“Los ERTE han llegado para quedarse”, ha dicho la ministra Yolanda Díaz. Forman parte de la nueva normalidad laboral. Lo que surgió para mantener contentos a una parte de los trabajadores durante la primera parte de la pandemia, se ha prorrogado seis veces, para acabar convertido en un instrumento permanente de política económica.
Como el resto de las medidas articuladas con el pretexto sanitario, los ERTE han sido un fraude o, dicho de otra manera, han multiplicado el fraude laboral, afectando en la actualidad a 240.000 trabajadores.
A fecha de 1 de junio, la Inspección de Trabajo había detectado fraude en uno de cada seis ERTE examinados. En total, impuso 5.459 infracciones por un valor total de 26 millones de euros. Es la punta de un gran iceberg.
Muchos trabajadores en ERTE han tenido que seguir trabajando “en negro” con salario reducido, turnos dobles y sustituyendo a los compañero que siguen sin recuperar su puesto de trabajo.
El teletrabajo ha favorecido el fraude.
La situación continua a fecha de hoy, a pesar de que las empresas ya no perciben ayudas, una situación que alcanza a unos 88.000 trabajadores. No obstante, cerca de dos tercios de los trabajadores que siguen en los ERTE que se pusieron en marcha a partir del 1 de octubre del año pasado, trabajan en empresas con exoneración de los pagos a la Seguridad Social.
Una tercera parte está sometido a los ETOP o ERTE de fuerza mayor. Principalmente se trata de empresas, sobre todo comerciales, tanto al por mayor como al por menor, que a pesar de no tener actividad, pagan las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores desde hace un año.
Esas empresas se ahorran el salario de los trabajadores, que pasa a ser sufragado con dinero público a través de la prestación por desempleo.