El terror y el terrorismo son una creación histórica de la burguesía. Asediada por la reacción europea, en 1793 la burguesía francesa puso en marcha
“desde arriba”, desde el aparato del Estado, una gran maquinaria de exterminio, perfectamente orquestada, para acabar con reyes, príncipes, marqueses, barones y, naturalmente, cardenales, obispos, prelados y monjes, en fin, las clases dominantes del Antiguo Régimen.
Su símbolo fue la guillotina y, desde entonces, la historia sabe que no hay parto sin dolor, no hay evolución ni progreso que no comporte violencia ni enfrentamiento. Las sociedades nunca han conocido ninguna transición pacífica. Toda revolución engendra una contrerrevolución y a la inversa. Los poderosos no se resignan, no ceden pacíficamente sus privilegios, sino todo lo contrario: se aferran a ellos con uñas y dientes.
Lo que hoy llaman “derechos humanos” y libertades tuvo su origen en todo lo contrario: el terror. El 10 de junio de 1794, en plena vorágine terrorista, el Comité de Salud Pública eliminó a los acusados el derecho de defensa y el derecho al recurso contra sus condenas. A esta constatación jurídica hay que añadir la política: los “acusados” formaban parte de una clase social, la aristocracia feudal. Eran “el enemigo” de clase e iban a ser privados de derechos para que los derechos pudieran triunfar en lo sucesivo.
Un abogado, Robespierre, que presidía el Comité de Salud Pública, se encargó de convencer a los diputados de que votaran a favor de aquella ley con un tono característico del que Marx se burlaría años después. Como otros personajes similares a los que la historia reservó un papel parecido, Stalin sin ir más lejos, también Robespierre ha sido injustamente tratado de “carnicero”, cuando él fue de los primeros en defender la abolición de la pena muerte. La historia es así de paradójica.
El decreto fue redactado por Georges Couthon para reducir el proceso judicial a una pura fórmula. Lo que el Tribunal Revolucionario debía decidir era muy simple, sin término medio: o el acusado sale absuelto o se le corta la cabeza.
En aquella época, los juristas como Robespierre o Couthon, tenían concepciones políticas muy claras. En un periódico, El Mercurio Universal, Couthon explicó el 12 de junio el objetivo de aquel decreto. Hasta el momento las medidas judiciales adoptadas para defender la Revolución habían sido insuficientes, escribía Couthon. Los enemigos eran mucho más poderosos de lo que cabía sospechar en un primer momento. El viejo despotismo había creado una “verdad judicial” que no era la “moral” ni “natural”. Frente a la aureola de la aristocracia y la iglesia no bastaban las pruebas ni las evidencias que se llevan a los tribunales.
Las palabras mágicas de Couthon fueron las siguientes: “El plazo para castigar a los enemigos de la patria es el tiempo de reconocerles: se trata menos de castigarlos que de aniquilarlos”, decía el jurista. No hay sospechosos; lo que hay son enemigos. El exterminio de los señores feudales debía pasar de los juzgados a la tribuna política.
Es imposible sustraerse a la tentación de reproducir párrafos enteros de aquel escrito, que parece de hoy mismo: “Una Revolución como la nuestra —decía el abogado francés— no es más que una sucesión rápida de conspiraciones porque es la guerra de la tiranía contra la libertad, del crimen contra la virtud. No se trata de dar ejemplo, sino de exterminar a los satélites implacables de la tiranía o de perecer con la República. La indulgencia hacia ellos es atroz, la clemencia es parricida […] La República atacada desde su surgimiento por enemigos pérfidos y numerosos, debe golpearles con la rapidez del rayo, tomando las precauciones necesarias para salvar a los patriotas calumniados. Sólo poniendo el ejercicio de la justicia nacional en manos puras y republicanas, podrá cumplir su doble cometido”.
Fue como abrir la veda. Sólo en París, durante el verano de 1794, los verdugos de la Revolución ejecutaban 200 penas capitales a la semana. El gran escritor Víctor Hugo describió la matanza de aristócratas en su novela “El Noventa y Tres”, cuando los desarrapados viajaban de pueblo en pueblo con una guillotina rodante preguntando por los duques del lugar, o por los curas. ¿A quién hay que cortar la cabeza aquí?
Gracias al terror y al terrorismo los revolucionarios franceses trajeron al mundo las libertades y los derechos, contaminados desde entonces por aquel pecado original, del que los historiadores, los juristas y los periodistas no quieren ni oir hablar.
Les ocurre como a todos los demás mortales: quieren los derechos pero no están dispuestos a ensuciarse las manos para conquistarlos, ni para defenderlos. Que lo hagan los demás.
