A partir del 28 de febrero, los extranjeros en Canadá no podrán salir del país por vía aérea si no están “adecuadamente vacunados”. En los barcos, trenes y autobuses las vacunas importan mucho menos.
A principios de octubre el gobierno federal confirmó que sus aeropuertos estarían cerrados a las personas no vacunadas a partir del 30 de noviembre. Unos días antes el plazo se amplió hasta el 28 de febrero para los extranjeros.
Durante la última campaña electoral previa a su reelección, el primer ministro, Justin Trudeau, sugirió que la medida solo se aplicaría a los viajes en tren o en avión dentro del país, pero su alcance se amplió a principios de octubre.
“Ya no se aceptará una prueba molecular válida para el covid-19 como alternativa a la vacunación, a menos que pueda acogerse a una de las exenciones limitadas”, afirma ahora el gobierno canadiense en su sitio web oficial.
En cuanto a los ciudadanos canadienses, ahora ninguno puede subir a un avión, ni siquiera a un tren, si no se ha inyectado las dos dosis de una vacuna homologada. Ottawa acaba de ampliar la lista de vacunas aceptadas para las personas que entran en el país para incluir las inyecciones de Sinopharm, Sinovac (ambas chinos) y Covaxin (india). La Sputnik rusa aún no ha sido aprobada.
El 29 de enero Trudeau aseguró que menos del 2 por ciento de los “casos de covid” estaban relacionados con canadienses que regresan del extranjero, pero eso no le impidió afirmar que “incluso un caso es demasiado”.
El pretexto de Canadá de proteger a la población es legítimo en tiempos de pandemia, pero la violación de la libertad de circulación debe estar respaldada por justificaciones sólidas y excepcionales que no concuerren en este caso. La medida viola el principio de proporcionalidad establecido por la legislación canadiense. Los derechos y libertades sólo pueden restringirse dentro de límites razonables en circunstancias excepcionales.