La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (CAT) el caso de una mujer de Córdoba víctima de malos tratos y lesiones durante su detención en 2013 por parte de agentes de la Policía Nacional.
La víctima denunció los hechos, pero su denuncia fue archivada. En ella señalaba que fue “abofeteada, esposada, golpeada en la cabeza y la nariz, y llevada a comisaría sufriendo durante la conducción frenazos violentos que le produjeron continuos golpes en la cara contra la mampara de plástico, mientras los agentes se reían”. Una vez retenida en comisaría, afirma que no se le informaron de sus derechos, ni recibió asistencia legal o médica, a pesar de haber solicitado esta última. Una vez puesta en libertad, la mujer llamó a una ambulancia con su propio móvil en la puerta de las dependencias policiales, y poco después tuvo que ser intervenida quirúgicamente por las lesiones recibidas.
La APDHA pide al CAT que recomiende a España una investigación exhaustiva de la circustancias en las que tuvieron lugar los hechos. Según apuntan desde la APDHA, en el proceso jurídico posterior a la denuncia de la víctima se reconoció que la mujer había sufrido lesiones durante su detención, aunque se diera por buena la versión de los agentes implicados.
La tortura en España
La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) publicó un informe que revelaba que hubo 7.582 denuncias por torturas en España entre los años 2004 y 2014, asimismo, 50 personas fallecieron por la acción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, según los datos registrados por CPDT . Sólo en 2014, un total 961 personas presentaron denuncia de malos tratos bajo custodia.
A su vez, en ese informe también se reflejaba que entre los años 2009 y 2012 se abrieron causas penales contra un total de 4.211 funcionarios públicos relacionadas con la tortura de los que únicamente 29 acabaron condenados. En cuanto a los expedientes disciplinarios abiertos en ese período de tiempo, más de lo mismo: de los 442 expedientes, sólo 28 se resolvieron con una sanción al agente implicado.
Amnistía Internacional ponía en evidencia en su informe de 2015 para el CAT la“investigación interna inexistente o inadecuada” de los casos de tortura, la “inacción de los agentes de policía que no impiden o no denuncian los malos tratos infligidos por compañeros y el corporativismo que lleva a encubrir la conducta ilegal de otros agentes”.
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