“Se observa con preocupación la permanencia de un patrón de impunidad […] contrario a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España”, dice el informe, que critica la falta de acción de los tribunales españoles en este sentido. Asegura la ONU en el documento de seguimiento remitido al gobierno que no solo el Estado está faltando en su obligación de investigar las desapariciones forzadas sino que, además, se dan “constantes obstrucciones al procedimiento judicial excepcional llevado a cabo por la justicia argentina”.

La jueza María Servini de Cubría dictó en 2014 una orden internacional de detención preventiva y extradición contra el exministro franquista Rodolfo Martín Villa –y otros 19 imputados por crímenes durante la dictadura– que hoy, tres años después, no se ha hecho efectiva. A este bloqueo judicial, dice el informe, ha contribuido el Estado español con decisiones como la que tomada por la Audiencia Nacional cuando denegó un exhorto diplomático librado el 23 de junio de 2016 para interrogar a varios encausados –entre ellos Martín Villa– sobre un “pliego de preguntas”. De hecho, el exministro franquista ha logrado finalmente su propósito de ir a declarar a Buenos Aires sin riesgo de ser detenido.

El grupo de trabajo, que lleva comunicándose con España desde 2002, enfoca las críticas más duras al Ejecutivo de Mariano Rajoy por no “actuar con la debida urgencia y celeridad” ni “asumir un rol de liderazgo para asegurar una política de Estado en este tema como se había recomendado en el informe de visita”. Se refiere concretamente, y no es la primera vez, a la financiación de exhumaciones y procesos de identificación de los restos para que “estos no dependan exclusivamente de algunas comunidades autónomas, así como de particulares o asociaciones privadas”.

Desde que Rajoy llegó al gobierno en 2011, los presupuestos generales del Estado no han destinado ni un euro a cuestiones relacionadas con Memoria Histórica, pese a que hay unas obligaciones recogidas en la ley de 2007, cuya existencia recuerda el informe de la ONU. Entre las medidas puestas en marcha por el gobierno socialista precedente sin suerte de continuación está el mapa de las fosas comunes, que lleva desde 2011 sin actualizarse. Este registro contabilizaba 2.000 sin abrir, aunque estos datos les parecen optimistas a las asociaciones de víctimas. La lista que recibió Baltasar Garzón para estudiar si era competente o no para investigar los crímenes franquistas alcanzaba los 130.000 desaparecidos.

El informe hace mención expresa al Valle de los Caídos y “lamenta” que el Estado haya hecho caso omiso a las “recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión de Expertos para el Valle de los Caídos de 29 de noviembre de 2011”. El Congreso de los Diputados instó en mayo al gobierno a exhumar de allí los restos de Francisco Franco con la oposición del PP y ERC. El Ejecutivo no ha movido ficha desde entonces, y tampoco tiene obligación de hacerlo porque se trata de una iniciativa no vinculante que precisa, además, de dotación presupuestaria.

También se refiere el grupo de expertos a la reforma del Código Penal. “La tipificación de la desaparición forzada incluida por la reforma no es plenamente compatible con la Convención para la protección de todas las personas forzadas”. Se refiere a la imprescriptibilidad de este delito, no incorporada a la reforma, y convertida en uno de los argumentos en los que se ampara la justicia para rechazar denuncias de particulares. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Soria se negó por este motivo a investigar el caso de Abundio Andaluz, fusilado en 1936.

El documento de recomendaciones que emitió el mismo grupo de trabajo en 2013 tras la visita del grupo de trabajo a España urgía a “eliminar los obstáculos jurídicos de orden interno” que impiden investigar y juzgar estos crímenes o “asumir sus obligaciones internacionales y comprometerse de manera más activa y urgente en la determinación del paradero de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura”, poniendo especial énfasis en la “urgencia y celeridad” debido a “la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos”.

Cuatro años después, la situación es la misma. Y ante este incumplimiento, el informe da un plazo de 90 días al Estado para que “presente un cronograma actualizado en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo para implementar las recomendaciones aún pendientes y las fechas previstas para cada una de ellas”.