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A lo largo de esos años hubo detenciones de guardias civiles en 22 provincias, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla. A principios de este año en el cuartel de la Guardia Civil de Isla Mayor (Sevilla) detuvieron a la mitad de la plantilla del cuartel de la Guardia Civil “como presuntos autores de un delito de narcotráfico”.
El informe no habla de condenas, pero alcanza con repasar la hemeroteca para encontrar varios casos de integrantes de la Guardia Civil que recibieron sentencia firme por su vinculación con el narcotráfico. Uno de los últimos –y más escandalosos— ocurrió en Málaga, donde en octubre fue condenado el exjefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de esa ciudad, Valentín Fernández, por varios delitos contra la salud pública y falsedad.
En el caso de la Policía Nacional, el gobierno señala que “solo se dispone de datos a partir de la fecha en la que tal información es registrada y debidamente auditada conforme a los criterios del Sistema Estadístico de Criminalidad”. De esta manera, el periodo sobre el que se ofrece información arranca en 2011 y concluye en 2016. A lo largo de esos años se produjeron 28 detenciones de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Del periodo analizado resalta la cifra registrada en 2015, con nueve detenciones –dos en Madrid, otras dos en Ourense y una en Málaga, Sevilla, Murcia, Valencia y Melilla respectivamente—. El año pasado hubo cinco casos, de los cuales dos se registraron en Barcelona. Los restantes, según datos de Interior, fueron en Cantabria, Ceuta y Sevilla.
Entre 2011 y 2016 hubo 48 casos “en los que se ha sustraído drogas en dependencias policiales” (o sea, que roban a la policía o la policía se deja robar). La provincia en la que se produjo el mayor número de “sustracciones” ha sido Madrid, con ocho episodios. Le sigue Cádiz, con seis. El resto de casos se reparte por distintas zonas de la geografía española a norte, sur, este y oeste. En ese contexto, el Ejecutivo informa también que “la Guardia Civil tiene conocimiento de un caso de desaparición de drogas en sus dependencias oficiales en Granada, en el año 2016”.
En 2014 se registró en Ávila un caso de “extravío de drogas en dependencias policiales”, mientras que dos años más tarde ocurrió lo mismo en un juzgado de Córdoba. El informe no menciona el desenlace de tales “extravíos”.
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| Orlando Letelier (1932-1976) |
En octubre de 2015, el secretario de Estado, John Kerry, entregó a la presidenta chilena, Michelle Bachelet, una serie de documentos desclasificados sobre el atentado. Uno de ellos es un memorando secreto que en 1987 redactó el entonces secretario de Estado, George Shultz, para el presidente Ronald Reagan. El texto aseguraba que la CIA consideraba que existían “pruebas convincentes” de que Pinochet “ordenó personalmente a su jefe de inteligencia, Manuel Contreras, preparar el asesinato”.
Letelier fue el canciller del gobierno de Salvador Allende en Chile entre 1971 y 1973 y murió junto a su ayudante, Ronni Moffit, en Washington cuando una bomba activada por control remoto estalló bajo del coche que conducía.
“Los archivos también dejan claro que cuando la investigación de las autoridades estadounidenses determinó que altos cargos de la inteligencia y el ejército de Chile fueron responsables [del crimen], Pinochet decidió obstruir el caso para esconder su implicación, en último término, para proteger su presidencia”, continúa el documento.
El gobierno de Allende al frente de la Unidad Popular fue interrumpido por un golpe de Estado encabezado por Pinochet el 11 de septiembre de 1973, quien después instauró un régimen criminal que se prolongó hasta 1990.
Entre 1973 y 1974, Letelier pasó ocho meses preso en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea chilena y en un campamento militar de Valparaíso.
La caída del gobierno de Salvador Allende en Chile fue el golpe de gracia que los propios imperialistas asestaron a los reformistas, defensores de la participación electoral, de los cambios de gobierno, de las luchas pacíficas, parlamentarias y puramente legales.
La ingenuidad es el rasgo carcterístico del reformismo. Letelier siempre creyó que Pinochet no se atrevería a atacarle en la capital del mayor apoyo que tenía el criminal: el imperialismo.
El asesinato de Letelier y Moffit es histórico porque es el primer acto de terrorismo internacional en el corazón mismo del barrio diplomático de Washington. Lo que el documento de la CIA no reconoce es que un atentado así hubiera sido imposible sin su apoyo directo al mismo, que corre paralelo a su papel directo y decisivo en el golpe de Estado de 1973.
Esa parte de la historia la desclasificará la CIA dentro de otros 40 años.

Todavía no nos hemos dado cuenta de que es como si todos leyéramos el mismo periódico o como viviéramos en los tiempos de una única televisión, un único telediario.
El escalafón de resultados que devuelve Google, conocidos como SERP (siglas en inglés de Search Engine Results Pages), tienen un impacto significativo en las decisiones de los consumidores, que eligen los resultados clasificados en los puestos más altos en detrimento de los que están en las posiciones más bajas.
Por lo tanto, también tiene un impacto decisivo en las decisiones de las empresas a la hora de vender sus mercancías. Aparecer en la primera página de Google supone un incremento muy importante en las ventas porque nadie consulta más allá de los diez primeros resultados que el buscador le pone delante de las narices. Más allá de la primera página de Google no hay nada. Un estudio de 2013 demostró que los sitios que aparecen entre los 10 primeros resultados reciben el 91,5 por ciento de los golpes con el ratón. Solo el primer resultado ya concentra un tercio de ellos. Entre el décimo resultado y el undécimo (el primero de la segunda página) hay una caída en el número de visitas del 140 por ciento.
Solo en Estados Unidos las empresas gastan más de 20.000 millones de dólares al año para salir los primeros en la página de resultados, o para salir antes que las empresas de la competencia.
La conclusión es obvia: Google no suministra información sino publicidad (a diferencia de otros buscadores, como Duckduckgo, por ejemplo).
Pasemos ahora a ver otra faceta de los usuarios como consumidores políticos, o sea, como votantes: ¿cuál es el impacto en el votante cuando un partido o un político aparece en el primer plano?, ¿qué páginas le muestra Google y cómo influye en su voto?, ¿a quién vota Google?
En 2015 dos investigadores del Instituto Estadounidense de Tecnología e Investigación de la Conducta (AIBRT), Robert Epstein y Ronald E. Robertson, descubrieron lo que ya se conoce como el “Efecto de la Manipulación de los Motores de Búsqueda” (Seme, por sus siglas en inglés), demostrando que casi la mitad de los indecisos, el 48 por ciento, optan por votar al candidato que aparece mejor situado en los resultados del buscador (*).
Hace muchos años que las elecciones ya no se hacen en la calle, con carteles o mítines o caravanas de coches. Ni siquiera se hacen en la televisión. Se hacen en Google. Si alguien fuera capaz de sacar a un partido de las primeras posiciones del buscador, no tendría nada que hacer en unas elecciones.
“El Seme puede tener efecto en cualquier elección política donde la victoria sea por un estrecho margen”, afirmó Robertson. “Dado que casi el 25 por ciento de las elecciones nacionales en el mundo se deciden por márgenes inferiores al 3 por ciento, el Seme genera preocupación sin importar el número de candidatos”.
En la segunda parte de su investigación, Epstein y Robertson analizaron la manipulación digital en las elecciones que se celebraron en India en 2.150 votantes indios que aún no habían decidido su voto y los resultados fueron similares a los de Estados Unidos. Pero lo más preocupante es el bajísimo porcentaje de personas que se dieron cuenta de que estaban siendo manipulados.
Si aquí alguien buscara algo sobre Rajoy y el buscador siempre le remitiera a la web de la Moncloa, del Partido Popular o de La Razón, el usuario no sospecharía nada. En los experimentos con estadounidenses, apenas el 9 por ciento se dio cuenta de que el buscador estaba trucado y favorecía descaradamente a alguno de los candidatos. En el caso indio, el porcentaje fue mucho menor: sólo el 1 por ciento.
Hoy son muchos los que saben que los medios de comunicación no son neutrales y manipulan las elecciones. Sin embargo, no opinan los mismo de un buscador de internet. Aún no saben que sus resultados tampoco son neutrales. La diferencia es que lo hacen tan bien que muy pocos se dan cuenta de ello.

El balance de la Audiencia Nacional desde 2012, y con varios juicios recién celebrados y a la espera de sentencia, deja 48 sentencias: 44 de ellas fueron condenatorias y otras 4 fueron absoluciones. Otro dato que dejan las bases de datos del Poder Judicial es que 27 de estas condenas (más del 60 por ciento) fueron alcanzadas por conformidad tras llegar a un pacto con la Fiscalía: el Ministerio Público aceptó rebajar su petición definitiva de cárcel a cambio de que el encausado reconociese los hechos.
La última de estas absoluciones fue dictada hace apenas unas semanas: Arkaitx Terrón se sentaba en el banquillo por mensajes como, por ejemplo, “Juan Carlos Primero, más alto que Carrero”. La Fiscalía pedía para él dos años de prisión y la sala decidió absolverle, asegurando que este delito “plantea graves problemas para su delimitación con la libertad de expresión y la libertad ideológica”.
Lo que los jueces de la sección primera definen como “graves problemas” se traducen en sentencias muy dispares sobre asuntos similares y también en votos particulares por parte de jueces discrepantes. En esta misma sentencia, por ejemplo, el juez Fernando Grande-Marlaska emitía uno de estos votos particulares, asegurando que los tuits relativos, por ejemplo, a miembros de ETA, destacan “la voluntad de ensalzar acciones de carácter terrorista y revestirlas de legitimidad como instrumento político”.
Son precisamente los votos particulares los que en ocasiones reflejan la profunda división de opiniones que existe entre magistrados y magistradas a la hora de trazar la línea roja y saber si, por ejemplo, un tweet debe incitar al delito para ser punible o dónde empieza la humillación de una víctima del terrorismo. El pasado mes de noviembre, la sección primera condenó a un año de prisión a un hombre por decir textualmente en Facebook que “¡Ojalá vuelvan los GRAPO y os pongan de rodillas!” o colgar fotos del anagrama de ETA. Uno de los jueces, Ramón Sáez Valcárcel, entendió que debería ser absuelto: cuando se celebró el juicio los mensajes habían sido publicados hace cuatro años, no tuvieron gran difusión (“El acusado habita en una pequeña localidad de Toledo y puede haber operado en un inmenso silencio dentro de la red”) y además destaca la “inexistencia de un contexto de violencia” con la banda terrorista GRAPO, inexistente en la actualidad.
Una segunda absolución fue dictada por la Audiencia Nacional en noviembre del año pasado por la misma sala: mensajes sobre miembros de ETA y a favor de la amnistía que merecieron una absolución. Los jueces explicaban entonces que “no hay constancia de que la conducta del acusado haya sido realizada para la motivación de otras conductas ajenas en orden a la perpetración de actos de carácter terrorista”. Es decir, muchas veces el debate se centra en determinar si los mensajes pueden incitar al terrorismo.
Esta sentencia se encuentra pediente de recurso ante el Tribunal Supremo. Quien no tendrá que acudir a instancias superiores será el concejal del distrito madrileño de Villaverde, Guillermo Zapata: su caso por los tweets sobre Irene Villa quedó definitivamente archivado después de ser absuelto por la Audiencia Nacional y de que la Fiscalía, en este caso y sólo en este caso, retirase la acusación y pidiese su absolución en el juicio.
La sentencia que absolvió a Guillermo Zapata tuvo un recorrido muy distinto a la de César Strawberry, pero las dos tuvieron algo en común: destacaban el contexto y, en el caso del cantante de Def con Dos, incluso declaraban como hecho probado que nunca había tenido intención de ofender a las víctimas del terrorismo etarra con mensajes como “A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora”. Fue el Tribunal Supremo el que decidió revocar su absolución y condenarle a un año de prisión, alegando que sus tweets llegaron a las víctimas “en su integridad, sin matices aclaratorios” y asegurando que “legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales”.
La gran cantidad de sentencias alcanzadas por conformidad en la Audiencia Nacional que no se recurren limitan el número de veces en que el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre este asunto. Ha dictado por el momento siete sentencias que se dividen en tres confirmaciones de condena, otras tres rebajas sin llegar a absolver y una condena, la de César Strawberry, revocando una absolución.
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| Mujeres combatientes del ejército sirio |
El ataque saca a la guerra de las ciudades, que han ido cayendo una tras otra, y la lleva al desierto, que no tendría valor estratégico de no ser por la proximidad de Irak. La coordinación del ataque se pone de manifiesto teniendo en cuenta que, simultáneamente, las brigadas Hached Al-Chaabi, integradas en el ejército irakí, han desatado idéntica ofensiva en la dirección contraria: de Irak hacia Siria.
El desierto de la frontera entre ambos países estaba destinado a convertirse en el santuario del Califato Islámico, una zona de repliegue con la misión de cortar los lazos entre ambos países y con Irán.
Los recientes ataques de las tropas de Estados Unidos contra el ejército regular sirio en la zona de Al-Tanf, en la frontera entre Siria, Irak y Jordania, hay que interpretarlos también en esa misma línea: Estados Unidos quiere crear una especie de reserva en las zonas más desérticas para disponer de ellas otra vez siempre que sea necesario.
Para distraer la atención Stuart Jones, responsable de Oriente Medio en el Departamento de Estado, ha vuelto a hablar del espantajo del gulag en la cárcel de Saydnaya, de crematorios inexistentes, de masacres masivas… Ha presentado fotos tomadas vía satélite, posiblemente las mismas que mostró el general Powell para demostrar la existencia de armas de destrucción masiva en Irak.
En Washington y Tel Aviv han reaccionado de forma muy agresiva. No han aceptado las zonas de desescalada aprobadas en la última reunión de Astana y, de rebote, ya no admiten ninguna forma de colaboración con Rusia en Siria. Por lo demás, los últimos bombardeos de Estados Unidos en Hassaka y Al-Bukamal han causado muchas más víctimas civiles entre la población que los anteriores, a lo que sólo cabe darle una explicación: los imperialistas quieren provocar una estampida que deje el terreno libre al Califato Islámico.
En este contexto, las declaraciones de Barzani contra las milicias Hached Al-Chaabi vuelven a sembrar todas las dudas sobre el verdadero papel que están desempeñando los kurdos, sobre todo los irakíes, en esta guerra. La ofensiva de los milicianos chiítas no se dirige hacia Kurdistán, por lo que podía haber mantenido la boca cerrada. Pero cuando en medio de la batalla critica a uno de los bandos, hay que pensar que trata de proteger al otro, que en este caso es el Califato Islámico, nada menos.
Una vez más, es un juego muy turbio por parte de los kurdos. ¿Por qué Barzani se ha metido en camisa de once varas que ni le va ni le viene? Porque el Plan Erdogan para Rojava consiste en que los kurdos irakíes, títeres de los imperialistas y los sionistas, sean los que ocupen Rojava en sustitución del PKK-PYD.
Muy probablemente el imperialismo haya encomendado también a los peshmergas irakíes que se encarguen de controlar la frontera entre Irak y Siria y las regiones de Sinjar y Qamichli que sirven de base de operaciones al PKK.
El juego de los peones del imperialismo se completa con la insistencia del delegado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, que quiere vender la piel del oso antes de matarlo. El diplomático sólo habla de la futura constitución y se olvida de la guerra. Es posible que pretenda, mediante presiones y agresiones militares, influir sobre dicha constitución porque si el ejército regular aplasta a los yihadistas, los imperialistas no van a tener mucho margen de maniobra en Ginebra.
Como en la guerra civil española, en medio de los combates a alguien siempre se le ocurre abrir un tercer frente, hacer una “revolución” en la retaguardia o implantar una sociedad utópica, confederal y autogestionaria en Rojava. Lo que se le ha ocurrido al delegado de la ONU es formar un equipo de expertos en Derecho Constitucional… En fin, a la ONU hay que recordarle lo obvio: la constitución de Siria es un asunto que sólo concierne al pueblo de Siria. Y no hay nada más que hablar al respecto (entre otras cosas porque así lo dice la Resolución 2254/15 de la propia ONU).


La manera en que los forenses practican las pruebas en los juicios son una chapuza. Una inspección interna del organismo detectó errores en los análisis de ADN y posteriormente la central de policía publicó un comunicado en el que calculaba en unos 60 los condenados a muerte con dichas pruebas y testimonios calificados como “dudosos”.
El FBI admitió errores en el análisis del cabello al microscopio y en informes de los laboratorios presentados en jucios criminales, lo cual ya no sucede —asegura la policía— porque, además del cabello, se analiza también el ADN mitocondrial.
Una vez que han hecho correr la sangre, el FBI prometieron que tales errores no volverían a ocurrir porque a partir de entonces iban a analizar los restos “con el máximo rigor” y para ello dispondrán de más medios.
El Ministerio de “Justicia” también se comprometió a informar de los errores a los afectados para que los tribunales rectificaran las condenas emitidas en base a tales fallos.
Será un poco difícil que le puedan informar a uno de esos afectados porque le ejecutaron en Texas en 1997 en base a dichos errores. Otro afectado se pasó 27 años encerrado por culpa del FBI y nunca le devolverán la vida que le arrebataron, ni los carceleros, ni los jueces, ni los fiscales, ni los policías… ni el mismísimo dios.
La inspección del FBI ha redactado un listado de sugerencias para que en el futuro los analistas “científicos” las tomen en consideración. Recomiendan revisar las piezas de convicción y alertar a los acusados de que sus condenas se han podido dictar en base a análisis y testimonios poco fiables.
No es un asunto nuevo. En 1997 otra inspección ya apuntó importantes irregularidades cometidas por 13 analistas del laboratorio del FBI de Quantico, en Virginia. Para los que nos piden las fuentes de nuestras informaciones, aquí les dejamos una muestra de lo que The Guardian calificó como un “desastre masivo”:
Thirty years in jail for a single hair: the FBI’s ‘mass disaster’ of false conviction
— https://www.theguardian.com/us-news/2015/apr/21/fbi-jail-hair-mass-disaster-false-conviction
The FBI Laboratory’s Latest Scandal
— https://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/04/csi-is-a-lie/390897/
Después de aquel primer “escándalo” han pasado 20 años y las recomandaciones no han servido para nada. Al FBI no le importa seguir admitiendo irregularidades y errores, lo que debería ser preocupante, sobre todo en un país, como Estados Unidos, donde la pena de muerte es el deporte nacional.
Las pruebas forenses de ADN son una comedia. En muchos países se
comercializa ADN falso para dejar en el escenario del crimen y despistar
a los sabuesos de las películas de policías. Ya lo llaman “robo de identidad genética”. Lean lo siguiente, que es una noticia de 2009 sobre los “mitos” del CSI que embaucan a los telespectadores:
CSI Myths: The Shaky Science Behind Forensics
— https://www.popularmechanics.com/science/health/a4535/4325774/
Los análisis informáticos del FBI, como los que acusan a Rusia de piratear los servidores del partido demócrata, son una risa, o mejor dicho, son hilarantes, para jugar con el nombre de Hillary (Hilaria en castellano, que produce risa):
Let’s Call Out CSI: Cyber’s Hilariously Absurd Technobabble
— https://www.wired.com/2015/05/csi-cyber-tech-talk/
Los forenses se sienten comprometidos por las series de la tele y han enumerado seis razones por las cuales son absurdas:
The CSI Effect: 6 Reasons Why TV Crime Shows are Patently Absurd
— http://forensicoutreach.com/library/the-csi-effect-6-reasons-why-tv-crime-shows-are-patently-absurd/
Un estudio australiano ha demostrado que los perros-policía que detectan los alijos de droga por el olfato se equivocan en el 74 por ciento de los casos.
Por el contrario, nadie ha demostrado nunca que las huellas dactilares sean únicas para cada persona. Una huella no demuestra nada; a lo máximo es un indicio o una presunción, no una prueba. En 2006 la Universidad de Southampton pidió a seis “expertos” famosos y reconocidos especialistas en Dactiloscopia, que volvieran a examinar las huellas dactilares que ya habían analizado con anterioridad. Sólo dos de ellos llegaron a las mismas conclusiones.
En febrero de 2009 un informe de la Academia de Ciencias de Estados Unidos ya explicó que creer en las pruebas forenses es como como creer en el milagro de los panes y peces del que habla la Biblia: “Con excepción del análisis del ADN, ninguno de los métodos utilizados en materia de policía científica y técnica ha demostrado de manera rigurosa que tenía la capacidad, de manera permanente y con un algún grado de certidumbre, de demostrar un lazo entre un resto y un individuo o una fuente específica. Aunque se hayan emprendido investigaciones en ciertas disciplinas, existe una falta notable de apoyo por los pares y estudios públicos que establezcan las bases científicas y la validez de numerosos métodos de política científica y técnica”.
En 2004 un joven de 23 años, Todd Willingham, fue ejecutado por el asesinato de sus tres hijos pequeños mediante el incendio de su vivienda. Tras la ejecución, un contra-análisis del New Yorker demostró todo lo contrario: el incendio no fue intencionado:
http://www.newyorker.com/reporting/2009/09/07/090907fa_fact_grann
Ya saben: al juicio no faltó ninguno de esos “expertos” de pacotilla que es a quien habría que poner entre rejas. Uno de ellos fue un siquiatra que calificó a Willingham como un “sociópata muy peligroso”.
La “sociopatía” es la típica estupidez inventada en las universidades de Estados Unidos para que los policías y los foreses cometan sus crímenes con absoluta impunidad.
Las personas como Willingham son asesinados legalmente por una única razón: son pobres y no tienen dinero para pagarse un abogado que trabaje en su defensa con un mínimo de decencia profesional.
En Estados Unidos hay una fundación, Innocence Project, que ha logrado liberar de la cárcel a 242 personas encerradas a pesar de ser inocentes; la mitad de ellos habían sido condenados gracias a “pruebas científicas”.

El portavoz de la Plataforma de Fusilados de San Lorenzo, Francisco González, que ha publicado dos libros relacionados con el franquismo en Canarias (basados en relatos y testimonios de familiares de víctimas de la represión) señala que este homenaje servirá para que “la historia nunca se vuelva a repetir”. Explica que en esta comisaría, como ya han testificado otros historiadores, se llevaron a los 27 de Agaete, hombres de los que nunca se conoció su paradero.
González, como también relata en su último libro, recuerda que al Valle de Agaete se le empezó a conocer como El Valle de las Viudas, ya que después de que en la madrugada del 4 de abril de 1937 fueran sacados de sus casas e introducidos en unas guaguas, no se supo nunca nada más de ellos. Las mujeres de estos jornaleros y comerciantes iniciaron su búsqueda por toda la Isla. Y es que, cuando fueron a preguntar por ellos a la comisaría de la calle Antúnez, les dijeron que habían sido puestos en libertad. Sin embargo, “lo más seguro que es los hayan arrojado por la Sima de Jinámar, según cuentan algunos testimonios recogidos”, señala.
“Una de las víctimas es César Expósito, de sólo 34 años, carnicero de profesión y que pertenecía a la Sociedad de Oficios Varios de Agaete, su hija de ocho años vio cómo se llevaban a su padre”, relata González. No obstante, menciona otros nombres como Antonio Álamo Godoy, José Álamo Sosa, Antonio Dámaso Álamo, Gregorio Dámaso Álamo, Jose Diepa Jiménez… entre otros. Todos jornaleros humildes, pero faltan otras personas que también fueron conducidas a este lugar a la fuerza para extraerles información.
El portavoz de la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo explica que, en esta comisaría, las torturas iban desde la ingesta purgante de cristales de sal, exomita o sulfato de magnesio, con el fin de sonsacarles información, hasta otras más fuertes. “Colgarles de los pies, electricidad, apalearles hasta casi la muerte…” son otras de las técnicas que cuenta.
También menciona la historia de Agustín Cabrera, presidente de la Fereracion Obrera, “que fue ahorcado en esta comisaría, llamada de Investigación y Vigilancia en ese entonces”.
Los interrogatorios podían durar días. “Allí llevaron también a muchas mujeres a fin de que dieran información”. Cuenta que a cada persona que entraba se le asignaba un número y a muchos de ellos luego los llevaban a “la Sima de Jinámar, a la Marfea, a los Pozos de Tenoya y Arucas… sitios de exterminio”, “había incluso quien moría durante las torturas”.
La Plataforma de Familiares Fusilados de San Lorenzo y el Foro Canario Víctimas del Franquismo comenzarán a recoger firmas en los próximos días, además de distintas campañas por redes sociales y movilizaciones, a fin de que se ponga una placa en este edifio y se recuerde lo que ocurrió.
Esta no es la única lucha que abandera González por la Memoria Histórica, también es nieto de un sindicalista asesinado por las fuerzas franquistas y que está enterrado en la fosa común de Vegueta y lucha para que esta se exhume, por lo que integra también un comité popular por esta causa. A su vez, promueve la exhumación de la Sima de Jinámar, una causa con la que se ha comprometido el Cabildo de Gran Canaria, pues un arqueólogo bajará a examinar su estado y estudiar la posibilidad.
No obstante, asegura que estos no son los únicos puntos donde se llevaron a cabo “crímenes franquistas”, también hubo otros puntos de tortura en Arucas, Tamaraceite… y en el local del Círculo de Arenales, una casa antigua de la calle León y Castillo. Se trataba de un circulo de los obreros pero convertido en un lugar de detención y tortura. “Ahí llevaron a mucha gente de La Isleta y ahí fueron torturados y asesinados después por lo que más adelante pediremos que se conmemore este lugar también”, afirma.

Es una constante que se repite en todo ese tipo de atentados que se han cometido en Europa: los hilos conducen siempre a los aparatos represivos del Estado, cuyos poderes de actuación han crecido en los últimos años a golpe de atentados y de… mentiras. El estado de emergencia en Francia se apoya en este tipo de manipulaciones, de la que todos los partidos parlamentarios son cómplices.
Desde 2015 en Francia la prensa no ha dejado de hablar de estos atentados ni un momento. Ahora el tono vuelve a subir otro escalón porque Hermant ha implicado directamente al Estado en la preparación de los crímenes y, más concretamente, a tres gendarmes, dos aduaneros así como al crimen organizado, que es más de lo mismo: un tentáculo del aparato represivo del Estado.
Hermant suministró las armas a Amedy Coulibaly y a los hermanos Kouachi, los yihadistas que cometieron los atentados de enero de 2015. Su abogado, Maxime Moulin, dice que el fascista trabajó bajo la cobertura del servicio de aduanas hasta 2013, fecha a partir de la cual pasó a trabajar para la Gerdarmería. Una de esas tareas encubiertas, dice el abogado, fue la entrega de las armas a Coulibaly.
Tratándose de un confidente, podemos sospechar que es mentira y que trata de salvar su pellejo, pero el caso es que en junio de 2015 el Ministerio del Interior declaró secreto el asunto, por lo que —en efecto— hay gato encerrado; algo quieren ocultar, lo que pone de manifiesto la falacia de esas típicas falacias que declaran los jefes de la policía “en caliente” prometiendo que van a investigar a fondo, hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga…
El abogado ha denunciado al Ministerio del Interior ante la fiscalía por “poner en peligro la vida de terceros”. Moulin exige que se levante el secreto sobre los contactos entre el yihadista y el fascista que, naturalmente, estaban siempre estrechamente supervisados por la policía.
El abogado se apoya en un artículo de Médiapart publicado en marzo de este año, según el cual Hermant anunció a la Gendarmería de que un cargamento de armas estaba a punto de cruzar por un peaje de la autopista entre Lille y París y la policía sólo interceptó a uno de los vehículos, dejando pasar al otro.
Es más, el segundo vehículo pudo atravesar el peaje porque fue previamente avisado del control de carreteras, según el abogado. En este segundo convoy estaban las armas que acabaron en las manos de Coulibaly.
La Voix du Nord ha publicado alguno de los correos electrónicos intercambiados entre el fascista y un gendarme en noviembre de 2014, dos meses antes de los atentados: “Hola Claude, con nuestros jefes hemos visto… los dos informes que nos has presentado (armas-Charleroi)…”
Los mensajes ponen de manifiesto que el trabajo de Hermant tenía el respaldo de un servicio de inteligencia para que entregara las armas a Coulibaly o a otros yihadistas. La Voix du Nord concluye: “Imagine que Usted cae sobre ese mensaje (entre una decena) enviado por un gendarme a Claude Hermant el 21 de noviembre de 2014 a las 8:47h. Que un allegado del detenido cerifique que ‘Claude Hermant se ha guardado las espaldas’”.
La radiografía de los atentados yihadistas que se va perfilando muestra un aspecto que no debe pasar desapercibido. Se trata del papel de un fascista, como Hermant, que además de colaborar con la policía colabora también con los yihadistas, lo que tiene muy poco que ver con los llamamientos “ultras” en toda Europa en contra de los emigrantes, a los que pintan como delincuentes.
Pero la biografía de Hermant parece sacada de los más viejos manuales del VII Congreso de la Internacional Comunista: el fascismo no son los grupúsculos de energúmenos que saludan a la romana y posan con la parafernalia del III Reich. El fascismo es el mismo Estado imperialista de los que los otros, “ultras” y yihadistas, no son más que apéndices. Tanto los Estados burgueses, como la OTAN y la famosa “extrema derecha” necesitan atentados yihadistas para crecer y fortalecerse.
Todos —absolutamente todos— los yihadistas a los que se les ha relacionado con atentados en Europa eran conocidos y estaban controlados por la policía. Su supervisión no dependía de un único Estado, como Francia en este caso, sino de varios de ellos (Marruecos, Argelia, Turquía, Rusia, Israel), que advirtieron con suficiente antelación de lo que iba a suceder.

A través de su cuenta en Twitter, Rangel expresó su indignación ante la violencia ejercida contra esta empresa, al tiempo que señaló como responsables a manos terroristas.
“La empresa del pueblo Transbolívar fue atacada por manos terroristas, a esta hora 51 unidades afectadas”, afirmó el gobernador, que detalló que los autobuses fueron quemados con el uso de bombas molotov, por lo que fueron habilitadas 198 unidades para seguir prestando el servicio en la entidad.
Ante estas acciones desestabilizadores, que han ocasionado al menos 45 fallecidos en el país el último mes, el ministro de Transporte, Ricardo Molina, señaló de “responsables logísticos” a los diputados opositores de la Asamblea, Julio Borges y Freddy Guevara.
“Tenemos que reflexionar sobre esto. Indiferentemente de cuál sea su posición política, no es justo que afecten el servicio público que beneficia a todo el pueblo”, dijo.
Ante estas acciones terroristas, el economista Nelsón Ford aseguró que, dentro de la sociedad venezolana, existe una “sociedad de cómplices” que es responsable de instigar al odio y promover el caos en la nación.
“Hay una sociedad de cómplices, inmersas en nosotros mismos. Internamente, dentro de nosotros, hay gente disfrazada de revolución, tratando de crear distorsión en nuestro sistema. La Constituyente desmonta toda la estructura que quiere atentar contra la democracia que estamos construyendo”.
Sin embargo, Ford reafirmó el compromiso de “todos los cuerpos de inteligencia, incluyendo la defensoría del pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia”.