El último informe del Tribunal de Cuentas alemán confirma que el modelo alemán de “transición energética” para que todas las fuentes de energía sean de origen “renovable”, no funciona y tiene un coste muy elevado.
Tras el accidente de Fukushima, la canciller decidió en 2011 renunciar a la generación de energía nuclear en Alemania y luego los planes capitalistas de “transición energética” han promovido las estaciones alternativas, sobre todo solares y eólicas.
En 2000 las energías “renovables” apenas representaban el 6 por ciento del suministro eléctrico en Alemania; en 2019 su cuota de mercado alcanzó el 43 por ciento.
El Tribunal de Cuentas echa por tierra la política energética de Angela Merkel, que no quiere ni energía nuclear ni las convencionales que emiten carbono. Desde los años setenta hay una fuerte oposición en Alemania a ambas fuentes de energía.
La intermitencia de las solares y eólicas y una red eléctrica inadecuada, ha creado inestabilidad en el suministro de electricidad. El riesgo de escasez es cada vez mayor y los precios están fuera de control.
Los hogares alemanes pagan el kilowatio por hora más caro de Europa, 30,9 céntimos. El Tribunal de Cuentas alemán considera que el aumento de los precios de la energía para las empresas es una amenaza para la industria.
Por lo demás, como cabía esperar, la reducción de las emisiones de CO2 no aparece por ninguna parte.
Alemania empieza a desentenderse de las fuentes de energía alternativas y próximamente va a invertir en el hidrógeno.
La expresión “transición energética” apareció por primera vez en 1980 en un informe del centro de investigación alternativa Öko-Institut. Once años más tarde, el Parlamento alemán aprobó una ley que legalizaba el pago de tarifas preferenciales para la electricidad generada a partir de energías “renovables”, financiadas por un impuesto especial sobre el precio de la electricidad.
La aprobación de la Ley de Energías Renovables en 2000 garantiza a los productores de electricidad “limpia” un precio de suministro más alto que el de la electricidad convencional a una tasa fijada por el gobierno durante un periodo de 20 años.
El coste de la “transición energética” a las arcas públicas alemanas será del orden de 8.000 millones de euros este año, una cifra absolutamente disparatada.
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