Sobre el Ejército de Liberación Nacional se han fabricado muchos mitos que justificaran, ante los intereses del establecimiento, la imposibilidad de hablar en serio con nuestra organización de los cambios profundos que requiere Colombia. Si hasta hace unos meses el cuento venía por la falta de unidad de mando o por el carácter “marginal” de nuestra organización, ahora todo se centra ante la opinión pública, en ligar al negocio del narcotráfico al ELN, una organización político-militar consagrada desde hace 54 años a impulsar transformaciones revolucionarias en Colombia.
En una carta que envió el primero de mayo Nicolás Rodríguez Bautista en nombre del COCE al presidente del gobierno colombiano, Juan Manuel Santos, el líder del ELN advertía: “Esta campaña mediática, de acusaciones infundadas y montajes contra el ELN, están causando un grave daño al proceso de paz y amenazan la seguridad de nuestra Delegación de Diálogos”. Y reclamaba el comandante Nicolás: “Se requiere que el Presidente de la República como representante de todas las autoridades y Jefe de Estado brinde de manera clara las garantías, que la Delegación requiere para adelantar sus actividades, respetando su integridad en todas las fases de su trabajo y desplazamientos, como está acordado ante Garantes internacionales”.
Santos respondió un día después, pero no aludió directamente a esta campaña de desprestigio que se puede traducir en falsos positivos jurídicos -como al que se enfrenta Jesús Santrich-, sino que simplemente ratificó su “absoluto compromiso para realizar todos los esfuerzos posibles en el corto tiempo que queda de mi mandato como Presidente para llegar a un acuerdo que ponga fin al enfrentamiento armado con el ELN”. Eso sí, advertía que tanto su “carta de respaldo [al proceso de diálogos] como la carta adjunta de la Fiscalía General de la Nación, proveen garantías completas relacionadas con la protección y la seguridad personal de la Delegación del ELN [en la Mesa de Diálogos]”.
Más cartas… con respuestas a medias. Santos se refería a la segunda misiva que la Vicefiscal General de la Nación dirigía el 30 de abril al comandante Pablo Beltrán, respondiendo a las exigencias de la Delegación de Diálogos del ELN, de aclaraciones sobre si se seguía algún proceso contra miembros del ELN en asuntos de narcotráfico. María Paulina Riveros Dueñas se refiere sólo a la posible vinculación con el caso que se le sigue a Jesús Santrich, de las FARC, y afirma: “No existe investigación penal alguna, en la actualidad, que vincule al ELN con la investigación aludida”. Y ante la posibilidad de que exista algún requerimiento de un país extranjero al respecto, Riveros Dueñas, tras decir que esos asuntos tienen “reserva legal”, asegura: “Estoy en condiciones de afirmarle que no existe NINGUNA [en mayúsculas, en el original] solicitud de autoridades extranjeras que vincule a miembros del ELN en el caso en cuestión”.
Las respuestas, así, son parciales y sólo se refieren al caso de Santrich, sobre el que un supuesto miembro del CTI habría vinculado al ELN en la falsa operación de exportación de droga. Y Santos no se atreve a entrar al tema de fondo, que tan claramente señala el comandante Nicolás Rodríguez Bautista: y es que la organización “nada tiene que ver con el negocio del narcotráfico y que está prohibido para todos los integrantes y estructuras del ELN tener cultivos de uso ilícito, laboratorios, rutas y transportes o cuidar infraestructura comprometida con dichas actividades”. “Todas estas prácticas”, le explicaba el miembro del COCE a Santos, “están penalizadas en la normatividad del ELN, todos sus integrantes las deben respetar y se aplican sanciones a quienes las violenten. Lo único que está autorizado es el cobro de un impuesto, como a toda actividad económica”.
La insistencia del establecimiento y de su maquinaria mediática en propagar la mentira parece, más bien, parte de una estrategia para invertir la prueba de cargo. Es decir, ahora el nuevo enemigo público número uno es el ELN y acusarle de ser el culpable del narcotráfico en el país, equivale a desviar la atención de la estructura corrupta del Estado, de poderes locales y de miembros de las Fuerzas Militares que permite que las organizaciones narcotraficantes estén haciendo control efectivo de ciudades y territorios, de pasos fronterizos y negocios de diversa índole. Las mentiras también permiten que la opinión pública colombiana, aturdida por el bombardeo de postverdad, no se pregunte para qué han servido las décadas y los miles de millones de dólares que EEUU ha invertido en territorio colombiano para una fracasada “guerra contra las drogas”, que no ha servido sino para reproducir Cárteles de la cocaína, alimentar el mercado del narcotráfico y para enriquecer a contratistas, mediadores y corruptelas varias.
Hagamos unas cuentas sencillas. Entre 1995 y el año 2009, esa supuesta guerra contra el narcotráfico costó, según datos incompletos del Gobierno, 8.140 millones de dólares, carca de 600 millones de dólares al año. Ese dinero se echó a los bolsillos de militares, contratistas y corruptos varios porque si en el año 1995 no se llegaba a 65 mil hectáreas sembradas de coca para cultivo ilícito, en 2017, según las agencias gringas, hay 188 mil hectáreas cultivadas. Más que en ningún año en las últimas décadas.
Quien falla es el Estado y sus alianzas con los Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del planeta, pero es más fácil mentir que fiscalizar; es más efectivo culpabilizar a organizaciones que cuestionan al establecimiento, que revisar quién está interesado en que el negocio de las drogas ilegales siga creciendo; es más rentable en las urnas enlodar al ELN que asumir que Colombia es el mayor productor mundial de cocaína.
Desde el ELN, sin embargo, seguimos aferrados a la verdad: nuestras directrices y nuestra normatividad son contundentes contra todos aquellos que tengan relación con la cadena del narcotráfico. La verdad del ELN se puede comprobar en los territorios, donde nuestros frentes trabajan mano a mano con las comunidades en la sustitución de los cultivos de coca para uso ilícito, antes y mejor que el Estado.