Las cagadas de los perros llegan a la más alta Cámara parlamentaria de Gran Bretaña

En Gran Bretaña se aprobó en 2000 la ley Ripa, reguladora de las facultades de investigación policial, con la misma excusa de siempre: se amplían las facultades de la policía a costa de los derechos fundamentales de las personas, aunque no hay nada que temer porque sólo se van utilizar contra los delincuentes, que últimamente son mucho más peligrosos que antes…

Es la tontería favorita de los tertulianos españoles: tenemos que sacrificar un poco de nuestras queridas libertades a cambio de la seguridad. Con esa excusa los espacios públicos de las Islas se han llenado de cámaras de videovigilancia: hay una cámara por cada 11 habitantes. Naturalmente, esas cámaras espían la vida de todos y cada uno los ciudadanos (no sólo de los malos) y lo que se justificó porque los crímenes son hoy más grandes que ayer, se utilizan en realidad para vigilar cosas como las siguientes:

– si en los parques los vecinos arrojan miguitas de pan a las palomas
– si los vecinos arrojan la basura en los contenedores debidamente habilitados
– si cruzan por los pasos de cebra y sólo cuando el semáforo está de color verde
– si aparcan sus vehículos donde deben y no donde les da la real gana
– si orinan en la vía pública, tanto los mayores de edad como, sobre todo, los niños en caso de apuro
– las cagadas de los perros que sus dueños no recogen en la manera establecida por la ordenanza municipal
– los niños que ponen petardos en la calle asustando y molestando a los demás, sobre todo a los ancianos
– reventa de entradas a los campos de fútbol

Ya ven que la videovigilancia no sirve para los grandes crímenes del mundo moderno sino -sobre todo- para las pequeñas diabluras de cada día que la policía municipal se encarga de multar debidamente.

Otra de las excusas con las que siempre se aprueban estas leyes es para que los parlamentarios se engañen unos a otros diciendo cosas tales como: la ley ha previsto que las grabaciones permanezcan siempre a buen recaudo para no airear la vida privada de las personas y que las grabaciones circulen de mano en mano.

Eso tampoco ocurre y ahora en Gran Bretaña hasta los alcaldes han sido autorizados a utilizar las grabaciones sobre la vida y costumbres de sus vecinos. Cada mañana los funcionarios municipales se entretienen con los vídeos del vecino de enfrente: a qué hora se levanta, los entretenimientos del fin de semana, si se evade del trabajo diciendo que está enfermo, pero luego va a recoger a los niños a la guardería… Todo.

En total, en estos últimos cinco años los ayuntamientos británicos han explotado 55.000 días completos de grabaciones de la vida y actividades de sus vecinos.

El descubrimiento de algo que ya sabíamos de sobra se lo debemos al partido liberal demócrata, ardientes defensores de la intimidad de sus electores, que han encargado un estudio para comprobar que la ley se utiliza para algo completamente distinto de lo que se aprobó.

Pero Ustedes deben ser comprensivos y magnánimos con los diputados, los británicos, los hispánicos y los del mundo entero: en la discusión parlamentaria de un proyecto de ley, para sentirse importantes, los diputados no pueden hablar de las cagadas de los perros, entre otras cosas porque no es estético y pone a la Cámara Más Alta a la altura del barro y de la mierda. Lo que da prestigio es hablar de grandes asuntos con grandes palabras, como terrorismo, amenazas y otros riesgos inminentes que acechan a esos electores por los que tanto se desviven ellos.

Pero, como decía el gran Lamarck, somos animales de costumbres. De malas costumbres añadiríamos nosotros. Las cámaras están ahí desde hace 17 años para que las personas se acostumbren a estar vigiladas día y noche y les parezca lo más normal del mundo, lo mismo que sacar el perro a cagar. Cuando el año que viene se vuelva a plantear en el Parlamento una nueva ley sobre este mismo asunto intestinal, ningún diputado hipócrita se rasgará las vestiduras. Todo es de lo más normal.

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