El veredicto sobre la legalidad de la prohibición de Indymedia sigue pendiente. Probablemente el juicio se celebrará el año que viene. Sin embargo, la conclusión de los correspondientes procesos penales confirma que la prohibición del sitio fue un acto de censura política en la que el Ministerio del Interior, los servicios secretos y el partido nazi AfD trabajaron en estrecha colaboración.
El 14 de agosto de 2017 el entonces Ministro de Interior, Thomas de Maizière (CDU), cerró Indymedia cinco semanas después de las manifestaciones contra la cumbre del G20 en Hamburgo. De Maizière y el entonces alcalde de Hamburgo y actual vicecanciller, Olaf Scholz (Partido Socialdemócrata, SPD), aprovecharon las manifestaciones contra el G20 para lanzar una campaña pública contra el “extremismo de izquierda” con el fin de sentar los cimientos de un Estado fascista.
La policía atacó brutalmente a los manifestantes y miles de ellos fueron perseguidos por toda Europa. Algunos fueron multados duramente.
De Maizière justificó la prohibición de Indymedia diciendo que era “el sitio web más influyente para los extremistas violentos de izquierda en Alemania”. Lo que clausuró fue un foro centrado en la lucha contra el fascismo, el racismo y la guerra imperialista. El sitio ha desempeñado un papel importante en la denuncia del apoyo a los neonazis y ha proporcionado a muchos periodistas información antifascista.
El sitio ha sido utilizado por grupos progresistas como foro de información y discusión. Sobre la base del Código Penal, el poder judicial intervino y pidió a los administradores que eliminaran algunos artículos.
El Ministro de Interior utilizó una argucia legal para eludir la ley de libertad de prensa y cerró el sitio web. Se limitó a afirmar que se trataba de una “asociación” y la prohibió sobre la base de la Ley de Asociaciones.
La ley concede a los Ministros del Interior de los gobiernos federal y autonómicos la facultad de prohibir una asociación y confiscar sus bienes sin necesidad de un procedimiento judicial ni de recurso.
Diez días después de la prohibición del sitio, la policía registró los domicilios particulares de cinco personas y un centro cultural autónomo en Friburgo, incautando numerosos dispositivos técnicos, medios de almacenamiento, libros, notas privadas, folletos y otros documentos. Se les acusó de ser los administradores del sitio web.
La redada policial estuvo acompañada de una caza de brujas en los medios de comunicación. En una conferencia de prensa, el Ministro Federal del Interior declaró incluso que en los registros habían encontrado armas. Más tarde, el Ministerio del Interior tuvo que admitir que sólo se trataba de “objetos peligrosos” encontrados en un centro cultural ocupado, un edificio de varios pisos con muchas habitaciones. No se probó ningún vínculo con los acusados.
Desde el principio la policía coordinó estrechamente con los nazis de AfD y los servicios secretos la persecución de Indymedia y sus administradores.
Durante el procedimiento, los nazis de AfD presentaron varias denuncias penales ante el fiscal contra los administradores del foro. Entre otras cosas, el sitio había publicado documentos internos sobre los apoyos con los que cuentan los nazis .
La identificación de los acusados proviene casi exclusivamente del espionaje, que había introducido a un topo en el equipo de administradores del sitio, según Angela Furmaniak, abogada de dos de los acusados.
El papel del espionaje no se limitó a proporcionar a la policía información secreta, sino que también participó en el análisis de los materiales confiscados durante los registros. La policía envió al servicio secreto discos duros y otras pruebas informáticas que no pudo descifrar.
Entre ellos se encontraba un disco duro en el que se almacenaban los datos de unos 25.000 estudiantes de Friburgo. Uno de los administradores de Indymedia formaba parte de la unión de estudiantes de la Universidad de Friburgo. El sindicato de estudiantes ha intentado sin éxito prohibir legalmente el descifrado y análisis de estos datos. Sin embargo, parece que los espías aún no han logrado descifrarlos.
Los servicios secretos alemanes persiguen a los progresistas mientras trabajan en estrecha colaboración con los nazis, cuyas organizaciones han sido inundadas de confidentes, a través de los cuales los han financiado. El asesino del presidente del distrito de Kassel, Walter Lübcke, formaba parte de esa red y -contrariamente a las mentiras iniciales de los servicios secretos- era un miembro destacado de los grupos neonazis.
Hans-Georg Maassen, que dirigía el espionaje en el momento de la prohibición de Indymedia, es conocido por sus estrechos vínculos con los neonazis. Se reunió con dirigentes de AfD y les aconsejó lo que debían hacer para que su partido no fuera incluido dentro de las organizaciones de la “extrema derecha” en el informe anual que elaboran los servicios secretos y los defendió públicamente, como ocurrió durante los disturbios neonazis de Chemnitz.
Al mismo tiempo, el capataz de los espías incluyó al Sozialistische Gleichheitspartei (Partido Socialista por la Igualdad), que ha destacado siempre por su lucha contra el fascismo, entre los grupos de “extrema izquierda” y, por lo tanto, bajo la vigilancia del espionaje alemán.