La explicación tiene que estar en otro lado, que no es la deuda precisamente: a cambio de comprar deuda pública, la mafia Rothschild se está apoderando de Ucrania a precio de saldo.
Además de una guerra infame, Ucrania está viviendo una ola de privatizaciones que coincide con el nombramiento por la Rada (parlamento) del director de lo que podríamos llamar -para entendernos- patrimonio nacional, así como los jefes de lo que podríamos llamar como Tribunal de Cuentas, del Comité Anti-Monopolio y de los magistrados del Tribunal Supremo. Hasta aquí no hay nada que no supiéramos o sospecháramos en un país capitalista y fascista, como Ucrania: los cargos públicos se conceden o se quitan poniendo divisas (dólares) encima de la mesa.
Según una información del diario Nezavissimaia Gazeta, los golpistas llevan tiempo a la greña a causa del reparto de las poltronas pero, en definitiva, las privatizaciones, o sea, el reparto del botín, depende de la interminable reestructuración de la deuda, que es algo que se escapa al propio gobierno de Kiev. Sin embargo, la prensa europea es esquizofrénica: le interesa la deuda griega pero no le interesa la deuda ucraniana. Para nada.
Es curioso. Cuando el mes pasado la prensa ucraniana replanteó el problemón de la deuda, un artículo de la agencia Bloomberg afirmó que la mayor parte de la misma había sido adquirida por el fondo de inversiones americano Franklin Templton, es decir, para la mafia Rothschild. En las redes sociales Karl Voloj dejó caer que la titularidad de los Rothschild podría ser puramente instrumental: son meros gestores de una cartera de valores para clientes locales y estaban urdiendo la venta de la empresa Roshen, cuyo dueño es Poroshenko.
Voloj asegura -y tampoco es ninguna sorpresa- que Estados Unidos está detrás y delante del enredo de la deuda ucraniana: “Si lo he entendido bien, todo se está fraguando para impedir que Vladimir Putin tenga un voto decisivo en el consejo de acreedores y convertir a Ucrania en un país dependiente. Hoy es claro que nuestros temores no eran excesivos”, concluye.
La semana pasada la Rada aprobó la lista de privatizaciones para este año, que afecta a unos 300 lugares. La tajada no es ninguna tontería porque Ucrania fue una potencia económica y, como mínimo, lo que sale a subasta es la mitad de las 3.000 empresas públicas del país. Las más interesantes son las empresas estratégicas, como La OPZ, el puerto de Odessa, y Sumyjimprom. Pero su venta está prohibida por una ley especial, lo cual significa que para guardar las apariencias la Rada debe proceder a un chanchullo: habrá dos votaciones separadas, una para burlar la ley existente y otra para autorizar la privatización.
El gobierno espera recaudar 1.000 millones de dólares con la subasta de todo el listado de privatizaciones para 2015, lo cual es el precio que los inversores estaban dispuestos a pagar hace cinco años sólo por OPZ. Por esa cifra hoy cualquier especulador puede apoderarse de las empresas energéticas de regiones enteras de Ucrania.
En el sector minero, saldrán a subasta unos 30 yacimientos en las regiones de Volhynie, de Lvov et de Donetsk, aunque una buena parte del listado son empresas agrícolas, equipamiento y construcción mecánica.
En su blog el dirigente de Plataforma Cívica, Anatoli Gritsenko, critica los planes de privatización del gobierno porque no sólo el precio es ínfimo respecto al valor del mercado sino porque luego las familias oligárquicas las van a recomprar a través de los bancos públicos que también controlan ellos mismos. “Es un crimen contra Ucrania”, escribe.