En agosto de 2005, el huracán Katrina desoló el interior de Estados Unidos provocando más de 1300 víctimas y una migración de centenares de miles de personas. El llamado «tercer mundo» ingresó en los Estados Unidos, y para el diario Wall Street Journal, esto era una «ventana de oportunidades» para reformar drásticamente el sistema de protección social en las zonas afectadas, donde empresas de primera línea podrían hacer grandes negocios con la gestión de determinados servicios públicos.
La sequía que padece la geografía española (inducida o no) recorre los mismos derroteros que aquella funesta experiencia, y los fondos Next Generation de la Unión Europea son el instrumento para que un bien esencial para el desarrollo humano sea convertido, bajo el paraguas de la eficiencia y la sostenibilidad, en un bien de pago. De hecho, el plan de recuperación español auspiciado por la UE aboga precisamente por una «digitalización» del ciclo del agua, similar al que ya ha sido incorporado en el negocio de la electricidad.
Entendido el negocio del agua como la suma de productos, canales de distribución, concesiones y puntos de venta, empresas españolas como Sacyr, con su proyecto SOS Agua, se han erigido en «facilitadoras» del acceso a este recurso.
La Comisión Europea impulsó en el año 2003 la creación de Water Europe, un grupo de presión encargado de asesorar a los Estados miembros y a sus administraciones en lo que ellos llaman «agua inteligente» y que tienen cuatro objetivos: reducir un 50% las fuentes de extracción de agua; agregarle valor como commodity; añadir competitividad al mercado del agua europeo y «garantizar a largo plazo la estabilidad y la sostenibilidad de los acuíferos y las diferentes fuentes de obtención de agua».
Es decir, el patrón es convertir el agua en un bien escaso que motive la incautación de regadíos, la distribución de contadores, el abono de precios libres en función de la oferta y la demanda, así como el necesario cambio cultural español en torno a este recurso, hasta ahora más o menos convencido de la generosidad en su acceso.
Para ello apuestan por «soluciones digitales y modelos de buen gobierno corporativo y de negocio que contribuyan a resolver, con objetivos sostenibles, el desafío de unas sociedades inteligentes en las que los recursos del agua estén plenamente garantizados y su demanda, satisfecha”, afirman en su web.
Water Europe es el ejemplo más claro de eso que se viene a llamar «colaboración público privada», es decir, un grupo de empresas líderes que promueven a una serie de «especialistas» distribuidos en organismos, confederaciones hidrográficas y administraciones públicas y que no se sabe nunca para quién trabajan. Corporaciones punteras como Suez, Veolia, Acciona o Coca-Cola son las empresas que están detrás de este lobby.
El paulatino acceso de «empresas gestoras» en las concesiones de agua potable a partir del año 2000 se ha ido naturalizando, y la evolución del sector (que es normalmente el anticipo de las regulaciones por venir) augura un próspero negocio en la «gestión eficiente».
Durante los gobiernos de Jose Luís Rodríguez Zapatero se introdujeron en España profundos cambios en la antigua Ley de Aguas, limitando los derechos e introduciendo el mercado del agua, así como se introdujo el llamado «Plan Hidrológico Nacional» y la Directiva Marco Europea, que fue una silenciosa pero contundente privatización de los recursos hídricos.
El concepto de esta reforma era que recaudando por consumo de agua se repercutirían los ingresos en la mejora de la infraestructura, evitando así los efectos de sequías prolongadas. Y podría pensarse que el objetivo fracasó, pero no es así.
En efecto, se han reducido notablemente las fuentes de extracción y la sequía, entendida ya no como anomalía del clima, sino como concepto político, se ha instalado en la población española, y la idea del «racionamiento», la «gestión eficiente» (de pago) y los «límites de acceso» están cada vez más asumidos.
Franklin Roosvelt definió al dictador nicaragüense Anastasio Somoza como «nuestro hijo de puta, trabaja para nosotros». Quienes diseñaron esta política hídrica son los hijos de puta que están haciendo cola en los despachos oficiales para llevarse alguna concesión hídrica o de infraestructura, y que seguramente fueron los que colocaron a otros como ellos a cargo de esos despachos.
Los efectos de esa sequía políticamente inducida los estamos viendo en el precio de los alimentos y en todo aquello que repercute en el bienestar general, que ya no es general, sino de pago. Y animamos a los lectores a que busquen en sus municipios quienes serán los encargados de «gestionar» el racionamiento hídrico previsto para este verano.
En mi opinión, hay que englobarlo dentro de la destrucción parcial de la producción.
La construcción de las presas data de una época en la cual los abuelos de los H.P. todavía eran una burguesía «en sí» y «para sí» y en consecuencia tenían interés y desarrollar las infraestructuras del país. Lo que hay ahora es una burguesía «en sí», pero no «para sí», incapaz de reproducir el capital independientemente. La dependencia lleva a la sumisión, y ésta a permitir que agentes externos regulen la producción. Tratándose del sector agrícola, una de las formas más eficientes de hacerlo es mediante el control del agua para riego. No hay mejor envoltura que una histeria por el agua, para terminar escuchando a «gente» «ecologista» reclamando que se regule el riego ( como comentabas en otro artículo: «cuando el estado se disfraza del pueblo» ).
El agua no tiene valor. Lo único que tiene valor es el trabajo humano socialmente realizado que contiene su embalse, tratamiento, conducción y distribución. Como dicho trabajo se reliza en régimen de explotación capitalista, la plusvalía que genera se la embolsa el propietario del capital inicial, que es precisamente lo que se están disputando los nietos de los H.P., independientemente de que desconozcan las leyes que rigen el fenómeno económico del que viven.
La burguesía monopolista de estado utiliza el control sobre el agua para extorsionar al pequeño productor agrícola y regular su producción, pero no creo que el hecho de que el precio del agua fluctúe sea consecuencia de prácticas monopolistas. Creo que se debe al hecho de que el volumen de agua canalizada varía enormemente, debido a lo imprevisible e irregular del clima, mientras que el trabajo invertido en su canalización permanece más o menos constante. El precio a pagar, por unidad de volumen de agua ( P ) viene determinado por la fracción entre el trabajo socialmente realizado ( TSR ) y el volumen de agua ( V ):
P = ____TSR_________
V
Como el trabajo socialmente realizado es muy constante, y el volumen de agua servida varía enormemente, cuando hay sequía el trabajo socialmente realizado se vuelve muy ineficiente y el precio se dispara. Por el contrario, cuando el agua es abundante, el trabajo socialmente realizado es eficiente porque es poco a «repartir» entre mucha agua, y por lo tanto el precio del agua se desploma.
Claro que se puede conseguir producir mucha más agua a base de transformar plustrabajo absoluto en plustrabajo relativo, pero para eso es indispensable eliminar al estado burgués que está obstruyendo ( en beneficio de los intereses de la clase cuyos intereses gestiona ) el desarrollo de la producción.
Lanzo las siguientes tesis:
1- La crisis de superproducción capitalista del 2019 implica la destrucción de capital y riqueza.
2- Los estados burgueses no pueden impedir la destrucción de la producción, pero sí pueden implementar políticas que permitan la supervivencia de los capitales mayores mediante la destrucción de los capitales pequeños..
3- A los estados burgueses occidentales no son capaces de encontrar una salida a la baja tendencial de la tasa de ganancia a través del aumento de las horas de trabajo o la guerra imperialista.
4- La destrucción de la producción y la lucha por colocar los capitales van tomando diferentes formas: confinamientos, embargos a las importaciones, voladuras de gaseoductos, limitación de los riegos, etc.
5- Conforme la crisis se agudiza, se va destruyendo el mercado interno por merma de la demanda solvente.
Gracias por tan elocuente comentario.
El agua no es de nadie, además hay agua de sobra, lo que hay son HDLP políticos basura traidores que trabajan para los intereses de las élites criminales globalistas esclavistas con sus chiringuitos ONU DAVOS OMS OTAN. Esta élite cree que el planeta es suyo, como si ellos lo hubiesen creado. Estamos en guerra, un grupo reducido no duda en usar todos los recursos tecnológicos en su propio beneficio. Están sometiendo a la humanidad a terrorismo ecológico, sanitario, alimenticio, económico, etc, y todo para justificar su agenda criminal globalista esclavista. Todos los partidos políticos son cómplices de este genocidio su misión es destruir las naciones desde dentro y vender todos los recursos a las grandes corporaciones incluidos las personas. Sólo el pueblo tomando conciencia de lo que realmente ocurre puede ganar está guerra.