligencia italiana.
El trabajo implicó una operación informática contra objetivos rusos, incluida la “mano derecha” no identificada de Putin, y desenterrar el rastro financiero que iba desde las cuentas bancarias de personas adineradas hasta la unidad militar rusa Wagner. Luego se suponía que la información se transmitiría al Vaticano.
Según las escuchas telefónicas filtradas, los espías israelíes se ofrecieron a proporcionar documentos originales sobre el escándalo Qatargate, en el que diputados del Parlamento Europeo, cabilderos y sus familiares fueron sobornados para espiar y actuar en nombre de Marruecos y del Estado del Golfo.
Los israelíes también ofrecieron a Equalize información sobre el “tráfico ilícito de gas iraní con empresas italianas”, probablemente para favorecer a uno de sus principales clientes, la empresa de energía ENI.
Uno de los cuatro detenidos, Massimiliano Camponovo, le confesó al juez que teme por su seguridad y la de su familia. “Me pasaron los datos y yo hice los informes y los ejecuté”. Le habló de “una mano negra que mueve este sistema” (2).
Quiero salir” de esta mala situación y “aislarme de ambientes que no me conciernen”, le dijo Camponovo al juez.
Un joven informático que también fue detenido, Giulio Cornelli, se echó a llorar (3) y sólo declaró ante el fiscal. Le explicó que no se reconoce en la figura que le atribuyen las investigaciones, ya que no está involucrado en ningún contexto de asociación criminal, sino “en un asunto delicado y de contornos aún por determinar”.
Otras confesiones proceden del policía Marco Malerba, quien reconoció que tuvo acceso no autorizado a los datos, en el marco de una relación de “intercambio de favores” que le fueron solicitados por su jefe en la policía: Carmine Gallo.
El policía Marco Malerba también admitió ante el juez los accesos ilegales a la base de datos de la policía y a cambio recibió diversas recomendaciones, desde visitas médicas hasta lugares en restaurantes, además del pago de honorarios legales.
Otro de los informáticos detenidos es Nunzio Samuele Calamucci, uno de los socios de Equalize, que también se negó a hablar ante el juez.
Bajo el foco hay ocho empresas de diferente rango, según las tareas de espioniaje fueran más o menos arriesgadas. Las más conocidas se ocupan de la firma directa de contratos con empresas y particulares: Equalize, Mercury, Develope and Go (Dag) y Neis. Los demás (Servicios de Seguridad e Investigaciones del SKP, Skp Servizi di Sicurezza SRL, Ml mutiservice y la empresa individual Tutela del credit) actuaron como proveedores de segundo nivel.
En particular SKP se encargaba de las escuchas telefónicas ilícitas, como se desprende de una investigación anterior realizada por la fiscalía de Turín en 2022.
Fundada en 2018 por Enrico Pazzali, Equalize tiene como actividad principal la recopilación y procesamiento de datos, términos vagos que ocultan la penetración en bancos de datos estratégicos.
En 2019 el jefe de policía Carmine Gallo entró con una participación del 5 por cien y el 3 de diciembre de 2019 la Prefectura de Milán le concedió una autorización para la actividad de un instituto de información comercial y de investigaciones privadas.
Los clientes y la facturación de los espías fueron creciendo progresivamente. De la contabilidad presentada por Equalize de 2018 a 2023 se desprende un aumento continuo de ingresos: en 2020 más de 1,7 millones y el año pasado casi 2 millones.
El mercado del espionaje es muy próspero, hasta el punto de que Antonio Rossi, gerente de Osint Italia, se planteó abrir una sucursal de Equalize en Londres. Algunos sospechosos hablan de ello en las conversaciones intervenidas.
Los accionistas de Equalize planeaban el crecimiento de la empresa y Calamucci habla del trabajo pendiente en Inglaterra, donde opera un equipo de piratas informáticos coordinados por dos profesores que extraen datos secretos de la Interforce Ced del Ministerio del Interior.
(1) https://www.repubblica.it/italia/2024/10/30/news/chiesa_clienti_equalize_dossieraggi-423586803/
(2) https://www.startmag.it/cybersecurity/inchiesta-dossieraggi-a-che-punto-siamo-con-la-cybersecurity-in-italia/
(3) https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2024/10/31/gli-hacker-si-difendono-accusati-di-attivita-impossibili_b726d834-a74d-4bf7-b11e-a336f475d06e.html
Ayer comentamos el informe del ex presidente finlandés Sauli Niinistö, asesor especial de Ursula von der Leyen, en el que recomienda crear un servicio de inteligencia europeo.
Sería difícil encontrar alguien menos calificado que Niinistö para asuntos militares y, aunque la defensa sigue siendo competencia exclusiva de los Estados miembros, Ursula Von der Leyen ha creado el cargo de comisario europeo de defensa y, además, se lo ha concedido a un lituano: Andrius Kubilius.
En Europa las guerras quedan en manos de quienes no tienen ni la más remota noción de lo que es un ejército. Es posible que el motivo sea bastante obvio: la Unión Europea no es un Estado soberano sino una organización intergubernamental. En consecuencia, no puede ser objeto de agresión, es decir, la Unión Europea no necesita que defenderse de nadie.
Sin embargo, el informe que le presentó Niinistö le recomienda reforzar la preparación civil y militar de la Unión Europea, así como destinar el 20 por cien de su presupuesto, nada más y nada menos, al rearme y la militarización del Continente.
A Von der Layen los asuntos de defensa le entusiasman desde que fue ministra del ramo en su país, Alemania, tanto como le entusiasma crear nuevos cargos burócraticos para que sigan redactando informes, que se suman a las montañas de papeles que ya existen.
Incluso si la Unión Europea fuera agredida, bastarían unos pocos ataques de precisión en el distrito europeo de Bruselas para ajustar las cuentas con el tinglado institucional: el Consejo, la Comisión Europea y el Parlamento. Pues bien, en tal caso el país atacado sería Bélgica, no la Unión Europea.
Por eso Von der Layen nombra para los cargos europeos de defensa a personajes insignificantes. Con cinco millones de habitantes y neutral hasta hace poco, Finlandia es un país militarmente irrelevante, que sólo comparte intereses con los igualmente irrelevantes Estados bálticos y escandinavos.
Finlandia y los Estados bálticos comparten un mismo pasado negro: en 1941 fueron aliados de la Alemania nazi durante el ataque a la URSS y el odio histérico no ha remitido desde entonces. Buena prueba de ello es que, a imitacion de Bruselas, el gobierno de Helsinki ha “confiscado” terrenos que son propiedad del Estado ruso para pagar las compensaciones de guerra a Ucrania (*).
Suecia, potencia regional que ha renunciado a su tradicional neutralidad al unirse a la OTAN, se lo toma con más calma y no ve con buenos ojos las solicitudes de Polonia y del Báltico de colocar bombas nucleares de gravedad estadounidenses en sus territorios. La posibilidad de que se construyan de bases estadounidenses (de la OTAN) en Finlandia con capacidad de ataque de largo alcance no la llena de felicidad.
(*) https://www.europapress.es/internacional/noticia-finlandia-confisca-terrenos-propiedad-estado-ruso-compensaciones-guerra-ucrania-20241028142601.html
Las guerras modernas son asimétricas porque los imperialistas ponen el dinero y sus víctimas ponen los muertos. Su alcance no se mide por el número de muertos y heridos sino por el gasto necesario para mantenerla. Si un país no tiene dinero suficiente, es mejor que no emprenda ninguna aventura. Del mismo modo, las guerras se acaban porque el dinero se acaba.
Si las guerras fueran gratis, los imperialistas no las acabarían nunca. Los muertos no importan, sobre todo si son de algún país remoto que seríamos incapaces de situar en un mapa. En la de Vietnam murió un número tan elevado de vietnamitas que aún no se han podido contar. Los cálculos oscilan entre 1,5 y 3,5 millones, la mayor parte de ellos civiles. Pero sólo murieron 60.000 soldados estadounidenses. Por lo tanto, es posible que murieran 500 vietnamitas por cada estadounidense.
Por eso las guerras son asimétricas. Sólo los imperialistas que inician una guerra pueden acabarla y a ellos lo único que les importa es el dinero. En Vietnam gastaron una ingente cantidad de fondos: 738.000 millones de dólares. Desde el punto de vista contable, no compensa iniciar una guerra así porque es excesivamente cara… aunque la hubieran ganado.
Lo mismo ocurre en Oriente Medio. La agresión iniciada por el ejército israelí en el sur de Líbano a finales de septiembre le ha costado al gobierno de Tel Aviv casi 7.000 millones de dólares hasta la fecha.
En total, si contamos desde el año pasado, el precio pagado por Israel para mantener la guerra de exterminio contra los palestinos de la Franja de Gaza asciende a 27.600 millones de dólares, según Bezalel Smotrich, el nazi que dirige el Ministerio de Finanzas israelí.
La defensa antiaérea, que permite interceptar y destruir en vuelo algunos cohetes, misiles y drones disparados por Hezbollah, Hamas, los huthíes, las milicias irakíes e Irán, también resulta muy cara. Dependiendo de las diferentes baterías de interceptación utilizadas por el ejército, cada disparo cuesta entre 50.000 dólares y más de un millón de dólares.
La factura aumenta cada día que pasa sin retirarse del campo de batalla. A partir de aquí, todo son problemas para los agresores. El Fondo Monetario Internacional acaba de revisar a la baja sus nuevas previsiones de crecimiento económico: 0,7 por cien. El déficit presupuestario debería alcanzar el 8,5 por cien del PIB este año, casi el doble que el anterior. Las agencias internacionales como Moody’s, Standard & Poor y Fitch han bajado sus calificaciones…
El ejército israelí, que sufre una grave escasez de efectivos, se ve obligado a ampliar los períodos de reserva, que pueden alcanzar o incluso superar los 100 días al año. Según el Ministerio de Finanzas, la compensación salarial pagada a los reservistas llamados a filas asciende aproximadamente a 3.600 millones de dólares al año.
Si la guerra en varios frentes continúa, el Estado Mayor ha anunciado que tendrá que ampliar aún más los períodos de reserva, a riesgo de perturbar la gestión de personal en múltiples empresas, cuyos trabajadores están llamados a filas.
Enfrentado a considerables necesidades de efectivos, el ejército israelí quiere mantener su número. Desde octubre del año pasado han sido llamados a filas unos 300.000 reservistas, de los cuales casi una quinta parte estaban inicialmente exentos por tener más de 40 años. El número de bajas aumenta con 771 soldados muertos y 4.500 heridos desde el inicio de la guerra. Esta situación pone de relieve los límites de la maquinaria israelí de matar, que tradicionalmente depende de una fuerza activa de 170.000 soldados, complementados con reservistas.
La ampliación de los plazos de servicio provoca una ola de descontento entre los reservistas. Algunos denuncian públicamente el devastador impacto en sus vidas personales y profesionales. Las consecuencias económicas se sienten especialmente entre los trabajadores autónomos, obligados a cesar su actividad a pesar de las mínimas ayudas concedidas por el Estado. Un padre de dos hijos, que permanece en el anonimato, testifica haber perdido su trabajo después de pasar casi seis meses en Gaza en un año.
La situación pone de relieve la espinosa cuestión de las exenciones concedidas a los judíos ultraortodoxos. Estos últimos, que representan el 14 por cien de la población israelí, históricamente se han beneficiado de exenciones para realizar sus estudios religiosos. Alrededor de 66.000 hombres en edad militar están evadiendo así sus obligaciones militares, creando tensiones en la sociedad. El Tribunal Supremo ordenó recientemente su reclutamiento, pero los partidos ultraortodoxos, fieles lacayos de Netanyahu, se oponen firmemente a la decisión.
El debate adquiere una dimensión especialmente sensible, ya que seis voluntarios inicialmente exentos perdieron la vida en combate en el espacio de una semana en octubre, entre ellos un padre de diez hijos. Esta situación cristaliza las divisiones entre los diferentes fragmentos de la sociedad israelí: algunos piden un reparto más equitativo de la carga militar.
Esta semana se celebró por segunda vez un juicio contra una empresa de mercenarios presentado por tres irakíes detenidos en la prisión de Abu Ghraib en 2003. Los demandantes acusan a Caci, una empresa con sede en Virginia, que fue contratada por el gobierno de Estados Unidos para interrogar a los detenidos, de contribuir a la tortura de los detenidos en la prisión irakí. Se espera que el juicio dure entre cuatro y cinco días.
Tras 16 años de disputas legales -y más de 20 intentos de la empresa de mercanarios de cerrar el caso- el nuevo juicio comenzó el miércoles ante un Tribunal de Virginia, retomando el caso que un juez declaró nulo en abril. El jurado quedó en un punto muerto tras más de una semana de deliberaciones.
Las imágenes perturbadoras de soldados estadounidenses sonrientes posando junto a detenidos maltratados en Abu Ghraib conmocionaron al mundo a mediados de la década de 2000, pero los procedimientos de abril marcaron la primera vez que un jurado estadounidense escuchó directamente las denuncias presentadas por personas detenidas en el centro de torturas.
Los tres irakíes —un periodista, un director de escuela secundaria y un vendedor de frutas— hablaron ante el tribunal por videoconferencia a principios de este año sobre su experiencia de ser amenazados con perros, sometidos a descargas eléctricas y despojados de sus ropas. Asaad Hamza Hanfoosh Al Zubae, que estuvo preso en Abu Ghraib desde 2003 hasta 2004, dijo que creía que las personas que lo desnudaron y le tocaron los genitales eran oficiales civiles basándose en su vestimenta. “Me sentí muy avergonzado. Estaba llorando, gritando”, dijo al jurado. Al Zubae también acusó a los torturadores de amenazar con violar a su esposa.
Es raro que las personas que demandaron al gobierno de Estados Unidos por violaciones de derechos humanos vinculadas a la Guerra de Irak obtengan un juicio, ya que el Tribunal Supremo ha sentado un precedente que facilita el archivo las causas por motivos de seguridad nacional. “Caci ha planteado todos los desafíos legales imaginables”, dice Shirin Sinnar, profesora de derecho en la Universidad de Stanford. “Los obstáculos procesales son a menudo los que matan los casos. La mayoría de las personas que tienen reclamaciones poderosas por haber sufrido torturas nunca llegan al tribunal”.
Los demandantes, representados por el Centro de Derechos Constitucionales, presentaron una demanda en 2008 bajo la Ley de Agravios Extranjeros. Esta ley permite a los no ciudadanos presentar casos que involucran violaciones claras del derecho internacional, como la tortura, ante un tribunal federal estadounidense cuando existe una conexión sustancial con Estados Unidos. A pesar de que el Tribunal Supremo ha reducido el alcance de la ley varias veces, el caso contra Caci ha sobrevivido.
En 2018 la jueza Leonie Brinkema encontró que los demandantes tenían pruebas suficientes para abrir un juicio oral. Brinkema no siempre se pone del lado de los demandantes en este tipo de casos, pero también ha fallado en contra del gobierno cuando plantea la excusa de la seguridad nacional.
—https://theintercept.com/2024/10/31/abu-ghraib-torture-trial-caci/
Parte oficial de guerra del Cuartel General del Generalísimo correspondiente al día de hoy: 1 de abril de 1939. Tercer Año Triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares: la guerra ha terminado. Burgos, 1º de abril de 1939. Año de la Victoria.
Así terminaba la Guerra de España (que no Civil). Las tropas fascistas desfilaban un 19 de mayo de 1939 por el Paseo de la Castellana (Avenida del Generalísimo) y consumaban lo que, en apariencia, era el fin de una guerra que los mismos golpistas habían empezado contra el proyecto emancipador español.
Aparentemente, la guerra comienza un 18 de julio de 1936 con el Alzamiento Nacional y termina ese 1 de abril con la ocupación de “todo el territorio español”, llegando las últimas tropas al puerto de Alicante donde se agolpan miles de civiles y militares antifascistas esperando coger un barco que les lleve a un lugar seguro.
El bando que emite Burgos parece claro: la guerra termina el 1 de abril. El 1 de octubre de 1946 en un discurso donde se celebran los 10 años del nombramiento de Franco como Generalísimo, el propio Franco reconoce que “llevamos diez años de guerra”. Pero, ¿la guerra no había acabado en 1939?
Y es que la interpretación de que la guerra dura tres años es un mantra creado por la historiografía franquista y repetido desde entonces en los periódicos, cines, radios y que se sigue enseñando en las escuelas españolas a día de hoy.
En la provincia de Guadalajara, desde donde se escriben estas líneas, las partidas de maquis estuvieron actuando hasta 1949. Algunos investigadores, cada vez más, entienden que la guerra no termina en 1939 sino cuando el franquismo derogó el estado de guerra: en 1948, doce años después del Alzamiento Nacional. Otros autores defienden que la guerra terminó en 1952 cuando la Guardia Civil comunica haber eliminado la mayor parte de las partidas de maquis.
Pero hay casos que no se corresponden con esta realidad. En la provincia de Teruel, el estado de guerra se derogó el 7 de abril de 1948, pero la actividad partisana era tan fuerte que se volvió a activar el 31 de julio del mismo año manteniéndose hasta 1954… En la provincia de Cuenca, ocurre otro tanto similar… En las provincias de Castellón y Tarragona, ocurre lo mismo… El franquismo decide enviar al sanguinario Manuel Pizarro Cenjor (su nieto fue diputado del PP y presidente de Endesa…).
En Catalunya, las partidas de maquis de Quico Sabaté, Ramón Vila Capdevila o Josep Lluis Facerías se mantuvieron hasta las últimas consecuencias. Algunos de ellos hasta bien entrada la década de 1960 conectando con los primeras guerrillas urbanas contemporáneas. El último maqui que asesinó la Guardia Civil fue a José Castro Veiga, alias Piloto, en 1965: 26 años después de la guerra.
— Público 7 de abril de 1948: cuando el franquismo se olvidó de dar la guerra por acabada
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