Danilo Albín
Si usted vive en alguna parte de Teruel, Palencia o Sevilla, posiblemente no conozca el nombre del delegado del Gobierno en su comunidad. Sin embargo, los 500 vecinos de Mañaria, un pequeño municipio vizcaíno rodeado de montes, saben muy bien quién es Carlos Urquijo. Duro entre los duros, el responsable de la Delegación del Gobierno en el País Vasco ha presentado varios recursos y denuncias contra el ayuntamiento de esta localidad.
“Cada vez que movemos un dedo, lo tenemos encima”, dice un resignado Endika Jaio, alcalde de este pueblo.
Desde que Urquijo ostenta el título de delegado del Gobierno, casos como el de Mañaria se repiten a lo largo y ancho de la geografía vasca. Entre sus objetivos predilectos figuran las instituciones gobernadas por EH Bildu, pero también ha tenido entre ceja y ceja a varias administraciones bajo el mando del PNV, ya fuese un ayuntamiento, una diputación o hasta el mismísimo Gobierno Vasco. No hay límites.
Su actuación más reciente –y posiblemente la última, ya que cesará en el cargo cuando se produzca un cambio de gobierno- ha ido dirigida contra los recibimientos que se tributarán al dirigente independentista Arnaldo Otegi, quien abandonará la cárcel de Logroño este martes 1. Como no podía ser de otra manera, el delegado solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que prohibiese las bienvenidas en el exterior de la cárcel de Logroño, la plaza de Elgoibar –localidad natal del portavoz abertzale- y el velódromo de San Sebastián, donde se celebrará un acto el sábado 5.
En respuesta a su solicitud, el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ordenó a Urquijo y a las Fuerzas de Seguridad del Estado a estar extremadamente atentos sobre lo que podría ocurrir en esos mítines, por si acaso se produce algún tipo de “enaltecimiento del terrorismo”. Curiosamente, el delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, no puso ni la más mínima pega al recibimiento que se celebrará el martes a 200 metros de la cárcel logroñesa, donde Otegi dirigirá un primer mensaje a los suyos.
El portavoz de Sortu, Pernando Barrena, no parece sorprenderse por estos hechos. “Desde un punto de vista humano, es realmente triste que todavía haya personas y colectivos que hagan de la petición de restricción de derechos su característica principal de actuación. Denota una calidad humana muy escasa”, comenta el dirigente abertzale.
Tampoco cree que existan fundamentos jurídicos que sustenten las teorías del funcionario del PP. “Otegi ha cumplido hasta el último día de su condena. Cuando salga de la cárcel, será una persona con todos sus derechos civiles y políticos intactos”, subraya.
“Al servicio de una ideología”
Aún menos sorprendido se muestra Endika Jaio, el alcalde de la diminuta Mañaria. “Lo que ocurre es que Urquijo está al servicio de una ideología, y le da salpullido todo lo que tenga que ver con movimientos de izquierdas e independentistas”, afirma el regidor de este municipio desde hace dos legislaturas, siempre en representación de EH Bildu. A lo largo de estos años, Jaio ha visto la firma del delegado en innumerables oportunidades. “Nos denunció por no tener la bandera española en el balcón. La pusimos. Luego nos envió otro requerimiento porque teníamos una banderola por el acercamiento de los presos. La quitamos”, explica el regidor.
Sin embargo, los problemas no acabarían ahí. A través de otros documentos oficiales, Urquijo trató de impedir que el ayuntamiento de Mañaria otorgase una subvención a Udalbiltza, una asociación de municipios vascos que, según dictaminó la Audiencia Nacional tras un largo proceso judicial, no tiene nada que ver con ETA. Aun así, el representante de Rajoy en Euskadi pidió a los jueces que anulasen el presupuesto municipal correspondiente a 2014. Entre el asombro y la rabia, Mañaria recurrió al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que a principios de febrero dio la razón al ayuntamiento.
“Sin embargo, la Abogacía del Estado recurrió esta decisión, y ahora tendremos que ir al Tribunal Supremo”, señala Jaio.
“Espere. Todavía hay más”, advierte el alcalde. Las ordenanzas relacionadas con el uso del euskera en el consistorio o la paga de un complemento por productividad a los trabajadores municipales también cayeron bajo la lupa de Urquijo. “El complemento lo tuvimos que echar para atrás. Al fin y al cabo somos un pueblo pequeño, con un presupuesto muy justo, y no podemos hacer frente a todas sus denuncias”, argumenta.
En Aulesti, otro pueblo vizcaíno que no supera los 700 habitantes, también han tenido que hacer frente a los habituales recursos por parte del delegado. “Primero nos llegó un requerimiento porque no teníamos la bandera española fuera del ayuntamiento. La pusimos en lo alto de la fachada, pero entonces nos mandaron otro recurso, diciendo que debía estar en el balcón. No queríamos gastar dinero público en este tema, así que la pusimos”, comenta su alcalde, Mikel Ansotegi.
Poco después, coincidiendo con las fiestas patronales, alguien robó la bandera rojigualda. La respuesta de Urquijo fue casi inmediata: o la reponían, o al juzgado. También se vieron obligados a retirar una madera tallada con la palabra “amnistía” que había realizado un vecino y que había sido colocada en el exterior de la casa consistorial. “El escrito venía acompañado por unas fotografías, lo que indica que algunos funcionarios del estado han venido a hacer fotos a nuestro pueblo”, razona el alcalde, quien está firmemente convencido de que el delegado del Gobierno, a pesar de sus reiterados recursos, jamás ha pisado este municipio. “La mayoría de nuestros vecinos no siente la bandera española como suya, por lo que se está generando una crispación y un conflicto donde no lo había”, lamenta Ansotegi.
Estas situaciones llegaron incluso al Congreso de los Diputados. El parlamentario de Amaiur durante la anterior legislatura, Jon Inarritu, solicitó al gobierno datos estadísticos sobre las denuncias y recursos presentados por su representante en la Comunidad Autónoma Vasca hasta diciembre de 2014. “Estábamos convencidos de que Urquijo había presentado más recursos que el resto de delegados del Gobierno en todo el estado”, explica el ex diputado abertzale.
Según consta en la respuesta enviada por la administración central, el número de expedientes abiertos llegaba a 729. Sus actuaciones habían estado contra distintas instituciones del ámbito autonómico, provincial y municipal. Los motivos eran de lo más variopintos: las banderas, el uso del euskera, los permisos para trabajar el 12 de octubre (Día de la Hispanidad)… “Si actualizamos las cifras a día de hoy, posiblemente se hayan alcanzado las mil denuncias. Sin lugar a dudas, está batiendo todos los récords”, ironiza Inarritu.
Sin txokolatada en Areatza
Entre sus últimas intervenciones figuran las del pasado verano, un periodo del año en el que se mostró especialmente activo contra los programas de fiestas populares. “En nuestro pueblo prohibió una txokolotada que venía realizándose desde hace 30 años”, recuerda el alcalde de Areatza, Asier García. El evento tiene lugar cada 24 de agosto a las dos de la mañana. “Nunca habíamos tenido ningún problema… hasta el año pasado”, señala el responsable municipal. Urquijo consideró que este acto serviría para enaltecer el terrorismo y, por tanto, debía ser prohibido. Lo mismo ocurrió con una comida y una concentración a favor de los presos que aparecían en el programa festivo.
Ondarroa, Ibarra o Santurtzi son algunos de los otros tantos lugares del País Vasco en los que el delegado del Gobierno censuró actividades del programa festivo. “Urquijo es un hooligan –sostiene Inarritu-. Como podemos ver, aún no se ha dado cuenta que estamos en un periodo de normalización, intentando tender puentes a favor de la convivencia. El delegado va en el túnel del tiempo, y en dirección contraria”. El ex diputado se queja de que su petición de informes no fue detallada del todo: el gobierno de Rajoy evitó darle datos numéricos sobre el número de actuaciones realizadas por otros delegados. No explicó por qué.
Fuente: http://www.publico.es/politica/delegado-del-gobierno-euskadi-bate.html
