Congresistas de origen cubano en la Cámara de Representantes, primero, y luego en el Senado, introdujeron en el 2016 un proyecto de ley para impedir la entrada de préstamos financieros internacionales a Nicaragua, impedir las inversiones foráneas y frenar el importante desarrollo socioeconómico que experimentaba ese país. El castigo imperial nacido en lo peor de la gusanera anticubana, donde de acuerdo con distintas fuentes comenzó a tramarse desde el 2015, echó mano al manido pretexto de la supuesta falta de democracia; se justificó como “remedio” para “garantizar la transparencia electoral y combatir la corrupción”. El resultado de la sucia maniobra fue la “Ley de condicionamiento a la inversión nicaragüense del 2017” (Nicaraguan investment conditionality Act of 2017, Nica Act).
Ileana Ros, Albio Sires, Marco Rubio y Ted Cruz, entre otros, lo más retrógrado y cavernícola del Congreso, de Miami, Texas y New Jersey, apostaron nuevamente por reinventar la contra y echar abajo el gobierno sandinista que una y otra vez demostró contundentemente en las urnas contar con el respaldo de la inmensa mayoría del pueblo.
Como proyecto subversivo, sus hilos van más allá del Capitolio, por lo que legisladores y mafiosos tocaron en las puertas de la maquinaria golpista made in USA, trazando pautas para la campaña mediática, e hicieron sus encargos a las agencias y organizaciones especializadas en guerra sucia y golpes blandos, que trabajan a la par y en función de la comunidad de inteligencia en general y de la CIA, en particular.
En este caso concreto, medios de prensa internacionales han documentado la participación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid); la Fundación Nacional para la Democracia (NED), el Instituto Nacional Demócrata (NDI), así como sus subcontratistas o filiales, que venían trabajando meticulosamente desde la propia elección de Daniel Ortega en reinventar el “nuevo liderazgo”, colándose o infiltrándose selectivamente en sectores clave de la economía, la juventud, los estudiantes, medianos y pequeños empresarios, grupos ambientalistas, feministas, entre otros, para socavar las bases de apoyo al sandinismo.
El 16 de abril del presente año, montado en el mismo guion de los congresistas anticubanos, el administrador de la Usaid, Mark Green, anunciara que su gobierno continuará apoyando la participación “libre, segura y genuina” de la sociedad civil nicaragüense, tras manifestar que “Estados Unidos sigue con preocupación el cierre de espacios democráticos en Nicaragua, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y la propagación de la corrupción del gobierno”.
En marzo los congresistas, Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires enviaron una carta al administrador Green, en la que instan al gobierno estadounidense a revertir la decisión de “cero ayuda” a Nicaragua mediante la Usaid, propuesta para el periodo fiscal 2018-2019. Sin embargo, le exhortaron a “evitar apoyo a miembros del sector privado vinculados en corrupción, lavado de dinero y con el régimen de Daniel Ortega”.
A finales del 2008 medios de prensa señalaban que la Usaid había desembolsado ese año en Nicaragua por lo menos un millón de dólares a ONG, emisoras de radio y organismos políticos como el Centro de Investigaciones para la Comunicación (Cinco), para “incidir” en las elecciones municipales.
Se denunció en aquel momento que este financiamiento, encubierto como “pequeñas donaciones”, que supuestamente no debían exceder los 25.000 dólares, formaban parte del plan de gran escala que financiaba Estados Unidos y que ejecutaban desde esa fecha los agentes internos de la derecha nicaragüense para derrocar al Gobierno del presidente Daniel Ortega.
La estrategia mediática de entonces, montada para confrontar al gobierno sandinista desde los medios de comunicación, se ejecutaba a través de dos vías de financiamiento: una dirigida por la Usaid y el organismo Casal & Asociados (C&A) y otra, complementada por el llamado Fondo Común, de los europeos, los cuales se emplearon para desplegar campañas y movilizaciones para desestabilizar al Gobierno.
Ya en el 2008, medios de prensa nicaragüenses habían identificado al menos 14 proyectos subversivos de la Usaid que estaban en marcha en todo el país, con las más disímiles coberturas y títulos, los cuales se habían beneficiado del citado financiamiento.
Otra pieza significativa del andamiaje estadounidense es el Instituto Nacional Demócrata (NDI), un instrumento para el “cambio”, otro hilo de la CIA que se encarga del tan mencionado “empoderamiento” de los denominados “agentes para el cambio” (político y de sistema) de los países donde los gobiernos no son del agrado de Washington.
Un periodista sueco hacía referencia el pasado 4 de junio a la gira europea que realizaban por esos días tres estudiantes de Nicaragua para recabar apoyo al complot contra el gobierno sandinista y afirmaba que al menos una de las jóvenes representa a una organización financiada y creada por Estados Unidos.
Afirmaba que Jessica Cisneros, activa en temas de integración y participación juvenil en los procesos políticos, es miembro del Movimiento Cívico de Juventudes.
Otra de las “agentes” que andaban recopilando odio para el sandinismo y respaldo para el golpe, es Yerling Aguilera, de la Universidad Politécnica (Upoli) de Managua y especialista en investigaciones sobre la revolución y el movimiento feminista, quien –según afirma el periodista sueco– también ha sido empleada y consultora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) en Nicaragua, una instancia que trabaja para “el fortalecimiento de la capacidad de los actores políticos, estatales y sociales para un público mejor informado a través de servicios creativos e innovativos”. Ieepp ha recibido apoyo de la Fundación Nacional para la Democracia (NED) por 224 162 dólares entre el 2014 y el 2017.
La NED entre el 2014 y el 2017 ha desembolsado en Nicaragua alrededor 4,2 millones de dólares.
La Usaid, el NDI y la NED tienen una extensa actividad en Nicaragua, con miles de activistas capacitados para “cambiar la sociedad”, cientos de ONG, universidades y partidos políticos que reciben dinero y material para el complot, que lo han concebido no a través de las organizaciones políticas tradicionales, sino de las solapadas o fantasmas, para dar la impresión de “estallidos espontáneos” de malestar o condena, y disfrazar los verdaderos intereses hegemónicos del norte.
Aunque incrementaron su labor tras la victoria electoral de Daniel Ortega en el 2006, del año 2015 en adelante (coincidiendo con los orígenes de la Nica Act) las agencias de Estados Unidos ampliaron su apoyo financiero y con recursos a sus “agentes para el cambio” en Nicaragua, sobre todo por medio de cursos de liderazgo y dinero para los jóvenes en las universidades, escuelas, ONG y partidos políticos.
Para acompañar política, diplomática y mediáticamente a los golpistas, Washington ha dado órdenes de demonizar a Daniel Ortega y su gobierno, empeño en el que participan no solo la Casa Blanca, sus agencias, aliados, satélites y mercenarios, sino los grandes monopolios de la información y fabricantes de mentiras globales, magnificando los acontecimientos internos en contra del gobierno y culpando a las autoridades de todo tipo de violación de los derechos humanos, omitiendo totalmente los crímenes y destrozos de los empoderados de la Usaid, el NDI, la NED y la CIA, que han hecho fracasar el diálogo y los llamados a la paz. Como en el caso de Venezuela, Donald Trump y sus asesores, halcones de mil invasiones, no creen en diálogos ni pactos, y siguen apostando a la guerra en todos los frentes.
Nicaragua ha vuelto al epicentro de la maquinaria guerrerista de Estados Unidos de la mano de los congresistas anticubanos, otros mafiosos y veteranos halcones. Washington trata de reeditar su estrategia a costa de más muertos y destrucción en las calles de Nicaragua.
http://www.granma.cu/mundo/2018-06-19/nicaragua-hilos-del-complot-19-06-2018-20-06-07