Desde que estalló en 2009 el caso de los bebés robados en maternidades, entre los años 60 y 90, las víctimas han conseguido dar pasos importantes, pero se han topado con el Gobierno y la justicia española.
El robo de niños sí ha sido reconocido como un delito de lesa humanidad por Naciones Unidas y el derecho internacional, y sigue en marcha la querella contra los crímenes del franquismo, causa penal abierta en Argentina. Charlamos con Sol Luque Delgado, hermana gemela de un niño robado en 1965, presidenta de la asociación Todos los Niños Robados Son También Mis Niños, vicepresidenta de la Federación X-24 y portavoz de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina por los crímenes del franquismo (CeAqua).
En abril de 2012, Sol Luque estaba en la puerta del Ministerio de Justicia. No le permitieron entrar. Tampoco a Eduardo Raya, representante de la asociación ADN-D y padre de una niña robada. El ministerio, entonces con Alberto Ruiz-Gallardón al frente, creía que estas dos víctimas no eran representativas. ¿Por qué? Sol Luque responde: «Seguramente sabían que estoy muy vinculada a la memoria histórica. Desde las instituciones del Estado se quiere desvincular el robo de bebés de los crímenes del franquismo».
En ese día frío, junto a otras asociaciones y más de treinta medios de comunicación –muchos de ellos extranjeros–, Gallardón, Ana Mato (Sanidad), Jorge Fernández (Interior) y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, escenificaron su compromiso de investigar el robo de niños. Las promesas se las ha llevado el viento.
Pero las asociaciones no han parado. Las víctimas se han organizado y han conseguido logros importantes. «En junio de ese año nos constituimos como Federación X-24», explica Luque. La X-24 agrupa a la casi totalidad de organizaciones de víctimas del robo de niños en el Estado español. Cada una, en sus territorios, ha conseguido documentar y poner nombre propio a quienes robaban y vendían bebés desde el final de la dictadura hasta los años 90, ya en democracia.
Un relato propio de una investigación policial, pero hecho por madres y hermanos con mucho trabajo. Tienen una gran base documental que prueba que las madres no estaban locas. En varias comunidades autónomas han conseguido normativas para avanzar en ausencia de actuaciones del Estado.
Ése es el caso de Canarias, donde su Parlamento acaba de aprobar una proposición no de ley (PNL) que dará luz verde a la primera ley sobre el robo de niños en España. Con esa normativa se abrirán archivos, una comisión de investigación con víctimas y policía, incluso se incluirá estos hechos en los libros de texto. Además, el Cabildo ha pedido perdón a las víctimas como institución del Estado.
«Si esa ley se pudiera llevar al Parlamento español, sería muy importante. Pero la predisposición del Gobierno es nula», dice Luque. Mientras, otras comunidades están respaldando también a las víctimas. «La Asamblea de Madrid ha aprobado en octubre, por unanimidad, otra PNL que insta a investigar el robo de niños. Todos los grupos votaron a favor, salvo un diputado del PP que ‘se había equivocado con el teclado…’, dijo», explica Luque. Lo más representativo «es la creación de una comisión documental que instará a organizaciones públicas y privadas que custodian documentación de los niños robados a entregarla. También podrá instar al Gobierno a actuar», aclara Luque.
Otra actuación prevista es dar más recursos al Instituto del Menor y la Familia para que aceleren los trámites cuando una persona adoptada quiera saber su origen biológico. Aunque no queda claro si la Iglesia abriría sus archivos, «se instaría a que lo hagan».
La artífice de esta PNL ha sido Carla Antonelli, diputada del PSOE comprometida con las asociaciones de Madrid: Adelante Bebés Robados, SOS Bebés Robados Madrid y Todos los Niños Robados Son También Mis Niños. «No todas las comunidades están colaborando. Pero sí hay logros, como en Andalucía, donde se ha elaborado una ley de memoria histórica propia, y en ella se recoge un apartado sobre bebés robados; Valencia, con grupos políticos sensibilizados con la causa; Cataluña, donde también hay avances. En otras, como País Vasco, no se atienden las demandas de SOS Bebés Robados Euskadi», dice Luque.
Y es rotunda: «La implicación del Gobierno en aclarar el robo de niños es nula. Las fiscalías y audiencias provinciales están siguiendo las instrucciones de la última circular, de octubre, de la ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, quien ordena a los fiscales no atender los requerimientos de la jueza María Servini en la causa argentina, en la que también está incluido el caso de los bebés robados».
A la pregunta de si esta actitud podría cambiar ahora, la portavoz de las víctimas se muestra pesimista: «Precisamente acaba de ser nombrado fiscal general del Estado José Manuel Maza. Este magistrado fue quien pidió condenar a Garzón por intentar investigar los crímenes del franquismo, ya al final [del proceso], cuando todo el Supremo lo absolvía en esa causa, tras condenarle por la Gürtel».
A pesar del desánimo de las víctimas, porque se han topado «con un muro en la justicia», en este tiempo se ha conseguido convencer a la sociedad de que estos hechos ocurrieron, gracias a la tarea de visibilización de las asociaciones.
Una de esas acciones es la que lleva a cabo todos los meses la asociaciones Adelante Bebés Robados y Todos los Niños Robados Son También Mis Niños. Todos los primeros domingos de mes se dan cita en la Puerta del Sol para dar vueltas en la plaza. «Siguiendo el ejemplo de las Abuelas y Madres de la Plaza de Mayo en Buenas Aires, ejemplo que también replican aquí los compañeros de la Ronda de Sol, de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, que se concentran todos los jueves», dice Luque. Esto mismo se lleva a cabo en ciudades como Cádiz, Granada o Málaga.
El caso de Ascensión López ha movilizado a todas las organizaciones: «Su historia demuestra la injusticia que se vive en España con el robo de bebés. Ella es una afectada, una niña que cree que fue robada. En su investigación se ha encontrado con una religiosa que es familiar de su padre adoptivo y cuenta con papeles que revelan su presunto robo», dice Luque.
«Las víctimas no somos abogados y podemos cometer errores cuando hablamos. Fruto de la impotencia, Ascensión dio el nombre de la monja y ella la denunció por ‘daños en su honor’. Y es curioso que, mientras para las víctimas las denuncias se alarguen en los juzgados hasta ser archivadas, en este caso, en un periodo cortísimo, el juzgado condenó a Ascensión a una multa y una indemnización de 40.000 euros, y pena de cárcel si no pagaba», relata Luque. La movilización ha conseguido parar el ingreso en la cárcel y está pendiente de un indulto solicitado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que no llega.
Mientas, la Justicia da carpetazo. «No sólo nos archivan las denuncias, es que la Fiscalía General del Estado no nos da la información que solicitamos», denuncia Luque.
Se calcula que han sido interpuestas más de 2.000 denuncias de víctimas sobre el robo de niños y más del 90% han sido archivadas. «En aquella reunión de febrero de 2012, uno de los compromisos era darnos información. Sólo contamos con un documento oficial que en 2014 se filtró a un medio de comunicación y que habla de unas 1.900 denuncias, de las cuales casi 400 más o menos estaban en activo entonces».
Sobre la prescripción de los robos de niños, Luque dice que «ya no sigue vigente tras la circular de diciembre de 2012 a las fiscalías provinciales dictada por Torres-Dulce». La portavoz de las víctimas de niños robados apunta que ésta es la única actuación «avanzada».
«Mantiene que es un delito de detención ilegal de carácter permanente, es decir, hasta que la persona robada no tenga consciencia de que fue desaparecida y denuncie no corren los 15 años», explica. «Si ahora mi hermano Francisco, que tiene 51 años, se da cuenta de que es una persona desaparecida, el juzgado tiene que investigar», continúa.
La portavoz cuenta que en Huelva se siguen cerrando casos por prescripción. Esa circular también permite «exhumaciones, pruebas de ADN, etc., pero no se está haciendo». No se hacen ilusiones porque asegura que igualmente las denuncias se cierran «por falta de pruebas, pero la investigación la tiene que hacer el Estado y el Gobierno no hace nada», concluye.
«En el ministerio ha habido un giro radical. Fue cuando en el Senado, en 2014, se presentó una PNL para conseguir apoyos. Las asociaciones estábamos en el palco de invitados y Catalá tuvo una intervención indignante diciendo que se estaba investigando y que la oficina que creó Gallardón en la calle de La Bolsa, en Madrid, estaba teniendo éxito», relata Luque.
Comenzaron a protestar durante la intervención del ministro «porque eso era falso», y fueron desalojados. «A partir de ahí, el ministerio nos ignora. Eso demuestra su falta de aceptación: si protestas eres el enemigo», dice Luque.
Además, «no quieren que seamos una causa, mejor caso a caso, individualmente. Cuando llega la denuncia masiva de bebés robados en 2011, dan traslado a las fiscalías provinciales, para investigar como si no hubiera lazos comunes. Si el robo de bebés fuera una causa, debería ser considerado un crimen de lesa humanidad», dice Luque.
Señala que Torres-Dulce también insistió en que no tenían nada que ver con los crímenes del franquismo. Justo lo contrario que dicen Naciones Unidas y la querella argentina. «Si hay algo claro es que el robo de niños empieza en la dictadura y continúa en el tiempo en la democracia. No sólo hemos convencido a la sociedad de que esto ocurrió, también a las propias víctimas del franquismo de que somos parte de ellas«.
Hoy el relato del robo de niños impregna la memoria histórica. Por ello, «la querella qrgentina era el camino lógico, aunque no sabíamos si nos iban a admitir tras la experiencia aquí». En el caso de la dictadura argentina fueron robados cerca de 500 niños. En el Estado español, hasta 1952 se estima que fueron 30.000 los bebés robados. Desde ese año hasta los 90, las asociaciones de afectados calculan que hay miles de casos más. Luque recuerda que cuando se trasladó a Buenos Aires y se entrevistó con Estela de Carloto, Nora Cortiñas y con la propia Servini, «tenían clarísimo que el robo de niños es un crimen del franquismo. Ellas habían pasado por lo mismo».
A pesar de las más de 2.000 denuncias por robo de bebés y la gran cantidad de médicos implicados, sólo está previsto que se siente en el banquillo del Juzgado 46 de Madrid Eduardo Vela, por el caso de Inés Madrigal. Está acusado por decenas de víctimas. El ginecólogo Abelardo García Balaguer, de la Línea de la Concepción, en Cádiz, está imputado en la querella argentina. La jueza Servini mandó un exhorto para que se le tomara declaración o se extraditara. La Fiscalía hizo una circular en octubre y pidió que se ignorara.
