El Juzgado recibió el viernes un atestado de la Comisaría General de Extranjería informando de la denuncia de una joven que aseguraba que ella y otras mujeres estaban secuestradas en el convento de clausura compostelano.
Tras la denuncia, la jueza autorizó el sábado un dispositivo para comprobar que las mujeres que vivían allí lo hacían por voluntad propia. Tres jóvenes manifestaron en ese momento su “voluntad de abandonar el centro”, algo que hicieron el mismo día.
La jueza investiga si las mujeres que decidieron abandonar el sábado el convento tenían acceso a su permiso de residencia para poder hacerlo de forma efectiva y si estaban siendo coaccionadas para seguir allí.
Las mujeres llegaron a la congregación compostelana procedentes de la India hace unos 15 años, cuando todavía eran menores de edad. A pesar del dilatado periodo de secuestro, la prensa manipula los hechos hablando de “retención”.
A su llegada les amenazaban con la deportación si abandonaban el convento. De hecho, el Juzgado investiga los motivos por los que fueron deportadas otras dos jóvenes indias de la misma congregación en 2011, a pesar de tener permiso de residencia.
Las mujeres secuestradas permanecen en un centro de acogida bajo tutela judicial.
A pesar la gravedad de los delitos, no han detenido a ningún jerarca católico. Si los secuestradores hubieran sido imanes en lugar de monjas, hubieran convertido el asunto en un escándalo mediático de grandes proporciones: tráfico de menores de edad, secuestro grave, robo de documentos personales…