El 16 de noviembre del pasado año entró en vigor la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. Según esta ley, las grandes plataformas en línea con más de 45 millones de usuarios activos mensuales, como Twitter, Facebook e Instagram, tienen que eliminar rápidamente de sus plataformas los contenidos ilegales, la incitación al odio y la llamada “desinformación”. De lo contrario, se enfrentarán a multas de hasta el seis por ciento de sus ingresos mundiales anuales. Las plataformas más grandes deberán cumplir la ley antes de este verano, mientras que las más pequeñas estarán obligadas a abordar estos contenidos a partir de 2024.
Las ramificaciones de esta medida son inmensas. La ley no sólo impondrá por primera vez la regulación de los contenidos en internet, sino que se convertirá en una norma mundial, no sólo europea.
En los últimos años la Unión Europea se ha convertido en una reguladora mundial. Puede dictar cómo debe comportarse cualquier empresa del mundo si quiere operar en Europa, el segundo mercado mundial. Como resultado, sus estrictas normas reguladoras a menudo acaban siendo adoptadas en todo el mundo tanto por las empresas como por otros reguladores, en lo que se conoce como el “efecto Bruselas”.
Tomemos como ejemplo el Reglamento de Protección de Datos, una norma sobre la intimidad que entró en vigor en mayo de 2018. Entre otras muchas cosas, exige que las personas den su consentimiento explícito antes de que se puedan procesar sus datos. Desde entonces, esta normativa de la Unión Europea se ha convertido en la norma mundial, y ahora va a ocurrir lo mismo con la Ley de Servicios Digitales.
La aplicación del Reglamento de Protección de Datos por parte de la Unión Europea ha sido algo vacilante. Solo ha generado alrededor de 1.700 millones de euros en multas desde 2018, según The Economist, lo que es muy poco para una industria que genera más de un billón de euros en ingresos anuales.
La Comisión Europea ha creado un organismo interno de vigilancia del sector que contará con más de 100 trabajadores a tiempo completo el año que viene. Además, se espera que los especialistas supervisen también las operaciones de las grandes tecnológicas.
Se trata de lo que Thierry Breton, Comisario de Mercado Interior de la Unión Europea, califica de “momento histórico de la regulación digital”. Se espera que las grandes plataformas en línea financien ellas mismas esta operación de control, pagando cada año a la Comisión hasta el 0,05 por cien de su facturación anual mundial.
Esto confiere a la Unión Europea un poder extraordinario. La aplicación de la Ley de Servicios Digitales será supervisada por la propia Comisión, no por un regulador independiente. Además, la ley incluye un “mecanismo de gestión de crisis”, añadido el año pasado en una enmienda de última hora. La Comisión argumentó que necesita poder dirigir la respuesta de las plataformas ante ciertas informaciones, como la Guerra de Ucrania.
En una crisis, no es suficiente con la censura que habitualmente imponen las empresas tecnológicas. El control de la información tiene que ser mucho más estricto. En virtud de la nueva ley, la Comisión se ha otorgado a sí misma el poder de determinar si existe tal “crisis”, definida como “un riesgo objetivo de perjuicio grave para la seguridad pública o la salud pública en la Unión”.
Las normas europeas “normalizan” la censura para que nos vayamos acostumbrado a lo peor. Es la consecuencia lógica de las aberraciones que se vienen aireando desde hace unos años: desinformación, posverdad…