Ayer los trabajadores de Pirelli, en Argentina, iniciaron un paro de 24 horas, acompañado de una movilización hacia la Secretaría de Trabajo, como parte de un plan de lucha anunciado por el SUTNA (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino).
La huelga es consecuencia del descenso de los salarios reales. El año pasado la inflación superó el 120 por cien, erosionando significativamente los salarios de los trabajadores. Las negociaciones paritarias para actualizar los salarios de enero y febrero de este año no han llegado a ningún acuerdo.
Además, el sindicato ha denunciado despidos masivos y prácticas de flexibilización laboral por parte de la empresa, incluyendo jubilaciones voluntarias en Pirelli que son despidos encubiertos bajo presión.
La huelga escaló cuando la patronal de Pirelli se retiró de una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires sin firmar el acta, tras ser intimada a cumplir con el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso laboral.
El sindicato señala que la empresa ha bloqueado la entrada de los representantes sindicales a la fábrica y que se han producido accidentes laborales graves en un clima de presión sistemática sobre los trabajadores que, durante la huelga, apagaron simbólicamente la fábrica.
Este episodio no es aislado. En 2022 la multinacional ya se enfrentó a una lucha prolongada con el SUTNA, que duró cinco meses y culminó con la paralización de la producción de neumáticos en el país, afectando también a la industria automotriz.
En aquella ocasión se logró un acuerdo salarial del 66 por cien para 2021 y 2022 y un 73 por cien para 2022 y 2023, pero las tensiones resurgen ahora ante la negativa de la empresa a ofrecer incrementos que compensen la elevada inflación y frente a una ola de despidos que, según el sindicato, supera los 1.300 trabajadores en el sector desde entonces.
La huelga refleja un enfrentamiento más amplio entre los trabajadores, las multinacionales y la crisis económica, con un sindicato que acusa a Pirelli y otras empresas de alinearse con las políticas de ajuste que afectan los derechos laborales, mientras las empresas argumentan dificultades por la caída del consumo interno y restricciones a las importaciones.
La resolución de la huelga sigue pendiente, con el sindicato advirtiendo que podría intensificar las medidas de fuerza si no hay avances en las negociaciones.
La fábrica está ubicada en Merlo, en la provincia de Buenos Aires, y su plantilla se ha reducido desde 2.300 a unos 1.400 trabajadores.