Durante 13 días, entre el 27 de septiembre y el 10 de octubre de 2016, una delegación del comité recorrió diferentes comisarías y centros de detención españoles. Según afirman, las múltiples entrevistas realizadas no permiten afirmar que los malos tratos “estén generalizados”, pero sí existen numerosos casos de una utilización excesiva de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
Entre las acusaciones que el comité considera «creíbles» figuran los malos tratos en el momento de la detención, una vez que la persona en cuestión ya ha sido reducida. El CPT menciona «bofetadas, puñetazos y patadas en la cara y tobillos, al igual que golpes con la porra». Las denuncias recogidas se extienden también a los casos en que los agentes de policía «habían propinado bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con la porra tras llegar a la comisaría».
En el informe destaca el caso de la comisaría de Leganitos, en el centro de Madrid. En las oficinas de los inspectores utilizadas para el interrogatorio de sospechosos, la delegación del CPT encontró palos, bates de béisbol, un látigo y una cuerda/soga. «Aparte de que este tipo de objetos invita a especular sobre un comportamiento impropio por parte de los agentes, son también un peligro potencial tanto para el personal como para las personas sospechosas de haber delinquido», reza el informe del CPT.
La comisaría de Leganitos, que ya se había ganado numerosas denuncias por torturas y malos tratos, también ha recibido la condena del CPT por la condición insalubre de sus celdas –«una limpieza bastante descuidada», dice el informe– y por el hacinamiento de los detenidos. Cuando visitaron las instalaciones de esta comisaría, encontraron a cuatro personas que habían pasado la noche en una celda de 8m2, el doble de la recomendación del CPT, cuando otras celdas se encontraban vacías.
Los investigadores del CPT insisten en que las autoridades españolas deben tomar medidas efectivas para poner fin a la sujeción de personas detenidas a objetos fijos en las dependencias policiales. «La delegación del CPT vio que se recurría a la inmovilización de los presos durante largos períodos (días y horas, y no minutos) sin ningún tipo de supervisión ni registro adecuado», indica el informe.
Uno de los puntos clave del informe es la situación de las personas que se encuentran detenidas en instalaciones policiales o en prisión preventiva a las que se aplica el régimen de detención incomunicada. A pesar de que reconocen que la situación ha mejorado con la reforma de 2015, el CPT considera injustificada la existencia de esta figura que limita los derechos del detenido.
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