Mali busca aprovechar al máximo su sector minero, que es esencial para su economía. El 1 de septiembre la empresa canadiense Barrick Gold anunció la firma de un acuerdo con la junta mililtar de Bamako para resolver los conflictos relativos a la explotación de la mina de oro Loulo-Gounkoto.
Es un paso adelante tras la auditoría de las minas de oro realizada en 2022, que reveló un déficit de casi mil millones de dólares para el Estado maliense. La auditoría condujo a la adopción de un nuevo código minero en 2023, destinado a corregir estas deficiencias y fortalecer los ingresos públicos procedentes de la minería.
El nuevo código minero de Mali concede ahora al Estado una mayor participación en los proyectos mineros, pasando del 20 al 30 por cien, y también introduce una participación del 5 por cien reservada a los inversores locales. Este importante cambio permite al gobierno beneficiarse más de la riqueza mineral, al tiempo que estimula la participación del sector privado maliense en una industria históricamente dominada por empresas extranjeras.
Con la nueva legislación, Mali espera recuperar parte del déficit estimado entre 300 y 600.000 millones de francos CFA, garantizando al mismo tiempo una mejor distribución de los ingresos de la minería. El acuerdo firmado con Barrick Gold podría ser un punto de inflexión en este proceso, ya que garantiza una explotación más equitativa de los recursos y podría servir de modelo para otras empresas mineras que operan en el país.
Barrick Gold es un socio clave de Mali, ya que ha invertido aproximadamente 10.000 millones de dólares en el sector minero de Mali durante los últimos 30 años. Loulo-Gounkoto, la mina de oro más grande de Mali, produce casi 700.000 onzas de oro al año, lo que contribuye significativamente a la economía del país. Sin embargo, las tensiones recurrentes en torno a la distribución de los ingresos mineros a menudo han tensado las relaciones entre el gobierno de Bamako y las empresas extranjeras.
Como parte del acuerdo, el gobierno de Mali también trabaja para garantizar que los nuevos inversores cumplan plenamente con el nuevo código minero, asegurando que los ingresos generados por las operaciones mineras beneficien al desarrollo económico y social del país.