Lo mismo que en las bolsas de valores se negocian papeles, las materias primas también cotizan en las bolsas correspondientes, que tienen sus sedes principales en Canadá y Australia, los países mineros por excelencia de occidente.

Pues bien, como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno de Mali contra la empresa minera canadiense Barrick Gold, los medios económicos cada vez hablan más del miedo a la nacionalización de la industria minera en los países africanos del Sahel.

Durante la última semana se han publicado numerosos artículos sobre la situación de Barrick Gold y otras empresas que operan en Mali, Burkina Faso y Níger.

El diario británico Financial Times tiembla ante lo que considera como una amenaza al libre mercado. Las represalias contra las empresas mineras en el Sahel son “aterradoras”, asegura (*).

Los dirigentes del Sahel están reformando injustamente las leyes mineras, dice el periódico. Sus demandas incluyen pagos de impuestos más altos y una mayor participación pública en la propiedad de las empresas.

Cualquier desobediencia a las leyes del país donde trabajan obliga a la policía a tomar medidas de represalia, emitiendo órdenes de detención y recurriendo a la confiscación de la producción por la fuerza.

Sin embargo, reconocen que hay empresas más complacientes como B2Gold, Allied Gold y Robex Resources cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Toronto.

Al mismo tiempo, reconocen los éxitos de China, que domina con éxito el mercado del litio en el país, operando de acuerdo con las leyes establecidas. ¿Por qué las empresas occidentales no respetan las leyes locales africanas y los chinos sí lo hacen?

Los colonialistas, que durante décadas han dominado a los africanos, no puede aceptar ser dominados por ellos.

Por su parte, el equipo de análisis estadounidense Critical Threat destaca la influencia rusa en la región. Basándose en datos de periódicos franceses, descubren que los rusos llevaban mucho tiempo insistiendo en la necesidad de nacionalizar los grandes complejos mineros de oro africanos. Entre ellos los de Barrick Gold y Resolute Mining.

Rosatom, la gigantesca empresa pública rusa de la energía atómica, es muy activa en los mercados del Sahel. Desarrolla vínculos con todos los miembros de la alianza de los Estados de la región y, a través de sus filiales, apoya el desarrollo de las minas de litio.

(*) https://www.ft.com/content/9a0901f1-070f-43e8-9cd3-6bd6ab4f6c4a

En 2002 Bush encargó a la CIA la “guerra contra el terrorismo”. Entonces la central elaboró el Proyecto Omega y creó los Equipos de Lucha Antiterrorista. De ellos formaban parte miembros del Centro de Actividades Especiales (SAC), oficiales de inteligencia y sicarios locales.

En más de sesenta países la central de espionaje creó una vasta red de unidades paramilitares y policiales, que financió, entrenó y supervisó, tejiendo una verdadera “telaraña mundial” de subcontratistas locales que llevaron a cabo los planes de Estados Unidos. Les dieron carta blanca. Los mercenarios de la CIA se involucraron en numerosos atentados terroristas y ejecuciones sumarias.

Un buen ejemplo de ello es Kenia. Michael Ranneberger, embajador de Estados Unidos en Kenia de 2006 a 2011, reconoció que el país era un escenario clave para Washington en África Oriental. Kenia tiene la embajada de Estados Unidos más grande de África y una de las más grandes del mundo porque una gran parte de las operaciones regionales se dirigen desde desde allí.

Henry Crumpton, el número dos del Centro de Lucha Contra el Terrorismo (CTC), dijo que era imperativo que Estados Unidos adoptara una postura más agresiva en África oriental.

Las actividades de la CIA en Kenia se ampliaron con el pretexto la lucha contra Al Shabaab, uno de los muchos movimientos a los que asociaron el fantasma Al Qaeda, la otra cara de la “telaraña mundial” del espionaje estadounidense.

En 2004 la CIA creó y entrenó un Equipo de Respuesta Rápida (RRT) con licencia para matar. Como siempre lo asociaron a los sicarios locales de la inteligencia keniana. Cuando se creó, el RRT –también conocido como el Equipo de Operaciones de Entrega Extrajudicial– contaba con sólo 18 miembros de la Unidad de Servicios Generales (GSU), la rama paramilitar de la policía keniana, creada en 1953.

Desde entonces su número fue aumentando hasta contar con unos sesenta comandos. Tiene su base en un centro secreto en la ciudad de Ruiru, a unos 50 kilómetros al este de Nairobi. Todos sus miembros están entrenados por subcontratistas de la CIA, miembros de las fuerzas especiales y de los equipos SWAT de la policía estadounidense, en operaciones tácticas, asalto a edificios, combate cuerpo a cuerpo, manejo de armas, reconocimiento, vigilancia y recopilación de inteligencia.

La CIA proporciona al RRT apoyo financiero regular, otorgando incluso a sus pistoleros asignaciones operativas y bonificaciones por misiones exitosas. La ayuda pretende complementar los bajos salarios de los policías kenianos, que ganan tan sólo 115 dólares al mes. Los policías heridos reciben prestaciones en efectivo y tratamiento en el Hospital privado Aga Khan de Nairobi.

‘No sólo les damos el dinero una vez al mes’

La CIA tiene su base en la embajada de Estados Unidos en Nairobi y está encabezada por un oficial del Centro de Actividades Especiales (SAC). Está directamente involucrada en la planificación y dirección de las operaciones del RRT. En estrecha colaboración con sus homólogos de la división antiterrorista del Servicio de Inteligencia Nacional de Kenia (NIS), la CIA recopila inteligencia, identifica objetivos y prepara expedientes. Luego decide la operación: detener o matar.

“Cuando apoyamos a este tipo de unidades, realmente estamos sobre el terreno. Nos ensuciamos las manos. No sólo les damos el dinero una vez al mes”, dijo un agente de la CIA. Los espías de la central participaban directamente en las operaciones: “Es necesario si realmente queremos lograr resultados”. Por eso acompañaron a los comandos kenianos sobre el terreno, vigilando la casa de un objetivo y localizando sus movimientos utilizando rastreadores telefónicos portátiles. Un alto oficial del RRT confesó que ese apoyo era esencial para el éxito de las operaciones.

Los kenianos no pueden actuar sin el consentimiento de la antena local de la CIA, excepto en caso de represalias antes un ataque y para la protección de diplomáticos extranjeros.

Uno de los mayores éxitos del RRT se produjo en agosto de 2009, cuando los servicios de inteligencia kenianos y occidentales detectaron un plan para organizar ataques simultáneos a tres hoteles de Nairobi, uno de los cuales iba a ser visitado por la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Una operación de la CIA y el NIS localizó y capturó a los sospechosos.

Los agentes de la CIA en Nairobi también trabajan en estrecha colaboración con sus homólogos del servicio de inteligencia (SIS o MI6), la inteligencia exterior británica, para infiltrarse en círculos militantes y proporcionar información al RRT. Los británicos se muestraban especialmente vigilantes y activos en el país porque desde 2010 permitieron a muchos de sus ciudadanos viajar a Somalia para unirse a los yihadistas.

El SIS jugó un papel clave en la identificación, seguimiento y localización de objetivos, pero no tenía un vínculo directo con el RRT y pasaba su información a través de sus homólogos en la CIA y el NIS.

El disfraz de trabajadores humanitarios

Los miembros del RRT se disfrazaban de trabajadores humanitarios durante las operaciones en los campamentos de refugiados, como Dadaab, en el este, o Kakuma, en el noroeste. El pretexto era que en ellos se infiltraban miembros de Al-Shabaab, que había contrabando de armas o preparación de atentados.

En Dadaab los agentes del RRT utilizaron vehículos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU y llevaban camisetas del mismo organismo para hacerse pasar por distribuidores de ayuda, cuando en realidad buscaban identificar a los sospechosos de colaborar con los yihadistas.

A lo largo de 20 años, durante sus operaciones los miembros del RRT utilizaron vehículos sin distintivos, alquilados a empresas privadas, cuyas matrículas cambiaban periódicamente para evitar ser identificados. Un solo vehículo RRT normalmente llevaba al menos tres placas de matrícula que se intercambiaban al menos una vez.

Al igual que en el caso de la Guerra de Afganistán, también les acusan de asesinatos y ejecuciones sumarias de la población civil. Según uno de los oficiales del RRT, “cuando nos formaron nos enseñaron que los derechos humanos vienen después”. Si no era posible detener e interrogar a un sospechoso, había que asesinarlo y las investigaciones han revelado que en numerosos casos los muertos nada tenían que ver con los yihadistas.

En respuesta a las preguntas planteadas en 2015 por el senador estadounidense Ron Wyden sobre el apoyo de la CIA a las fuerzas de seguridad extranjeras, el director de la central, John Brennan, admitió que conocía los “abusos”, que él imputaba a sus “socios”, es decir, a los apoyos locales de la CIA. “En algunos casos hemos decidido continuar estas relaciones [con los locales], a pesar de su comportamiento inaceptable, debido a la inteligencia crítica que esos servicios proporcionan, incluida información que nos ayuda a desbaratar complots terroristas contra Estados Unidos”, dojo Brenan.

Sin embargo, los miembros del RRT aseguran que los estadounidenses hicieron hecho poco para exigirles cuentas. Los asesinatos selectivos y las detenciones extrajudiciales prohibidas por la ley keniana se convertieron en algo habitual para las unidades, cuyo ritmo operativo se aceleró drásticamente después de la intervención militar de Kenia en Somalia en 2011 que, a su vez, provocó una ola de ataques yihadistas.

‘Las ejecuciones extrajudiciales llevan a la población a la clandestinidad’

“Las tácticas de mano dura parecen haberse vuelto más pronunciadas en respuesta a la amenaza terrorista desde el atentado contra el Westgate”, dijo el embajador de Estados Unidos Michael Ranneberger. En 2013 murieron 67 personas en aquel centro comercial de Nairobi. Los métodos expeditivos, los asesinatos y la impunidad de la que gozaba el RRT contribuyeron a la radicalización de una parte de la población, reconoció en embajador. “Las ejecuciones extrajudiciales llevan a la población a la clandestinidad”.

Nada radicaliza más que eliminar a alguien de cualquier manera, reconoció el vicepresidente keniano Kalonzo Musyoka. Los matones del RRT y sus padrinos estadounidenses enfatizaron que la unidad no era un escuadrón de la muerte. No es responsable de la mayoría de los presuntos asesinatos extrajudiciales en Kenia. Un estudio de la Unidad Médico-Legal Independiente, una organización sin fines de lucro que monitorea los crimenes de la policía, encontró 1.873 muertes por armas de fuego en seis áreas urbanas en todo el país entre 2009 y 2014.

La policía keniana estaba implicada en casi dos tercios de los casos, incluido un gran número de ejecuciones sumarias.

En Estados Unidos existen leyes que regulan las relaciones con los servicios de seguridad extranjeros, entre ellas la Ley Leahy, que exige la supervisión de derechos humanos de las unidades destinadas a recibir ayuda, entrenamiento o equipamiento. Pero esa ley se aplica sólo al ejército estadounidense, al Departamento de Estado y a las policías federales, no a los servicios de inteligencia.

Si la CIA hubiera tenido que cumplir con la Ley Leahy, se habría enfrentado a preguntas comprometedoras sobre sus actividades en Kenia. Un cable diplomático estadounidense filtrado de 2009 afirmaba que el GSU “está involucrado en graves violaciones de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales”.