El responsable británico de la lucha antiterrorista, Neil Basu, no admite que las personas critiquen las vacunas contra el coronavirus, porque se trata de desinformación que amenaza la vida humana.
La libertad de expresión ya no importa porque la pandemia lo devora todo, hasta la vergüenza. El más mínimo asomo de duda al respecto es un caso que incurre en la etique de “extremismo”.
No se escapa nadie, aunque Basu aún no ha llegado a exigir abiertamente la aprobación de una ley que prohiba criticar las vacunas. Se limita a pedir “un debate nacional” para ir calentando el ambiente contra los antivacunas.
El miércoles durante una rueda de prensa, el campeón de la lucha antiterrorista se metió donde no le llaman para expresar su preocupación por el “fuerte aumento del material extremista en línea en los últimos años”.
El IRA se ha acabado, pero no la necesidad de buscar enemigos por donde sea. En Gran Bretaña ha surgido una “nueva y preocupante tendencia de radicalización de los jóvenes”, dice Basu. Los extremistas islámicos y los grupos de extrema derecha recurren a “falsas afirmaciones sobre el coronavirus” para radicalizar a sus seguidores.
Basu va tan rápido a la yugular que hasta los medios de comunicación han reaccionado en su contra. Se ha pasado de rosca y si la criminalización de cualquier clase de crítica a las vacunas no se dosifica lo suficiente, puede resultar contraproducente.
Hasta los partidarios de las vacunas han empezado a quejarse en las redes sociales. Hay razones completamente legítimas para criticarlas, dicen algunos. Otros admiten que la decisión de vacunarse es (debe ser) una decisión personal, y no una imposición. Finalmente, muchos han quedado horrorizados porque Basu trate de liquidar la libertad de expresión, “sin importar las opiniones”. “¿Soy el único que encuentra esto más preocupante que el propio virus?”, pregunta un usuario en Twitter.
Pero Basu no habla por su cuenta. El orfeón de políticos, funcionarios y “expertos” que piden la censura e incluso la criminalización de los antivacunas empezó a cantar hace varias semanas. A principios de esta semana el Partido Laborista exigió al gobierno la adopción de una legislación de emergencia para imponer sanciones civiles y penales a las redes sociales que no eliminen inmediatamente los mensajes que cuestionen el axioma de que “las vacunas salvan vidas”.
A pesar de que aún no se aprobado ninguna vacuna, el Secretario de Salud en la sombra del Partido Laborista, Jonathan Ashworth, exigió al gobierno que “se ocupe de algunas de las peligrosas tonterías y disparates contra la vacuna que hemos visto difundirse en los medios sociales, que erosionan la confianza en la vacuna”.
Mientras tanto, el gobierno estudia la posibilidad de imponer códigos QR a las personas que se vacunen para poder asistir a actos multitudinarios, como los deportivos o culturales.
Vaya, vaya, ellos que son el refugio preferido de los terroristas islamistas, ahora tan preocupados por el «terrorismo antivacuna», Por cierto, no es una vacuna, sino un experimento transgénico.