El 7 de mayo la directora del asilo DomusVi Chantada (Lugo), Petri Rodríguez, entró en la habitación de un anciano con un tono de voz muy alto, exaltado y agitado. La directora le reprochaba haberse comunicado con el exterior para denunciar que los 200 ancianos de la residencia llevaban días confinados ilegalmente por un supuesto brote de covid que afectaba a menos de una decena de personas y del que ahora ya no quedan casos.
El anciano fue empujado y arrinconado contra la pared por la directora en un claro acto de agresión física, mientras él le instó a terminar inmediatamente la acción violenta y a que se pusiera a una distancia mínima de un metro como corresponde a las medidas de seguridad y prevención.
Los 200 ancianos que viven en el asilo fueron liberados del confinamiento al día siguiente gracias a que el agredido tenía la intención de denunciar los hechos, lo que no pudo llevar a cabo por los impedimentos mostrados por el asilo para poder salir de sus instalaciones.
El 12 de mayo al anciano le bloquearon el teléfono. Tuvo que pedirle el terminal a un compañero del centro para llamar a Paulino Campos, presidente de la Federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarias de Residencias de Galicia (REDE).
El anciano le aseguró que sus hijos habían decidido bloquearle el teléfono a petición de la directora del asilo con amenazas y coacciones, al tiempo que le solicitaba ayuda para denunciar las agresiones.
El anciano ya había sido agredido en otra ocasión por un residente con las facultades perturbadas, sin que la dirección del geriátrico tomase medidas preventivas posteriormente.
El anciano se siente amenazado y perseguido, por lo que solicitó la apertura de diligencias judiciales y su traslado a otra residencia.
Un juzgado ha iniciado una investigación.
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